Edi Humberto Parra Angulo

Expediente 294/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 23 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
294/2023
Año
2023
Actuaciones
23
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Edi Humberto Parra Angulo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, el cual contiene transcripción del proveído de treinta de octubre pasado, dictado en el amparo en revisión 622/2023, a través del cual dicho Tribunal de Alzada admitió el recurso de revisión interpuesto por *, contra la resolución dictada en el presente juicio de amparo. Al respecto, hágase las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Incidental

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se CONCEDE la suspensión definitiva de los actos reclamados al quejoso, respecto del Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con residencia en Culiacán, Sinaloa, precisados en el resultando segundo.

  3. Incidental

    Agréguese a los autos, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, el oficio de cuenta, por medio del cual rinde informe previo el Jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con residencia en esta ciudad.

  4. Incidental

    RECEPCIÓN DE AUTOS Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada en sesión del día trece de septiembre del presente año, por dicho órgano colegiado, en el recurso de queja 222/2023, relativo al presente incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ******************** de la cual se advierte que declaro fundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa ********************. ACÚSESE EL RECIBO CORRESPONDIENTE. Realícense las anotaciones en el Libro de Control Electrónico correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y hágase lo anterior del conocimiento a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, de la citada resolución se desprende en lo conducente: "ÚNICO. Es FUNDADO el recurso de queja interpuesto por ********************, en contra del auto de diez de abril de dos mil veintitrés, dictado por la Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto ********************". En consecuencia, conforme a los lineamientos expuestos por el Tribunal de Alzada, se repone el procedimiento y únicamente para el efecto de que se tenga como autoridad responsable al Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en el presente incidente. SOLICITUD DE INFORME PREVIO Por tanto, de conformidad con el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable informe previo, el que deberá rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, siguiente al en que reciba el oficio correspondiente. AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. OBLIGACIÓN DE RECIBIR OFICIOS Se hace del conocimiento a la autoridad responsable, que no habrá necesidad de emitir oficio para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia que justifica una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, la podrán consultar en la página web https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini .asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 176/2012, con número de registro digital 2002576, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." PRUEBAS Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene por exhibida la prueba documental anexa al escrito inicial de demanda, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia incidental. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO De la lectura integral del escrito inicial de demanda, se sigue que la parte quejosa hace valer como actos reclamados: a) Los artículos 412 y 417 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa en relación con el artículo 18, fracciones V y VI de la Convención sobre Circulación Vial de ocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. b) La multa impuesta mediante boleta de infracción D ******************** de veinte de febrero de dos mil veintitrés. MEDIDA SUSPENSIONAL En principio, cabe precisar que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley reglamentaria, para lo cual deberá considerarse la naturaleza de la violación alegada. Asimismo, para conceder la medida suspensional solicitada, es necesario que se satisfagan los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. A su vez, el artículo 138 de la Ley de la Materia, dispone que promovida la suspensión del acto reclamado se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social, la no contravención de disposiciones de orden público y en su caso acordar lo conducente respecto de tal medida. Por lo que concierne a la apariencia del buen derecho, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 15/96, estableció que se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de meras posibilidades respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, implicando con ello que se haya atendido el derecho violado y también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y trascendencia, lo anterior, debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, esto es, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo, pues hay que tener en cuenta siempre que la suspensión tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis y no en la certeza de la existencia de las pretensiones. De tal manera, para evitar que la medida cautelar concedida sea ineficaz con la sola paralización del acto reclamado se tiene la facultad de dictar las medidas pertinentes que no impliquen propiamente una restitución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado para resolver posteriormente, en forma definitiva -sentencia de fondo-, si los actos impugnados son o no constitucionales. Por lo que, la apariencia del buen derecho deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, esto es, si el perjuicio que pueda sufrir el interés social o el orden público, es mayor al daño que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Bajo dichas directrices constitucionales y legales, se procede a verificar la procedencia o no de la medida cautelar solicitada. Así, con apoyo en los artículos 128, 138, 139 y 151 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional a la parte quejosa pues se encuentran satisfechos los requisitos del numeral 128 de la ley aplicable, ya que la misma es solicitada por parte agraviada y con su otorgamiento no se causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, en cuyo caso la sociedad está interesada en que éstas se cumplan, como también lo que igualmente le importa es que previamente a cualquier acto de autoridad al gobernado se le hayan respetado sus derechos fundamentales. Por tanto, SE CONCEDE la suspensión provisional para el efecto de que no se realice a ********************, el cobro de la multa que refiere impuesta por la autoridad ordenadora y su ejecución. Ello, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente incidente de suspensión, SIEMPRE Y CUANDO NO SE HAYA HECHO EFECTIVA YA DICHA MULTA, pues en ese caso no surte efecto dicha medida cautelar. GARANTÍA La suspensión otorgada se encuentra vigente desde este momento, pero dejará de hacerlo si dentro del plazo de CINCO DÍAS siguientes al en que surta efectos la notificación de la presente determinación, LA PARTE QUEJOSA NO JUSTIFICA HABER CONSTITUIDO GARANTÍA ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA, por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, respecto de la multa que señala en su escrito de demanda, por la cantidad de $******************** (********************/100 moneda nacional), cantidad que se fija de manera discrecional, dado que no obra pruebas o datos objetivos del valor de la multa impuesta en la boleta de infracción de que se duele el quejoso. Lo anterior, toda vez que la citada multa judicial constituye un aprovechamiento, en términos del artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, y adquiere la naturaleza de crédito fiscal, exigible mediante el procedimiento administrativo de ejecución tal modo que al solicitarse la suspensión contra su cobro, el interés fiscal debe garantizarse como se indicó, de acuerdo con el artículo 135 de la Ley de Amparo, con excepción de los recargos que no se generan. Se cita, en la idea jurídica y sustancialmente conducente, la jurisprudencia 50/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XVII, junio de 2003, página 252, registro 184085, que dice: "MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SON APROVECHAMIENTOS QUE CONSTITUYEN UN CRÉDITO FISCAL. Las multas que impone el Poder Judicial de la Federación pertenecen al rubro de aprovechamientos federales, según lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, ya que constituyen ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de los que obtiene por contribuciones o ingresos derivados de financiamientos y de los que obtienen los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, lo que se corrobora por el hecho de que dentro de la clasificación que el artículo 2o. del propio Código hace de las contribuciones en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, no están comprendidas aquellas multas, ni tampoco como accesorios de las contribuciones, ya que su imposición no tiene origen en el ejercicio de la potestad tributaria, sino en facultades admonitorias y sancionatorias, establecidas legalmente por la inobservancia, violación o abuso de deberes relacionados con el acceso, procuración y administración de justicia, a cargo de los gobernados y de las autoridades. En ese sentido, estrictamente deben conceptuarse como multas no fiscales, pero que dan lugar a un crédito fiscal, pues los créditos fiscales que el Estado o sus organismos descentralizados tienen derecho a percibir, pueden provenir, entre otros rubros, de los aprovechamientos, según lo señala el numeral 4o. de dicho Código; por tanto, si las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación tienen carácter de aprovechamientos, es incuestionable que, determinadas en cantidad líquida, constituyen un crédito fiscal y el Estado está facultado para proceder a su cobro, inclusive a través del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el capítulo tercero del título quinto del referido Código." Se cita además, también en la idea conducente, la jurisprudencia 138/2008, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXVII, octubre de 2008, página 445, registro 168607, que dice: "MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. El precepto en cita dispone que cuando se pida amparo contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la cual surtirá sus efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o de la Entidad Federativa o Municipio correspondiente, debiendo cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, a fin de asegurar el interés fiscal. Ahora bien, no obstante que las multas administrativas constituyen aprovechamientos, en términos de lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles por ende mediante el procedimiento administrativo de ejecución, conforme a los artículos 4o. y 145 del indicado Código, a modo tal que al solicitarse la suspensión al promoverse el juicio de amparo contra su cobro, el interés fiscal debe garantizarse como lo señala el artículo 135 de la Ley de Amparo, con excepción de los recargos que, en términos del artículo 21, párrafo noveno del Código Fiscal de la Federación, no se generan. Esta regla es la aplicable en estos casos, con independencia de lo dispuesto por otros preceptos de la Ley de Amparo que regulan formas distintas de garantía." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo disponen los artículos 17 constitucional y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que resulten necesarias en este cuaderno incidental.

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