Edgar Saúl Montiel Gómez

Expediente 60/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 1 actuación registrada, la última del 3 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
60/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
03/02/2021

Partes del expediente

  • Edgar Saúl Montiel Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos la demanda de amparo, promovida por Edgar Saúl Montiel Gómez, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de Morelos y otras autoridades; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 60/2021-VI. Anotaciones Previo acordar sobre la admisión, prevención o desechamiento de la demanda de amparo, es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla y si hubiere alguna irregularidad, deficiencia o improcedencia en ésta, se acordara lo conducente, en ese orden, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, que establece........ Incompetencia De lo anterior, se advierte que el acto reclamado no tuvo, ha tenido o va a tener ejecución en esta ciudad, donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito, sino en el Estado de Morelos, específicamente en el Municipio de Atlacholoaya, Morelos, atendiendo a lo manifestado por el quejoso, por lo que se estima necesario conocer el contenido de los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, que establecen..... ..... En efecto, del análisis del precepto 37 invocado, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo; reglas que se puntualizan a continuación en el orden siguiente: La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el apartado precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. En el último supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera ejecución material, resulta ser competente el juez de Distrito ante quien se hubiese presentado la demanda. Bajo ese tenor, se establece que el Juez de Distrito competente para conocer de una demanda de amparo, lo es aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Al efecto, se estima que en el caso que nos ocupa, es evidente que el acto reclamado de acuerdo a lo anterior tuvo y se está ejecutando en otra ciudad; por tanto, en la especie se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37, de la Ley de Amparo; de ahí que este Juzgado de Distrito estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda planteada. De igual forma, del precepto transcrito se advierte que la intención del legislador es la de establecer la competencia territorial a favor del juez de Distrito en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; aspecto que cobra sentido si se toma en consideración que la finalidad de esta disposición es la de otorgar competencia a aquellos jueces dentro de cuya jurisdicción se vayan a llevar a cabo, se estén realizando o se hayan consumado los actos. La intención referida tiene, además, el propósito de facilitar el desarrollo por parte del juez de Distrito de todas aquellas diligencias relacionadas con el juicio de amparo, que permitan que de una manera más pronta y eficaz se puedan llevar a cabo todos aquellos actos relacionados con la ejecución material de los actos reclamados, que es la que produce una trascendencia efectiva en la esfera jurídica de los gobernados, y que es lo que cobra suma importancia en el juicio de amparo. En ese tenor de ideas; "las violaciones dentro del procedimiento penal dentro del expediente 276/96_2, del índice del Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Atlacholoaya Morelos," está intrínsecamente ligado al domicilio de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, por ser razonablemente el lugar en el que se ejecutó el procedimiento mencionado; asimismo no pasa inadvertido por este Juzgador que el quejoso Edgar Saúl Montiel Gómez, se encuentra privado de su libertad dentro del Centro de Reinserción Social "CERESO MORELOS" en el Estado de Morelos, por lo que es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso. De acuerdo con lo anterior, éste Órgano Jurisdiccional se declara incompetente para conocer de la presente demanda de amparo, con fundamento en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, así como en los Acuerdos Generales 3/2013 y 38/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado, con sede en esta ciudad de Tijuana, Baja California, declina la competencia a favor de cualquiera de los Juzgados de Distrito que tienen residencia en el Estado de Morelos. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por la parte final del segundo párrafo, del artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir todo lo actuado, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Turno, con residencia en Estado de Morelos, por resultar legalmente competente; en razón de que, ante la incompetencia destacada, informe si acepta o no la competencia planteada por este órgano y de considerarlo procedente se pronuncie respecto del conocimiento del presente asunto, al que se solicita el acuse de recibo. Ahora bien, no pasa desapercibido para este Juzgado Federal que la demanda fue promovido a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y remitida a este Órgano Jurisdiccional de forma electrónica, por lo que, es evidente que no es susceptible de estampar una firma autógrafa; sin embargo, conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 6, 9, 10, 11, 14, 16, 42, 43, 44, 45, 46 y 47 todos del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación; las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso o en su caso quién promovió la demanda, deben contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma; y en el particular, no obra signo gráfico, ni se advierte la firma electrónica del promovente. Finalmente, con copia de la papeleta de turno, de la demanda de garantías y un tanto del presente proveído fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Domicilio. La parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en el Centro de Reinserción Social "CERESO MORELOS" en el Poblado de Atlacholoaya, Municipio de Xochitepec, en el Estado de Morelos. Ahora bien, con base en lo dispuesto por el numeral 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, se estima innecesario notificar personalmente el sentido del presente acuerdo, ya que a juicio de este Órgano Jurisdiccional sólo amerita notificarse por lista, con motivo de que será el Juez de Distrito al que le corresponda conocer de la demanda de amparo, en caso de que acepte la competencia planteada, quien le haga del conocimiento a la parte quejosa la radicación del juicio y el sentido del presente acuerdo, o bien, en el supuesto de que no acepte la competencia, entonces este órgano jurisdiccional le hará de su conocimiento el auto que se dicte como consecuencia de ello. Transparencia y digitalización. Al tomar en consideración que en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, comuníquese a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, y a la publicación de sus datos personales, por tal motivo, requiérase a las partes para que en el acto de la notificación de este auto o hasta antes de que se dicte sentencia en el presente juicio, manifiesten expresamente su conformidad con que sus datos personales sean publicados o si se oponen a ello, en el entendido que de no hacer manifestación alguna se entenderá que están conformes con dicha publicación y se procederá a hacer pública la sentencia sin esos datos. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3, 8, 9, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110 fracciones V, X y XI, 113, 117, 118, y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo

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