Edgar Solis Contreras, Apoderado de Aurora Castro Castro

Expediente 1103/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1103/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
17/08/2023

Partes del expediente

  • Edgar Solis Contreras, Apoderado de Aurora Castro Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió para la parte quejosa el término para interponer el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo en contra del proveído de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad por la parte quejosa, que es a quien en todo caso le pudiera perjudicar, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrúyase el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: I. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Digitalización. Previo a su transferencia, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal referido, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese el oficio que signa la Presidenta de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la responsable, la documental que anexa a su oficio de cuenta consistente en copia certificada de diversas constancias que integran el juicio laboral de origen, la que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, se precisa que en relación con el acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito presentado el seis de junio de dos mil veintitrés en el expediente laboral ********************, a través del que se solicitó se dictara auto de ejecución y requerimiento de pago y embargo; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Lo anterior, debido a que la Presidenta de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje remitió copia certificada del auto de veintitrés de junio de dos mil veintitrés dictado en el expediente ******************** de su índice, en el que acordó el escrito de la parte quejosa presentado el seis de junio del año en curso, donde ordenó turnar los autos al actuario para el efecto de llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago en contra de la parte demandada -auto que fue notificado a la parte quejosa el cuatro de julio actual-, asimismo remitió copia certificada de la diligencia de requerimiento de pago de catorce de julio de dos mil veintitrés. En consecuencia, han cesado los efectos de la omisión reclamada, por lo que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Por tanto, se concluye que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada. Finalmente, dese de alta el presente sobreseimiento en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Vista con cumplimiento. La diputada Mónica Silva Ruiz, Presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Puebla, manifiesta haber dado cumplimiento al fallo protector e informa que se aprobó el dictamen con minuta de decreto por el cual se expide la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de Puebla. Fecha de cumplimiento por parte de la autoridad.Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento. 13/07/2023 18/07/2023 En consecuencia, con apoyo en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, los cuales establecen la obligación de la persona juzgadora de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la justicia federal, así como con fundamento en el artículo 196 del citado ordenamiento, dese vista a las partes con el oficio de cuenta por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga. Apercibida que de no desahogar la vista ordenada, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con los elementos que obren en autos. Ahora, para dar margen a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, notifíquese el contenido del presente acuerdo de manera personal a la parte quejosa, así como el oficio y anexo remitidos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Manifestaciones de la parte quejosa. Agréguese el escrito de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en contestación a la vista que se le dio con el cumplimiento de la autoridad responsable, mediante proveído de quince de junio de dos mil veintitrés; al respecto, se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto transcurra en su totalidad el plazo otorgado a las partes restantes en dicho proveído. No se soslaya que la parte quejosa solicita se realice un requerimiento a una autoridad no señalada como responsable; sin embargo, debido a que dicho requerimiento está íntimamente vinculado al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, será al realizar la valoración que se provea sobre su petición. Se da vista con el cumplimiento al representante coadyuvante. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de quince de junio del año en curso, se dio vista con el cumplimiento, sin que se haya girado oficio al representante coadyuvante designado en autos, lo cual se estima necesario a fin de preservar los derechos del infante que auxilia. Por tanto, con apoyo en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, dése vista a la representante coadyuvante designada en autos, por el plazo de tres días, con el acuerdo de quince de junio del año en curso, así como con el contenido de la promoción ********************, mediante oficio que al efecto se gire, a fin que tenga conocimiento y en su caso, de estimarlo conveniente, manifieste lo que a su derecho e interés legal convenga. Notifíquese.

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