Edgardo Lugo Aboyte
Expediente 399/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 399/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Edgardo Lugo Aboyte
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, suscrito por la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita la vinculación del expediente 399/2022-4B de este índice, al diverso juicio de amparo 693/2022-5B de su índice, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. En ese sentido, se hace del conocimiento de la autoridad oficiante, que el expediente electrónico del juicio de amparo 399/2022-4B, se encuentra debidamente vinculado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto el oficio 14608/2022 de cuenta suscrito por la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual remite testimonio de la resolución pronunciada en la sesión virtual del día catorce de octubre del año en curso, por ese Órgano Colegiado al resolver el impedimento 19/2022 de su índice, planteado por este Juzgador, resolución cuyo punto resolutivo dice: "ÚNICO. Es FUNDADO el impedimento planteado por Juan Enrique Parada Seer, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto 399/2022 de su índice. ..."; agréguese a los autos para conocimiento de las partes y para que surta sus efectos legales correspondientes. Como lo solicita el Tribunal de Alzada, con transcripción de este proveído, acúsese recibo mediante oficio vía interconexión IOJ del SISE. Asimismo, intégrese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta registrado con el número 11660, suscrito por la Jefa de Oficina de Correspondencia Común B, de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia de la boleta registro OCC 20220874034000412, de la que se desprende que le correspondió conocer al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, del presente juicio de amparo, ello en razón, de que el Primer Tribunal Colegido en Materia Administrativa de ese circuito, declaró fundado el impedimento planteado por este Juzgador. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta registrado con el número 11688, suscrito por la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que dicho órgano de control constitucional se avoco al conocimiento del presente juicio de amparo y proveyó respecto a la admisión de demanda, formándose el diverso juicio de amparo 693/2022-5B. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificada la parte quejosa del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso f), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de dos de septiembre del año en curso, este juzgador se declaró impedido para conocer respecto de la demanda de amparo promovida por el licenciado Edgardo Luego Aboyte, oficial judicial adscrito a este Juzgado de Distrito; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual comunica que se admitió el impedimento planteado por este Juzgado, en virtud de la remisión que hizo este juzgado del juicio de amparo 3399/2022-4B, formándose el impedimento 19/2022; agréguese para que surta sus efectos legales.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, dos de septiembre de dos mil veintidós. Visto el oficio 11126/2022 de cuenta suscrito por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 399/2022-4B, así como testimonio de la resolución pronunciada por ese Órgano Colegiado al resolver el impedimento 14/2022 de su índice, planteado por el Secretario de este Juzgado, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en auto del cuatro de julio del año en curso, resolución cuyo punto resolutivo dice: "ÚNICO. Se declara SIN MATERIA el impedimento. ..."; intégrese el cuaderno de antecedentes relativo, previo desglose de las copias fotostáticas para evitar duplicidad de constancias, y agréguese el oficio con anexos de cuenta para que surta sus efectos legales conducentes y para conocimiento de las partes. Como lo solicita el Tribunal de Alzada, con transcripción de este proveído, acúsese recibo mediante oficio vía interconexión IOJ del SISE. Pues bien, en atención a la resolución emitida por el Tribunal de Alzada, se procede a realizar nuevamente pronunciamiento respecto de la demanda de amparo promovida por el licenciado Edgardo Lugo Aboyte, oficial judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, en los siguientes términos: Impedimento. Visto nuevamente el escrito de demanda de amparo, se advierte la actualización de la causal de impedimento prevista en el artículo 51, fracción VIII de la Ley de Amparo, con motivo de la relación laboral existente entre el juzgador de éste órgano constitucional y el licenciado Edgardo Lugo Aboyte, oficial judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, lo que constituye "un elemento objetivo" que deriva en el riesgo de pérdida de imparcialidad a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 17, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". Ese precepto constitucional establece el derecho fundamental que tiene todo individuo de acudir ante los tribunales a dirimir sus pretensiones y el deber jurídico de éstos de tramitarlas y resolverlas en los términos fijados por las leyes relativas. Tal numeral prevé cuatro principios de los que se desprende que la justicia debe ser: (I) pronta; (II) completa; (III) gratuita; e (IV) imparcial. Así, se tiene que el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia se conforma por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, características que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado tienen las siguientes connotaciones: Pronta. La resolución que dicten los tribunales deberá emitirse dentro de los plazos que fijen las leyes. Completa. Significa que antes de emitir la resolución que en derecho proceda el tribunal deberá examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos y resolver el caso de manera integral. Gratuita. Estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Imparcial. Los tribunales por naturaleza propia deben dictar sus fallos con equidad y justicia, atentos al principio de igualdad procesal entre las partes; es decir, el juzgado debe tomar en cuenta todos y cada uno de los elementos y pruebas aportadas, y resolver a favor de la parte que hubiese aportado elementos de convicción definitivos. Dichas consideraciones se encuentran sustentadas en la jurisprudencia 2ª./J. 192/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la página 209, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Novena Época, que establece lo siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.". En el entendido que el juzgador debe excusarse de conocer los asuntos sometidos a su potestad, cuando en el desempeño de la función judicial, por circunstancias subjetivas derivadas de las relaciones personales o sociales, pueda verse afectada su imparcialidad, y en consecuencia, un detrimento en la impartición de justicia. Tratándose de los funcionarios que tienen encomendada la tarea de impartir justicia, como lo son Ministros, Magistrados o Jueces del Poder Judicial de la Federación, entre otros, existen ocasiones en las que la función jurisdiccional se ve limitada, afectando el principio de imparcialidad, con el que deben actuar. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado que el principio de "imparcialidad", propio del derecho de acceso a la justicia, es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Igualmente, ha señalado que el referido principio debe entenderse en dos dimensiones: a) Subjetiva: que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, la cual en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y los que lo obligan a inhibirse del conocimiento del asunto sometido a su jurisdicción; y b) Objetiva: que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido, observando el marco jurídico de que se trate. Específicamente, la justicia imparcial significa que el juzgador emita una resolución no sólo apegada a derecho, sino, primordialmente, "que no dé lugar" a considerar que existió inclinación o emulación respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Así, se estima, la tutela judicial efectiva no sólo está limitada al trámite y decisión de los asuntos que se sometan a la potestad de los órganos jurisdiccionales, sino que también debe comprender ciertos aspectos que permitan suponer que el fallo no esté afectado de imparcialidad objetiva o subjetiva. Se asevera lo anterior, porque la justicia imparcial que debe prevalecer para dirimir un conflicto suscitado entre varios sujetos de derecho se traduce, por una parte, en la clara observancia de la totalidad de las normas jurídicas que regulan el caso, pues su incumplimiento produce diversas consecuencias que afectan de modo cierto a alguno de los entes que intervienen en el proceso, favoreciendo al otro con esa actuación. Además, el ánimo del juzgador debe estar orientado al estudio de los aspectos que se debaten, sin crearse sentimientos de aversión o simpatía hacia alguna de las partes, sea por los datos probatorios que se proporcionen o por el conocimiento externo de las conductas del sujeto, es decir, las decisiones deben ser honestas en cuanto al órgano encargado de emitirlas. Por tanto, la imparcialidad del juzgador es una de las características insoslayables que debe revestir a los juzgadores en el ejercicio de su función jurisdiccional. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 1/2012 (9a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, libro V, febrero de 2012, tomo 1, página 460, que dispone lo siguiente: "IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El principio de imparcialidad que consagra el artículo 17 constitucional, es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Así, el referido principio debe entenderse en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. Por lo tanto, si por un lado, la norma reclamada no prevé ningún supuesto que imponga al juzgador una condición personal que le obligue a fallar en un determinado sentido, y por el otro, tampoco se le impone ninguna obligación para que el juzgador actúe en un determinado sentido a partir de lo resuelto en una diversa resolución, es claro que no se atenta contra el contenido de las dos dimensiones que integran el principio de imparcialidad garantizado en la Constitución Federal". Por su parte, la Segunda Sala del Alto Tribunal de Justicia del País ha establecido que la "imparcialidad" a que se refiere el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, como se ve del contenido de la jurisprudencia número 2ª./J.192/2017, transcrita en líneas que anteceden. De lo expuesto, se obtiene que una de las condiciones que debe reunir el juzgador para estar en aptitud de impartir justicia, es la ausencia de hechos o circunstancias personales que le impidan ser objetivo, fin de cumplir con el principio de imparcialidad que consigna el artículo 17 constitucional. En ese sentido, el ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitado, inicialmente, por la competencia propia del órgano y en segundo término por lo que se refiere al elemento personal del juzgador, ya que independientemente de la titularidad que se confiere a los órganos jurisdiccionales, también son personas físicas que, como tales, viven dentro de un conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios, situaciones de vida personal, etcétera; asimismo, no solo las relaciones personales de dichas personas físicas pueden influir en el ánimo del juzgador, sino que en ocasiones pudieran presentarse situaciones relacionadas con su ejercicio jurisdiccional que en algún momento pudieran dar lugar a mermar la imparcialidad con la que el juzgador debe conducirse. Por su parte, el artículo 51, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo; II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior; III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo; IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación; V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada; VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento; VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad.". Las hipótesis de impedimento previstas en el artículo 51 de la Ley de Amparo, tienen por objeto garantizar la imparcialidad del juzgador, esto es, asegurar que el impartidor de justicia no se decante de ningún modo en favor de alguna de las partes, en aras de salvaguardar el derecho humano reconocido en el numeral 17 de la Constitución Federal. En el caso, como ya se expuso, el quejoso licenciado Edgardo Lugo Aboyte, quien promueve la demanda de amparo en estudio, desempeña el cargo de oficial judicial de base en este órgano jurisdiccional, razón por la cual, existe una relación cotidiana de trabajo y profesional. Todo lo anterior definitivamente podría afectar la objetividad en el trámite del presente juicio de amparo y en el pronunciamiento del fallo que lo concluya, pues incluso el hecho de prestar sus servicios en el mismo órgano jurisdiccional del suscrito juzgador, constituye una circunstancia suficiente para considerar actualizado un elemento objetivo y razonable para inhibirse a conocer del presente asunto. En efecto, este órgano jurisdiccional estima que el hecho de que el quejoso actualmente se encuentre adscrito al órgano jurisdiccional que conoce del asunto y por tanto tiene una relación laboral de subordinación y convivencia diaria con el suscrito, es motivo suficiente para derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad, en detrimento de la imagen institucional del Poder Judicial de la Federación al resolver el fondo de este asunto. Por tanto, resulta adecuado por ética y mandato legal que el este Juzgado de Distrito se declare impedido legalmente para continuar con la substanciación y resolver el presente juicio de amparo. Máxime, que la labor del titular de este órgano jurisdiccional debe distinguirse por la templanza, lo que le permite decidir el juicio ajeno a los intereses de las partes y a toda situación que altere la prudencia con la que debe valorar el presente asunto, y son precisamente las circunstancias antes precisadas las que ponen en riesgo la imparcialidad que debe imperar en la administración de justicia. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 16/2020 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 76, marzo de 2020, tomo I, página 530, que señala lo siguiente: "IMPEDIMENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. POR REGLA GENERAL, LA RELACIÓN LABORAL DEL JUEZ DE DISTRITO CON EL QUEJOSO CONSTITUYE UN ELEMENTO OBJETIVO DEL QUE PUEDE DERIVARSE EL RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE LA MATERIA. El referido precepto establece situaciones diversas a las que enumera la propia disposición que constituyen situaciones reales ajenas de subjetivismos que pudieran afectar o poner en riesgo la imparcialidad del juzgador, razones por las cuales los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo deberán manifestar su impedimento. Ahora bien, por regla general, el riesgo de pérdida de imparcialidad a que se refiere la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo se actualiza en los casos en los que el Juez de Distrito sostiene una relación laboral con el quejoso por prestar sus servicios en el mismo órgano jurisdiccional de aquél, pues ello constituye una circunstancia suficiente para considerar actualizado un elemento objetivo y razonable que inhibe al operador jurídico de conocer cierto asunto, sin que ello constituya un obstáculo para que los juzgadores rechacen encontrarse impedidos tratándose de aquellos casos en los que el fondo de la controversia planteada no se vincule con el desempeño de las actividades laborales del quejoso". En tales condiciones, con la finalidad de resguardar en forma absoluta el principio de imparcialidad en la administración de justicia en el presente asunto, conforme a lo establecido en el artículo 17 Constitucional, el cual consiste en la neutralidad que se debe presentar entre quien solicita la tutela jurídica y respecto de aquél que la imparte, previa la formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito en turno, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, con la atenta solicitud de que califique el planteamiento del presente impedimento para conocer de este asunto, tal y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 55 de la Ley de Amparo.
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