Edgar Ulises González López

Expediente 403/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
403/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
23/09/2021

Partes del expediente

  • Edgar Ulises González López

Actuaciones

  1. Principal

    "...Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que el promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de uno de septiembre del año en curso, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, por haber operado el desechamiento. Como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente..."

  2. Principal

    "... Visto el escrito de demanda presentado por *******, contra actos del *********, con sede en la Ciudad de México, por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 8, 22 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: RADICACIÓN Se ordena formar expediente y registrarlo en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número *********. El precepto transcrito autoriza al juez de distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Acto que atribuye a las siguientes autoridades: *************** De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que; por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Así, conforme a ese criterio, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares; para lo cual, es útil atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Criterio sustentado en la queja ***** de su índice en que estimó esencialmente, que no basta estimar, que el acto reclamado violenta los derechos fundamentales de la quejosa, para considerar que fue emitido por una autoridad para los efectos del juicio de amparo, puesto que la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, ya ha sostenido el criterio de que para estimar realizado un acto de autoridad es necesaria la existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tenga su nacimiento en la ley, que dote al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, y que para emitir esos actos no sea necesario acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Se concluye que, resulta claro que los actos atribuidos a las autoridades responsables no son equiparables a uno de autoridad para efectos del amparo, pues para que esa hipótesis se actualice es necesario que este conlleve el ejercicio de una potestad administrativa que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular; y, con independencia de las facultades y obligaciones que le otorga la ley a dichos entes, se insiste, es evidente que al omitir otorgar una licencia para el resguardo domiciliario estricto, no actúan en un plano superior al de la peticionaria de amparo, ni la consideraron como gobernada, sino que ese acto lo omiten realizar en su calidad de patrón; que por ello, resulta evidente que su determinación incide, en todo caso, en la esfera de sus derechos como trabajadora; por lo que no se está en el caso de tener a aquéllas como responsables para efectos del juicio de amparo, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la junta federal correspondiente. Aunado a lo anterior, el citado Tribunal Colegiado, refirió: Si bien en algún momento de la contingencia, en aras de privilegiar el acceso a la justicia, y por estar cerradas las autoridades ordinarias de trabajo, se pudo entender la tutela del derecho en el amparo, excepcionalmente, hoy en día ya no prevalece tal imposibilidad, pues reactivaron sus funciones y, entonces, se debe acudir a la vía ordinaria laboral para hacer el planteamiento pertinente, ya que la jurisdicción ordinaria está restablecida." En tales términos, sobre los actos reclamados a las autoridades responsables ************, se advierte que estos fueron realizados en su calidad de patrón; y por tanto,se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5º, fracción II, interpretado en sentido contrario, y 217 párrafo tercero, todos de la vigente ley de la materia y 103, fracción I, de la Constitución Federal; por tanto, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Aunado a ello, cabe precisar que no existe criterio alguno que determine que el juez de distrito deberá ejercer facultades, competencia o actuar como juez de proceso en sustitución de las juntas federales o locales a causa de la suspensión de sus labores y plazos con motivo de la contingencia que se vive generada por el Coronavirus (COVID-19), pues los casos que ante su competencia se estimen urgentes son tramitados con ese carácter y de forma especial por las propias juntas. Máxime que no se está en presencia de los supuestos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, es decir, que el acto reclamado se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proposición o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Ténganse como autorizados en términos amplios a **************, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo, y únicamente para imponerse de autos a no así de ***********, por no encontrarse registrados en dicho sistema. AUTORIZACIÓN PARA EL ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a la parte quejosa presentar promociones, recibir notificaciones y consultar el presente juicio de amparo bajo los lineamientos establecidos para tal efecto con el usuario "***********", para lo cual se precisa que las notificaciones se tendrán por practicadas en la misma fecha y por la misma vía, además la constancia que al efecto se obtenga servirá como acuse de la notificación practicada. De igual modo, téngase como correo electrónico ******* para que, en caso de que se requiera, y previa instrucción del suscrito, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se realicen notificaciones por ese medio. Se precisa que para el caso de que se estime necesario, las notificaciones del quejoso se ordenarán practicar personalmente en el domicilio que señala en el escrito de demanda. LEY DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. CAPTURA SISE En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 175, en relación con los diversos 180, 181 y 182 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, se ordena a la secretaria encargada de la mesa I, supervise que la analista jurídica encargada de la captura y actualización de datos de los distintos asuntos del conocimiento de este Juzgado de Distrito, capture su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como los datos que aseguren la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el SISE, en relación al presente juicio de amparo..."

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