Edgar Solorzano Benítez

Expediente 1225/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1225/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
06/10/2016

Partes del expediente

  • Edgar Solorzano Benítez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; seis de octubre de dos mil dieciséis. La certificación precedente evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, las partes no interpusieron recurso de revisión previsto en el numeral 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra la sentencia de trece de septiembre de dos mil dieciséis, (fojas 42 a 45), en la que se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos procedentes se declara que la misma ha causado estado. En el libro de gobierno háganse las anotaciones respectivas. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). El original y el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, toda vez que se negó la suspensión definitiva (punto vigésimo, inciso III del ya citado Acuerdo). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Edgar Solórzano Benítez, a través del cual realiza manifestaciones a título de alegatos; atento a lo anterior, agréguese sin mayor proveído, toda vez que en trece de septiembre de la presente anualidad, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1225/2016-V promovido por Edgar Solórzano Benítez, por su propio derecho, contra actos del Director y/o Encargado del Centro Preventivo de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el doce de agosto de dos mil dieciséis (fojas 2 a 8), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta Ciudad de Toluca, el cual por razón de turno fue remitido, el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito de Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Edgar Solórzano Benítez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades responsables que a continuación se precisan: ""III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Que son; COMO AUTORIDADES ORDENADORAS: El Director y/o Encargado del Centro Preventivo de Readaptación Social "Santiaguito", ubicado en el Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, el Subdirector del Centro Preventivo de Readaptación Social "Santiaguito", ubicado en el Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México y el Secretario General del Centro Preventivo de Readaptación Social "Santiaguito", ubicado en el Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. COMO AUTORIDADES EJECUTORAS; El Encargado de la Policía Federal y El Encargado de la Secretaria de Seguridad Ciudadana en el Estado de México. IV.- ACTO RECLAMADO: La inconstitucionalidad de la ORDEN DE TRASLADO pretendida en mi contra, a través de las autoridades ordenadoras indicadas como responsables y que son, el Director y/o Encargado del Centro Preventivo de Readaptación Social "Santiaguito", ubicado en el Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, el Subdirector del Centro Preventivo de Readaptación Social "Santiaguito", ubicado en el Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México y el Secretario General del Centro Preventivo de Readaptación Social "Santiaguito", ubicado en el Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, quienes carecen de fundamentación jurídica y a su vez violan en mi perjuicio mis garantías individuales consagradas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el quejoso desconozco el motivo de la ORDEN DE TRASLADO pretendida en mi contra, por lo tanto, resulta inconstitucional el cumplimiento que a través de las autoridades indicadas como responsables, y que por tanto vulneran mis derechos fundamentales. (.)" (sic)" SEGUNDO. El peticionario de amparo argumenta en su demanda, que el acto de autoridad que combate, vulnera en su perjuicio sus derechos fundamentales y las garantías, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Mediante acuerdo de doce de agosto de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda, se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se solicitó el respectivo informe justificado a las autoridades responsables; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, CUARTO. Por acuerdo del diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, se dejó de tener como autoridades responsables al "Encargado de la Policía Federal" y "Encargado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el Estado de México." (foja 38 y 39). Así, seguidos los trámites se celebró la audiencia constitucional, la cual, se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Federal; 1°, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 1º, fracción V, 48, 51 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; máxime que el acto reclamado pretende ejecutarse dentro de la jurisdicción en que ejerce su competencia este órgano jurisdiccional (Ciudad de Toluca). SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, debe precisarse que el acto reclamado en esta vía constitucional consiste, esencialmente, en la orden de traslado del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito" Almoloya de Juárez, Estado de México, a otro centro de reclusión, así como su ejecución. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril del año dos mil, Novena Época, con número de registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." No representa un obstáculo a lo anterior, el hecho de que la jurisprudencia antes invocada interprete la legislación de amparo abrogada, de diez de enero de mil novecientos treinta y seis, pues aquélla no es contraria, ni se contrapone con las disposiciones de la actual Ley de Amparo -dos de abril de dos mil trece- así como tampoco lo son las demás tesis aislada y jurisprudencia que serán citadas en esta sentencia, que atiendan o hagan referencia a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo establecido en el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. TERCERO. Las autoridades responsables Director y/o Encargado, Subdirector y Secretario General, todos del Centro Preventivo de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México (fojas 24, 25 y 26, respectivamente), al rendir su informe justificado, negaron expresamente la existencia de los actos reclamados que se les atribuyen; sin que el peticionario de amparo haya desvirtuado con prueba en contrario, tal aseveración. Es aplicable la jurisprudencia 310, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 209, del Tomo VI, del Apéndice de 1995, primera parte, Sexta Época, materia común, con número de registro 394266, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Al respecto, cabe destacar que las autoridades responsables solicitaron sobreseer el presente juicio de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: - - - (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítula anterior." En esa tesitura, al no existir el acto reclamado consistente en la emisión de la la orden de traslado del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito" Almoloya de Juárez, Estado de México, a otro centro de reclusión, así como su ejecución, y al no haber aportado el impetrante ningún medio de prueba idóneo, encaminado a desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la tesis aislada, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6673, del Tomo LXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 324127, que establece: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia Ley." Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en el primer párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 76 y 78 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E : ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Edgar Solórzano Benítez, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que quedaron precisadas en esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    R E S U E L V E ÚNICO. Se niega a Edgar Solórzano Benítez, la suspensión definitiva contra las autoridades y actos precisados en la presente interlocutoria. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/2966/2016, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas, que autoriza, firma y da fe.

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