Edgardo Pérez Pérez
Expediente 818/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 818/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 18/07/2016
Partes del expediente
- Edgardo Pérez Pérez
- Director del Centro de Reinserción Social "La Mesa", Tijuana, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
VISTO EL ESTADO QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS DE LOS QUE SE ADVIERTE QUE NO SE INTERPUSO RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO, SE DECLARA QUE DICHA RESOLUCIÓN HA CAUSADO EJECUTORIA... SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO, SE ESTABLECE QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL... ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, POR LO QUE SE FIJA FECHA PROBABLE PARA SU DESTRUCCIÓN. SE ESTABLECE FECHA PARA LA TRANSFERENCIA A LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA....
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta, que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, en contra de la sentencia dictada el veintinueve de junio de dos mil dieciséis, conforme a lo establecido en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, y con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria, dese aviso a las autoridades responsables, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por lo tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, por virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del expediente. Ahora, en cumplimiento artículo vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que el cuaderno principal relativo a este juicio es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el tal efecto, veinte de julio de dos mil veintiuno. En cambio, se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción III, segundo párrafo del artículo Vigésimo Primero del mismo acuerdo; por lo que se señala como fecha probable para tal efecto, el veinte de julio de dos mil veintiuno; debiéndose conservar únicamente el acuerdo de trece de mayo de dos mil dieciséis, por el cual se concedió la suspensión provisional, toda vez que la definitiva fue negada. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, y en cumplimiento también del referido Acuerdo General, se establece que éste es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto por el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo complementario citado en el párrafo que antecede; por lo tanto, se fija como fecha probable para su destrucción el cinco de julio de dos mil dieciséis. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente a la Casa de la Cultura Jurídica de Toluca, en el Estado de México, el veinte de julio de dos mil diecinueve. Por último, glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo en que se actúa.
- Principal
Visto el estado de autos, de los que se advierte que a la fecha en que se actúa, se encuentra en curso el plazo de ley otorgado a las partes, a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga en relación con la vista otorgada en proveído de veintisiete de mayo del año en curso, con el contenido del informe justificado que en el mismo se señala. Por tanto, a fin de no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las once horas con diez minutos del veintinueve de junio de dos mil dieciséis, para su celebración.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio firmado por la autoridad responsable mediante el cual rinde informe justificado; en consecuencia, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. En relación con la prórroga que solicita, no es procedente acordar de conformidad, por virtud de que su concesión es potestativa y no obligatoria para el que suscribe, en términos de lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo; además, al haberse reclamado la constitucionalidad del Reglamento de Transporte Público para el Municipio de Tijuana, Baja California, su existencia no se encuentra sujeta a prueba, al constituir un hecho notorio, por encontrase publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California; ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; sin embargo, queda expedito su derecho para de considerarlo conveniente, allegue al presente juicio de amparo las constancias a que se refiere en el oficio que se atiende. Encuentra sustento a la anterior consideración la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, cuyo rubro y texto rezan: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Por último, se le tiene designando como delegados a los profesionales que refiere en su oficio, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo.
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