Edi Margarita Soriano Barrera

Expediente 123/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
123/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
26/04/2022

Partes del expediente

  • Edi Margarita Soriano Barrera
  • Ministerio Público de la Federación Adscrito A Este Juzgado Federal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario Visto el estado que guardan los autos y específicamente de la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha fenecido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la resolución dictada en estos autos, en la que, en su único punto resolutivo, se sobreseyó en el juicio de amparo. Firmeza de la sentencia En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión. En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión relativo se ubican, respectivamente, en las hipótesis previstas en los artículos 21, párrafo primero, inciso a), y c), del acuerdo general citado; por tanto, el principal y el original del incidente de suspensión susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal e incidente de suspensión. Por otra parte, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el expediente principal y el original del incidente de suspensión dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. Relevancia documental. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada y, además, no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de documentos originales. Finalmente, de las constancias que obran en autos, se advierte que existe un documento original exhibido por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, un acuse original; en tales condiciones requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, comparezca a las instalaciones que ocupa este recinto judicial a recoger dicha documental; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, esta sede constitucional procederá a su destrucción junto con el expediente principal. En tal virtud, a continuación se explica de manera detallada las instrucciones que debe seguir para que se lleve a la entrega de los documentos. Instrucciones para su obtención. a) Procedimiento para poder acudir físicamente a la entrega de documentos. Día de entrega: martes y jueves. En el presente asunto, las copias solamente se entregaran en un horario de 10:30 a 13:30 horas. Se establece ese horario como medida preventiva que ayude a concluir el trámite solicitado. b) Generación de cita y código QR. Para recoger las copias solicitadas en asuntos no urgentes siempre deberán generar citas a través del sistema "Agenda OJ" en los días señalados (siempre y cuando haya citas disponibles); sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. Todo lo relativo al procedimiento de generación de citas y del código QR, se encuentra detallado en el capítulo respectivo del cuerpo del presente acuerdo. c) Acceso al órgano jurisdiccional. Todos los que vayan a recoger copias físicamente en el órgano jurisdiccional, deberán seguir el proceso de seguridad e higiene establecido. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    A.I. 123/2022 VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 123/2022; R E S U L T A N D O. I. Presentación de la demanda: El veintiséis de enero de dos mil veintidós. II. Admisión de demanda. El veintiocho de enero de dos mil veintidós. III. Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El treinta y uno de enero de dos mil veintidós. IV. Preceptos Constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados: Los artículos 1, 8, 14, 16, 17, de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación clara y precisa del acto reclamado, para así determinar con exactitud la intención de la parte quejosa, sin cambiar el alcance de la pretensión que deduce. Así, de la lectura integral a la demanda de amparo y de lo antes expuesto, se advierte que la parte quejosa reclama del Presidente de la Mesa Directiva, del Secretario de Administración y Finanzas y del Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios, todos del Congreso del Estado de Morelos: La omisión de dar respuesta al escrito de fecha 24 de enero del 2022, formulada por la quejosa por derecho propio y en su carácter de Diputada integrante de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. III. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de la omisión que se les atribuye y alegan que no ha trascurrido el plazo suficiente para dar una respuesta completa a la solicitud de la quejosa, aunado a que dichas solicitudes no fueron formuladas en su carácter de gobernada. IV. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. Este juzgador advierte que con respecto a la omisión atribuida a las autoridades señaladas como responsables del Congreso del Estado de Morelos, de atender la solicitud presentada por la aquí quejosa en su carácter de diputada integrante de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De lo anterior, se advierte que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece la improcedencia de la acción constitucional cuando ésta derive de alguna disposición de la Constitución Federal; de la propia ley de la materia. Por su parte, el artículo 1°, fracción I, prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Mientras que el numeral 5°, fracción II, transcrito, dispone que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que, de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, para los efectos del juicio de amparo los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 394/2016, explicó las connotaciones de autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo cual esbozó los motivos que condujeron al legislador ordinario para modificar el concepto de autoridad en la Ley de Amparo. Así es, la Primera Sala del Alto Tribunal explicó que el concepto de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo se modificó, esencialmente, ya que la vulneración de los derechos humanos no sólo proviene del Estado, sino también proviene de la actuación de los particulares en determinadas circunstancias, esto es, cuando sus actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que define el artículo 5°, fracción II de la Ley de Amparo, cuya potestad o función deriva de una norma general y abstracta. Agregó que el criterio actual del Máximo Tribunal para determinar si se tiene o no el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se basa no sólo en el atributo de la fuerza pública o del imperio, pues con fundamento en una norma legal se puedan emitir actos unilaterales a través de los cuales se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consentimiento del afectado, así como el tipo de relación jurídica que existe entre los sujetos en conflicto. Indicó que para que pueda otorgársele a alguien el carácter de autoridad responsable tiene que darse necesariamente la relación de supra a subordinación, pues tratándose de los otros tipos de relaciones (de coordinación o de supraordinación) los sujetos se ubican en un plano de igualdad, por lo que no se da la característica de un sujeto que tenga superioridad respecto del otro, que es la nota distintiva para determinar que, en esos casos, se está en presencia de un acto de autoridad. Las consideraciones reseñadas dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 41/2019, de rubro: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES", publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 69, agosto de 2019, Tomo II, página 1144. En ese sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad: la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la Teoría General del Derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. La primera corresponde a la entablada entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado, como entes de derecho público, en las que actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, y aunque se regulan también por el derecho público, que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, como las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Federal, no incluye todas las relaciones de supraordinación existentes en el Estado Mexicano, sino solamente las que se enumeran en dicho precepto constitucional. Entonces, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto se advierten como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. De manera que, sólo será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquel ente público que se ubique en una relación de supra a subordinación frente a los particulares, pues desde esa posición sus actos pueden ser imperativos, coercitivos y unilaterales; de suerte que en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, afectando los derechos fundamentales del particular. Sobre tales premisas, se advierte que la quejosa acude en su calidad de Diputada integrante de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, reclamando la omisión de dar respuesta a su escrito de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, realizado al Presidente de la Mesa Directiva, al Secretario de Administración y Finanzas y al Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios, todos del Congreso del Estado de Morelos; sin embargo, dicha omisión no es impugnable mediante juicio de amparo en términos de lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que se le atribuye al Congreso del Estado de Morelos, en su carácter de persona jurídica de derecho público, frente a una Diputada, miembro del propio órgano colegiado; es decir, dentro de una relación de supraordinación, esto es, entre autoridades en ejercicio de las funciones que les encomiendan las leyes y reglamentos respectivos. En esas condiciones, puede sostenerse válidamente que el acto reclamado, en todo caso, se trata de una cuestión de orden administrativo entre entes de derecho público que integran el Poder Legislativo del Estado de Morelos; por lo que no se colma el presupuesto básico para que pueda impugnarse mediante el juicio de amparo en términos de lo dispuesto en el artículo 1, fracción I, de la ley de Amparo, en relación con el diverso 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la quejosa reclama actos del propio Congreso, pero en su calidad de Diputada; es decir, una autoridad frente a otra, dentro de un plano de supraordinación. Se arriba a esa conclusión pues, según lo establecido en los preceptos citados en el párrafo precedente, el juicio de amparo únicamente es procedente para dirimir controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que violen derechos fundamentales de los gobernados, tal como lo estableció expresamente el legislador en la fracción I del artículo 103 de la Carta Magna hipótesis que no se actualiza en la especie. Lo anterior permite establecer que el juicio de amparo sólo es procedente cuando quien lo promueve es el gobernado, por violación a sus derechos fundamentales, en virtud de los actos o leyes de las autoridades, y tal actuación sólo puede ocurrir cuando la ley o acto autoritario frente al gobernado se da en una relación de supra a subordinación y no de supraordinación. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis aisalada I.15o.A.36 K, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro: 168507, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional." Sin que obste a lo expuesto, que conforme a lo establecido en el artículo 7° de la Ley de Amparo, las autoridades puedan acudir al juicio de amparo; sin embargo, el hecho de que la quejosa acuda al juicio de amparo en su calidad de Diputada integrante de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, tampoco implica que se actualice la hipótesis prevista en el numeral en cuestión, dado que las autoridades sólo pueden promover el amparo cuando el acto de diversa autoridad afecta su patrimonio, siempre y cuando se trate de una relación en la que se encuentre en un plano de igualdad con el particular, todo lo cual no sucede en el caso y mucho menos se advierte que la omisión de darle respuesta a su petición en calidad de diputada, afecte su patrimonio, por ende, carece de legitimación para promover el juicio de amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretenda hacer valer. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 128/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2015321, de título : "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos." En las relatadas condiciones, es inconcuso que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, y 103, fracción I, de la Constitución Federal, este último aplicado en sentido contrario, dado que el acto reclamado no cuenta con las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, y al no encontrarse revestido de imperio frente al particular, no resulta procedente el juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, acorde al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********, por derecho propio y en su carácter de Diputada integrante de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, respecto del acto y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos y razones expuestas en el último de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Estado procesal de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, en virtud de que mediante proveído de veinticuatro de febrero del año en curso, se dio vista a las partes con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; por lo que, a la fecha, no ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se fijan las trece horas con diez minutos del veintiocho de marzo de dos mil veintidós. A lo anterior, sirve de apoyo la contradicción de tesis número 29/98.PL, entre la sustentada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolverse la diversa contradicción de tesis 19/89, denunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el criterio que sostiene la actual Segunda Sala de este Alto Tribunal, al resolver el amparo en revisión 2639/97, que al rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DEBE EN PRINCIPIO DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDAN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese a los autos los informes justificados rendidos por la autoridad responsable Presidente de la Mesa Directiva y Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios, ambos del Congreso del Estado de Morelos. Vista a las partes. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Domicilio y delegados. Además, con apoyo en el ordinal 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de las autoridades responsables a los profesionistas que designa y, conforme a lo que establece el numeral 26, fracción II, de la legislación en consulta, se tiene por señalado como domicilio procesal el que indica, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Para concluir, acorde con lo estatuido por el numeral 64 de la legislación de la materia, esta sede constitucional toma conocimiento de las causales de sobreseimiento e improcedencia que hacen valer las responsables, respecto de las cuales se hará relación dentro del fallo definitivo que recaiga al presente asunto. Notifíquese.

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