Edgar Zavala Gutiérrez
Expediente 240/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 53 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 240/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 53
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Edgar Zavala Gutiérrez
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 53.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro de este expediente, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Encuentra aplicación al caso la jurisprudencia 54/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, tomo I, decima época, página 18, con registro electrónico 2007918, del rubro y texto siguientes: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". El artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I.Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Ahora bien, de autos se aprecia que en sentencia engrosada el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno (fojas 218 a 246), este Juzgado Federal concedió al quejoso ***, el amparo de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: 1). Dentro del plazo de tres días contado a partir de que cause ejecutoria la presente sentencia, resuelvan sobre el planteamiento del quejoso ***, relativo a obtener el beneficio de amnistía (o en su caso, lo requieran para que presente la solicitud correspondiente, a fin de que estén en aptitud de resolver en los términos indicados) y, 2). En caso de resultar procedente, deberán remitir al Juez Federal de Ejecución la determinación, a fin que éste lo califique. La anterior sentencia fue recurrida por el Titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión de Amnistía, con sede en la Ciudad de México, mediante recurso de revisión, el cual se admitió en acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 299 a 301). Posteriormente, en auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós (fojas 556 a 558), dicho recurso se remitió al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, para su substanciación; órgano colegiado, que por ejecutoria dictada el veinticuatro de marzo del año en curso (fojas 581 a 591), en el amparo en revisión ***, se declaró incompetente para conocer del mismo y remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, para su conocimiento. Asimismo, en acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés (fojas 627 a 630), se recibió el oficio firmado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al cual anexó el proveído de cuatro de septiembre de la presente anualidad, emitido en el amparo en revisión ***, por el que causó estado el diverso auto de once de agosto del año en curso, en el que se tuvo por hecho el desistimiento del medio de impugnación en comento, por lo que se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia. Así, en acatamiento lo anterior, en proveído de nueve de noviembre de dos mil veintitrés (fojas 694 a 696), se recibió el oficio signado por la Delegada, designada por la Secretaria de Gobernación en su Carácter de Presidenta de la Comisión de Amnistía y por el Titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de esa Dependencia, en su carácter de Secretario Técnico de dicha Comisión, en representación de la Secretaría de Gobernación en su Carácter de Presidente de la Comisión, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Bienestar, Instituto Nacional de las Mujeres e Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con residencia en Ciudad de México, al que adjuntó copia certificada del expediente administrativo *** generado con motivo de la solicitud de amnistía del quejoso ***. Además, informó, en lo que interesa, que el citado expediente fue extraído del archivo de la Secretaría Técnica y que en la minuta de la Quinta Sesión de la Comisión de Amnistía, de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se resolvió como improcedente la solicitud de amnistía peticionada por el citado quejoso, para lo cual remitió copia de la citada minuta y lista de peticiones improcedentes (fojas 660 a 687). Por otra parte, hizo del conocimiento que en cumplimiento a la sentencia de amparo emitió el oficio *** dirigido al quejoso de mérito (foja 691), por el que le dijo que no le era aplicable el beneficio de amnistía por el delito ***, al haberse cometido el veintiséis de junio de dos mil veinte, siendo una fecha posterior al veintitrés de abril de dos mil veinte, fecha de entrada en vigor de la Ley en comento, el cual le notificó mediante diverso oficio ***. De lo anterior, se concluye que las autoridades responsables han cumplido con el aspecto fundamental del fallo constitucional, toda vez que resolvieron sobre el planteamiento del quejoso en comento, relativo a obtener el beneficio de amnistía; consideración por la cual debe tenerse por cumplida la ejecutoria. Sirve de apoyo a lo antes considerado por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J.128/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 539, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Materia Común, localizable en la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 171749, que señala: "INCONFORMIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA UNA SENTENCIA EN AMPARO DIRECTO. DEBEN DECLARARSE INOPERANTES LOS AGRAVIOS ENCAMINADOS A DEMOSTRAR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. Cuando se otorga el amparo para efectos en contra de una sentencia o laudo, por irregularidades procesales o formales, o bien cuando habiéndose estudiado el fondo del asunto se hayan definido todas las cuestiones debatidas, el cumplimiento del fallo protector consiste, en esencia, en dejar sin efecto la resolución jurisdiccional reclamada y emitir otra que atienda a la sentencia de la Justicia Federal. De esta manera, si acorde con lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se limita a examinar si es correcta o no la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora, resulta evidente que los agravios en los que se aduzca que la nueva resolución jurisdiccional no cumple con exactitud lo ordenado en la sentencia de amparo deben declararse inoperantes, pues en todo caso ello constituye un cumplimiento defectuoso o con exceso, que debe combatirse a través del recurso de queja previsto en el artículo 95, fracciones IV y IX, de la Ley de Amparo." En ese contexto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la Jurisprudencia 2a./J.201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 301, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 165807, que dice: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Así como, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 192174, de título: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Debe decirse que los criterios que se citan, y que interpreta la Ley de Amparo, abrogada se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tales criterios de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que tratan, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales procedentes y las anotaciones en el libro que corresponda. Con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de quince días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y hecho lo anterior se acordará lo procedente. En ese tenor, se hace de su conocimiento que queda expedito su derecho para hacer valer el recurso correspondiente, toda vez que en párrafos que anteceden se proveyó lo conducente en relación al cumplimiento de la sentencia amparadora. Notifíquese; y personalmente al quejoso y a su defensor, y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, quien actúa asistida de la Secretaria que autoriza, Lucía Cortés Sierra, quien además certifica que el presente proveído se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio signado por el Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en representación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual, en atención al oficio 25780/2023 de dieciséis de octubre del año en curso, comunica que no cuenta con las facultades para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por las razones que precisa. Atento a lo anterior, es innecesario requerir a la autoridad respecto del cumplimiento, toda vez que en auto de nueve del presente mes y año, se ordenó dar vista a la quejosa con las constancias remitidas por la Delegada, designada por la Secretaria de Gobernación en su Carácter de Presidenta de la Comisión de Amnistía y por el Titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de esa Dependencia, en su carácter de Secretario Técnico de dicha Comisión, en representación de la Secretaría de Gobernación en su Carácter de Presidente de la Comisión, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Bienestar, Instituto Nacional de las Mujeres e Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con residencia en Ciudad de México. Asimismo, de conformidad con el artículo 9º de la Ley de Amparo, se tienen como delgados de la autoridad oficiante, a las personas que menciona, sin perjuicio de las designadas en auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Ahora, no se provee respecto al domicilio que señala; toda vez que se realizó lo conducente en el referido acuerdo de veintitrés de agosto del que transcurre. No obstante lo anterior, como lo solicita, con apoyo en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en el artículo 40 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se autoriza el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos de este expediente. Ello, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Ilustra a lo anterior, el criterio emitido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, en la tesis I.13o.T.15K (10a.), publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IIl, agosto de dos mil catorce, página 1560, registro digital 2007298, del rubro siguiente: ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de la Secretaria que autoriza, Lucía Cortés Sierra, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el presente proveído se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a siete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidos y se ordena agregar a los autos los oficios signados por el Coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres y por el Director de Asuntos Jurídicos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ambos con sede en la Ciudad de México y anexos, mediante los cuales en atención al proveído de dieciséis de octubre del presente año (fojas 627 a 630), por el que se requirió el cumplimiento a la sentencia engrosada el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno (fojas 218 a 246), informan lo siguiente: Respecto al oficio signado por el Coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, con sede en la Ciudad de México, manifiesta que entre sus facultades no cuenta con la representación de forma individual respecto a los asuntos de amnistía, asimismo, solicita se tenga como autoridad responsable y encargada del cumplimiento de la ejecutoria de mérito para efectos de sesionar el asunto correspondiente a la Comisión de Amnistía, por medio de su presidente; de lo anterior se toma conocimiento de lo informado por la oficiante y no se hace mayor pronunciamiento respecto a dicha solicitud toda vez que en auto de dieciséis de octubre del presente año (fojas 627 a 630), se requirió a los Integrantes de la Comisión de Amnistía, el cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Por otro lado, respecto al oficio suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con sede en la Ciudad de México y anexo, informa que mediante oficio CGAJ/DAJ/2023/OF/0836 de treinta de octubre del año en curso, solicitó al Titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión, para que se sirviera de realizar los trámites y las acciones procedentes a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, el cual anexa a su oficio de cuenta. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes y se tiene a la autoridad oficiante en vías de cumplimiento de la ejecutoria de mérito, asimismo, este juzgado queda a la espera de que las autoridades responsables Integrantes de la Comisión de Amnistía, y Titular de la Secretaría Técnica de la indicada Comisión, residentes en la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, den cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, quien actúa asistida de la Secretaria que autoriza, Lucía Cortés Sierra, quien además certifica que las promociones que dieron origen a este acuerdo y el presente proveído se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio firmado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al cual anexa el proveído de cuatro de septiembre de la presente anualidad, emitido en el amparo en revisión 162/2023, a través del cual, informa que causó estado el diverso auto de once de agosto del año en curso, en el que se tuvo por hecho el desistimiento del medio de impugnación interpuesto por el Titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, en su carácter de Secretario Técnica de la Comisión de Amnistía, sede en la Ciudad de México, así como el Director General de Procedimientos Constitucionales de la Secretaria de Gobernación, en representación del Secretario de gobernación en su carácter de Presidente de la Comisión de Amnistía, contra la sentencia dictada en el presente asunto, por lo que, remite el original del juicio de amparo en que se actúa. Acúsese recibo, vía interconexión, a la superioridad oficiante, para lo cual se autoriza al Actuario Judicial de la adscripción que corresponda, firmar electrónicamente el oficio que derive de la presente determinación e incorporar el acuse que se obtenga de dicho envío al expediente electrónico. En tal virtud, comuníquese lo anterior a las autoridades responsables; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, respecto al cuaderno de antecedentes que se formó para la tramitación del recurso de revisión, al resultar innecesaria su conservación, se ordena desglosar las actuaciones que se efectuaron y agregarlas para que obren como corresponda en este expediente, sin que sea necesario glosar al mismo las copias con las que se integró el citado cuaderno, de las cuales, se ordena su destrucción para evitar así duplicidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional. Por otra parte, visto el estado procesal de los autos, se observa que en acuerdo de quince de agosto del presente año ***, se reservó proveer lo conducente, hasta en tanto, se recibiera el original del expediente en que se actúa; lo cual ya aconteció, en consecuencia, se levanta la reserva de mérito, y se acuerda lo siguiente: Tomando en consideración que, quedó firme la sentencia engrosada el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno ***, en la que, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En ese orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a los Integrantes de la Comisión de Amnistía, y al Titular de la Secretaría Técnica de la indicada Comisión, residentes en la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que se les notifique el presente proveído, cumplan con la sentencia de amparo; esto es, en esencia: 1). Dentro del plazo de tres días contado a partir de que cause ejecutoria la presente sentencia, resuelvan sobre el planteamiento del quejoso ****, relativo a obtener el beneficio de amnistía (o en su caso, lo requieran para que presente la solicitud correspondiente, a fin de que estén en aptitud de resolver en los términos indicados) y, 2). En caso de resultar procedente, deberán remitir al Juez Federal de Ejecución la determinación, a fin que éste lo califique. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no dar cumplimiento al fallo protector sin causa justificada, en el término indicado, se les impondrá una multa equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $10,374.00 ***, esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, 192 y 258 todos de la Ley de Amparo y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $103.74 ***, conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. En la inteligencia de que, si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a la autoridad en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. De ahí que, una vez que el Juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Al efecto, resulta ser aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J.107/2022, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, undécima época, materia común, visible en el libro 16, agosto de 2022, tomo III, página 2494 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación registro digital 2025144, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. ENTRE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A LAS AUTORIDADES OBLIGADAS Y LA APERTURA DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DEBE MEDIAR UN PLAZO RAZONABLE Y NO CONTENERSE EN UNA MISMA DETERMINACIÓN. Hechos: En un juicio de amparo se impuso multa a una autoridad de la Ciudad de México por considerarla renuente al cumplimiento del fallo protector y en el mismo proveído se ordenó la apertura del incidente de inejecución de sentencia. Criterio jurídico: Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo y esperar un plazo razonable para que cumplan con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Por lo anterior, no es posible que en el mismo auto en el que se multe a la autoridad también se inicie el incidente de inejecución, sino que entre la imposición de la sanción y el inicio de la incidencia debe mediar un plazo razonable. Justificación: La disposición en el sentido de esperar un plazo razonable entre la imposición de la multa y la apertura del incidente de inejecución obedece a que con la imposición de la medida de apremio se intenta vencer la renuencia del servidor público que se considera que ha obstaculizado la ejecución del fallo protector. El sistema sancionatorio en la ejecución de sentencias de amparo es progresivo, pues inicia con la imposición de multa por parte de la persona juzgadora de amparo y si a pesar de ello no se logra vencer la renuencia de la persona multada, la sanción escala hasta su destitución y consignación ante el Juzgado de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo." Notifíquese; personalmente al quejoso por conducto de su Defensor y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de la Secretaria que autoriza Lucía Cortés Sierra, quien certifica que la promoción que dio origen a este acuerdo y el presente proveído se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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