Edgardo Romero Álvarez
Expediente 146/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 146/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Edgardo Romero Álvarez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes, el escrito del quejoso Edgardo Romero Álvarez; en atención a su contenido, instrúyase al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional (antes Analista Jurídico SISE), para que realice la cancelación relativa al usuario franco.s.abogado en el presente asunto, por así solicitarlo la parte quejosa. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito del directo quejoso ******, del cual se advierte que manifiesta que no es su deseo ratificar la demanda presentada a su favor por Francisco San Pedro Jesús Angel; asimismo, refiere que las marcas que presenta, son resultado de una riña que tuvo por con otros internos. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído de veintitrés de febrero en curso, y se tiene por no presentada la demanda de que se trata; y en consecuencia, queda sin efectos la providencia decretada en su beneficio en el citado acuerdo. Sirve de apoyo, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1031, Tomo LXXVIII, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, RATIFICACIÓN DE LA, ENCONTRÁNDOSE DETENIDO EL AGRAVIADO." Háganse las anotaciones procedentes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, se tienen por recibidos los oficios SSPO/SPRS/DGRS/CPVT/SI/427/2021, SSPO/SPRS/DGRS/CPVT/SI/ 428/2021 y SSPO/SPRS/DGRS/CPVT/SI/429/2021, signados por el Director y Presidente del Comité Técnico; Jefe de Vigilancia del Segundo Turno de Seguridad y Custodia; y el Director, todos del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, por medio de los cuales rinden su informe en relación con la suspensión de plano, asimismo, se les tiene informando las medidas tomadas con motivo de la misma. En atención a su contenido, téngasele a la autoridad rindiendo su respectivo informe relativo a la suspensión de plano, e informando respecto de las medidas tomadas en relación con la citada medida cautelar; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Finalmente, se tiene al Director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, haciendo del conocimiento que la autoridad que la parte promovente denominó como: "Director de Seguridad Penitenciaria del Cetro Penitenciario Varonil, Tanivet, Tlacolula, Oaxaca", no existe; manifestación respecto de la cual no se hace mayor pronunciamiento, toda vez que en esta misma data, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, en atención a que la misma no fue ratificada por la directa parte quejosa. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Radicación. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo por Francisco San Pedro Jesús Ángel, a favor de Edgardo Romero Álvarez, contra actos del Director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca y otras autoridades; regístrese en libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 146/2021 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. Suspensión de plano. Ahora, del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa, se duele de los tormentos psicológicos, malos tratos, golpes, azotes, discriminación, aislamiento, segregación e incomunicación, de los cuales es objeto desde el veintiuno de febrero del año en curso, en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca; así como los demás prohibidos por el artículo 22 Constitucional; y la omisión de proporcionar alimentación y atención médica general, en atención a las lesiones que presenta derivado de los golpes y azotes que ha recibido el directo quejoso en el centro de internamiento en el cual se encuentra recluido. En ese sentido, en el caso, con fundamento en los artículos 15, 109 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta en favor de Edgardo Romero Álvarez, la suspensión de plano y de oficio, para el efecto de que las autoridades responsables, de manera inmediata y bajo su más estricta responsabilidad, provean lo necesario con la finalidad de que en el ámbito de su competencia y atribuciones legales, emitan, ordenen y/o ejecuten las actuaciones correspondientes encaminadas a proporcionar al aquí quejoso la atención médica inmediata necesaria y, en su caso, le proporcionen el tratamiento y medicamente requerido, que resulte idóneo para salvar, optimizar su estado de salud e incluso propiciar la mejoría en su calidad de vida, de manera informada a la parte aquí quejosa, asimismo se le proporcione la alimentación adecuada. Asimismo, para que cese de inmediato la tormentos psicológicos y malos tratos, golpes, azotes, discriminación, aislamiento, segregación e incomunicación, de los cuales es objeto desde el veintiuno de febrero del año en curso, así como los demás prohibidos por el artículo 22 Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí, cabe resaltar que el sentido de la presente determinación tiene apoyo en la apariencia favorable para la pretensión del quejoso, de igual forma, se concede la medida cautelar a efecto de que se tomen las medidas necesarias y se permita el cuidado de la salud del impetrante; toda vez que el derecho fundamental a la salud se encuentra consagrado en el precepto 4º de la Constitución Federal. Además, no debe perderse de vista que el directo quejoso, se encuentra privado de su libertad en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca; en ese contexto, las autoridades carcelarias son quienes deben atender las necesidades médicas que requieran los internos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia PC.XVI.P. J/1 P (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo III, común de rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. PROCEDE OTORGARLA CUANDO QUIEN LA SOLICITA SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO PENITENCIARIO Y SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA POR LAS AUTORIDADES DE ÉSTE, PUES ESA OMISIÓN CONLLEVA UN TRATO CRUEL E INHUMANO". Así como la tesis aislada VI.2o.37 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, diciembre de 1995, materia penal, número de registro 203666, de rubro y texto: "SALUD, DERECHO A LA. LA AUTORIDAD DEL RAMO NO PUEDE NEGARSE A PROPORCIONAR TRATAMIENTO A UN PROCESADO. Si conforme a lo establecido por el artículo 4o. de la Constitución General de la República, toda persona tiene derecho a la protección de su salud y acceso a los servicios correspondientes, el quejoso tiene tal derecho, lo que se traduce en recibir el tratamiento requerido. Luego, con el hecho de que el secretario de Salud del Estado de Tlaxcala, no proporcione la atención médica a un procesado y niegue su traslado a un hospital especializado, es inconcuso que viola esa garantía individual consagrada en el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución General de la República." Y la Tesis XXVII.1o.(VIII Región) 8 P (10a.), visible en la página 1857, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro 2000769, cuyo rubro y texto son: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. CORRESPONDE AL JUEZ O MAGISTRADO QUE TENGA INTERVENCIÓN EN EL PROCESO PROVEER LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA GARANTIZARLO, INCLUSIVE CUANDO SE EJECUTE LA SENTENCIA ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. Conforme a los artículos 1o., párrafos primero y tercero, 4o., párrafo tercero y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; asimismo, imponen la obligación a todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, destacando entre ellos el de la protección a la salud, cuyos titulares son todos los seres humanos, incluidas las personas sujetas a prisión preventiva, quienes siguen gozando de éste. Por otro lado, el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos y sobre la protección a la salud de las personas privadas de la libertad, inclusive los artículos 22, 23, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y 24 del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, adoptados por las Naciones Unidas, establecen la obligación de contar con médicos calificados en todo establecimiento de reclusión, los cuales velarán por la salud física y mental de los internos, quienes tienen en todo tiempo el derecho a recibir gratuitamente atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. De lo anterior se concluye que el derecho a la protección de la salud de un inculpado recluido en un centro penitenciario significa que cuando éste tenga alguna enfermedad o padecimiento que amerite atención y tratamiento médico, el Juez o Magistrado que lo tenga a su disposición está obligado a proveer las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que en ese lugar el detenido las reciba adecuada y oportunamente, pues en virtud de sus mandatos jurisdiccionales se encuentra privado de su libertad, incluso en la sentencia definitiva al poner al inculpado a disposición de la autoridad administrativa que ejecute la pena, deberá ordenar a ésta proporcione la asistencia médica necesaria respecto de las enfermedades y heridas que presente el acusado durante el tiempo que permanezca a su disposición". En ese contexto, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de su legal notificación, informen a este Juzgado de Distrito, la forma y términos en que dio cumplimiento a esta suspensión; así como para que, en su caso, acrediten dentro del citado plazo con las constancias respectivas; se previene a las autoridades responsables, que la desobediencia de este mandato será sancionada en los términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, con independencia de cualquier otro delito en el que se incurra. Asimismo, se informa a las mencionadas autoridades responsables que la violación de la medida suspensional decretada implica la comisión de un delito, conforme a los artículos 262, fracción III y 266, fracción, I, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse o seguirse ejecutando el acto que se le reclama, de inmediato se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Apoya la anterior determinación, la tesis VI. 1o.A. 19 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página mil cuatrocientos cincuenta y ocho, Tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio". Se comisiona al actuario judicial de la adscripción, para que de inmediato, remita las comunicaciones oficiales que deriven del presente, por cualquier vía que agilice su inmediata recepción (correo electrónico, telegrama, fax). Asimismo, infórmese a las autoridades señaladas como responsables, que podrán remitir sus informes sobre la suspensión de plano, vía fax a este órgano jurisdiccional al número de teléfono 951-5023701 o al correo electrónico institucional 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Respecto de los restantes actos que se reclaman, una vez que, en su caso, se logre la ratificación de la demanda, provéase lo conducente. Sobre los actos de tortura. Respecto del acto de tortura que refiere se está ejerciendo contra el directo agraviado, en cumplimiento estricto a lo establecido por el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, se da vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para que esa institución ministerial investigue los hechos relativos a la tortura de que se trata. Se invoca en apoyo la tesis 1a. CCVII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA". Ratificación del escrito de demanda. Por otro lado, se comisiona al Actuario adscrito a este juzgado, para que de manera inmediata se constituya al lugar donde la directa parte quejosa se encuentra recluido; y una vez lograda su comparecencia, lo requiera, para que en el acto de la notificación o a más tardar dentro del término de tres días siguientes a la misma, ratifique la demanda de amparo presentada en su favor ante la presencia judicial, en el entendido que de no hacerlo dentro del término fijado, se tendrá por no presentada, quedando sin efecto las providencias dictadas; asimismo, se instruye al fedatario para que certifique si la referida parte agraviada presenta huellas de violencia, y en caso de que existan deberá instruir a la autoridad a cuyo cargo se encuentre para que ordenen de inmediato la atención médica respectiva, levantando el acta pormenorizada de ello. Hágasele saber al Actuario que el directo quejoso se encuentra privado de la libertad en las instalaciones del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca. Por otro lado, requiérase a las autoridades responsables para que brinde las facilidades necesarias, a fin de que el Actuario Judicial cumpla con las funciones encomendadas, y por ningún motivo se vea obstaculizada su función. De igual forma, se faculta al actuario judicial para el caso de que al constituirse en el domicilio de las autoridades responsables, en ese acto corrija las denominaciones de dichas autoridades siempre que fuere necesario, para efecto de que las responsables reciban el oficio que al efecto se libre. Domicilio para recibir notificaciones, autorizados y notificaciones electrónicas. Se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jesús Ángel Franco San Pedro, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y respecto de las personas restantes únicamente para oír y recibir notificaciones, por así solicitarlo expresamente. Por otra parte, toda vez que la parte promovente, proporciona el usuario franco.s.abogado; en tales condiciones, en atención a la certificación de cuenta, se autoriza al usuario franco.s.abogado, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, con fundamento en los artículos 3° y 30, fracción II, de la ley de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones personales a la parte quejosa se realicen por vía electrónica, al usuario franco.s.abogado; en el entendido que, ante cualquier eventualidad propia de los sistemas de información y comunicación que imposibilite las notificaciones solicitadas de esta forma, se continuará con las formas tradicionales de notificación, previstas en el artículo 26 y 29 de la ley de Amparo. Ley federal de transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios, para que el Actuario Judicial adscrito, logre llevarlas a cabo. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Se autoriza al Secretario y/o Actuario para que firme los oficios correspondientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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