Edibaldo Durán Gilbon

Expediente 123/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
123/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
12/07/2017

Partes del expediente

  • Edibaldo Durán Gilbon

Actuaciones

  1. Principal

    ... archívese este asunto como concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la Superioridad resolvió que este juzgado federal no es legalmente competente para conocer de la demanda origen del presente juicio, en términos de la fracción XX, del punto Segundo, del apartado de Disposiciones Generales, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, el presente cuaderno es considerado como "expediente auxiliar", de conformidad con la fracción I, del punto Vigésimo, de la referida normativa, razón por la cual es susceptible de destrucción, que deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, debiendo hacerse la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente.

  2. Principal

    ...téngase por recibido el oficio 2842/2017, signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual informa que por acuerdo de dos de febrero de la presente anualidad, dictado en los autos del juicio de amparo 1313/2016-IIm de su índice, ordenó remitir los autos del referido expediente al Tribunal Colegiado de aquél Circuito, en turno, para la substanciación y resolución del conflicto competencial surgido en ese asunto. Por lo que este órgano jurisdiccional de conformidad con lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al diverso 2º de la Ley de Amparo, toma conocimiento de sus manifestaciones, para los efectos legales procedentes.

  3. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintisiete de enero de dos mil diecisiete. Visto; agréguese a los autos el oficio signado por el Director Jurídico en suplencia del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, a través del cual da cumplimiento a lo requerido en auto de veintitrés de enero pasado. Ahora, tomando en consideración el estado procesal que guardan los presentes autos, así como las documentales anexadas por la autoridad oficiante, a las cuales de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2°, se concede pleno valor probatorio, se desprende que el quejoso José Manuel Pérez Cordero, fue puesto en libertad en la fecha y en cumplimiento a los oficios que se indican en la comunicación de cuenta, por lo que procede concluir que si el presente juicio de amparo se instó por el acto consistente en: "(.)el contenido de los oficios de fecha 4 de marzo de 2015 con los que se da respuesta a nuestra petición sobre la venta de televisiones y radios análogos (.)", y al haber obtenido la libertad, se colige que han cesado los efectos de los actos combatidos por el aludido amparista, pues como se dijo, tal acto era imputado a esas autoridades debido a que se encontraba recluidos en el centro penitenciario de referencia, y por lo tanto, se produce la manifiesta e indudable improcedencia del juicio de garantías en que se actúa, conforme a lo previsto por el artículo 61, fracción XXI, de la nueva Ley de Amparo, puesto que resultaría ocioso examinar un acto que ya no está surtiendo efectos sobre la esfera jurídica del quejoso, debido a que al haber quedado en libertad, es evidente que ya fueron destruidos los efectos del acto reclamado, pues ya no se puede ejecutar ni se ejecutará, y no inciden en su esfera jurídica; en ese sentido, el juicio que nos ocupa deviene improcedente al actualizarse la causal prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo citada; por lo que, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, con apoyo en el artículo 63, fracción V de la misma ley. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así como la diversa jurisprudencia número 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Igualmente, resulta aplicable la Jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pronunciada al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL., suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el siete de febrero del año dos mil tres y aprobada el dieciocho del mismo mes y año, cuyo tenor literal reza: "SOBRESEIMIENTO PROCEDENTE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Y la tesis XIV.1°.13K, visible en la página 1235, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aún celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es imposible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en al artículo 17 Constitucional." En consecuencia, únicamente por cuanto hace al quejoso por quien se sobresee en el presente asunto, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional y se continúa el trámite del mismo respecto del resto de los impetrantes del amparo. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, y comuníquese esta determinación a las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar. Las jurisprudencias a las que se hace mérito en el presente acuerdo, aun cuando se refieren a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril del año dos mil trece, siguen cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de su vigencia, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fue expedida la nueva Ley de Amparo. Notifíquese por lista de acuerdos a José Manuel Pérez Cordero. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alberto Arbea Pérez, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; comunicado mediante oficio número CCJ/ST/8603/2016 de seis de diciembre de dos mil dieciséis, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Odín Edgardo Bonastre Díaz, Secretario quien autoriza y da fe.

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