Edgar Santos Mejía
Expediente 304/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 304/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/05/2021
Partes del expediente
- Edgar Santos Mejía
- Silvestre Haro Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, seis de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, pues se trata de un expediente el cual se desechó la demanda de amparo..
- Principal
Toluca, Estado de México, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Y REGISTRO Vista la demanda que promueven ***con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 304/2021-II-D. DESECHAMIENTO Del estudio integral del escrito de demanda, se aprecia que los quejosos señalan como autoridades responsables: Secretaria de Gobernación Secretario o Titular de Prevención y Readaptación Social. Coordinador General de Centros Federales Secretario o Titular de Seguridad (Secretaría de Protección Ciudadana). Titular o Director del Centro Federal de Readaptación Social Uno "Altiplano". Director de Seguridad y Titular de las Áreas de Guardia y Custodia. Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Fiscal General de la República. Fiscal General del Estado de México. General Secretario de la Defensa Nacional. Almirante Secretario de Marina. Secretario Titular de la Guardia Nacional. Comandante en Jefe de la Policía Federal Ministerial. Director Operativo de Grupos Especiales o Unidad de Traslados de Centros Federales. Director General de Ejecución de Sanciones y Traslados de la Coordinación General del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Miembros que componen el Consejo Técnico interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Uno Altiplano, en Toluca Estado de México. De quienes reclaman: " La orden de traslados de los quejosos del CEFERESO #1 "Altiplano" ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez en el Estado de México a otro centro Federal fuera de la Jurisdicción Territorial del Estado de México, lo que conllevaría a la restricción total a los límites de una estancia, la negativa a recibir visita familiar e íntima, la negativa a recibir y realizar llamadas telefónicas a mis familiares, a recibir mis alimentos fríos dentro de la estancia, la negativa de participar en las actividades programadas para mi readaptación social, así como sembrar el temor fundado de ser objeto de tratos crueles e inhumanos como el recibir golpes y amenazas que lesionen la integridad física de los suscritos quejosos, además de proporcionarnos atención médica sin contar con el punto principal que es el prevenir algún contagio del virus conocido como sar cov-2 ó covid 19 ya que el sustraernos del Centro Penitenciario en el cual nos encontramos significaría ponernos en riesgo de contagio al cual es nuestro interés no ser arriesgados en nuestra salud pues estamos lejos de recibir la vacuna de este virus mortal o altamente mortal que se está viviendo a nivel mundial." En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a consideración del suscrito se actualiza la contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por la que se establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". La fracción transcrita consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de definitividad, que impone como obligación a la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tildan de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, conforme a la fracción invocada, el gobernado podrá ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que regule la ley que rija el acto reclamado. Ahora bien, los artículos 1, 4, 15, fracción VIII, 25, fracciones I y X, 49, 50, 51, 52, 57, párrafo primero, 116, fracción I, 117, fracción III, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen el procedimiento a seguir sobre la figura de los traslados voluntarios e involuntarios ante el juez de control o ejecución, de los cuales se obtiene lo siguiente: 1) La Ley Nacional de Ejecución Penal tiene por objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y regular los medios para lograr la reinserción social. Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esa ley. 2) La autoridad penitenciaria tiene como funciones básicas, en lo que interesa, ejecutar el traslado de las personas privadas de la libertad y notificar al órgano jurisdiccional correspondiente de tal circunstancia inmediatamente y por escrito, anexando copia certificada de la autorización del traslado. 3) Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operaran cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la federación de acuerdo con el artículo 18, párrafo tercero, de la constitución, casos en los que no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo de dicho precepto legal; de igual forma, al existir interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro centro penitenciario el juez de ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor y no procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas que estén sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. 4) El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad, procesadas o sentenciadas. deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el juez de control o ejecución, en su caso dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación, pudiendo solicitar la autoridad penitenciaria el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio, y en el caso de personas sujetas a prisión preventiva el traslado podrá realizarse a petición del ministerio público ante el juez de control. 5) La autoridad penitenciaria como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de haber realizado el traslado en los casos siguientes: i) en caso de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; ii) en caso de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, iii) en caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, siendo que en todos los supuestos de excepción de traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación, para calificar la legalidad de la notificación de traslado y contra la resolución judicial, se podrá interponer el recurso de apelación; en caso de que dentro del plazo establecido la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. 6) Las controversias con motivo de los traslados nacionales podrán ser concedidas por el juez de ejecución del centro penitenciario de origen o por el juez de ejecución del centro penitenciario receptor competente, a prevención de quien conozca primero del asunto. 7) Los jueces de ejecución conocerán, entre otras cosas, de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. 8) Los sujetos legitimados para interponer peticiones administrativas también tendrán la acción judicial ante el juez de control o ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver, entre otras cosas, las controversias sobre los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados, acción que podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado o de su ejecución, dentro de los diez días siguientes a la misma, cuando la persona privada de la libertad no haya sido notificada previamente. 9) La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, pruebas en caso de contar con ellas, solicitud de la suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, a petición de parte o de oficio el juez de ejecución de acuerdo a la naturaleza de la pretensión ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. 10) De ser admitida la solicitud o subsanada la prevención el juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de pruebas que estimen pertinentes, además se requerirá a la autoridad penitenciara, para que dentro del mismo término, rinda el informe que corresponde. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que de no atenderse de inmediato quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional y el juez de ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de la misma a las partes, se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, que se realizará al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos deberán indicar el domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. 11) El juez de ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final, en la cual se deberá pronunciar, incluso de oficio, sobre cualquier derecho fundamental violado. Conforme a lo expuesto con antelación, resulta inconcuso que los traslados involuntarios pueden combatirse ante el juez de control o ejecución, según corresponda, quien está facultado para pronunciarse sobre la suspensión de oficio del acto hasta en tanto resuelve en definitiva. Al respecto conviene puntualizar que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial. Además, deben garantizar los derechos, en lo que interesa, de los indiciados cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. También les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil -sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones-, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial. En ese tenor, conforme a las consideraciones jurídicas, expuestas anteriormente, es factible arribar a la conclusión que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa, previo acudir a la vía indirecta con su demanda de amparo, debió agotar primero el mecanismo de control (medio de defensa) que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, ante el juez de control o ejecución, contra el acto materia de la presente instancia constitucional, esto es, la orden de traslado, situación que los amparistas omitieron realizar; ya que incluso, si lo considera y de manera optativa, antes de acudir a esta vía constitucional, puede combatir mediante recurso de apelación los traslados involuntarios de las personas privadas de la libertad, en su carácter de procesadas o sentenciadas, ante el juez de control o de ejecución para que pueda ser sustanciado por el tribunal de alzada. En efecto, ante la latente orden de traslado involuntario que por esta vía reclaman los peticionarios del amparo, cuentan con un medio de defensa, mediante la incitación de una controversia ante el juez de control o de ejecución, por la que puede hacer patente que está a punto de cambiar sus condiciones de internamiento, entre éstas, el lugar de su reclusión. Máxime que el procedimiento a que se ha hecho referencia, se encuentran colmados los requisitos que prevé el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, para que se actualice dicha causal, a saber: El acto de autoridad, se encuentra satisfecho, ya que el acto según aducen los quejosos fue emitido por el Comisionado de Prevención y Readaptación Social. Las funciones son de carácter administrativo, por no formar parte de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo; de ahí que se colme el primer requisito. b) La procedencia de un medio ordinario de defensa, previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado, también se encuentra satisfecho, toda vez que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé un mecanismo de control (medio de defensa) ante el juez de control que, incluso, puede ser impugnado mediante el recurso de apelación si así lo desea el quejoso o bien, existiendo la determinación judicial puede, ahora sí, acudir al amparo. c) La igualdad de requisitos para conceder la suspensión, la cual se colma, porque el artículo 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que una vez presentado el escrito ante la administración del juzgado de ejecución con el relato de inconformidad, a petición de parte o incluso de oficio si se trata de un caso urgente -como en el caso-, el juez de ejecución de acuerdo a la naturaleza de la pretensión de inmediato ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente. Por tanto, a consideración del suscrito resulta inconcuso que los traslados involuntarios pueden combatirse ante el juez de control o ejecución, según corresponda, ya que -como se vio- se encuentran facultados para conocer de las órdenes de traslado, en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. No se soslaya la existencia de los criterios jurisprudenciales de rubros: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA" y "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA". Sin embargo, dichos criterios fueron adoptados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal (diecisiete de junio de dos mil dieciséis); por tanto, específicamente en lo relativo a la orden de traslado que se emite por autoridad administrativa penitenciaria, sin autorización judicial previa, resulta inaplicables al caso en concreto, pues ahora existe un procedimiento especial a seguir para su emisión, que conduce a estimar diversos parámetros a efecto de impugnar la legalidad de la determinación de traslado, máxime que en el caso al reclamarse una orden de traslado que no se ha ejecutado, se presume que la emisión de la dicha orden es de fecha reciente es decir, con vigencia dentro de la normatividad nacional citada. En similares términos se ha pronunciado la Primera Sala del Tribunal Más Alto de este País, al resolver la solicitud de ejercicio de facultad de atracción 837/2019, quien estimó al resolver el recurso de queja identificado con el número 36/2020, que los traslados urgentes o excepcionales, ordenados por autoridad administrativa penitenciaria, en términos del artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del amparo indirecto, el afectado debe agotar los medios ordinarios de defensa que el propio ordenamiento legal prevé para ese supuesto. Por tales motivos, este juzgado estima que al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora bien, no pasa desapercibido este juzgado que los solicitantes del amparo refieren que los actos reclamados encuadran en los prohibidos por el artículo 22 de la Ley de Amparo, pues en el rubro de acto reclamado precisaron los siguientes: ".restricción total a los límites de una estancia, la negativa a recibir visita familiar e íntima, la negativa a recibir y realizar llamadas telefónicas a mis familiares, a recibir mis alimentos fríos dentro de la estancia, la negativa de participar en las actividades programadas para mi readaptación social, así como sembrar el temor fundado de ser objeto de tratos crueles e inhumanos como el recibir golpes y amenazas que lesionen la integridad física de los suscritos quejosos, además de proporcionarnos atención médica sin contar con el punto principal que es el prevenir algún contagio del virus conocido como sar cou-2 ó covid 19 ya que el sustraernos del Centro Penitenciario en el cual nos encontramos significaría ponernos en riesgo de contagio al cual es nuestro interés no ser arriesgados en nuestra salud pues estamos lejos de recibir la vacuna de este virus mortal o altamente mortal que se está viviendo a nivel." Sin que sea factible proveer sobre ellos en los términos que refieren los quejosos, ya que se advierte que son consecuencia de la ejecución de traslado que reclaman. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el centro de reclusión en el que se encuentran privados de su libertad. REPRESENTANTE COMÚN Como lo solicitan los quejosos, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a *** HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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