Edgar Ulises Ramos Azuara
Expediente 1490/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1490/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 11/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Edgar Ulises Ramos Azuara
- O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
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Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previa las anotaciones pertinentes en el libro de registro correspondiente, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos del artículo 21, inciso a) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1490/2021, promovido por Edgar Ulises Ramos Azuara, por conducto de su representante legal Daniel Olivares Montoya; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el seis de septiembre de dos mil veintiuno, ante la plataforma electrónica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), recibido en este juzgado el mismo día, compareció Edgar Ulises Ramos Azuara, por conducto de su representante legal Daniel Olivares Montoya, a demandar el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por considerarlas violatorias del derecho fundamental consagrado en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir literalmente en: "IV.- ACTO RECLAMADO: OMISIÓN: En dictar acuerdo respecto al escrito de fecha de presentación 16 de junio de 2021 dentro del juicio laboral 258/E02/2014, en observancia a lo dispuesto en el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo.". Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de ocho de septiembre de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda y se registró con el número 1490/2021; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se reservó proveer sobre el carácter de los terceros interesados, se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, así como a las constancias relacionadas con el juicio laboral 258/E02/2014, y considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que a la autoridad responsable se le reclama: La omisión de proveer sobre el escrito de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, presentado en esa misma fecha, dentro del expediente laboral 258/E02/2014. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado refirió que no es cierto el acto que se le atribuye, consistente en la omisión de proveer sobre el escrito de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, presentado en esa misma fecha, dentro del expediente laboral 258/E02/2014. Sin embargo, en el propio informe realiza manifestaciones de las que se advierte su certeza, pues refiere que el veintisiete de septiembre del año en curso acordó el escrito motivo del presente amparo. Lo anterior se corrobora con las constancias que en copia certificada que remitió la autoridad responsable, mismas que adquieren pleno valor probatorio al tratarse de documentos públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo anterior, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto reclamado a la responsable. Cobra aplicación en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, del texto y rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Así como, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece como obligación para los juzgadores de amparo el analizar las causales de improcedencia, siendo que esto se realice de manera oficiosa, o que en su caso lo hagan valer las partes; previo a cualquier otra cuestión. En el caso, de las constancias que fueron aportadas por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos del acto reclamado. Previo a explicar el porqué de dicha causal, es necesario transcribir el contenido del precepto legal y fracción que la prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" De la literalidad del precepto mencionado, se deduce que para que opere la improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho del cual se derive la cesación de los efectos del acto reclamado, de modo tal que se restablezca la situación a la que prevalecía hasta antes de que se produjera su emisión. En el presente asunto, dicha causal encuadra a través de la emisión del auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. En dicho auto, la responsable tuvo por recibido el ocurso de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, presentado en esa misma fecha, el cual constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, a través del cual, la parte actora solicitó se le otorgara constancia de personalidad dentro del sumario de origen. Atento a lo solicitado, determinó que no había lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que el veinte de abril de dos mil veintiuno el expediente original se remitió al Tribunal Colegiado en turno en Materias Penal y del Trabajo del Decimonoveno Circuito, por lo que no es factible que las partes actúen sin el expediente original, así, una vez sean devueltos los mismos, se atenderán las peticiones concernientes a las partes. Por lo anterior, deviene inconcuso que cesó el efecto de la omisión reclamada a la autoridad responsable, puesto que con la emisión del auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se destruyeron sus implicaciones en forma total e incondicional, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación como si se hubiera otorgado el amparo; pues la pretensión de la parte quejosa era constreñir a la responsable a fin de que se pronunciara sobre el escrito de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, presentado en esa misma fecha, lo que en la especie aconteció. Por lo anterior, deviene inconcuso la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, es necesario traer a la vista la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por consiguiente, al estar demostrada la causal de improcedencia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, respecto al acto y autoridad señalados en el presente considerando. Finalmente conviene precisar que los criterios que se citan en esta resolución, son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se
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Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos, sin mayor pronunciamiento, el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que dentro de autos del expediente laboral 258/E02/2014, no obra constancia en la que se le reconozca al licenciado Daniel Olivares Montoya, como apoderado legal de la parte quejosa; lo anterior en virtud de que en proveído de quince de los actuales ser acordó lo conducente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.
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Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veinte de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito del licenciado Daniel Olivares Montoya, autorizado de la parte quejosa, recibido a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), mediante el cual pretende acreditar su personalidad y al efecto allega diversas documentales, las cuales solicita sean tomadas como hecho notorio. Asimismo, refiere que el laudo de diez de noviembre de dos mil veinte, se encuentra agregado dentro del expediente 240/2014, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo y 1477/2021, y 1491/2021, del índice del Juzgado Primero de Distrito de este Circuito. En ese sentido, en relación al laudo que refiere sin que sea el caso realizar pronunciamiento al respecto, toda vez que el acto reclamado en el presente asunto consiste en la omisión de acordar el escrito de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral 258/E02/2014. Por otra parte, conforme a la documental que allega consistente en el auto de cinco de abril de dos mil veintiuno, dictado dentro del citado juicio de origen, se advierte que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, dio trámite a la demanda de amparo directo interpuesta por Daniel Olivares Montoya en su carácter de apoderado legal de Edgar Ulises Ramos Azuara; en consecuencia se tiene por reconocida la personalidad con la que compareció el citado apoderado al presente juicio, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo. Ahora, en cuanto hace a la petición de que se les autorice el acceso al expediente electrónico, así como para oír y recibir notificaciones mediante los usuarios "guillermina800" y "elitejuridica2017", correos electrónicos guillermana800@icloud.com y elitejuridica2017@hotmail.com de conformidad con lo dispuesto por los artículos 77 y 79 del Acuerdo que Reglamenta los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación del Juicio de Amparo en Línea, este órgano de control constitucional otorga acceso al promoventes, para que consulten las determinaciones emitidas en el asunto que nos ocupa; así como para enviar promociones, documentos, comunicaciones y recibir, en su caso notificaciones en forma electrónica; lo anterior también con lo establecido en el arábigo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario citado, en la página del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Se hace del conocimiento de los promoventes que el acceso a los expedientes electrónicos solo es otorgado o revocado por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, y atenderá en todo caso a la situación jurídica que respecto a cada usuario impere en los asuntos en que se solicite, de conformidad con los términos legales que las propias partes otorgaron al solicitante, así como a la vigencia de su firma electrónica. De igual forma, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que los quejosos o terceros interesados que cuenten con Firma Electrónica están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas; que de no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Ello, sin perjuicio de que, cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto pueda ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores, ordena practicar a la impetrante de amparo las notificaciones de forma electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario antes aludido. Al respecto, se cita la jurisprudencia 71/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, número de registro 2020082, la cual en su rubro refiere: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO.". Ahora, y toda vez que resulta necesario habilitar a los promoventes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), notifíquese el presente proveído a la Encargada de dicho sistema, a efecto de que realice las gestiones administrativas correspondientes. En la inteligencia de que la autorización de que se realicen las notificaciones vía electrónica excluye la práctica de las mismas en el domicilio que se señala para ese efecto en el escrito de demanda de amparo. Por lo que hace a la solicitud de dar vista al Ministerio Público de la Federación, a efecto de que investigue la posible comisión de Delito, en términos del artículo 262 fracción I de la Ley de Amparo, ya que refiere la Junta responsable ha mentido a este juzgado al informar que el compareciente carece de personalidad para actuar, no ha lugar a acordar de conformidad, dígasele al compareciente que de actualizarse la conducta que refiere, en la sentencia que en su caso se dicte, se ordenará dar vista al Fiscal adscrito a este Juzgado en ese sentido. Notifíquese; personalmente a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de este juzgado. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.
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