Edhgar Mariano Martínez Díaz

Expediente 341/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 31 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
341/2022
Año
2022
Actuaciones
31
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Edhgar Mariano Martínez Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del acuerdo en el que se declaró que existía imposibilidad material y jurídica de dar cumplimiento a la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. Ahora bien, en cumplimiento al proveído trece de octubre del presente año, esto es, que transcurrieran los quince días para que las partes impugnaran el citado auto como se advierte de la certificación secretarial que antecede, envíense los autos originales del juicio de amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, para que dicte la resolución que en derecho corresponda respecto a la imposibilidad material de cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en este medio de control constitucional. En tales condiciones, en atención a la circular DGGJ/0012/2020, de diez de julio de dos mil veinte, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, gírese oficio vía correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, adjuntando una copia del proveído de trece de octubre de dos mil veintitrés y los datos necesarios para su registro, el turno correspondiente a la normativa vigente (de manera aleatoria o relacionada). En virtud de lo expuesto, y para efectos de registro, se precisan los datos siguientes: NUMERO DE JUICIO DE AMPARO: 341/2022 FECHA DE RECEPCIÓN DE LA DEMANDA: 17/06/2022 NOMBRE DEL QUEJOSO: ******************** NOMBRE DEL DEFENSOR, PERSONA DE CONFIANZA, AUTORIZADO O REPRESENTANTE: ******************** TERCERO INTERESADO: ******************** TIPO DE JUICIO O PROCEDIMIENTO QUE SE PROMUEVE: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ACTOS RECLAMADOS: PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, ARRAIGO DOMICILIARIO E INCOMUNICACIÓN EXPEDIDA EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN ******************** MATERIA: PENAL AUTORIDADES RESPONSABLES: AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUAUTITLAN ISCALLI, ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES DE DICHA CIUDAD SECRETARIO QUE RECIBE LA DEMANDA: Karina Esther Santiago Espinoza CLASIFICACIÓN DEL ASUNTO EN URGENTE Y NO URGENTE: NO URGENTE RECURSO INTERPUESTO: INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA FECHA DE LA RESOLUCIÓN COMBATIDA: 13/10/2023 FUNDAMENTO LEGAL EN EL QUE ENCUADRA EL RECURSO 196 OBSERVACIONES NO CORRESPONDE A NINGÚN REQUERIMIENTO REALIZADO POR ALGÚN TRIBUNAL Notifíquese; y por correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agregase el oficio 400-37-00-04-02-2023-30106 signado por el Administrador de la Administración Desconcentrada de Recaudación de México "2", con sede en México; y en atención a su contenido, remítasele copia de la sentencia dictada en el juicio de amparo 341/2022 con evidencias criptográficas, a fin de que esté en aptitud de hacer efectiva la multa que le fue impuesta a mediante proveído de veinticinco de mayo del año en curso, a ********************, en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, con sede en Cuautitlán Izcalli, Estado de México (autoridad responsable en el presente juicio de amparo). Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, se considera que en el presente asunto existe imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la sentencia de amparo indirecto emitida en este asunto, en los términos precisados, por las razones que a continuación se precisarán. I. Marco jurídico De conformidad con los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, las ejecutorias deben ser puntualmente cumplidas; por lo que el órgano judicial de amparo cuando reciba el informe de la autoridad, deberá dar vista a las partes para que dentro del término de tres días hagan las manifestaciones correspondientes. Una vez transcurrido dicho plazo deberá emitirse resolución fundada y motivada en la que se declare si la sentencia está o no cumplida, si incurrió en exceso o defecto, o, si existe imposibilidad para cumplirla. En ese orden de ideas, se considera que existe imposibilidad jurídica o materia para cumplir con la sentencia de amparo cuando las autoridades responsables no puedan realizar lo que el fallo les exige; por lo que de determinarse tal circunstancia, se deben remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, conforme lo establece el artículo 193 de la Ley de Amparo, si es que ninguna de las partes interpone el recurso de reclamación en el plazo legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 2014210 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 44/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 490 Tipo: Jurisprudencia CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." Esta tesis se publicó el viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 15 de mayo de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. II. Antecedentes del caso 1. Mediante sentencia pronunciada el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se sobreseyó el presente juicio respecto a las autoridades Secretario de Seguridad Pública del Estado con sede en Xalapa, Veracruz por conducto de la Directora General Jurídica y Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Amparos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en representación del Fiscal General de Justicia del Estado de México, con residencia en Toluca, y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Edhgar Mariano Martínez Díaz, respecto a los actos reclamados al Agente del Ministerio Público de Cuautitlán Itzcalli adscrito al Centro de Justicia para Mujeres de Cuautitlán Izcalli, para los efectos que se precisarán en la tabla que más adelante se expondrá. 2. La citada sentencia causó ejecutoria por acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, al no haber sido impugnada por las partes, dentro del término legalmente concedido al respecto y se requirió a la autoridad responsable para que justificara haber dado cumplimiento al fallo protector; y, para tal efecto, la responsable ordenadora Agente del Ministerio Público de Cuautitlán Itzcalli adscrito al Centro de Justicia para Mujeres de Cuautitlán Izcalli, informaron lo propio, bajo los parámetros que se exponen a continuación. EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE En consecuencia, ante lo fundado de los conceptos de violación, debe concederse el amparo para el efecto de que el Agente del Ministerio Público de Cuautitlán Itzcalli adscrito al Centro de Justicia para Mujeres de Cuautitlán Izcalli, emita una determinación en la cual deje insubsistente la orden reclamada. La autoridad responsable, Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para Mujeres de Cuautitlán Izcalli, manifestó que una vez revisada la carpeta de investigación TLA/CGV/UGL/104/158278/22/05, se advierte que no existe algún acuerdo en donde se haya ordenado seguir, vigilar, sitiar el domicilio en donde se encontraba el quejoso, con la finalidad de intimidarlo para que no abandonara el lugar en donde se encontraba. Ahora bien, de un análisis comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevada a cabo por la autoridad responsable, se advierte que existe una imposibilidad material y jurídica de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, en razón que la autoridad responsable informó lo antes trascrito en el recuadro que antecede. III. Conclusión Acorde a lo narrado, de las constancias que conforman la presente instancia y los efectos para los cuales se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, acorde con el artículo 196 de la Ley de Amparo, se considera que existe una imposibilidad material y jurídica de dar cumplimiento a la sentencia de amparo. En consecuencia, conforme al artículo 193 de la ley en cita y una vez que transcurra el término de quince días previsto en el diverso 202 del propio ordenamiento, envíense los autos originales del juicio de amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, en turno, para que sea éste quien dicte la resolución que en derecho proceda respecto a la imposibilidad material de cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el presente controvertido. Es aplicable al caso el criterio siguiente: "Registro digital: 2017828 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 23/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 274 Tipo: Jurisprudencia RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a la autoridad responsable; y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, en la forma prevista en la Ley de Amparo. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de la Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Segunda de Tramite del Centro de Justicia para las Mujeres de Cuautitlán Izcallí, Estado de México; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes y téngasele informando el cumplimiento dado a la ejecutoria por la cual fue concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión y remitiendo las constancias respectivas. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, quedan los autos a la vista de las partes por el término de TRES DÍAS, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga y transcurrido dicho término, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos y los datos aportados por la autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. En virtud de lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos para que al momento de realizar la notificación personal del presente proveído, corra traslado a las partes con copia del oficio que se provee, debiendo asentar dicha recepción en la propia diligencia. Finalmente, respecto a su solicitud que realiza en el sentido de que se deje sin efectos la multa que le fue impuesta, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, ello en virtud de que, de conformidad con el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, este Juzgado Federal no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Tiene sustento lo anterior en la tesis sin número, Octava Época, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Marzo de mil novecientos noventa y dos, página doscientos veintiséis, que a la letra dispone lo siguiente: "JUEZ DE DISTRITO, NO PUEDE REVOCAR SUS PROPIAS DETERMINACIONES, EXCEPTO PARA REGULARIZAR PROCEDIMIENTO. Ciertamente el Juez de Distrito, por lo general, no puede revocar sus propias determinaciones; pero cuando ordena, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que se subsane alguna omisión que advierta en la substanciación del procedimiento, de alguna manera tiene que revocar alguno o algunos de los acuerdos emitidos en la etapa o en las etapas procesales ya concluidas, porque de otra manera no podría subsanar la omisión advertida y se haría inoperante el citado precepto legal. Pero esta facultad de regularizar el procedimiento está limitada a que el propio juzgador no afecte algún derecho procesal adquirido por alguna de las partes en lo actuado. Con esta limitación, la facultad de que se trata es una excepción, pues, al principio de que el Juez de Distrito no puede revocar sus propias determinaciones." Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

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