Edibaldo Martínez Velasco
Expediente 1409/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 20 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1409/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 04/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Edibaldo Martínez Velasco
- Edibaldo Martínez Velasco y Otros.
- Hermelinda Olivera Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
MESA I B Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto cinco de noviembre de dos mil quince, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado estado dicho auto, para todos los efectos legales. Sin que obste para arribar a lo anterior la falta de constancia que acredite que las autoridades responsables hayan quedado notificadas de la resolución dictada en este juicio de garantías, toda vez que conforme a lo dispuesto por el artículo 87 del ordenamiento legal antes mencionado, las responsables únicamente pueden interponer el recurso de revisión cuando afecten directamente el acto que de ellas se hubiera reclamado, y en el caso, esto no ocurre, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente. Devuélvase al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, la documental consistente en copia certificada del expediente penal número 122/2015 de su índice que remitió como justificación de su informe.
- Incidental
MESA I B De los autos se advierte que en interlocutoria de auto de veinte de octubre de dos mil quince, se concedió en parte la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de dicha interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido la medida cautelar respecto de los actos reclamados, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA I B NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cinco de noviembre de dos mil quince. Agréguese el oficio número 7536/2015, suscrito por el Secretario Encargado del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, por el que remite copia certificada del auto de formal prisión de treinta de octubre de dos mil quince, dictado contra los aquí quejosos HERMELINDA OLIVERA CRUZ, ROSENDO BAUTISTA SANTIAGO o ROSENDO BAUTISTA; DAVID MARTÍNEZ MATEOS o DAVID MARTÍNEZ MATÍAS y LIDIA SARAHÍ BAUTISTA OLIVERA o SARAHÍ BAUTISTA OLIVERA en la causa penal 122/2015. Ahora bien, una vez analizadas en su integridad las constancias de autos, se advierte que en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia que impone sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de garantías. En efecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es del tenor siguiente: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. La disposición legal transcrita (similar a la que preveía la fracción III del artículo 74 de la anterior Ley de Amparo) fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que cuando durante el juicio sobreviene una causa de improcedencia manifiesta e indudable, de tal manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Precisado lo anterior, en el caso concreto, los impetrantes del amparo HERMELINDA OLIVERA CRUZ, ROSENDO BAUTISTA SANTIAGO o ROSENDO BAUTISTA; DAVID MARTÍNEZ MATEOS o DAVID MARTÍNEZ MATÍAS y LIDIA SARAHÍ BAUTISTA OLIVERA o SARAHÍ BAUTISTA OLIVERA, reclaman en esta vía constitucional la orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución material, actos que atribuyeron, en su respectiva esfera de competencia, al Juez Primero Penal; Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo Penal y Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones Encargado de la Comandancia, residentes en Tlacolula, Oaxaca. Del informe que rindió el Secretario de Acuerdos encargado del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, se advierte que el veintitrés de septiembre de dos mil quince, se libró orden de aprehensión contra los aquí quejosos HERMELINDA OLIVERA CRUZ, ROSENDO BAUTISTA SANTIAGO o ROSENDO BAUTISTA; DAVID MARTÍNEZ MATEOS o DAVID MARTÍNEZ MATÍAS y LIDIA SARAHÍ BAUTISTA OLIVERA o SARAHÍ BAUTISTA OLIVERA, en el proceso penal 122/2015, como probable responsable en la comisión del delito de lesiones calificadas con la agravante de ventaja (foja 20), mas no así del diverso quejoso EDIBALDO MARTÍNEZ VELASCO. Asimismo, aparece que el veintisiete de octubre del año en curso, los citados quejosos comparecieron ante el Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, bajo los efectos de la suspensión provisional que se les concedió en el incidente del que deriva este juicio de amparo, y el treinta siguiente, se resolvió la situación jurídica de los aquí quejosos decretándoles auto de formal prisión como probables responsables en la comisión del delito de lesiones calificadas con la agravante de ventaja en agravio de Gilberto Martínez Zárate. El antecedente citado, evidencia de modo manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] De lo anterior, se desprende que ha cambiado la situación jurídica de los quejosos HERMELINDA OLIVERA CRUZ, ROSENDO BAUTISTA SANTIAGO o ROSENDO BAUTISTA; DAVID MARTÍNEZ MATEOS o DAVID MARTÍNEZ MATÍAS y LIDIA SARAHÍ BAUTISTA OLIVERA o SARAHÍ BAUTISTA OLIVERA, ya que la orden de aprehensión impugnada no puede ser analizada al haber quedado procesalmente sustituida por el auto de formal prisión emitido en su contra, y tampoco es dable jurídicamente estudiar la inconstitucionalidad de un acto que no fue reclamado en la demanda de garantías, pues la situación jurídica de los promoventes se regía por la orden de aprehensión reclamada, por lo que debe considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo que hace improcedente el juicio de amparo y conlleva a decretar el sobreseimiento en este juicio, con apoyo en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia número 1ª./J.17/2008, publicada en la página 270, tomo XXVII, junio de dos mil ocho, materia penal, Primera Sala; Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto indican: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 10/2003, que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 26/2002-PL., cuyo rubro y texto dicen: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto de ejecución atribuida al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo Penal y Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones Encargado de la Comandancia, residentes en Tlacolula, Oaxaca, en virtud de que no se combate por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento del cual deriva. Es aplicable al caso, la tesis jurisprudencial número siete, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 690, del tomo II, Segunda Parte-2, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Por otra parte, las autoridades responsables negaron categóricamente los actos atribuidos al diverso quejoso EDIBALDO MARTÍNEZ VELASCO, sin que éste hubiere ofrecido prueba para desvirtuar tales negativas; por lo que en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio por lo que hace al citado quejoso. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la hora y fecha señaladas en proveído de veintinueve de octubre del año en curso (foja 53), para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, glósese únicamente para que obre como corresponda, el diverso oficio número 7500/2015, suscrito por el Secretario Encargado del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, en virtud de que en auto de treinta de octubre último se glosó y acordó su diverso remitido vía fax en los mismos términos (fojas 56 a 64). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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