Edgardo Gaona Perez
Expediente 1167/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1167/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/12/2019
Partes del expediente
- Direccion General de la Comision de Servicios Publicos de Tijuana
- Edgardo Gaona Perez
Actuaciones
- Principal
Apertura de cuaderno de antecedentes. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que los autos del cuaderno principal relativo al juicio de amparo 1167/2019-IV, promovido por Edgardo Pérez Gaona, contra actos del Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, se encuentra pendiente de dictar sentencia, ya que la audiencia constitucional se celebró a las diez horas con treinta minutos del nueve de diciembre de dos mil diecinueve; en consecuencia, fórmese cuadernillo de antecedentes. Cambio de Titular. Por otra parte, visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/1472/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la designación de la licenciada Magali María Díaz Villarreal, como Titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de diciembre del mismo año; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el termino de tres días a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos doce, del Tomo XXXII, julio de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Notificación innecesaria a autoridad. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a la autoridad responsable a efecto de notificarle la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista.
- Principal
Cumple prevención. Visto lo de cuenta, se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda el ocurso del quejoso Edgardo Pérez Gaona, mediante el cual desahoga la prevención efectuada en auto de cuatro de octubre pasado. Admisión de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII, y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda promovida por Edgardo Pérez Gaona, por derecho propio, contra la autoridad y acto señalado en la misma. Incidente de suspensión. Sin que sea el caso integrar el incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las diez horas con veinte minutos del veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos de los artículos 107, fracción XV constitucional y 5° fracción IV del ordenamiento en consulta. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la ley de la materia, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro de quince días, incluso por medios magnéticos, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se le reclama; además deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Ahora, no obstante se le reclama una omisión, para el caso de que esa negativa haya sido expresa, requiérase remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para arribar a tal conclusión, en el entendido que en el informe de mérito, deberá manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas, constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales deriva el acto reclamado; con la precisión de que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Apercibimiento. En caso de no hacer lo antes descrito en los términos indicados, se le impondrá a la omisa multa de cien veces la unidad de medida y actualización de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, en caso de que no rinda su informe en el plazo concedido se presumirá cierto el acto reclamado, quedando a cargo de la parte quejosa probar su inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del ordinal 117 de la ley de la materia y se impondrá a la autoridad omisa, en la audiencia respectiva, la multa con la que se le apercibió. Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 del ordenamiento en consulta, prevéngase a las partes para que en caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, a las omisas se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional); la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos cuarenta y nueve centavos), valor diario de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, en términos del artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo. Conocimiento previo. Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se reclama en el presente juicio, esto es, que haya sido promovido por la misma quejosa o que derive del mismo procedimiento del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Se faculta indistintamente a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que una vez apersonados en el domicilio en el que se encuentre ubicada la autoridad responsable local en este juicio de amparo, si ésta se niega a recibir los comunicados a ella dirigidos, procedan en términos del arábigo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Tercero interesado. Con independencia de lo señalado por el quejoso en su demanda, este juzgado se reserva reconocer a terceros interesados, hasta en tanto la autoridad rinda su informe justificado y del mismo se advierta que a alguien pueda asistirle tal carácter, en términos de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo.
- Principal
Tijuana, Baja California, cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1167/2019-V. Prevención. En atención al contenido del escrito de demanda, resulta pertinente destacar que es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla en su integridad y si en la misma existiere alguna irregularidad o deficiencia, se mandará prevenir a quien promueve para que cumpla con los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, para que pueda subsanarlas en tiempo. Requerimiento. Por tanto, atendiendo a que la demanda de garantías debe estudiarse como un todo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones II y IV, en relación con el 108 fracciones IV y V, todos de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso Gaona Pérez Edgardo, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que le surta efectos la legal notificación que se le haga del presente proveído, bajo protesta de decir verdad manifieste: De manera clara, sucinta y cronológica todos y cada uno de los antecedentes que constituyen los reclamados; con la finalidad de que se advierta con claridad el alcance de su pretensión al acudir a esta instancia constitucional y no dejarlo a la interpretación de este órgano jurisdiccional, dado que con tal información, la autoridad responsable a la que se atribuye el acto reclamado estará en aptitud de rendir con mayor certeza el informe que le sea solicitado; y en su caso, pueda fijarse debidamente la litis en el presente asunto; todo lo anterior por ser necesario para este órgano jurisdiccional para proveer lo que en derecho corresponda; y Precise en que estriba la afectación del derecho que endilga a la autoridad responsable, a partir de las conductas que señala en su escrito inicial. El anterior requerimiento, resulta necesario a fin de acordar lo relativo a la admisión o desechamiento de la demanda, dado que del ocurso en estudio, si bien el promovente realiza diversas manifestaciones, de las documentales que anexó al mismo, se advierte información diversa que no permiten apreciar con claridad la pretensión respecto a los actos que reclama a la autoridad que ahí refiere. Copias. La aclaración requerida habrá de hacerse por escrito y con copias suficientes del ocurso aclaratorio, para su distribución entre las partes del juicio constitucional, ya que es un requisito que debe cumplirse en términos de lo dispuesto por los artículos 110 y 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntadas, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. En la inteligencia que la prevención apuntada deberá ser desahogada por la promovente y no por conducto de diversa persona, en razón de que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad pudiera derivarse conforme a lo dispuesto por el artículo 216, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 88/2006 (número de registro 174745) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido y rubro disponen: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes". Señalamiento de autorizada y domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda; asimismo, se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la legislación en consulta a la profesionista que refiera ya que cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la constancia glosada en autos. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Notifíquese en términos de ley.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 4,651 expedientes
- Edgar Santoyo Hurtado553/2022
- Edgar Sifuentes Murillo1090/2019
- Edgar Ubaldo Lopez Torres414/2019
- Edgar Ulises Avalos Camacho108/2022
- Edgar Zuñiga Flores420/2018
- Edgardo Gaona Perez1282/2019
- Edgardo Leyva Acosta476/2022
- Edgardo Torres Cabral668/2021
- Ediberto Vargas Martinez190/2019
- Edilberto Gomez Cardosa1343/2023
- Edilberto Villaseñor Franco544/2020
- Edimar Narvaez Pocco63/2023