Edgar Ulises Gallo Rojas

Expediente 1716/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1716/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
10/02/2023

Partes del expediente

  • Edgar Ulises Gallo Rojas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que dentro del término legal concedido, las partes no se inconformaron con la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que esa sentencia CAUSA EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de amparo, aplicado a contrario sensu, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso a, del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Además, no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, por resultar innecesarios, devuélvanse a la autoridad responsable las constancias originales del expediente laboral 360/2020 que remitió en apoyo su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por EDGAR ULISES GALLO ROJAS, por conducto de su apoderada CARLA DALILA MACÍAS BARQUEÑO, contra el acto reclamado a la autoridad responsable señalada en el considerando primero, por los razonamientos jurídicos expuestos en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del Secretario, Subsecretario de Ingresos y Director General de Ingresos, todos adscritos a dicha Secretaría con residencia en Tepic, solicita se requiera a la parte quejosa, a efecto de que proporcione el registro federal de contribuyentes con homoclave expedida por el Servicio de Administración Tributaria, estado de cuenta con clabe interbancaria de una institución bancaria nacional, copia de la credencial de elector y comprobante de domicilio; en el entendido de que lo anterior deberá estar a nombre de la parte quejosa; lo anterior, a efecto de dar cumplimiento al fallo protector emitido en autos. Atento a lo anterior y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, requiérase al quejoso MIGUEL ÁNGEL AVENDAÑO ORTIZ, para que dentro del término de tres días justifique ante este Juzgado, que compareció ante la autoridad que se indica en el oficio de cuenta, y proporcionó los datos solicitados, a efecto de que la citada autoridad esté en condiciones de acatar la ejecutoria de amparo pronunciada en autos; ello es así, toda vez que la observancia de las sentencias de amparo son de orden público; por tanto, deberán cumplirse inmediatamente por las autoridades, pero como en este caso, ese cumplimiento depende en parte, de la quejosa, entonces ante esa vinculación, también debe sujetarse al procedimiento que señala la Ley de la Materia para ese efecto; apercibida que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se procederá en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Respecto a lo diverso que solicita, en relación a que se le autorice un plazo de quince días hábiles contados a partir de que la parte quejosa le proporcione los datos requeridos para realizar el trámite y dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, dígasele que en el momento procesal oportuno se acordará lo conducente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    EN TERMINOS DEL ARTICULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad de Tepic, remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 500/2022 de su índice, así como los autos originales del juicio de amparo indirecto 799/2020; en consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, acúsese recibo de estilo a la Superioridad y hágase saber a las partes que el Tribunal Colegiado de referencia, desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en autos, por las razones precisadas en dicha ejecutoria. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y glósese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del citado medio de impugnación. Por otra parte, tomando en consideración que es necesario economizar espacio en el área destinada para el archivo de este Juzgado Federal, procédase a su destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en que se actúa, con motivo de la tramitación del citado recurso de revisión y agréguense a los autos únicamente las actuaciones realizadas en dicho cuaderno. Entonces, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Director General de Ingresos y al Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad de Tepic, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que queden legalmente notificadas del presente proveído, procedan a dar cumplimiento a la ejecutoria de referencia. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa por la cantidad de cien Unidades de Medida de Actualización, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que sea el caso de requerir por el cumplimiento al fallo protector a las autoridades legislativas que intervinieron en la creación de la norma declarada inconstitucional, toda vez que quedan exentas para ello atento al principio de relatividad de las sentencias contra leyes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. CXXXVII/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, del Tomo IV, noviembre de mil novecientos noventa y seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN."

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