Edgar Saúl García Cruz y Otros.
Expediente 1365/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1365/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 21/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Gumercindo Joel Cruz Castro o Gumesindo Joel Cruz Castro
- Edgar Saúl García Cruz y Otros.
- Edgar Saúl García Cruz
- Gumercindo Joel Cruz Castro o Gumesindo Joel Cruz Castro y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Estado de los autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte ya transcurrió termino de tres días para que las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto al cumplimiento dado a la sentencia dictada en este juicio de amparo; sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de amparo, se procede a resolver si dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida. Así se tiene, que mediante sentencia terminada de engrosar el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos ahí precisados, y para los efectos siguientes: Dejar insubsistente la resolución de doce de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 113/2014, de su índice. Con libertad de jurisdicción, dictar uno nuevo en el que observe los principios de congruencia y exhaustividad; en consecuencia, analice los agravios expuestos en el recurso de revocación, en específico, el relativo a siconforme (sic) a los artículos 100 a 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, le corresponde pronunciarse sobre los temas relacionados con la ejecución de la sentencia, y si en su caso, tiene la facultad de obligar a los sentenciados a internarse en el centro de reclusión que se indique, y dé respuesta a cada uno de ellos, prescindiendo de introducir aspectos que no se hicieron valer en estos últimos. Toda vez que las partes no se inconformaron, mediante proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Actuaciones o diligencias de cumplimiento. Mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil veintidós, se tuvieron por recibidos los oficios remitidos por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, por virtud de los cuales informó respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; procediéndose a dar vista a la parte quejosa. Así, de dichos oficios se desprende que: Mediante acuerdo de veintitrés de junio del año actual, dejó insubsistente la resolución interlocutoria de doce de noviembre de dos mil veintiuno y la orden de reaprehensión librada; también, ordenó por separado dictar una nueva resolución en relación al recurso de revocación interpuesto por la defensa de los sentenciados, contra el proveído de veinte de octubre de dos mil veintiuno, y remitió las constancias de notificación de las partes. En la misma fecha, pero en diversa actuación, resolvió el recurso de revocación planteado por la parte aquí quejosa, en la que determinó declarar fundado el agravio hecho valer y suficiente para cambiar el sentido del auto recurrido, respecto a que la competencia en materia de ejecución de penas, comprende el conocimiento, trámite y decisión de las cuestiones relativas a la modificación y duración de las penas privativas de libertad que se impongan a los sentenciados del orden federal, corresponde a los Jueces de Distrito Especializados en Ejecución de Penas. Por ello, revocó únicamente la parte relativa del proveído de veinte de octubre de dos mil veintiuno, en la que se le requirió a la parte aquí quejosa, para que dentro del plazo de cinco días, computados legalmente, se internaran en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, a efecto de compurgar la pena de prisión que se les impuso; y se les apercibió que en caso de no cumplir se librará orden de reaprehensión en su contra. En consecuencia a lo anterior, ordenó plantear conflicto competencial ante el Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito en Turno en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, para que sea quien determinara quién debe conocer de la ejecución de las penas de los sentenciados Gumersindo Joel Cruz Castro o Gumesindo Joel Cruz Castro y Edgar Seúl García Cruz; y al efecto remitió las constancias de notificación realizadas a las partes de la resolución en comento. Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada, expedida por autoridad dotada de fe pública en ejercicio de sus funciones. En esas condiciones, como se adelantó, este Juzgado de Distrito procede al estudio de las constancias de autos para determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria. Valoración del cumplimiento al fallo concesorio. Ahora bien, a fin de establecer si la sentencia de amparo se encuentra debidamente cumplida, o bien si hay imposibilidad para cumplirla, debe realizarse el estudio integral bajo los principios de congruencia y exactitud, los cuales obligan a dirimir todo tipo de cuestiones, tomando en consideración las que fueron materia del juicio de amparo, así como las que quedaron intocadas por la propia sentencia ejecutoriada. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia número 2ª./J. 9/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 832, Febrero 2016, Tomo I, registro 2010987, Décima Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." En el caso, con base en las consideraciones antes destacadas, se puede llegar a la conclusión válida de que la sentencia de amparo se encuentra debidamente cumplida, pues es evidente que a los quejosos se le restituyó en el goce del derecho humano violado, restableciéndose las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional. Ello es así, en razón de que la autoridad responsable mediante auto de veintitrés de junio del año en curso dejó insubsistente la resolución de doce de noviembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del proceso penal 113/2014, de su índice; así como la orden de reaprehensión librada en esa misma fecha (doce de noviembre de dos mil veintiuno), comunicándose lo anterior, -el veinticuatro posterior- a la Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, para que dentro del término de veinticuatro horas, gestionara la cancelación de la ejecución de la orden de reaprehensión librada. Asimismo, la autoridad responsable en la misma fecha, emitió resolución con libertad de jurisdicción, observando los principios de congruencia y exhaustividad, en la que analizó los agravios expuestos en el recurso de revocación, y con libertad de jurisdicción declaró fundado el agravio hecho valer, en el sentido que la competencia en materia de ejecución de penas, comprende el conocimiento, trámite y decisión de las cuestiones relativas a la modificación y duración de las penas privativas de libertad que se impongan a los sentenciados del orden federal, corresponde a los Jueces de Distrito Especializados en Ejecución de Penas. Por ello, revocó únicamente la parte relativa del proveído de veinte de octubre de dos mil veintiuno, en la que se le requirió a la parte aquí quejosa, para que dentro del plazo de cinco días, computados legalmente, se internaran en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, a efecto de compurgar la pena de prisión que se les impuso; y se les apercibió que en caso de no cumplir se librará orden de reaprehensión en su contra. En consecuencia a lo anterior, ordenó plantear conflicto competencial ante el Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito en Turno en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, para que sea quien determinara quién debe conocer de la ejecución de las penas de los sentenciados Gumersindo Joel Cruz Castro o Gumesindo Joel Cruz Castro y Edgar Seúl García Cruz; y al efecto remitió las constancias de notificación realizadas a las partes de la resolución en comento. Consecuentemente, con base en lo informado por la autoridad responsable, es evidente que a la parte solicitante de amparo se le restituyó en el goce de las garantías violadas, restableciéndose las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional. En tales condiciones, resulta patente para este órgano de control constitucional, que se ha dado debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo en estudio, sin exceso, ni defecto, conforme lo establecido en el párrafo tercero del normativo 196 de la ley de la materia. Gírese oficio a la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales procedentes Asimismo, con fundamento en el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada para que dentro del término de quince días, manifieste lo que a su interés corresponda, en la inteligencia de que en caso de no hacerlo, esta resolución se tendrá por consentida y se ordenará el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. Efectúense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Se autoriza al Secretario y Actuario Judicial de la adscripción a firmar los oficios que deriven del presente acuerdo. Finalmente, glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de la Secretaria encargada del despacho del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, mediante el cual comunica lo proveído el veinte de julio del año en curso, dictado en el proceso penal 113/2014, de su estadística; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar, en virtud de lo proveído en los párrafos que antecede. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguense a los presentes autos para los efectos legales conducentes, los oficios signados por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, mediante los cuales informa respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en éste juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido de los oficios de cuenta y anexos, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, procederá al estudio del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con base en las constancias que obran en autos. Sirve de apoyo, la tesis, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en la página 832, Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA.". Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo, que por una parte sobreseyó en el juicio y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, no obstante estar debidamente notificadas para ello; por ende, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia, para todos los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 párrafos segundo y tercero de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire, requiérase a las autoridades responsables Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, del XIII Circuito con Sede en el Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al que quede legalmente notificado, justifique haber dado cumplimiento al fallo protector, en su defecto comunique las medidas que adopte con tal finalidad, o el impedimento legal que tengan para hacerlo. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que el informe que rindan deberá acompañar las copias certificadas de las constancias que acrediten fehacientemente su cumplimiento. Apercibida, de no cumplir o informar el impedimento legal o material para cumplir lo solicitado, con fundamento en el artículo 192, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cien días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto en el cual se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al siguiente de su publicación, equivalente a nueve mil seiscientos veintidós pesos, cero centavos ($9,622.00) moneda nacional, conforme a la publicación de ocho de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Asimismo, se continuará con el trámite previsto en el numeral 192, párrafo segundo, citado, esto es, la apertura del incidente de inejecución de sentencia y remisión de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, quien de estimarlo necesario, provea sobre la separación inmediata de su respectivo cargo y su consignación al Juez de Distrito que corresponda, por desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad, en términos del normativo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Al respecto, sirve de apoyo la Jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Se autoriza al Secretario y/o Actuario judicial adscrito a firmar los oficios que deriven del presente asunto. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 1365/2021; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 6 a 29), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, turnado al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, *** solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y, por el acto que se precisan a continuación: "(.) IV.- AUTORIDADES RESPONSABLES. - En su carácter de ordenadoras señalamos a las siguientes autoridades: 1.- Al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, del XIII circuito con sede en el Estado de Oaxaca, [.]; y 2. Al Juez Segundo de Distrito Especializado en de (sic) Ejecución de penas con sede en la ciudad de México. [.] En su carácter de Ejecutoras señalamos a las siguientes autoridades: 1.- DELEGADO REGIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN EL ESTADO DE OAXACA. [.] 2.- ENCARGADO DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CON SEDE EN HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. 3.- COORDINADOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA. [.] 4- COMANDANTE O TITULAR Y/O ENCARGADO DE LA COMANDANCIA DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, EN PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAXACA. V.- ACTOS RECLAMADOS. - DE LAS ORDENADORAS SEÑALAMOS: 1.- Al Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México le reclamo la determinación emitida el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en la que determino que se encontraba imposibilitado para iniciar el procedimiento de ejecución de la pena de prisión que nos fue impuesta, en la causa penal ***, porque se incumplió con el requisito necesario de dejarnos a su disposición interno en un centro penitenciario y que haya devuelto al juez segundo de distrito las constancias que fueron remitidas para tal efecto. 2.- Del juez segundo de distrito del XIII circuito con sede en san Bartolo Coyotepec, Oaxaca., (sic) le reclamamos la resolución dictada el doce de noviembre del dos mil veintiuno, en la que declaro infundado el recurso de revocación interpuesto por nuestro defensor público Federal en contra de auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 113/2014, de su índice. Y en la que en su confirmación reitero que a efecto de iniciar el procedimiento de ejecución de la pena privativa de libertad ante el juez especializado; nos requirió para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir de su legal notificación, nos internemos en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, a efecto de que compurguen la pena de prisión que se nos impuso; bajo apercibimiento que en caso de no cumplir se libraría orden de reaprehensión en nuestra contra. 3.- La ilegal Orden de reaprehensión, que haya ordenado el C. Juez Segundo de Distrito del XIII circuito con sede en san Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en nuestra contra con motivo de la resolución de doce de noviembre del año en curso, mediante la cual confirmó el proveído de veinte de octubre del años dos mil veintiuno, en la que se nos apercibió que de no internarnos voluntariamente en cinco días en el centro penitenciario varonil de Tanivet, Oaxaca., se ordenaría nuestra aprehensión. [.] DE LAS ORDENADORAS 1.- DELEGADO REGIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN EL ESTADO DE OAXACA 2.- ENCARGADO DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CON SEDE EN HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. 3.- COORDINADOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA. 4- (sic) COMANDANTE O TITULAR Y/O ENCARGADO DE LA COMANDANCIA DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, EN PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAXACA., SEÑALAMOS: La ejecución material de la orden de reaprehensión que se haya librado en nuestra contra en el proceso penal 113/2014, por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca., con la que de manera ilegal pretenden privarnos de la libertad para ser puestos a disposición de esa autoridad internos en un centro penitenciario. (.)" SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa estableció los antecedentes del acto reclamado; y manifestó como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 1, 2, 14, 16, 18 y 20, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 12). TERCERO. Admisión de la demanda y Trámite. Por auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca radicó la demanda de amparo bajo el número de expediente 1436/2021; y se declaró legalmente incompetente por haber sido señalado como autoridad responsable (fojas 30 a 32). Por ello, mediante proveído de veinte de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 36 a 40), se recibió en este órgano jurisdiccional y se determinó aceptar la competencia legal, radicándose el asunto bajo el número 1365/2021; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (foja 50); mediante proveído de diecinueve de enero de dos mil veintidós (fojas 84 a 86), se ordenó emplazar al tercero interesado agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, lo que aconteció el veinticinco siguiente (foja 88), y finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Cita para audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede, conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, ya que los actos tendrían ejecución en la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, previo a determinar la existencia o inexistencia de los actos reclamados, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio constitucional. Atento a lo anterior, de la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente asunto, se desprende que los quejosos, en esencia, reclaman: Del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, del Decimotercer Circuito con sede en San Bartolo Coyotepec: La resolución dictada el doce de noviembre del dos mil veintiuno, en la que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto en contra de auto de veinte de octubre del citado año, dictado en la causa penal ***, de su índice; en la que reiteró que a efecto de iniciar el procedimiento de ejecución de la pena privativa de libertad ante el juez especializado, requirió a los quejosos para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir de su legal notificación, se internaran en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca; bajo apercibimiento que de no cumplir se libraría orden de reaprehensión en su contra. La orden de reaprehensión dictada en su contra, con motivo de la resolución de doce de noviembre de dos mil veintiuno, mediante la cual confirmó el proveído de veinte de octubre del citado año, en la que se les apercibió que de no internarse voluntariamente, dentro del término de cinco días en el centro penitenciario varonil de Tanivet, Oaxaca, se ordenaría su reaprehensión. Del Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas con sede en la Ciudad de México: La determinación emitida el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, dentro del SIPE 20/2021, en la que concluyó que se encontraba imposibilitado para iniciar el procedimiento de ejecución de la pena de prisión que les fue impuesta, en la causa penal ***, porque se incumplió con el requisito de dejarlos a su disposición internos en un centro penitenciario. Del Delegado Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal en el Estado de Oaxaca; del encargado de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal con sede en Huajuapan de León, Oaxaca; del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; y del Agente Estatal de Investigaciones Encargado del Servicio, residente en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca -en su denominación correcta-: La ejecución material de la orden de reaprehensión librada en su contra, el doce de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal ***, emitida por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, del Decimotercer Circuito con sede en San Bartolo Coyotepec, Juez Segundo de Distrito Especializado en de Ejecución de Penas con sede en la Ciudad de México, así como al Delegado Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal en el Estado de Oaxaca; pues al rendir su respectivo informe justificado aceptaron la existencia de los actos que se les reclama (fojas 52 a 54; 56 a 64; y, 81 y 82). Lo que se corrobora con las documentales remitidas por las autoridades judiciales responsables consistente en copia certificada de diversas constancias deducidas de la causa penal ***, del índice del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, del Decimotercer Circuito con sede en San Bartolo Coyotepec, así como del SIPE ***, del índice del Juez Segundo de Distrito Especializado en de Ejecución de penas con sede en la ciudad de México, que obran por separado; constancias que tienen valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por su parte, las autoridades responsables Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y Agente Estatal de Investigaciones Encargado del Servicio, residente en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos que se les reclama (fojas 55 y 74); sin embargo, al haber convenido en la existencia del acto reclamado por parte la autoridad jurisdiccional, en cualquier momento se les puede solicitar el cumplimiento de la orden de reaprehensión, de doce de noviembre de dos mil veintiuno, emitida en la causa penal 113/2014, del índice del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, del Decimotercer Circuito con sede en San Bartolo Coyotepec, por tanto, deben tenerse por ciertos los actos que se les reclaman. Finalmente, como se vio en la audiencia constitucional que antecede, el encargado de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante encontrarse debidamente notificado; por tanto, en términos del artículo 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Es pertinente conocer los antecedentes más relevantes del presente asunto, los cuales se advierten del contenido de los autos de la causa penal 113/2014 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, del Decimotercer Circuito con sede en San Bartolo Coyotepec, y del diverso SIPE 20/2021, del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en de Ejecución de penas con sede en la ciudad de México, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°, de los cuales se desprende lo siguiente: Sentencia. El catorce de agosto de dos mil veinte, el juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, dictó sentencia en la causa penal ***, de su índice (fojas 1 a 64, del anexo de pruebas tomo II, que obra por cuerda separada), en la que: Tuvo a ***, como plenamente responsables en la comisión de los delitos ahí señalados. Les impuso a cada uno, la pena de seis años de prisión y doscientos cincuenta días multa, equivalente a quince mil novecientos cuarenta y dos pesos, cincuenta centavos M.N. ($15,942.52). Negó concederles los beneficios de la sustitución de la pena de prisión, por trabajo a favor de la comunidad o semilibertad, tratamiento de libertad, multa, tampoco el beneficio suspensivo de la ejecución de ambas sanciones, prisión y multa, consistente en la condena condicional. 2.- Recurso de Apelación. Inconforme con dicha resolución, los sentenciados interpusieron recurso de apelación, que se radicó bajo el toca penal ***, del índice del Segundo Tribunal Unitario del Decimotercer Circuito, en este circuito; se resolvió el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, en el sentido de modificar la sentencia dictada el catorce de agosto de dos mil veinte (fojas 66 a 138 del anexo de pruebas tomo II, que obra por cuerda separada). 3.- Primer requerimiento para cumplir la pena. En proveído de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, el juez Segundo de Distrito en el Estado requirió, por primera vez, a los quejosos para que dentro del plazo de cinco días se internaran de manera voluntaria en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, a fin de cumplir con la pena de prisión impuesta (fojas 139 a 142, del anexo de pruebas tomo II, que obra por cuerda separada). 4.- Amparo directo. Por escrito de tres de febrero de dos mil veintiuno, la defensora Pública Federal adscrita al Segundo Tribunal Unitario del Decimotercer Circuito presentó demanda de amparo directo contra la sentencia de apelación dictada por dicho tribunal el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, que se remitió al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, quien lo radicó bajo el número *** (fojas 144 a 155, del anexo de pruebas tomo II, que obra por cuerda separada). En ejecutoria de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, el citado Tribunal Colegiado de Circuito, negó el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos (fojas 170 a 275, del anexo de pruebas tomo II, que obra por cuerda separada). 5.- Determinación del Juez de Ejecución de Sentencias. Mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, entre otras cosas, remitió copia certificada de la sentencia dictada en la causa penal 113/2014, de su índice, así como de la resolución de alzada, al Juez de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con residencia en la Ciudad de México, quien en términos de la ejecutoria recibida es quien conocería del procedimiento de ejecución de la pena impuesta (fojas 139 a 142, del anexo de pruebas tomo II, que obra por cuerda separada). Recibidas las constancias, mediante proveído de diecinueve de febrero de esa misma anualidad, el Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, residente en la Ciudad de México, a quien por turno le correspondió conocer del asunto, determinó que carecía de competencia para conocer del asunto, pues se encontraba jurídicamente imposibilitado para llevar a cabo el trámite del procedimiento de ejecución de pena privativa de libertad impuesta a Gumersindo Joel Cruz Castro o Gumesindo Joel Cruz Castro, al no encontrarse privado de su libertada en algún centro carcelario (fojas 155 a 157, del anexo de pruebas tomo I, que obra por cuerda separada), si bien en esa oportunidad únicamente hizo pronunciamiento respecto a dicho sentenciado, posteriormente, en auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, el citado Juzgado precisó que las consideraciones asentadas en proveído de diecinueve de febrero de ese mismo año, debían regir también para diverso encausado Edgar Saúl García Cruz (foja 164, del anexo de pruebas tomo I, que obra por cuerda separada). 6.- Segundo requerimiento para cumplir la pena. Mediante proveído de veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, recibió la ejecutoria dictada en el referido amparo directo 48/2021; en consecuencia, en el citado proveído requirió a los sentenciados -aquí quejosos- para que dentro del plazo de cinco días se internaran de manera voluntaria en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, a fin de cumplir con la pena de prisión impuesta (fojas 276 a 278, del anexo de pruebas tomo II, que obra por cuerda separada). 7.- Recurso de Revocación. Inconforme con lo anterior, la defensora Pública Federal interpuso recurso de revocación contra el proveído señalado en el párrafo anterior, el cual se resolvió el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en el sentido de declararlo infundado (fojas 286 a 290; 300 a 305, del anexo de pruebas tomo II, que obra por cuerda separada). En consecuencia, el mismo doce de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 113/2014, del índice de la autoridad responsable, se ordenó la reaprehensión de los aquí quejosos. Los actos descritos en los apartados 5 y 7, constituyen los actos reclamados en este juicio de amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, es necesario analizar la causa de improcedencia o sobreseimiento que hagan valer las partes o que de oficio se advierta, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto al acto reclamado al Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas con sede en la ciudad de México, consistente en la determinación emitida el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, dentro del SIPE ***, en la que concluyó que se encontraba imposibilitado para iniciar el procedimiento de ejecución de la pena de prisión que les fue impuesta, en la causa penal 113/2014, porque se incumplió con el requisito de dejarlos a su disposición internos en un centro penitenciario; se considera les sobreviene la causa de improcedencia relativa a que cesaron sus efectos por sustitución procesal. Dicha causa de improcedencia, se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] Así, de la interpretación de la improcedencia citada se obtiene que ésta puede actualizarse bajo dos supuestos, a saber: a) Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación); y, b) Cuando se actualiza la sustitución de actos procesales, que consiste en la dependencia de una actuación de otra, por la relación que guardan entre sí, de manera que la resolución del segundo acto deja sin efectos el acto previo; es decir, el segundo acto en realidad sustituye al primero y rige en lo sucesivo la situación procesal decidida (sustitución). En ese orden de ideas, conviene recordar que el procedimiento jurisdiccional se conforma por una serie de trámites y actos procesales concatenados entre sí, en donde la existencia de uno es la base para la emisión de otro posterior, por lo que cada nuevo acto que se relaciona con el anterior, en su caso, lo sustituye procesalmente y le da firmeza. Luego, cuando el gobernado controvierte, a través de la instancia constitucional, una determinación pronunciada por una autoridad jurisdiccional, y ese acto es sustituido por otro, ya sea porque fue recurrido y se emitió otro que lo modificó, revocó o confirmó, o bien, porque en virtud del trámite del procedimiento se dictó uno nuevo que incidió en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia de que se trata. En el caso que nos ocupa, la determinación que resolvió el recurso de revocación el doce de noviembre de dos mil veintiuno, incidió en la vigencia y ejecutividad del diverso acto que ahora reclama la parte quejosa, lo que impide en este juicio de amparo resolver sobre las primigenias sin afectar la nueva resolución que las sustituyó, ya que sería en su caso esa nueva determinación y no la impugnada, la que debe ser combatida a través del juicio de amparo, pues este análisis de control constitucional no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; aunado a que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos. Lo anterior, conduce a concluir que los actos reclamados materia de este considerando, no pueden ser motivo de análisis en este juicio constitucional, toda vez que, cesaron en sus efectos por sustitución procesal, con motivo de la resolución de doce de noviembre de dos mil veintiuno que resolvió el recurso de revocación planteado. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio respecto a los actos materia de este considerando, con base en el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento. Sirve de apoyo a la anterior determinación, el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1492, Tomo XXX, Diciembre de 2009, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." También, la tesis I.3o.C.769 C del mencionado órgano colegiado, misma que se localiza en la página 1492 del tomo XXX, diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." Como en el caso no existe diversa causa de improcedencia que se haga valer ni la suscrita advierte ninguna, se procede al análisis de los motivos de inconformidad hechos valer. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo no se transcriben por no ser necesario, ya que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad es suficiente que se le dé respuesta a los argumentos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado. En los conceptos de violación los quejosos manifiestan: La resolución reclamada se encuentra indebidamente fundada y motivada, toda vez que no atiende y resuelve los motivos de inconformidad hechos valer en vía de revocación; en ese sentido señalan que los artículos 100, 101 y 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no facultan al Juez de instancia, para que previo al inicio del procedimiento de Ejecución los requiera para internarse en un centro penitenciario. Arguyen que, el Juez de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, en turno, con residencia en la Ciudad de México, son los competentes para conocer de la ejecución de la sentencia condenatoria dictada en la causa penal 113/2014. Abundan en que la responsable no atiende y resuelve el segundo motivo de inconformidad hecho valer en vía de revocación en contra del proveído de veinte de octubre del año en curso, dado que no se pronunció respecto a los beneficios preliberacionales que proceden a su favor. Así, en esencia, señalan que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que al resolver el recurso de revocación omitió dar respuesta a de los agravios que expusieron. Los argumentos antes expuestos resultan fundados, aunque suplidos en su deficiencia, en términos de lo dispuesto el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Con la finalidad de justificar tal aseveración, es necesario exponer algunas consideraciones respecto a los principios de congruencia y exhaustividad, que como requisitos sustanciales o de fondo deben observar los tribunales al resolver una controversia. El principio de congruencia obliga al órgano jurisdiccional a resolver de acuerdo a lo solicitado y probado, lo que le impide ocuparse de cuestiones que no hubiesen sido planteadas por las partes, ya que son éstas quienes someten a la decisión del tribunal, la validez jurídica de las razones de su pretensión. Lo anterior implica que el fallo no contenga más, menos o algo distinto a lo pedido por las partes. Dicho principio implica que las resoluciones deben responder los planteamientos que proponen las partes y guardar una coherencia interna en sus argumentos. A su vez, la exhaustividad consiste en el agotamiento del estudio, por parte del órgano jurisdiccional, de todas y cada una de las cuestiones que las partes han puesto a su consideración para la resolución del caso concreto. Cabe añadir que dichos principios encuentran su fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consagra a favor de todo gobernado, el derecho fundamental a que se le administre justicia de manera completa. En suma, los principios de exhaustividad y congruencia en términos generales implican que se atienda o agote todo lo pedido y que exista relación y coherencia entre lo pedido y lo resuelto. Por su parte, los artículos 94, 361 y 362 del Código Federal de Procedimientos Penales, disponen: Artículo 94.- Las resoluciones judiciales son: sentencias, si terminan la instancia resolviendo el asunto en lo principal; y autos, en cualquier otro caso. Toda resolución deberá ser fundada y motivada, expresará la fecha en que se pronuncie y se redactará en forma clara, precisa y congruente con la promoción o actuación procesal que la origine. Toda resolución deberá cumplirse o ejecutarse en sus términos. Artículo 361.- Solamente los autos contra los cuales no se conceda por este Código el recurso de apelación, serán revocables por el tribunal que los dictó. También lo serán las resoluciones que se dicten en segunda instancia antes de la sentencia. Artículo 362.- El plazo para interponer el recurso de revocación y ofrecer pruebas será de cinco días, contados a partir de que surta efectos la notificación de la resolución que se impugna. El tribunal resolverá el recurso oyendo a las partes en una audiencia que se efectuará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación que se haga a la parte que no interpuso el recurso, acerca de la admisión de éste. En la audiencia se desahogarán las pruebas ofrecidas, se escuchará a las partes y se dictará resolución, contra la que no procede recurso alguno. Si no es posible que en esa audiencia concluya el desahogo de pruebas, el juez podrá convocar, por una sola vez, a otra audiencia. El artículo 94 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que los Tribunales deben pronunciarse respecto de todas las consideraciones que les sean planteadas por las partes. Los diversos numerales señalan que solamente los autos contra los que no se conceda el recurso de apelación, podrán ser revocados por el Tribunal que los dictó; que la revocación procederá a instancia de parte; que ésta debe pedirse dentro de los cinco días siguientes contados a partir de que surta efectos la notificación de la resolución que se impugna; y que interpuesto el recurso, el Tribunal lo resolverá oyendo a las partes en una audiencia que se efectuará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación que se haga a la parte que no interpuso el recurso, acerca de la admisión de éste, y en ella dictará su resolución (que podrá modificarla o revocarla). En ese tenor, se colige que en los casos en que se interponga un recurso de revocación dentro de un procedimiento penal, el juzgador se encuentra conminado a examinar los argumentos expuestos por la parte recurrente en el escrito relativo y, con base en ellos, resolverlo de plano o en audiencia. En el caso, como se puntualizó en el apartado de antecedentes, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante proveído de veinte de octubre de dos mil veintiuno, requirió a los sentenciados para que dentro del plazo de cinco días se internaran voluntariamente en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, con la finalidad de iniciar el procedimiento de ejecución de la pena privativa de libertad ante el juez de ejecución; al respecto sostuvo: En consideración a que en la sentencia de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal 48/2020 de la estadística del Segundo Tribunal Unitario del Decimotercer Circuito, ordenó remitir las constancias conducentes al Juez de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con residencia en la Ciudad de México (en turno), para que este conozca del procedimiento de ejecución de la pena de prisión impuesta, condicionó el inicio del procedimiento de ejecución de pena, a que se internaran en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, a efecto de que compurguen la pena de prisión que se les impuso; bajo el apercibimiento que en caso de no cumplir se libraría orden de reaprehensión en su contra. Los requirió nuevamente para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de su legal notificación, enteraran cada uno la cantidad de doscientos cincuenta días de multa, a la que fueron condenados; apercibidos que no hacerlo la autoridad hacendaria efectuaría su cobro mediante el procedimiento económico-coactivo. Libró oficio al Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional, para hacerle del conocimiento que suspendió a los sentenciados en el ejercicio de sus derechos políticos y civiles por un lapso de nueve meses veinte días. Puso a los sentenciados a disposición de la autoridad Sanitaria Federal, para que les aplique el tratamiento correspondiente, en relación con la toxicomanía que padecen. Ordenó que se continuaran las acciones tendentes al aprovechamiento lícito o incineración del narcótico y objetos afectos en la causa penal. Giró oficio al Director General del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, para que procediera conforme a sus atribuciones respecto a la cantidad que se encuentra depositada a nombre del entonces Servicio de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados, por haberse decretado su decomiso en la causa penal. En oposición a tal determinación, la defensora pública de los sentenciados, presentó un escrito por el cual interpuso recurso de revocación, en el que expresó entre los agravios, esencialmente como se expone a continuación: En el primer agravio señaló que causa perjuicio que el juez de Distrito en el acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintiuno, requiriera a los sentenciados, para que dentro del plazo de cinco días se internen voluntariamente en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, porque citó diversos preceptos del Código Federal de Procedimientos Penales, sin embargo, esos no son aplicables, ya que los que corresponden son los diversos 100, 101 y 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que de conformidad con esos preceptos legales carece de competencia legal para emitir el auto impugnado, pues es competencia del Juez de Ejecución competente. Por cuanto hace al segundo agravio, expuso que para el caso que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, se considere competente para ejecutar la sentencia dictada en la causa penal 113/2014, debe pronunciarse sobre la extinción de la pena impuesta, pues cumplen con las hipótesis establecidas en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Al respecto, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, al resolver el recurso de revocación interpuesto, determinó lo siguiente: Se actualiza una delimitación expresa sobre la competencia que corresponde a los Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas, quienes sólo podrán conocer cuestiones que susciten posteriores al dictado de sentencia ejecutoria que imponga pena privativa de libertad y ameriten decisión jurisdiccional. No le asiste la razón al Defensor Público Federal, dado que el Juez de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, en turno, con residencia en la Ciudad de México, es el competente para conocer de la ejecución de la sentencia condenatoria dictada en los autos de la causa penal 113/2014. Dado que ya fue resuelto el juicio de amparo directo 48/2021, en el que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a GUMERSINDO JOEL CRUZ CASTRO o GUMESINDO JOEL CRUZ CASTRO y EDGAR SAÚL GARCIA CRUZ, contra el acto reclamado al Segundo Tribunal Unitario del propio Circuito, consistente en la sentencia de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal 48/2020 de su índice, que modificó la sentencia condenatoria de catorce de agosto de dos mil veinte, dictada por este juzgado; aunado a que a dichos enjuiciados, no se les concedió beneficios de sustitución de la pena de prisión y de la condena condicional, previstos en los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal; y que éstos se encuentran en libertad; consideró que a efecto de iniciar el procedimiento de ejecución de la pena privativa de libertad ante el juez especializado, los requirió para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir de su legal notificación, se internaran en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, a efecto de que compurguen la pena de prisión que se les impuso; bajo apercibimiento que en caso de no cumplir libraría orden de reaprehensión en su contra. Por ello, concluyó que no había lugar a revocar el auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, por ende, lo declaró firme. La anterior determinación desatendió en perjuicio de los aquí quejosos, los principios de congruencia y exhaustividad. Es así, en razón que de su contenido se aprecia que se omitió dar respuesta al primer agravio formulado por los recurrentes en el sentido que conforme a artículos 100, 101 y 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, carece de competencia legal para emitir el auto impugnado, pues aquella recae en el Juez de Ejecución competente; toda vez que el citado 102 señala expresamente el caso concreto, dado que se encuentran en libertad, y se dictó una sentencia condenatoria sin otorgamiento de algún sustitutivo penal. Argumento que no fue analizado en la resolución reclamada, ya que no se emitió consideración en torno a por qué esos preceptos no resultaban aplicables al caso; es decir no se expresó algún razonamiento para justificar por qué a pesar de que los quejosos se encuentran en libertad y con una sentencia condenatoria que no les otorgó algún sustitutivo penal, es decir, por qué no se actualizaba la aplicación de los preceptos invocados por los inconformes en el agravio primero. Lo anterior era relevante en tanto que en ese agravio el planteamiento central de los recurrentes fue que no correspondía al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, actuando como juez de instancia, requerirles para que se internaran en un centro penitenciario a fin de compurgar la pena, ya que ese específico requerimiento contraría el procedimiento de ejecución previsto en los aludidos numerales que, en todo caso, a quien facultan es al juez de ejecución. Argumento que, se insiste, no fue atendido por el juez responsable. De igual forma, en la resolución reclamada se señaló que los Jueces de Distrito Especializados en Ejecución de Penas, en la ciudad de México, son los competentes para conocer de la ejecución de la sentencia condenatoria en la causa penal 113/2014, destacando que los Jueces de Distrito de los Centros de Justicia Penal Federal tienen competencia para ejercer funciones de ejecución de sanciones penales; sin embargo, se puntualizó que dicha competencia se surte solo respecto de sanciones penales impuestas en los procedimientos penales que se tramitan y resuelven en el centro de su adscripción; por lo que no podía ser competente el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, ya sea en funciones de Juez de Ejecución, o como Juez de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca. No obstante , se aprecia que con dicha consideración no atendió lo realmente planteado por los recurrentes, quienes en momento alguno hicieron valer que la competencia recaía en el Juez de Ejecución de Oaxaca; habida cuenta que de lo que se dolieron fue justamente de la falta de competencia del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca -como juez de instancia- para exigirles su internamiento en un centro de reclusión, porque en su perspectiva, conforme a los artículos 100 a 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a quien corresponde pronunciarse sobre los temas relacionados con la ejecución de la sentencia, es a un Juez de Ejecución Penal. Así, se advierte que el juez responsable centró de forma incorrecta la Litis planteada, porque no radicaba en la competencia de un Juez del Centro de Justicia de Oaxaca; sino que lo señalado se enderezó respecto a la ilegalidad de emitir la orden de internamiento, ya que los recurrentes señalaron que todo lo relativo a la ejecución de pena, conforme a los citados dispositivos legales de la ley especializada que rige a la materia de ejecución de la pena, corresponde a un Juez de Ejecución Penal y no a uno de instancia; es decir, de modo alguno fundó y motivó por qué a efecto de iniciar el procedimiento de ejecución es necesario que el juez de instancia obligue a los sentenciados a internarse, así como la normativa aplicable al caso concreto. Lo anterior resulta trascendente porque -como se anticipó- el juzgador se encuentra obligado a pronunciarse respecto de todas las consideraciones que les sean planteadas por las partes, es decir, debe exponer invariablemente los razonamientos en que apoya sus determinaciones para declarar fundados o infundados los agravios que se le hagan valer. Además, las resoluciones que el Tribunal dicte deben ser congruentes en sí mismas, no solo en el sentido de no contener afirmaciones que se contradigan entre sí (congruencia interna), sino también al resolver la litis, tal y como quedó formulada (congruencia externa), de lo contrario se vulnera el aludido principio y se deja en estado de indefensión a las partes. Orienta el criterio anterior, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible a página 437, Tomo XV, Junio de 2002, Materia Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, OMISIÓN DEL ESTUDIO TOTAL DE LOS. IMPLICA VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. Es violatoria de garantías la sentencia mediante la cual la autoridad responsable no da contestación a los agravios o a la totalidad de los mismos sometidos a su consideración, dado que ello es contrario a una técnica jurídica procesal adecuada, la que obliga a exponer invariablemente los razonamientos en que una autoridad apoya sus determinaciones para declarar fundados o infundados los agravios que le son invocados, de manera que la sentencia que no se apega a esto desatiende el derecho de petición y la garantía de audiencia tutelados por los artículos 8o. y 14 constitucionales." Asimismo, la jurisprudencia número I.1º.A. J/9, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 764, del tomo VIII, correspondiente al mes de agosto de 1998, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos." Por todo lo anterior, queda evidenciado que la autoridad responsable vulneró en perjuicio de los quejosos los principios de exhaustividad y congruencia mencionados. En ese sentido, como no compete a este Juzgado Federal subsanar las irregularidades que se señalan, pues de hacerlo implicaría tratar de perfeccionar dicho acto y sustituirse en las facultades que son exclusivas de la autoridad responsable, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos, contra el acto reclamado al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, consistente en el acuerdo de cinco de abril de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente 113/2014. Consecuentemente, de conformidad con lo estipulado por el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, deberá realizar lo siguiente: a) Dejar insubsistente la resolución de doce de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 113/2014, de su índice. b) Con libertad de jurisdicción, dictar uno nuevo en el que observe los principios de congruencia y exhaustividad; en consecuencia, analice los agravios expuestos en el recurso de revocación, en específico, el relativo a siconforme a los artículos 100 a 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, le corresponde pronunciarse sobre los temas relacionados con la ejecución de la sentencia, y si en su caso, tiene la facultad de obligar a los sentenciados a internarse en el centro de reclusión que se indique, y dé respuesta a cada uno de ellos, prescindiendo de introducir aspectos que no se hicieron valer en estos últimos. La concesión del amparo se hace extensiva al diverso acto consistente la orden de reaprehensión dictada en su contra de doce de noviembre del año en curso, en razón de que no se reclamó por vicios propios, sino como consecuencia derivada de la resolución reclamada a la autoridad jurisdiccional, como se ha expuesto en párrafos que anteceden. Se autoriza al secretario y/o actuario judicial para que firme los oficios que deriven de la presente sentencia. Por lo expuesto y considerado y, con apoyo además en los artículos 65, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***, respecto del acto reclamado, por los motivos expuestos en el considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ** o *** y ***, respecto del acto reclamado y autoridad precisada en el considerando segundo, y por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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