EDGARDO MARIEL NUÑEZ MATOS y Otros.
Expediente 1321/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1321/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- EDGARDO MARIEL NUÑEZ MATOS y Otros.
- Raúl Armando Gómez Lara
- Edgardo Mariel Nuñez Matos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos, y da cuenta con el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, el cual ya obra agregado en autos. A lo que la Jueza acuerda: téngase por rendido en tiempo y forma el informe justificado de la autoridad responsable, para ser relacionado y tomado en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales, ofrecidas por la parte quejosa en su demanda de amparo y por la autoridad responsable a su informe justificado. La Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas de referencia, en virtud de su especial naturaleza jurídica, las cuales serán tomadas en consideración como corresponda; sin más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrada esta etapa. Abierto el período de alegatos, se da cuenta con los alegatos de la parte quejosa, tal como se acordaron en auto de veinte de septiembre del año en curso. A lo anterior, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogados los alegatos de la parte quejosa, para los efectos legales conducentes. Hecho lo anterior, se decreta la conclusión de esta etapa de la audiencia. Finalmente, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se procede a dictar la siguiente sentencia. Vistos para resolver los autos del presente juicio de amparo indirecto 1321/2023-VI; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado al día siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito, Edgardo Mariel Núñez Matos y Raúl Armando Gómez Lara, por conducto de su apoderada Diana Victoria Ruz Pérez solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamaron de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, que quedó registrada con el número 1321/2023-VI; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y previo diferimiento, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 36 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 28/2016 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque la omisión reclamada es atribuida a una autoridad donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO...OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Debe estimarse oportuna la presentación de la demanda de amparo, en razón que de su lectura sistemática se infiere que el acto reclamado es de naturaleza omisiva y por tanto, su impugnación no está sujeta al término de quince días que ordinariamente señala el artículo 17 de la ley de la materia, ya que se trata de omisiones de la responsable que crean situaciones permanentes, las cuales pueden reclamarse en cualquier tiempo, en tanto no se subsanen; por lo que no puede actualizarse el consentimiento tácito o expreso y, por consiguiente, tampoco la extemporaneidad de la demanda, en razón de que no puede tenerse como base un día específico para iniciar el cómputo del término, ni puede obligarse al peticionario de amparo, a que promueva el amparo antes de que estime pertinente hacerlo. TERCERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación del acto reclamado. Para tal efecto, se analiza en su integridad la demanda, congruentemente con la totalidad de la información del expediente del juicio. Se atiende también el contenido de la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Del análisis de la demanda de amparo se desprende que los quejosos Edgardo Mariel Núñez Matos y Raúl Armando Gómez Lara reclamaron lo siguiente: La omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 1152/2018. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir su informe con justificación, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente, manifestó que es cierto el acto que se le atribuye. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. El concepto de violación aducido por la parte quejosa es fundado, en el sentido de que la responsable ha violado en su perjuicio el derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional, al no respetar los términos fijados por la Ley Federal del Trabajo dentro del expediente laboral 1152/2018; lo anterior por las razones que se expondrán a continuación. En efecto, el mencionado precepto establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales." Así, la garantía individual contenida en el artículo transcrito dispone que los tribunales jurisdiccionales impartirán justicia en forma expedita y gratuita; de tal forma que entre los diversos derechos fundamentales que se tutelan en ese numeral, está el relativo a tener un acceso efectivo a la administración de justicia. Sin embargo, para su debido acatamiento no basta el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que tal acceso debe hacerse efectivo en la medida en que pueda obtenerse una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley, se resuelva si le asiste o no razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. Por tal motivo, la impartición de justicia y por ende, su efectivo acceso por el quejoso, se debe sujetar a los plazos y términos que fije la Ley Federal del Trabajo. En este contexto, para una mejor comprensión del asunto en estudio, es preciso transcribir el contenido de los artículos 771, 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, relativos al impulso de los procedimientos seguidos ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los términos para la elaboración de los proyectos de resolución, audiencias de discusión y votación, y elevación de los proyectos respectivos a categoría de laudos, los cuales son del tenor literal siguiente: "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. En caso de no cumplir lo anterior, se harán acreedores a las sanciones que establezcan las Leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos." "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley..." "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." "Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta." Así las cosas, es necesario señalar que la parte quejosa promovió el juicio laboral 1152/2018, en contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, ante la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, siendo en el caso, que lo último actuado ha sido, el proveído de fecha once de septiembre de dos mil veintitrés, el que dio vista a las partes para que formulen sus respectivos alegatos. Sin embargo, la actuación previa a dicho proveído fue dictada desde el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, donde se declaró desierta la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada. Por lo que puede afirmarse que fue únicamente por la promoción del presente juicio de amparo que la autoridad responsable dictó el proveído de once de septiembre de dos mil veintitrés en el que concedió el término legal a las partes a efecto de formular alegatos. De lo anterior, se evidencia el incumplimiento al artículo 771 antes mencionado que prevé que la Junta deberá verificar que los juicios que ante ella se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo. Por lo que es evidente que en la especie esto no ocurrió, pues como se ha dejado visto, entre el once de septiembre de dos mil veintitrés y la actuación previa trascurrieron casi dos años sin que dicho expediente haya sido resuelto o siquiera proveído el cierre de instrucción. Lo anterior se deduce de las constancias que la autoridad responsable adjuntó a su informe con justificación, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Ahora bien, de las trascripciones de los artículos conducentes, se evidencia que el legislador a través de la Ley Federal del Trabajo, señaló cuáles son los principios procesales que se deben de aplicar dentro de los procedimientos laborales, por lo que los órganos jurisdiccionales de esa materia, tienen la obligación de observar que se eviten dilaciones procesales y contribuir a la expedites de las resoluciones de los asuntos de su conocimiento. Una de las características esenciales del juicio ordinario laboral, además de su sencillez, es la prontitud con la cual se van desarrollando cada una de sus etapas, en las cuales algunos de los actos se desenvuelven en forma inmediata (terminología empleada por la ley para referirse a la contigüidad o cercanía de tales actos en el tiempo), lo que aunado al hecho de que la unidad temporal más grande que utiliza la norma para graduar el procedimiento es el día, no deja lugar a dudas de la expedites en la tramitación y resolución de los juicios laborales. De acuerdo a lo expuesto y apreciando el artículo 17 de la Constitución Federal, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que los Tribunales Laborales faltan a la garantía de administración de justicia pronta cuando no tramitan ni resuelven los juicios laborales en los plazos y términos precisados en la legislación laboral. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo; en ambos casos, dicha violación se patentiza a partir de una omisión de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales, es decir, a través de una conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es un acto en sentido estricto o una manifestación positiva de un hecho. En consecuencia, si la Junta responsable no cumplió con lo dispuesto en los artículos 771 y 885 al 889 de la referida ley obrera; entonces, es indudable que viola la garantía consagrada en el artículo 17 de nuestra Constitución Federal, al dilatar la conclusión del juicio laboral 1152/2018, y omitir el dictado del laudo correspondiente. Máxime que, como ha quedado establecido, la Ley Federal del Trabajo prevé los lineamientos a seguir en materia elaboración de proyectos de resolución y su respectiva elevación a categoría de laudos, y que de las constancias que obran en este expediente, se advierte que se ha incurrido en una franca denegación de justicia en agravio de la parte quejosa. Por tanto, al omitir pronunciarse e impulsar el citado procedimiento, se constituye una violación al arábigo constitucional en estudio y lo procedente es conceder a Edgardo Mariel Núñez Matos y Raúl Armando Gómez Lara, el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia con el rubro y texto siguientes: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." SEXTO. EFECTOS DE LA SENTENCIA. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación en estudio, procede conceder a los quejosos Edgardo Mariel Núñez Matos y Raúl Armando Gómez Lara, la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Junta Especial Número Dos de la Local y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, una vez que se declare ejecutoriada la presente resolución, de inmediato proceda decretar el cierre de instrucción y turne los autos para el dictado del laudo que deba recaer en el juicio laboral 1152/2018, el que deberá dictarse respetando los términos previstos en los artículos 885, 886, 887, 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Edgardo Mariel Núñez Matos y Raúl Armando Gómez Lara, por conducto de su apoderada Diana Victoria Ruz Pérez respecto del acto que reclamaron de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, señalado en el tercer considerando, por los motivos expuestos en el quinto considerando de esta resolución, para los efectos precisados en el sexto subsecuente de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Se tiene por hecha la certificación de cuenta de la que se advierte que del diecinueve al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, se declararon como días inhábiles con base en las circulares 28/3023 y 29/2023 firmadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en los avisos de suspensión de labores, emitidos por los Coordinadores de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, con motivo del paro y las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, toda vez que el veinte de octubre de este año, estaba señalado para que tuviera verificativo la audiencia constitucional correspondiente, sin que se haya hecho pronunciamiento alguno debido a la declaratoria de días inhábiles por los motivos mencionados; en tal virtud, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento a fin de señalar como fecha para que la celebración de la audiencia constitucional las ONCE HORAS CON TRES MINUTOS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, toda vez que de autos se advierte que se encuentra transcurriendo la vista otorgada a las partes en auto de veinticinco de los corrientes; por lo tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nueva hora y fecha para su desahogo a las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio y anexo que acompaña en copia certificada, remitidos por el Presidente de la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, con sede en esta ciudad de Mérida, con el cual da cumplimiento al requerimiento que se le efectuó en proveído de trece de septiembre del presente año; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, dese vista a las partes en este asunto con dichas documentales por el término de tres días, y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Atento a lo anterior, déjese sin efectos el apercibimiento decretado a dicha autoridad, en virtud a lo señalado en líneas precedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa con Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario que autoriza. Doy fe.
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