Edgard Fabian Flores Barron
Expediente 589/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 589/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Edgard Fabian Flores Barron
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
...Téngase por recibida la razón actuarial de cuenta, en la que el fedatario de la adscripción manifestó la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo la notificación al quejoso del proveído de treinta de noviembre del año en curso al quejoso, debido a que no encontró el domicilio proporcionado por éste. Atento a lo anterior, se ordena realizarle a dicha parte quejosa la notificación del proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte, así como la del presente auto y las diversas notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm? pag eName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en la planta baja del recinto en que se localiza este juzgado en el espacio que al efecto determine la Administración del edifico, del tres de agosto de dos mil veinte, al quince de enero de dos mil veintiuno, y en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de no determinarse otra cuestión.
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...EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO ********************, EL PROVEÍDO DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia definitiva, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a ********************. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, se advierte que, mediante proveído de diecisiete de noviembre de la presente anualidad, se reservó proveer lo conducente respecto de las documentales exhibidas por la Auxiliar de la Junta Especial 28 de la Ley Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guanajuato, por Ministro de Ley, consistentes en copia certificada del laudo pronunciado el diez del presente mes y año, emitido en el expediente laboral ******************** de su índice Atento a lo anterior, se levanta la reserva mencionada en el párrafo anterior y, se da vista a la parte quejosa con copia autorizada de las constancias de mérito remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, manifieste lo que a su interés legal convenga, respecto del cumplimiento que informa la responsable, apercibiéndole que en caso de omisión, en su oportunidad este órgano jurisdiccional dictará la resolución correspondiente con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Cobra aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia" [Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, jurisprudencia 2ª. J.26/2000, consultable en la página 243, registro 917781].
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...Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, que signa la Auxiliar de la Junta Especial 28 de la Ley Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guanajuato, por Ministro de Ley, mediante el cual remite copia certificada del laudo pronunciado el diez del presente mes y año, emitido en el expediente laboral *** de su índice. Ahora, toda vez que el cinco de noviembre del presente año, se emitió la sentencia de amparo en el presente asunto, en esas condiciones, se reserva proveer sobre la misiva que se recibe y una vez que la resolución de amparo cause ejecutoria, se acordará lo conducente...
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...TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues el Presidente de la Junta Especial Número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guanajuato, capital, al rendir su informe justificado aceptó su existencia. Certeza que se corrobora con la copia certificada del proveído de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 943/2016 de su índice, a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo permite su numeral 2º, y de la que se desprende que dicha junta ha sido omisa en dictar el laudo correspondiente. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, número de registro 394261, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Así como la tesis de jurisprudencia 226, sustentada por el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Causales de improcedencia. En el caso, no se advierte causa de improcedencia que hagan valer las partes ni esta juzgadora la advierte de oficio, por ende, se procede a efectuar el análisis del acto reclamado, sin que sea necesario estudiar las diversas hipótesis previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, pues tal precepto no obliga a ello. QUINTO. Síntesis y estudio del concepto de violación. Es FUNDADO el concepto de violación que hace valer la quejosa, en el cual sustancialmente aduce que la Junta responsable vulnera en su perjuicio la garantía prevista en el artículo 17 Constitucional, al ser omisa en dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral. Ahora bien, debe decirse que el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la obligación de toda autoridad encargada de administrar justicia de cumplir con los tres objetivos esenciales que debe reunir dicha impartición, a saber: Pronta. Se refiere a que las resoluciones que dicten los tribunales, deberán emitirse dentro de los plazos que fijen las leyes. Completa. Significa que antes de emitir la resolución que en derecho proceda, el Tribunal deberá examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos y resolver el caso de manera integral. Imparcial. Se traduce en que los tribunales por naturaleza propia deben dictar sus fallos con equidad y justicia, atentos al principio de igualdad procesal entre las partes; es decir, el órgano jurisdiccional debe tomar en cuenta todos y cada uno de los elementos y pruebas aportadas y resolver a favor de la parte que hubiese aportado elementos de convicción definitivos. En ese orden, el precepto constitucional que se analiza, está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de administrar justicia lo hagan de manera pronta, completa e imparcial; pues el legislador debe garantizarla estableciendo en las leyes plazos generales, razonables y objetivos, a los cuales tienen que sujetarse tanto la autoridad como las partes en los procesos jurisdiccionales. Los plazos aludidos, como se dijo, deben ser generales, esto es, comunes a los mismos procedimientos y a todos los sujetos que se sitúen en la misma categoría de parte; razonables, es decir, plazos prudentes para el adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las partes; y objetivos, delimitándose en la ley correspondiente a efecto de impedir que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender los tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales. Es aplicable la tesis aislada cuyos datos de identificación, rubro y texto son: "Época: Novena Época Registro: 177921 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Julio de 2005 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. LXX/2005 Página: 438 JUSTICIA PRONTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR PARA GARANTIZARLA. El mandato contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de administrar justicia, lo hagan de manera pronta, completa e imparcial. Por lo que respecta a los actos legislativos, la justicia pronta se garantiza cuando el legislador establece en las leyes plazos generales, razonables y objetivos, a los cuales tienen que sujetarse tanto la autoridad como las partes en los procesos jurisdiccionales, entendiéndose por: a) generales, que sean comunes a los mismos procedimientos y a todos los sujetos que se sitúen en la misma categoría de parte; b) razonables, que sean plazos prudentes para el adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las partes, y c) objetivos, que se delimiten en la ley correspondiente a efecto de impedir que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender los tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales. Amparo en revisión 416/2005. Eleazar Loa Loza. 11 de mayo de 2005. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda Castro." En el mismo sentido, el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevé el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; así, el numeral 25.2, inciso c), de la citada convención, establece la obligación de los estados que sean parte de esa convención a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Las anteriores prerrogativas, previstas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, constituyen mecanismos y garantías judiciales tendentes a hacer efectivo el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, regulado constitucionalmente en el artículo 17, segundo párrafo, citado anteriormente. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de rubro siguiente: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Como se anticipó, resulta fundada la reseñada disidencia, toda vez que la responsable ha sido omisa en dictar el laudo respectivo dentro del juicio *** soslayando hacerlo dentro de los plazos y términos que fijan las leyes. En efecto, de la copia certificada que la Junta del conocimiento anexó a su informe justificado, se advierte que, dentro de los autos del expediente *** en el cual el aquí quejoso tiene el carácter de parte actora, no se ha dictado el laudo en el juicio laboral de origen, no obstante que mediante acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, se declaró el cierre de la instrucción y se ordenó turnar el expediente para la elaboración del proyecto de laudo respectivo. Ahora bien, de los artículos 885, 886, 887, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que en lo que respecta al procedimiento laboral, el auxiliar de la Junta responsable, una vez declarado el cierre de instrucción, debe proceder a la formulación del proyecto de resolución en forma de laudo dentro de los diez días siguientes, entregando una copia del mismo a cada uno de los miembros de la Junta, quienes dentro de los cinco días hábiles siguientes, podrán solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieran realizado por causas no imputables a las partes, o las que consideren convenientes para el esclarecimiento de la verdad, para lo cual, en su caso, la Junta con citación de las partes y dentro de un término de ocho días, señalará fecha y hora para el desahogo de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Transcurrido dicho plazo, el presidente de la Junta citará a sus miembros para la discusión y votación que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes; precisando el numeral 889 de la invocada ley, que si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Y una vez engrosado el laudo, previa recabación de las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio, se turnará el expediente al actuario para que de inmediato lo notifique a las partes; plazos que deben ser observados por la autoridad responsable. Empero, en el caso que ocupa la atención, la junta laboral no acató lo ordenado en el conjunto normativo invocado, pues desde el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, fecha en que se declaró cerrada la instrucción en el juicio laboral de origen y se ordenó turnar los autos del expediente para su resolución en forma de laudo, hasta el día de hoy en que se resuelve, no obra constancia alguna de que se haya formulado el proyecto de resolución en forma de laudo, tal y como lo establece el transcrito artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, provocando con ello que no se siguiera con la secuela procedimental establecida en el invocado dispositivo legal, siendo que ha transcurrido un lapso de veinticuatro meses aproximadamente sin que se hubiere dictado el laudo correspondiente, paralizando el procedimiento laboral de origen. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que dicha omisión por parte de la Junta laboral resulta violatoria del artículo 17 constitucional, el cual prevé que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa y expedita, lo que no aconteció en el particular, pues la omisión de la responsable se traduce en una violación que incide en la esfera jurídica del gobernado de manera irreparable, pues con ella se difiere la resolución del juicio de manera indefinida, y aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, la transgresión a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO." Se afirma lo anterior, en virtud de que aun y cuando la falta del dictado del laudo en el juicio de origen, se deba a la omisión del auxiliar que le corresponde elaborar el proyecto de resolución, de conformidad con lo previsto en el invocado numeral de la Ley Federal del Trabajo, debe entenderse que la Junta es la autoridad que tiene la obligación de dictar dicho fallo, y por tanto, dentro de las atribuciones que la ley laboral le confiere, se encuentra, entre otras, la de tomar las medidas necesarias para desarrollar el juicio con economía procesal, concentración y sencillez, así como ordenar que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notare en la substanciación del proceso, incluyendo, desde luego, las omisiones o retrasos en que incurra el auxiliar al que le corresponde formular el proyecto de laudo, o a cualquier funcionario que dependa de aquella jerárquicamente, que en todo caso, deberán ser apremiados administrativamente por la Junta, la que tiene facultades para sancionarlos a efecto de que cumplan con el deber que les incumbe de elaborar el dictamen correspondiente. Y sin que sea óbice para arribar a determinación distinta lo que la autoridad responsable expone en su informe justificado, relativo al cúmulo de trabajo el cual rebasa su capacidad de respuesta derivada de la reducida plantilla con la que cuenta, ni la diversa manifestación relativa a que en atención a los diversos boletines laborales publicados el diecinueve de marzo, siete de abril, veintiocho de mayo, veintinueve de junio y siete de julio de este año en los que se ordenó la suspensión inmediata de las actividades no esenciales con el fin de mitigar la dispersión y transmisión del virus Sars-Cov2, fue hasta el cinco de agosto de este año que comenzaron a correr términos procesales para la mencionada Junta. Lo anterior, pues tales circunstancias no la justifican para que incumpla con su responsabilidad como órgano de administración de justicia en la aplicación debida de las leyes, por lo que -como ya se vio- al no haber dictado el proyecto de laudo y como consecuencia el laudo respectivo, transgrede garantías que la Constitución consagra en favor de los ciudadanos, particularmente la contenida en el artículo 17 Constitucional, a que hace referencia la parte quejosa, consistente una administración de justicia pronta, expedita e imparcial dentro de los términos y plazos que fijan las leyes, ya que si los recursos humanos con los que cuentan las Juntas laborales son insuficientes, debe acudirse a las instancias correspondientes y tomar las medidas administrativas necesarias a efecto de cumplir cabalmente con los ordenamientos previamente establecidos en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, cuya observancia preponderante no debe de soslayarse o colocarse en segundo término bajo el argumento de que se tiene una enorme carga de trabajo, y de que se cuenta con poco personal para cumplir con lo dispuesto por los numerales 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo. Máxime que para el propio diecinueve de marzo de la anualidad que transcurre (fecha que se ordenó la suspensión inmediata de labores) habían transcurrido más de un año y cuatro meses desde que declaró cerrada la instrucción, razón por la que no puede justificarse el mencionado retraso. En las relatadas condiciones, al haberse inobservado el derecho humano de acceso a la Justicia, contemplado en el artículo 17 Constitucional, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado. SEXTO. Efectos del amparo (vicios de fondo). En consecuencia, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que en el plazo de tres días, la Junta Especial Número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guanajuato, capital, dicte con libertad de jurisdicción el laudo correspondiente dentro del expediente 943/2016. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73 a 76, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *** contra el acto consistente en la omisión de dictar laudo en el expediente *** del índice de la Junta Especial Número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guanajuato, capital, conforme a los motivos, fundamentos y efectos precisados en los considerandos quinto y sexto de esta resolución...
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