Edgar Saúl Montiel Gómez

Expediente 1918/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 37 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1918/2017
Año
2017
Actuaciones
37
Última actuación
25/07/2018

Partes del expediente

  • Edgar Saúl Montiel Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1918/2017-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, se instruye al fedatario de la adscripción para que en caso de que las autoridades a las que se libren oficios en vía de notificación se encuentren gozando de su periodo vacacional, una vez que éstas reanuden labores, proceda a notificar los oficios correspondientes, así como las demás notificaciones que se ordenen durante su periodo vacacional. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante licencia autorizada en sesión celebrada el once de junio del dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2716/2018, ante el Secretario Adolfo Jiménez Gómez que autoriza da fe.

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1918/2017-IV, promovido por EDGAR SAÚL MONTIEL GÓMEZ, por su propio derecho y, RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Estado de Morelos, turnado al día siguiente a este Juzgado de Distrito, EDGAR SAÚL MONTIEL GÓMEZ, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y otras autoridades, los que hizo consistir: .se reclama de todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables tanto en su carácter de ordenadoras o ejecutar (sic) la PRESCRIPCIÓN de la orden de aprehensión girada el pasado 23-DIC-96 por el Juez Cuarto Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado de Puebla dentro de la causa penal 240/96, la cual fue comunicada a las autoridades referidas en la demanda de amparo según oficio No. 0116 de fechas (sic) 20-ENE-98 para su debido cumplimiento y el cual no se ha llevado a cabo en términos de ley , toda vez que mi proceso en Morelos concluyó el pasado 4-oct-2000 por lo que a la fecha ha transcurrido para la prescripción (sic) pero resulta que me quieren trasladar en estos momentos al Estado de Puebla en una completa violación al debido que convertirá al acto reclamado de imposible restitución al quejoso en el goce del derecho reclamado (sic). SEGUNDO.- Por acuerdo de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo, se registró con el número 1918/2017-IV, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de su adscripción, y se señaló fecha y hora para el inicio de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede y; CONSIDERANDO: PRIMERO.- Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48, 49 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del que en su numeral cuarto, fracción XVIII, se advierte que, en lo conducente, dispone que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, ejercerá jurisdicción en el territorio que comprende dicha entidad federativa donde radican las autoridades responsables a quienes se les reclama la ejecución del acto reclamado. SEGUNDO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. De la lectura integral de la demanda, se aprecia que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: 1.- La orden de traslado del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos a otro centro penitenciario en el Estado de Puebla. 2.- La omisión del Juez Cuarto de lo Penal de Puebla, Puebla, de pronunciarse sobre la prescripción de la acción penal en la causa penal 240/1996. TERCERO.- No es cierto al acto reclamado consistente en la orden de traslado del Centro Estatal de Reinserción Social a otro centro penitenciario en el Estado de Puebla, en virtud de que las autoridades responsables: 1.- Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (fojas 71). 2.- Fiscal General del Estado de Puebla (fojas 53). 3.- Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (fojas 61). 4.- Fiscal General del Estado de Morelos (fojas 46). 5.- Juez Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos (denominación correcta de la autoridad que el quejoso señaló como "Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos") (fojas 38) 6.- Directora de Ejecución de Sentencias dependiente de la Coordinación Estatal de Reinserción Social en el Estado de Morelos (fojas 43) Al rendir sus informes justificados negaron la existencia de la orden de traslado; asimismo, si bien, el Juez Cuarto de lo Penal de Puebla, Puebla, (denominación correcta de la autoridad que el quejoso señaló como Juez Cuarto de la Defensa Social del Estado de Puebla), al rendir su informe justificado (fojas 80 y 81) expresó que era cierto el acto reclamado; sin embargo, de la lectura integral de la demanda se advierte que, se refirió a la existencia de una orden de aprehensión decretada en contra del quejoso, acto que no fue reclamado en esta instancia constitucional y, por otra parte, de las copias certificadas de la causa penal 240/1996, no se advierte que el Juez responsables hubiese emitido una orden de traslado en contra del quejoso, consecuentemente, se arriba a la conclusión de que es inexistente el acto reclamado al Juez Cuarto de lo Penal de Puebla, Puebla. No impide arribar a la anterior conclusión la copia simple del oficio SG/CERS/DC/SJ/10/2017, emitido por el Subdirector Jurídico del Centro de Reinserción Social "Morelos", exhibido por el quejoso, del que se desprende que con fecha veintidós de enero de mil novecientos noventa y ocho, recibió el oficio 0116 de veinte de enero de mil novecientos noventa y ocho, emitido por el Juez Segundo Penal, a través del cual le informó que el Juez Cuarto de la Defensa Social de Izúcar de Matamoros, Puebla, solicitó que una vez que concluya el proceso de EDGAR SAÚL MONTIEL GÓMEZ en el Centro Estatal de Reinserción Social Morelos, sea puesto a disposición del referido Juez Cuarto de la Defensa Social, a fin de que inicie el proceso 240/96; en virtud de que tal solicitud, de ninguna manera constituye una orden de traslado del quejoso a un centro de reclusión en el Estado de Puebla, sino sólo se trata de una propuesta, ya que dependerá del Juez ordenar y autorizar el traslado del quejoso. Amén de que tal disposición deriva de imperativo constitucional del artículo 16, párrafo cuarto, de la Constitución Federal de poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad, lo cual se puede ejecutar sin ser presentado de manera personal y directa, ya que, es factible que se cumpla la orden de aprehensión poniéndolo a disposición del Juez de la causa, en un centro de reclusión fuera de su jurisdicción, hipótesis en la que el Juez Penal, puede girar exhorto al Juez competente en donde se encuentre interno el inculpado a efecto de que en el Juez exhortado, reciba la declaración preparatoria y resuelva su situación jurídica dentro del plazo constitucional. En ese orden de ideas, al no encontrarse desvirtuada la negativa de las referidas autoridades responsables, lo procedente es que se sobresea en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto a la orden de traslado reclamada. Por otra parte, en cuanto al acto reclamado consistente en la omisión del Juez Cuarto de lo Penal de Puebla, Puebla, de pronunciarse sobre la prescripción de la acción penal en la causa penal 240/1996, es inexistente de acuerdo a las siguientes consideraciones jurídicas: El quejoso reclama de la autoridad responsable un acto negativo, en concreto, un "no hacer", consistente en la omisión de pronunciarse sobre la prescripción de la acción penal en la referida causa penal. Respecto de los actos negativos, por regla general la carga de la prueba de las omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino es obligación de las autoridades responsables demostrar que no incurrieron en ellos, y, por tanto, es insuficiente su afirmación en el sentido de que no es cierto el acto reclamado para tenerlo por inexistente, si no demuestra haber realizado lo que el quejoso afirma no ha hecho. Apoya el anterior criterio la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, con número de registro 238592, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 60, Tercera Parte, materia(s): Común, página: 27 del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos." Así como la tesis de la Octava Época, con número de registro 230855, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, Materia Administrativa, página 50, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE TIENE EL CARÁCTER DE NEGATIVO. CARGA DE LA PRUEBA. NO CORRESPONDE AL QUEJOSO SINO A LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE. No es exacta la consideración del Juez de Distrito en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados atribuidos a las responsables por haberlos negado ésta al rendir su informe justificado, consistentes en la falta de resolución a las peticiones del ahora quejoso, puesto que no por el hecho de que autoridad responsable niegue los actos reclamados, esta circunstancia baste para tenerlos por negados, ya que si se atiende a que el acto reclamado tiene la naturaleza de negativo, es a la autoridad responsable a quien corresponde acreditar que no incurrió en la omisión apuntada, motivo por el cual no es suficiente su afirmación en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados, si no demuestra haber dictado el acuerdo respectivo y haberlo hecho del conocimiento del peticionario." La excepción a la regla general opera cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable, requiere necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular que inste a aquélla (autoridad) a ejercer la facultad prevista en la ley aplicable, lo que implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí recae en él acreditar que realizó el trámite conducente para exigir la actuación de la autoridad. Los argumentos de la excepción se fundan en la tesis 2a. CXLI/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro: 197269, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Diciembre de 1997, Materia Común, página: 366, del rubro y texto siguientes: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última". En ese orden de ideas, no existe la omisión reclamada al Juez responsable, en virtud de que el quejoso no demostró haber solicitado a dicha autoridad que se pronunciara sobre la prescripción de la acción penal y, por ende, que ésta hubiera omitido pronunciarse, pues, incluso de la demanda de amparo no refiere haber realizado alguna petición al Juez responsable en ese sentido, pues se reitera, para acreditar la existencia de una conducta omisa del Juez responsable, se requiere, necesariamente que de manera previa, exista la obligación legal de hacerlo y, en su caso, que el quejoso hubiese realizado una solicitud a dicha autoridad, para que exista la obligación jurídica de ésta de pronunciarse sobre la prescripción de la acción penal, pues, de considerar lo contrario, se llegaría al absurdo de establecer que existe la obligación jurídica del Juez de la causa de pronunciarse sobre la prescripción de la acción penal de manera continua sin que medie solicitud alguna, aunque sólo sea para el efecto de establecer que no se actualiza dicha figura jurídica, lo cual no es dable, ya que, el deber de la autoridad judicial responsable radica en emitir la resolución de la prescripción de la acción penal, cuando ésta se actualice, no antes. El Código de Defensa Social del Estado de Puebla, vigente en la época de los hechos que dieron origen a la orden de aprehensión dictada en la causa penal 240/1996 establece en relación a la prescripción de la acción persecutoria: "1.- REGLAS GENERALES Artículo 125.- Por la prescripción se extingue la acción persecutoria y la facultad de ejecutar las sanciones. Artículo 126.- La prescripción es personal y para ella basta el simple transcurso del tiempo señalado en la Ley. Artículo 127.- Los plazos para la prescripción de la acción penal o de la facultad para ejecutar las sanciones serán continuos, y se les aplicarán las siguientes disposiciones: I.- Se contarán en cada caso desde el día señalado por la ley; II.- Se aumentarán un tercio si el acusado o sentenciado permanece fuera del territorio del Estado; III.- Se aumentarán en dos tercios si el acusado o sentenciado permanece fuera del país. Artículo 128.- La prescripción de la acción penal y de la sanción no influyen en la responsabilidad civil proveniente de delito, la cual se rige por las leyes civiles correspondientes. 2.- PRESCRIPCION DE LA ACCION PERSECUTORIA Artículo 129.- El plazo para la prescripción de la acción persecutoria se contará: I.- A partir del día en que se cometió el delito si fuere consumado; II.- Desde que se realizó la última conducta, si el delito fuere continuado; III.- Desde que cesó la consumación del delito, si éste es permanente; y IV.- Desde el día en que se hubiere realizado el último acto de ejecución, si se tratare de tentativa. Artículo 130.- La acción persecutoria prescribe en un año, si el delito sólo mereciere multa; pero si el delito se sanciona con multa o prisión, con pena alternativa o sanción corporal y alguna otra accesoria, se atenderá en todo caso a la prescripción de la sanción corporal. Artículo 131.- La acción persecutoria prescribe en un plazo igual al máximo de la sanción corporal que corresponda al delito; pero no será menor de tres años para los delitos que se persiguen de oficio. Artículo 132.- Si el delito solo mereciere destitución, suspensión, privación de derechos o inhabilitación, la prescripción se consumará en el plazo de dos años. Artículo 133.- La acción persecutoria que nazca de un delito, sea o no continuo, que sólo pueda perseguirse por querella de parte, prescribirá en dos años, a partir de la consumación o primer acto de ejecución. Satisfecho el requisito inicial de la querella, para la prescripción de la acción penal se observarán las demás reglas señaladas por este Código, para tal efecto. Artículo 134.- Cuando haya acumulación de delitos, las acciones persecutorias que de ellos resulten, prescribirán separadamente en el plazo señalado para cada uno. Artículo 135.- Cuando para deducir una acción persecutoria, sea necesario que antes se termine un juicio civil o de defensa social, no comenzará a correr la prescripción, sino hasta que en ese juicio se haya pronunciado sentencia irrevocable. Artículo 136.- (DEROGADO, P.O. 1 DE JULIO DE 1994) Artículo 137.- La aprehensión del acusado destruye la prescripción que hubiere corrido a su favor. Si después de aprehendido se fugare, la prescripción comenzará a correr desde el día siguiente al en que la fuga se verifique. Artículo 138.- Si para deducir una acción persecutoria exigiere la ley la declaración previa de una autoridad, las gestiones que a ese fin se practiquen interrumpirán la prescripción." De las disposiciones transcritas, se advierte que no existe alguna que determine la obligación del Juez Penal de pronunciarse oficiosamente de manera continua sobre la prescripción de la acción penal, cuando ésta no ha sido pedida o actualizada. Asimismo, se estima pertinente establecer que no es factible analizar en esta vía constitucional si ha operado a favor del inculpado, aquí quejoso, EDGAR SAÚL MONTIEL GÓMEZ, la prescripción de la acción penal dentro de la causa penal 240/1996 del índice del Juzgado Cuarto de lo Penal de la Ciudad de Puebla, Puebla, en virtud de que, de hacerlo, el suscrito Juzgador Federal, estaría sustituyendo en sus facultades legales al Juez Penal que conoce de dicho proceso penal, lo cual jurídicamente no es admisible, ya que legalmente la autoridad competente para analizar la prescripción de la acción penal es el Juez que conoce de la causa, hecho lo cual podrá ser impugnado en amparo su pronunciamiento en su caso, cuando exista alguna resolución que tenga como base o sustento la propia pretensión que aduce prescrita, lo que en el particular no acontece . Se estima pertinente establecer que lo expuesto con antelación, no se contrapone con las jurisprudencias 1a./J. 62/99 y 1a./J. 18/99 emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los rubros y textos siguientes Época: Novena Época Registro: 192973 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Noviembre de 1999 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 62/99 Página: 316 "PRESCRIPCIÓN, EL JUEZ DE AMPARO DEBE ANALIZARLA CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSIÓN. POR SER FIGURA PROCESAL DE ORDEN PÚBLICO, SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y OFICIOSO. Al combatir el libramiento de una orden de aprehensión como acto reclamado en el juicio de garantías, el quejoso está compareciendo ante los órganos de la autoridad pública en relación con el mandamiento de captura que se está reclamando y siendo la prescripción una figura procesal de estudio preferente y oficioso, el Juez de Distrito tiene la obligación de analizar tanto la legalidad del acto reclamado como los aspectos de competencia, requisitos de procedibilidad, causas de extinción de la acción penal, etc., obligación que en tratándose del juicio de garantías en materia penal, es más amplia, dado que el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo previene la suplencia de la queja aun la total, en beneficio del reo, es decir, ante la ausencia de conceptos de violación, por lo que si la violación alegada en agravio del quejoso, consiste en no haber cumplido la autoridad responsable con la obligación de declarar de oficio y aun sin haberse hecho valer, la extinción de la acción penal por prescripción, ya que antes de emitir un mandamiento de captura el Juez responsable, debe percatarse si la acción penal se encuentra o no prescrita, en virtud de que, de darse el primer supuesto, si se libra la orden de aprehensión, el acto deviene inconstitucional y conforme lo dispone el artículo 78 de la Ley de Amparo, el acto debe analizarse tal y como aparezca probado ante la responsable, esto es, a no allegarse de más pruebas que le permitan conocer los hechos, que de aquellas que formen parte de la averiguación previa. Por otra parte, en relación al amparo directo, la propia ley de la materia, en su artículo 183, exige que el tribunal supla la deficiencia de la queja cuando estando prescrita la acción penal, el quejoso no la alegue; al existir la misma razón jurídica en el amparo indirecto, no hay obstáculo para realizar su estudio, sobre todo si lo alega el quejoso y las constancias en que se apoya el acto reclamado son aptas y suficientes para dicho examen. Época: Novena Época Registro: 194068 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Mayo de 1999 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 18/99 Página: 328 . "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. PUEDE ANALIZARSE EN AMPARO INDIRECTO AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO SE HAYA PRONUNCIADO AL RESPECTO. El Juez de Distrito tiene la obligación de analizar la legalidad del acto reclamado, tomando en cuenta diversos aspectos: competencia de la autoridad, requisitos de procedibilidad, causas de extinción de la acción penal, etc. Esta obligación es más intensa tratándose del juicio de garantías en materia penal, pues el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, previene la suplencia total de la queja en beneficio del reo, aun ante la ausencia de conceptos de violación. De ahí que cuando en la demanda de garantías el quejoso haga valer como concepto de violación en contra del auto de formal prisión reclamado, que la acción penal se encontraba prescrita, el juzgador tiene el deber de estudiar tal argumento, a pesar de que no se le hubiera propuesto a la autoridad responsable. Tal proceder, en modo alguno puede estimarse como una indebida sustitución del Juez, o infracción a lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, pues este precepto sólo lo obliga a apreciar el acto reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable; esto es, a no allegarse más pruebas que le permitan conocer los hechos, que aquellas que formen parte de la averiguación previa, o que hayan sido admitidas por la autoridad responsable. Por otra parte, en relación al amparo directo, la propia ley de la materia, en su artículo 183, exige que el tribunal supla la deficiencia de la queja cuando estando prescrita la acción penal el quejoso no la alegue; al existir la misma razón jurídica en el amparo indirecto, no hay obstáculo para realizar su estudio, sobre todo si lo alega el quejoso y las constancias en que se apoya el acto reclamado son aptas y suficientes para dicho examen." En efecto, las jurisprudencias citadas se refieren al caso en que en el juicio de amparo se reclama la orden de aprehensión o el auto de formal prisión y se enderezan conceptos de violación tendientes a controvertir la prescripción de las acciones persecutorias materia de dichas resoluciones jurisdiccionales, lo que en el caso en estudio no acontece, toda vez que en esta instancia constitucional no se combate la orden de aprehensión decretada contra el quejoso, sino la omisión del Juez responsable de pronunciarse sobre la prescripción de la acción penal, de ahí que no puede emprenderse el estudio de la prescripción planteado por el quejoso porque implicaría transgredir el principio a que se refiere el artículo 75 de la Ley de Amparo de apreciar el acto como esté probado y al no haber acto (pronunciamiento de la autoridad responsable sobre la prescripción de la acción penal) no puede analizarse la actuación de la responsable reprochada. En ese orden de ideas, al haberse acreditado la inexistencia de la omisión de pronunciarse sobre la prescripción de la acción penal en la causa penal 240/1996, reclamada del Juez Cuarto de lo Penal de Puebla, Puebla, lo procedente es que también se sobresea en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de dicho acto reclamado. Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR EDGAR SAÚL MONTIEL GÓMEZ, los actos precisados en el considerando segundo de esta resolución que reclamó de las autoridades precisadas en el considerando tercero de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintinueve de junio de dos mil dieciocho, en que las labores de este Juzgado Federal así lo permitieron, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, uno de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que no se encuentra emplazada a la tercera interesada María Salazar Apango, no obstante de las diversas diligencias que este juzgado federal ha efectuado para logar su emplazamiento. Luego, toda vez que en el juicio de amparo 2047/2017-IV del índice de este juzgado federal, mismo que constituye un hecho notorio del que se advierte que el acto reclamado emana del proceso penal natural de este asunto, por lo que en aquél obra el emplazamiento efectuado a María Salazar Apango, como se advierte del citatorio, su respectivo razonamiento actuarial de diecisiete de mayo del año en curso así como la razón de notificación (emplazamiento) por medio de lista, efectuado por el actuario adscrito al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula respecto del exhorto 39/2018 (orden 41/2018) de su índice. Apoya lo anterior, en lo conducente la Jurisprudencia número 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en el Tomo XXV, Junio de 2007, en la página 285, que literalmente dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. En aras del principio de justicia pronta y expedita, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con fundamento en el acuerdo general conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese exhorto electrónico al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, que se encuentre en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, instruya al Actuario de su adscripción para que se constituya en el domicilio ubicado en calle 17 Oriente, número 216, interior 201, colonia El Carmen, Puebla, Puebla y emplace a la tercera interesada tercera interesada María Salazar Apango, corriéndole traslado con copia simple de la demanda, auto admisorio y del presente proveído, para que, si a sus intereses conviene, comparezca al presente juicio de amparo, informándoles la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con treinta y cuatro minutos del veintiocho de junio de dos mil dieciocho) y requiriéndole para que en el momento del emplazamiento, o bien dentro del plazo de tres días hábiles siguientes, contado a partir del hábil siguiente a aquél en que esos surtan efectos, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos; con el apercibimiento que, de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, sin ulterior acuerdo se les practicarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo establecido por el numeral 27 de la Ley de Amparo. Solicítese al Juez exhortado que, una vez llevados a cabo los emplazamientos encomendados, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes remita las constancias correspondientes, así como la totalidad de los anexos que se envían para el caso que no pueda llevar a cabo las diligencias encomendadas. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/3765/2017, ante el Secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por Juez Cuarto de lo Penal de Puebla, Puebla, mediante el cual, en atención al requerimiento de diez de mayo actual, remite la declaración de Carlos Álvarez García de veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cinco; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales. Por otra parte, visto el estado procesal de los autos destáquese que en el razonamiento actuarial de dieciocho de abril del año en curso, la actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, manifestó su imposibilidad de notificar al tercero interesado CARLOS ÁLVAREZ GARCÍA, toda vez que falleció, para lo cual anexó el extracto de defunción de cuatro de abril del año dos mil doce. Luego, tomando en consideración que este juzgado federal reservó proveer lo conducente respecto al emplazamiento del tercero interesado CARLOS ÁLVAREZ GARCÍA, hasta que obrara en autos su declaración concerniente a la causa penal de origen, en consecuencia se provee: Toda vez que se advierte que el tercero interesado CARLOS ELADIO ÁLVAREZ GARCÍA, quien al parecer es conocido por CARLOS ÁLVAREZ GARCÍA, este último fallecido, se ordena emplazarlo por conducto de la víctima directa, indirecta o potencial a que se refiere la Ley General de Víctimas, en el mismo domicilio que se practicó la diligencia de dieciocho de abril del año en curso. En aras del principio de justicia pronta y expedita, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con fundamento en el acuerdo general conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese exhorto electrónico al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, que se encuentre en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, instruya al Actuario de su adscripción para que se constituya en el domicilio ubicado en calle 13 Poniente, número 1304 (mil trescientos cuatro), colonia Santiago Puebla, Puebla y emplace al tercero interesado tercero interesado CARLOS ELADIO ÁLVAREZ GARCÍA, quien al parecer es conocido por CARLOS ÁLVAREZ GARCÍA, por conducto de la víctima directa, indirecta o potencial a que se refiere la Ley General de Víctimas, corriéndole traslado con copia simple de la demanda, auto admisorio y del presente proveído, para que, si a sus intereses conviene, comparezca al presente juicio de amparo, informándoles la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con treinta y cuatro minutos del veintidós de junio de dos mil dieciocho) y requiriéndole para que en el momento del emplazamiento, o bien dentro del plazo de tres días hábiles siguientes, contado a partir del hábil siguiente a aquél en que esos surtan efectos, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos; con el apercibimiento que, de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, sin ulterior acuerdo se les practicarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo establecido por el numeral 27 de la Ley de Amparo. Solicítese al Juez exhortado que, una vez llevados a cabo los emplazamientos encomendados, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes remita las constancias correspondientes, así como la totalidad de los anexos que se envían para el caso que no pueda llevar a cabo las diligencias encomendadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis VI.2o.P.41 P (10a.), Décima Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, que a su rubro y letra dice: EMPLAZAMIENTO AL JUICIO DE AMPARO Y NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO -EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO-. EN CASO DE FALLECIMIENTO DE ÉSTE, DICHAS DILIGENCIAS PUEDEN ENTENDERSE FORMALMENTE CON LA VÍCTIMA DIRECTA, INDIRECTA O POTENCIAL, A QUE SE REFIERE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, Y NO NECESARIAMENTE CON EL REPRESENTANTE DE LA SUCESIÓN. Si bien el artículo 16 de la Ley de Amparo establece que en caso de fallecimiento del tercero interesado, siempre que lo planteado en el amparo no afecte sus derechos estrictamente personales, será su sucesión la que intervendrá en el juicio, y conforme al Código Civil, ésta es representada por el albacea, lo cierto es que dicho precepto, al pertenecer a un cuerpo de leyes, debe ser entendido a partir de la naturaleza de la controversia que implica el juicio de amparo, así como de una interpretación armónica con el resto de sus disposiciones. En estas condiciones, debe relacionarse con el diverso 5o., fracción III, de la propia ley, en el que se fija quién puede tener el carácter de tercero interesado dentro del juicio de amparo, entre los que prevé a la víctima u ofendido del delito, o quien tenga derecho a la reparación del daño, o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte directamente esa reparación o responsabilidad. En tanto que de los artículos 4 y 6, fracción XIX, de la Ley General de Víctimas, se advierte que hay tres tipos de víctimas: las directas, las indirectas y las potenciales; las primeras son las personas físicas que han sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o, en general, cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos, como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos; en tanto que las segundas, son los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tienen una relación inmediata con ella; y, las terceras, aquellas cuya integridad física o derechos peligran por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. En este contexto, atento a que el Estado ha reconocido a la víctima del delito como un verdadero sujeto procesal y, en consecuencia, le ha reconocido una serie de derechos constitucionales a su favor, por lo que, incluso, ha establecido que por aquélla no debe comprenderse únicamente a quien directamente sufre un daño, por la comisión de un delito, sino que debe ampliarse su concepto a sus familiares, quienes resienten indirectamente esa lesión e, incluso, a aquellos individuos que le prestan su asistencia para impedir o detener la comisión del ilícito, debe estimarse que para efectos del juicio de amparo, la parte tercero interesada, en el caso, la víctima u ofendido del delito, incluye, por disposición de una ley de observación obligatoria en todo el territorio nacional, a las víctimas directas, indirectas y potenciales. Por ende, el emplazamiento al juicio de amparo y la notificación del auto admisorio pueden entenderse formalmente con alguna de esas víctimas, y no necesariamente con el representante de la sucesión. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/3765/2017, ante el Secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe.

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