Edgar Vázquez Hernández

Expediente 2497/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2497/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
10/05/2023

Partes del expediente

  • Edgar Vázquez Hernández
  • Director Jurídico y de Comercio del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    . Causa ejecutoria. De la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia dictada en este asunto, en la que se negó el amparo solicitado, en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Destino del expediente principal. Toda vez que en el presente juicio se negó la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión dado que no se tramitó.

  2. Principal

    SENTENCIA CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia administrativa y que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, residente en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que lo es: Del Director Jurídico y de Comercio del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco: La negativa de cancelación de anotación preventiva de embargo. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Director Jurídico y de Comercio del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, fue omiso en rendir su informe justificado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, mediante acuerdo de cinco de enero de dos mil veintitrés, se presumió la certeza del acto reclamado. Lo cual se encuentra corroborada, con las constancias certificadas que remitió la propia responsable, consistentes en la petición de dieciocho de octubre de dos mil veintidós y el oficio DJ/30678/2022, que contiene la respuesta a dicha petición y que constituye el acto reclamado; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En ese orden no se advierte, de oficio, alguna causa de improcedencia del juicio constitucional, ni las partes invocaron otra que deba ser analizada en este apartado. QUINTO. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los motivos de inconformidad formulados por la parte quejosa, pues no existe disposición que obligue a ello, ya que lo importante es que no se dejen de analizar. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Estudio de fondo. Son inoperantes los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa. Asimismo, cabe destacar que los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa se analizarán en estricto derecho ya que en el caso no opera la figura de la suplencia de la queja, habida cuenta que el caso subyacente versa sobre materia administrativa, sin que estén involucrados derechos de menores de edad, y tampoco se advierte alguna violación evidente de la ley que haya dejado sin defensa a la parte recurrente o que en el acto combatido se hayan aplicado normas declaradas inconstitucionales por el derecho jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por lo que no se materializa alguna de las hipótesis el artículo 79 de la Ley de Amparo. Sobre el particular es aplicable la tesis siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO).". Señalado lo anterior, la parte quejosa en sus conceptos de violación, sostiene que la autoridad responsable no dio cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 41 y 131 fracción VI, de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, ya que el primero de los numerales indica que los registros preventivos se considerarán válidos durante el tiempo que la ley le conceda para hacer el registro definitivo, y cuando no se señale término, será de tres años; por otra parte, violentó el segundo de los preceptos, ya que no ordenó la cancelación al haber transcurrido dicho término. Que la responsable no fundamentó ni motivó como corresponde la petición, acorde a las jurisprudencias de rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN" y "ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO. DENTRO DE LOS REQUISITOS PARA CANCELARLA, CON MOTIVO DE SU CADUCIDAD, NO ESTÁ EL RELATIVO A QUE TAMBIÉN SE ENCUENTRE CONCLUIDO EL JUICIO DEL QUE DERIVÓ CUANDO LA LEY APLICABLE NO CONTIENE DISPOSICIÓN EN ESE SENTIDO NI OTRA QUE ORIENTE TAL INTERPRETACIÓN (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y DE PUEBLA).". Como se adelantó, resultan inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, porque no controvierte de manera frontal las consideraciones torales de la respuesta que dio la autoridad responsable, materia del reclamo. En efecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, lo que obedece a la necesidad de precisar que, aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental; sin embargo, de manera alguna implica que el quejoso o recurrente se limite a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Acotado lo anterior, la parte quejosa mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, solicitó la cancelación de la anotación preventiva de embargo, respecto de un inmueble del que refirió ser copropietario. Luego, del contenido del oficio DJ/30678/2022, que constituye el acto reclamado, la autoridad responsable le hizo del conocimiento a la parte quejosa que para poder realizar la cancelación solicitada es indispensable: Que presentara un documento auténtico de la solicitud de cancelación con la firma debidamente ratificada ante Notario Público. Que la cancelación se encuentra sujeta a una respuesta por parte de la autoridad que ordenó el registro, ya que la inscripción del embargo no fue de forma preventiva, sino definitiva. Que se debe cubrir el importe de $639.00 (seiscientos treinta y nueve pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de derechos para tal efecto. Fundó su respuesta en los artículos 62, 65 y 141 de la Ley del Registro Público de la Propiedad; 23 bis, 24, fracción III, 25 fracción III, del Reglamento de la Ley en cita y 16, fracciones IV y V de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, ejercicio fiscal dos mil veintidós. Por su parte, el quejoso en su concepto de violación refiere que la negativa de cancelar la anotación preventiva de embargo, es ilegal, porque inobservó lo indicado en los artículos 41 y 131 fracción VI, de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco y que no se encuentra fundada ni motivada. En ese contexto, al no haber expresado el quejoso en su aludido concepto de violación, razonamientos tendentes a poner de manifiesto que esas consideraciones que rigen la resolución reclamada son contrarias a la ley o a su interpretación jurídica; éstas deben de permanecer incólumes para sostener su sentido, por falta de impugnación. En efecto, la parte quejosa debió poner de manifiesto el por qué consideró que para la procedencia del trámite de cancelación solicitada, no eran necesarios los requisitos impuestos por la autoridad responsable, como lo es que la petición se encuentre ratificada ante fedatario público, o bien, por qué no resulta necesaria la respuesta de la autoridad que ordenó el registro; sin embargo, se limita a exponer que la autoridad inobservó disposiciones de la ley que rige el acto y al no haber controvertido de manera frontal esas determinaciones, los conceptos de violación se tornan inoperantes. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada. El criterio que sustenta lo anterior, es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa es ambiguo, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible al no lograr construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su inconformidad; por ende, tales manifestaciones son inoperantes. Apoya lo expuesto, la tesis jurisprudencial 1a./J. 81/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, es como sigue: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO." En las relatadas condiciones, al haber resultado inoperante el concepto de violación argüido por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. No pasa desapercibido para esta juzgadora los alegatos expuestos por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, sin embargo, resulta inocuo ocuparse de ello. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Finalmente, debe decirse que las tesis invocadas resultan aplicables en virtud de no resultar contrarias a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con lo dispuesto en su artículo sexto transitorio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los numerales 61, fracción XII, 62, 63, fracción V, y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la unión no ampara ni protege a ********************, contra el acto reclamado al Director Jurídico y de Comercio del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, por lo establecido en el último considerando de este fallo.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, cinco de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de los autos, de los que se advierte que, el Director Jurídico y de Comercio del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco; fue omiso en rendir su informe con justificación, no obstante de estar debidamente notificado y requerido para ello, como se advierte de la constancia de notificación del oficio respectivo, el cual fue recibido el dos de diciembre del año en curso; motivo por el cual, con fundamento en el artículo 117, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se presume cierta la omisión reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 7/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del título y contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. En términos del artículo 149 párrafo tercero de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo." Lo anterior es así, si tomamos en consideración que el plazo de quince días concedido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, corrió para la responsable del cinco al veintitrés de diciembre del año pasado; sin que se soslaye que la responsable salió de vacaciones el dieciséis de los corrientes; sin embargo, ello no suspende el plazo concedido. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 1/2022 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: "PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios en cuanto a si deben descontarse o no del cómputo de los plazos para que las autoridades responsables jurisdiccionales actúen en el juicio de amparo, los días que conforme a la normativa que las rige hayan sido declarados inhábiles. Criterio jurídico: Dentro del cómputo de los plazos para que las autoridades responsables jurisdiccionales actúen en el juicio de amparo, no deben descontarse los días que conforme a su normativa hayan sido declarados inhábiles, cuando no estén previstos en la legislación de amparo aplicable. Justificación: Dada la naturaleza del juicio de amparo y su calidad de recurso judicial efectivo, no es posible dilatar la sustanciación de sus procedimientos con base en los plazos para las autoridades responsables jurisdiccionales -conforme a su propia legislación y su normativa interna-. Lo anterior es así, pues la suspensión de labores de las autoridades responsables jurisdiccionales y la imposibilidad de actuar de acuerdo con su normativa no es una cuestión atribuible a los particulares, y si bien puede ser previsible, como en el caso de los periodos vacacionales que se encuentran de antemano establecidos en la ley, también lo es que dichas autoridades cuentan con los recursos físicos y materiales para hacer frente a sus deberes procesales dentro de los juicios de amparo en los que funjan como responsables, ya sea a través del establecimiento de guardias, o bien mediante el desahogo de sus actuaciones procesales de forma previa a la conclusión de los respectivos plazos. Derivado de lo anterior, es que no puede justificarse en el plano constitucional que deban descontarse dentro del cómputo de los plazos en el juicio de amparo, días que no se encuentren previstos expresamente en las normas que lo rigen, pues el legislador, en ejercicio de sus facultades de configuración normativa, los estableció orgánicamente para darle funcionalidad al juicio de amparo como un medio de control constitucional idóneo, eficaz, accesible y breve para analizar violaciones a derechos humanos, y así salvaguardar otros derechos, entre ellos el de seguridad jurídica; por lo que no sería justificable -desde el punto de vista constitucional-, dejar al arbitrio de las legislaciones locales o de lo que determinen los propios órganos jurisdiccionales, la continuación del trámite de los juicios de amparo en los que fungen como responsables." Se requieren constancias. Por lo anterior y con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo gírese atento oficio a la autoridad responsable, a fin de que en el término de tres días contados a partir de su legal notificación remita las copias certificadas de las constancias con las que emitió la negativa que en esta vía se le reclama y ésta. Apercibimiento. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 237, fracción I de la Ley de Amparo, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Fecha de audiencia constitucional. Finalmente, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA DE AVISO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación A LA PARTE QUEJOSA, el contenido DE LA RESOLUCIÓN de SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, mismo que en síntesis dice: Zapopan, Jalisco, seis de diciembre de dos mil veintidós. Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Precisado lo anterior, se advierte que las autoridades responsables cumplieron con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que atendieron los lineamientos del fallo protector, esto es, dentro del procedimiento laboral se emplazó a las demandadas. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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