Edgar Saul Montiel Gómez

Expediente 171/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
171/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
10/05/2021

Partes del expediente

  • Edgar Saul Montiel Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diez de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de trece de abril de dos mil veintiuno, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, se declara que este expediente es susceptible de depuración, toda vez que el cinco de marzo de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión de oficio y de plano a la parte quejosa; por lo que, deberán conservarse solo las constancias relativas a dicha suspensión. ... Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar en el cual se encuentra recluido.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a trece de abril de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso ***, mediante el cual, en atención a la prevención formulada en autos realiza diversas manifestaciones. Asimismo, se toma en consideración la constancia de notificación de seis de marzo del presente año y el escrito registrado con el folio 1706, mediante los cuales cumple con la prevención formulada, por lo que este juzgado esta en aptitud de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo. Desechamiento de la demanda. Es conveniente precisar que de la demanda de amparo se advierte que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos"; asimismo, se advierte que el promovente de amparo señaló como acto reclamado la violación esencial al debido proceso, 240/96, del índice del Juzgado Cuarto Penal para la Defensa Social en el Estado de Puebla de los Ángeles; sin embargo, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes (o solicitudes ajenas al juicio de amparo), para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De ese precepto se sigue la obligación del juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. En efecto, debe decirse que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5 y 107 de la Ley de Amparo, pues se estima que las violaciones anteriormente mencionadas no son susceptibles de combatirse en la presente vía constitucional, por las razones que se vierten a continuación: El artículo 5, 61, fracción XII y 107 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De esos artículos se advierte que el juicio de amparo sólo procederá contra leyes o actos de autoridad que surjan dentro de las relaciones de supra a subordinación entre gobernantes y gobernados, siempre y cuando tales actos o leyes vulneren algún derecho fundamental del particular. Esto es, el juicio de amparo es un medio de control constitucional que tiene por objeto la defensa de los derechos fundamentales de los justiciables cuando éstos se vean afectadas por actos de autoridad. La concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1° de la Ley de Amparo, antes transcritos, preceptos en los que constantemente aparece el término de "leyes o actos de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. En esta tesitura, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los "actos de autoridad"; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado. Ahora, como puede advertirse, el inconforme acude a solicitar el amparo y protección federal contra un hecho genérico que considera inconstitucional, sin precisar un acto concreto de autoridad que ocasione una afectación a sus intereses jurídicos o legítimos; es decir, no se advierte una afectación real y actual en su esfera jurídica. Ello es así, ya que el impetrante no acude a reclamar una violación específica a sus derechos fundamentales, sino a plantear cuestiones de apreciación genéricas sobre el proceso penal que se sigue en su contra; sin embargo, este juzgado federal carece de facultades para regular procedimientos administrativos o procedimientos penales, fuera del juicio de amparo, cuyo objeto, en términos del artículo 1 de la Ley de la Materia, es resolver controversias que se susciten, entre otras, por actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y los derechos humanos otorgados para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Atento a lo anterior, el amparista no refiere un acto de autoridad que requiera un análisis constitucional para determinar la necesidad de la protección federal; pues su reclamo constituye, en su caso, una cuestión subjetiva sobre la forma en que se ha desarrollado el proceso penal seguido en su contra, y en su caso, las violaciones procesales que pudieran surgir durante dicho procedimiento, serán materia del juicio de amparo directo que llegara a interponer cuando se dicte sentencia definitiva, respecto de las cuales este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer. En las relatadas condiciones, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XII, en concordancia con los numerales 5, fracción I y 107, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este Juzgado y la naturaleza del acto (materia penal), en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese; y personalmente al quejoso y a su asesor jurídico.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cinco de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado por Osvaldo Rodríguez Contreras, Defensor Público Federal y asesor jurídico del quejoso Edgar Saúl Montiel Gómez, por el cual pretende subsanar la prevención de cinco de marzo del presente año; sin que haya lugar a tenerla por satisfecha, en virtud de que del escrito de cuenta, se advierte que no se cumplen con los puntos preventivos, puesto que no queda señalado de forma clara cuál es el acto que se pretende reclamar en esta vía constitucional. En efecto, en la prevención formulada por este órgano jurisdiccional el cinco de marzo de dos mil veintiuno, en el primer punto preventivo, se le indicó lo siguiente: "Por lo tanto, el promovente deberá indicar en forma concreta, cuál es el acto u omisión que pretende impugnar en el presente juicio, esto es, si pretende señalar como acto reclamado: -Las actuaciones realizadas en el expediente 240/96; o uno diverso. -Tortura psicológica y malos tratos dentro del centro de reclusión. -Omisión de rendir informe respectivo a la detención de Jesús Carvajal Rosales y Rocío Ramírez Flores, de fecha dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y seis. -Orden de traslado a diverso centro penitenciario.". Ahora bien, en el escrito que en esta oportunidad se atiende, el asesor jurídico del quejoso señala, por una parte, que el acto consiste en la violación al debido proceso 240/96, del Juzgado Cuarto Penal para la Defesa Social en el Estado de Puebla, al llevar más de 24 años en proceso, así como posible traslado, y por otra todas las autoridades anotadas en la presente demanda por tener injerencia en el asunto que nos ocupa. En esa tesitura, este órgano jurisdiccional estima que se señalan los mismos actos que en la demanda inicial, por lo que no se tiene claro y preciso el acto que se pretende reclamar. Asimismo, en el escrito de cuenta, no se indica de manera concreta a que autoridad le atribuye los actos u omisiones que señalan como reclamados, y tampoco se narran los antecedentes de manera clara y cronológica del acto reclamado. De ahí que no se tenga por cumplida la prevención formulada por este juzgado en el auto de referencia. Por tal motivo, hágase del conocimiento a la parte quejosa que subsiste la prevención formulada el cinco de marzo de dos mil veintiuno, por lo cual, el plazo de cinco días concedido continuara computándose a partir de que tenga conocimiento del presente acuerdo y deberá descontarse lo transcurrido hasta la presentación de la promoción que ahora se atiende y en términos del penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Sirviendo de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a. /J. 39/2012 (10a.), que por contradicción de tesis aprobó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo I, página 400, que establece: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Por otro lado, agréguese a los autos el oficio remitido por la Actuaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, a través del cual, comunica el acuerdo de veintinueve de marzo de la presente anualidad, en el que ese órgano jurisdiccional solicita que se le permita la consulta electrónica del presente juicio de amparo, a efecto de mejor proveer en el diverso 267/2021, de su índice. En tal virtud, en cumplimiento a lo anterior y con fundamento en el artículo 26, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se pone a disposición del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo 171/2021, de nuestro índice, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual se instruye al analista jurídico de la adscripción, a fin de que proceda a realizar el trámite respectivo. Lo anterior, vía electrónica hágase del conocimiento de dicho órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y cúmplase en los términos expuestos.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito remitido por********************Defensor Público Federal, mediante el cual acepta y protesta el cargo conferido, para fungir como asesor jurídico del aquí quejoso ********************En ese sentido, se tiene al ocursante aceptando y protestando el cargo conferido, a efecto de que, por su conducto, le sea explicado al quejoso de manera clara, completa y específica los proveídos que emanen de este expediente. En otro orden de ideas, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio del defensor público federal para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito, así como los medios electrónicos que menciona, de conformidad con el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, respecto a su petición, en el sentido de que se autorice al usuario "********************", para acceder al expediente en línea, indíquesele al respecto, tal y como lo establece el segundo párrafo del artículo 35, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, siempre y cuando se realicen con el usuario antes citado y este se encuentre registrado en el Sistema de Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el usuario relativo al nombre del promovente, para lo cual se instruye al analista jurídico de la adscripción, a fin de que proceda a realizar el trámite respectivo. En otro sentido, se ordena agregar a los autos la constancia de notificación de quince de marzo del presente año, de la que se advierte que en atención al requerimiento de doce de los corrientes, el quejoso ********************manifestó lo siguiente: "Sí ratifico el contenido y la firma del escrito que se me pone a la vista." En atención a lo anterior, a las manifestaciones realizadas en la constancia de notificación de seis de marzo del presente año y al escrito registrado con el folio 1706, córrase traslado con copia simple de dichas constancias, al Defensor Público Federal********************en su calidad de asesor jurídico del quejoso en cita, para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo a que su interés convenga, en la inteligencia de que de no hacerlo así, se proveerá lo conducente. Notifíquese; y personalmente al Defensor Público Federal ******************** y cúmplase en los términos expuestos.

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