Edgar Sandoval| Argueta

Expediente 744/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 24 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
744/2020
Año
2020
Actuaciones
24
Última actuación
02/12/2021

Partes del expediente

  • Edgar Sandoval| Argueta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dos de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Ahora bien, con apoyo en el artículo 21 inciso c), el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruible, toda vez que, se negó la suspensión provisional y definitiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a catorce de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obren como corresponda el oficio con anexos signados por el Director General de Defensa Jurídica del Instituto Federal de Telecomunicaciones; en atención a su contenido, no ha lugar acordar de conformidad lo solicitado en virtud de que éste órgano jurisdiccional dicto sentencia definitiva el seis de mayo de dos mil veintiuno, por lo que resulta extemporáneo el informe justificado remitido de su parte. No obstante lo anterior, se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la Ley antes invocada, a las personas que propone y con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, se tiene por señalado el domicilio que indica. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 744/2020; y, PRIMERO. Edgar Sandoval Argueta, contra actos de la Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y otras autoridades el siguiente acto: ". de fecha diez (10) de septiembre de dos mil veinte (2020), que dictó la Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en el juicio de guarda, custodia y alimentos definitivos, promovido por Sheila Govea Navarrete, madre de mi menor hijo, Einar Alejandro Sandoval Govea, identificado con el número de expediente 164/2020-III, tercera secretaria. Acuerdo en el que, la autoridad señalada como responsable, como medida provisional, decretó, como pensión alimenticia provisional a favor de mi menor hijo EINAR ALEJANDRO SANDOVAL GOVEA, la cantidad que resulte del 30% (Treinta por ciento), que percibo en forma mensual de mi salario, de todas y cada una de las prestaciones que percibo en mi fuente de trabajo, debiéndose incluir las gratificaciones, prestaciones en especie y cualquier otra prestación o cantidad que se entregue al suscrito por mi empleo. Porcentaje que la autoridad responsable fijó de manera discrecional. Otro acto que reclamo, es el mismo acuerdo de fecha (10) de septiembre de dos mil veinte (2020), que dictó la Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en el juicio de guarda, custodia y alimentos definitivos, promovido por Sheila Govea Navarrete, madre de mi menor hijo Einar Alejandro Sandoval Govea, en el expediente identificado con el número 164/2020-III, tercera secretaria del índice de ese juzgado; en el que la autoridad señalada como responsable, como medida provisional, ordenó girar oficio a mi fuente de trabajo Instituto Federal de Telecomunicaciones, conocido por sus siglas (1FT), ubicado en Insurgentes Sur número 838, Colonia del Valle, Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México, a fin de que proceda a realizar el descuento del 30% (treinta por ciento), de mi salario, debiéndose incluir las gratificaciones, prestaciones en especie y cualquier otra prestación o cantidad que se entregue al suscrito por mi empleo. Porcentaje que la autoridad responsable fijó de manera discrecional. Otro acto que reclamo de la misma autoridad señalada como responsable, es el mismo acuerdo de fecha diez (10) de septiembre de dos mil veinte, (2020), que dictó la Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en el juicio de guarda, custodia y alimentos definitivos, promovido por Sheila Govea Navarrete, madre de mi menor hijo Einar Alejandro Sandoval Govea, identificado con el número de expediente 164/2020- 111,tercera secretaría; en el cual, la autoridad señalada como responsable, como medida provisional, determinó que la convivencia entre el suscrito Edgar Sandoval Argueta y mi menor hijo, Einar Sandoval Govea, sea en un régimen de convivencia supervisada, entre el citado menor y su progenitor. Como consecuencia de la anterior medida provisional, reclamo, de la misma autoridad señalada como responsable, el mismo acuerdo de fecha diez (10) de septiembre de dos mil veinte, (2020), que dictó la Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en el juicio de guarda, custodia y alimentos definitivos, promovido por Sheila Govea Navarrete, madre de mi menor hijo Einar Alejandro Sandoval Govea, identificado con el número de expediente 164/2020-III,tercera secretaría del índice de ese juzgado, en el cual, la autoridad responsable, como medida provisional, para dar cumplimiento con la determinación señalada en el párrafo anterior, ordenó girar oficio a la Directora del Departamento de Orientación Familiar en el Estado, dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, a efecto de que en el término de tres días hábiles; señale fecha y hora para que pueda darse el inicio de las convivencias entre el suscrito y mi menor hijo Einar Alejandro Sandoval Govea, hasta en tanto el juzgado, cuente con mejores elementos para determinar si la convivencia entre el menor y su progenitor, pudieran desahogarse fuera del departamento citado, y sin necesidad de supervisión". SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de diez de diciembre de dos mil veinte, este juzgado federal proveyó sobre la suspensión provisional, solicitó a las autoridades responsables sus informes previos y señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previos diferimientos se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O ÚNICO. Las autoridades responsables denominadas como Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y Directora del Departamento de Orientación Familiar en el Estado dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, al rendir sus respectivos informes previos aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman, en el ámbito de sus competencias. Por lo que hace a la autoridad responsable Instituto Federal de Telecomunicaciones, se tiene como hecho notorio - en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°- el oficio 7622 que obra en el juicio de amparo del que deriva la presente incidencia, a través del cual el referido Instituto rinde su informe justificado, aceptando la existencia del acto que se le atribuyó en la incidencia en que se actúa, por lo tanto se tiene por cierto el acto que se le reclama. Ahora bien, el acto reclamado consiste en el acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte, dictado por la autoridad responsable en el expediente 164/2020-III, en el que se ordenó lo siguiente: Se decretó como pensión alimenticia provisional a favor del menor de iniciales E.A.S.G., la cantidad que resulte del 30% (treinta por ciento), que percibe en forma mensual de por concepto de salario. Se ordenó girar oficio a la fuente de trabajo del quejoso para efecto de que esa institución realice el descuento correspondiente del salario, por concepto de pensión alimenticia. Se ordenó la convivencia supervisada entre el quejoso y su menor hijo de iniciales E.A.S.G., y se giró oficio a la Directora del Departamento de Orientación Familiar en el Estado, dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, a efecto de que en el término de tres días hábiles, señale fecha y hora para que pueda darse el inicio de las convivencias. En ese contexto, a fin de analizar la procedencia del otorgamiento de la medida solicitada, es menester destacar que la finalidad de suspensión en el amparo, en esencia, en conservar la materia de la litis y evitar al quejoso la materialización de daños irreparables. Por lo que hace a conservar la materia del juicio, esta finalidad busca que a través de la paralización de los actos reclamados éstos no se ejecuten en lo que el juicio de amparo es resuelto en forma definitiva. Por su parte, el evitar causar daños irreparables al quejoso está relacionado con lo previsto en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, conforme el cual, cuando el acto reclamado se haya consumado de modo irreparable, el juicio deberá ser sobreseído, lo que se traduce en la existencia de una imposibilidad técnica para abordar el estudio del asunto. Es decir, la finalidad en comento busca indirectamente conservar la materia del juicio y, directamente, la producción de efectos nocivos mayores en la esfera jurídica del quejoso. Por tanto, el quejoso podrá solicitar la suspensión de los actos reclamados, a condición de que se cumpla con lo previsto en el artículo 128 del multirreferido ordenamiento, el cual en esencia establece lo siguiente: El quejoso debe solicitar la suspensión de los actos reclamados. El otorgamiento de la suspensión no debe traducirse o implicar: El perjuicio del interés social. La contravención de disposiciones de orden público. Junto con el cumplimiento de esos requisitos, para otorgar la medida cautelar debe atenderse a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora Es decir, a la posibilidad que tiene el quejoso de obtener una sentencia favorable a sus intereses y el peligro que implicaría negar la suspensión frente a la posibilidad real de otorgarse el amparo. De esta forma, además de verificar que se satisfagan los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el juzgador debe hacer una apreciación provisional de la inconstitucionalidad reclamada con el fin de determinar o anticipar la probabilidad de otorgar el amparo solicitado y, de ser el caso, conceder la medida cautelar sin menoscabar los requisitos previstos en el artículo 128 mencionado. Además, la modalidad de la suspensión que se analiza permite la existencia de un primer pronunciamiento del juzgador, el cual se emite con motivo de la solicitud inicial de la medida al cual se denomina suspensión provisional y que se resuelve con base únicamente en los elementos aportados en la demanda de amparo (manifestaciones y pruebas), sin analizar la existencia de los actos materia de la suspensión (pues ello será objeto de pronunciamiento en otro momento). Esto porque al proveer sobre la suspensión provisional, el órgano de amparo sólo cuenta con lo expresado y aportado (en su caso) por el quejoso, pues no ha dado intervención a las autoridades responsables para que manifiesten sobre la suspensión provisional. Por tanto, se trata de una medida que se otorga sobre la base del principio de buena fe, verificando el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley de Amparo y tras determinar que la naturaleza de los actos materia de la suspensión permite su paralización. Una vez que la autoridad fue requerida para rendir el informe previo y, en su caso, ofreció las pruebas que estimó pertinentes, el órgano de amparo se pronunciará sobre la procedencia de la medida. De esta forma, es el órgano de amparo quien debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta su conclusión, lo cual implica que el legislador reconoció la potestad del órgano de amparo para pronunciarse sobre los actos materia de la suspensión, así como de los efectos de tal medida, al margen de que el quejoso identifique los efectos que habrá de producir la suspensión. Decisión: Bajo tal orden de ideas se niega la suspensión definitiva de los efectos de los actos reclamados señalados con los numerales 1 y 2, porque el mismo se refiere a cuestiones sobre alimentos, atento a lo dispuesto en el artículo 129 fracción IX de la Ley de Amparo. Esto, toda vez que los alimentos son de orden público e interés social, aunado a que de concederse la prevenda, se dejaría en estado de zozobra al acreedor alimentista y se correría el riesgo de que éste no pudiese cubrir sus necesidades más elementales, afectándose en consecuencia la estabilidad del núcleo familiar. Por lo que es evidente que sobre dicha cuestión la sociedad se encuentra interesada para que las personas obligadas por disposición de la ley o por orden judicial, a proporcionar alimentos cumplan con su deber en los términos ahí establecidos. Se estiman aplicables la tesis cuyos datos de localización y texto, enseguida se transcriben: Novena época Registro: 175386 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, abril de 2006 Materia: Civil Tesis: XVIII.2°18 C Página: 966 "ALIMENTOS. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN SI SE TRATA DEL PAGO DE PENSIONES VENCIDAS CON POSTERIORIDAD A SU RECLAMO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL. Después de que la autoridad judicial decidió fijar una pensión alimenticia, es innecesario que la acreedora demuestre la necesidad de recibir las pensiones que se generaron con posterioridad a que se determinó ese derecho, dado que tal aspecto se encuentra ya valorado por aquélla. Lo que justifica la negativa de la suspensión en contra de su reclamo, porque la sociedad en general está interesada en que se ejecuten los actos tendentes a que el acreedor perciba los alimentos a que tiene derecho; por el contrario, de concederse se contravendría la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo. En la inteligencia que en contra de las razones que aduzca el deudor alimentista para dejar de pagar las pensiones vencidas, prevalece la necesidad inherente a la subsistencia de la acreedora alimentista, esto, cuando menos desde el momento en que fueron reclamadas ante la autoridad judicial; pero aún más, debe atenderse no sólo al estado de necesidad del acreedor, sino al riesgo en que se pone al dejar de cubrirle sus necesidades vitales, porque ante esa eventualidad tendrá que acudir a diversos medios, como lo sería un préstamo o crédito, entre otros, opciones que se irán limitando en la medida de su falta de solvencia, con la correspondiente carga económica que ello implica; de ahí, que es importante para la sociedad en general que los deudores alimentistas cubran oportunamente su obligación de pago, pues con su ministración contribuyen a atemperar las necesidades elementales del acreedor." Respecto a la suspensión del acto reclamado señalado con el numeral 3, se niega a efecto de tutelar el interés superior del menor a fin de salvaguardar el interés superior de la menor. Al respecto, debe señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 8/2014, sostuvo que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, implica que el desarrollo de estos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, garanticen y aseguren que todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. El razonamiento anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 7/2016, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, página 10, que a la letra dice: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento". Precisado lo anterior, y tocante al caso en concreto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 3799/2014, sostuvo que el Estado tiene el deber ineludible de dictar las medidas tendentes a proteger a los menores contra toda forma de perjuicio o maltrato, aun cuando sólo se manifieste como una posibilidad. Así, en atención al interés superior del menor, precisó que es inadmisible esperar a que un menor sufra un perjuicio o un maltrato para aplicar esas medidas. No obstante, cuando deba hacerse a la luz de una controversia, éstas han de establecerse en función de cada caso concreto, según lo que resulte acorde con dicho interés. De esta forma, el Máximo Tribunal procedió al análisis de una de esas medidas, consistentes en la convivencia del menor con el progenitor -que no tiene la guarda y custodia- dentro de un Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Distrito Federal -ahora Ciudad de México-, y resolvió que con esto se preserva el derecho del menor a ser cuidado y educado por ambos progenitores, así como a mantener contacto directo con ellos, aunado a que conserva las relaciones familiares. Además, refirió que se satisface la obligación de protegerlo de manera preventiva contra toda forma de perjuicio o maltrato, ya que entre las actividades sustantivas de esos centros se encuentra la relativa a facilitar las convivencias paterno-filiales dentro de sus instalaciones, debiendo minimizar los riesgos de daños físicos o psicológicos de los miembros involucrados en las controversias familiares, coadyuvando al sano desarrollo emocional de los integrantes de la familia. Lo anterior quedó plasmado en el criterio 1a. CI/2016 (10a.), el cual, se reitera que es de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1123, Décima Época, con número de registro 2011388, que a la letra dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. LA CONVIVENCIA PATERNO-FILIAL SUPERVISADA EN UN CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, CONSTITUYE UNA MEDIDA ACORDE CON ESTE PRINCIPIO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El Estado tiene el deber ineludible de dictar las medidas tendentes a proteger a los menores contra toda forma de perjuicio o maltrato, aun cuando sólo se manifieste como una posibilidad; así, en atención al interés superior del menor, es inadmisible esperar a que un menor sufra un perjuicio o un maltrato para aplicar esas medidas, no obstante, cuando deba hacerse a la luz de una controversia, éstas han de establecerse en función de cada caso concreto, según lo que resulte acorde con dicho interés. Una de estas medidas consiste en ordenar que la convivencia del menor con el progenitor -que no tiene la guarda y custodia- se realice en un Centro de Convivencia Familiar Supervisada, pues de esta forma se preserva su derecho a ser cuidado y educado por ambos progenitores, así como a mantener contacto directo con ellos, preservando las relaciones familiares; además, se satisface la obligación de protegerlo de manera preventiva contra toda forma de perjuicio o maltrato, pues de los artículos 1, 2, fracciones VI y XVII; 14, fracciones IV y VI; 22, 24, 25, 26, 27 y 29 del Reglamento que fija las bases de organización y funcionamiento del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Distrito Federal, deriva que entre las actividades sustantivas del Centro se encuentra la relativa a facilitar las convivencias paterno-filiales dentro de sus instalaciones, debiendo minimizar los riesgos de daños físicos o psicológicos de los miembros involucrados en las controversias familiares, coadyuvando al sano desarrollo emocional de los integrantes de la familia. Asimismo, se advierte que la convivencia familiar debe desarrollarse ante la presencia de una tercera persona independiente y neutra, así como realizar reportes de manera fidedigna e imparcial, además de que existe un sistema de circuito cerrado de televisión y se respeta la voluntad del menor". Este juzgador comparte el criterio sustentado por la Primera Sala del Máximo Tribunal y lo considera aplicable al presente caso, ya que si bien, la tesis habla del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Distrito Federal -ahora Ciudad de México-, lo cierto es que el Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos, tiene como propósito similar al del centro analizado. En efecto, el artículo 27 del Reglamento Interior de Organización y Funcionamiento del Departamento de Orientación Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos, establece que las convivencias familiares que ahí se lleven a cabo, serán armónicas y en un ambiente neutral, bajo la supervisión de un profesionista. Por tanto, a fin de salvaguardar el interés superior del menor, este juzgado de distrito considera negar la suspensión definitiva solicitada, pues independientemente de que el quejoso no se encuentre de acuerdo con la decisión de la responsable, lo cierto es que con las convivencias supervisadas se busca minimizar los riesgos de daños físicos o psicológicos de los miembros involucrados en las controversias familiares. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Edgar Sandoval Argueta respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando único de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Jaime César Pereyra Román, secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  4. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 744/2020, promovido por Edgar Sandoval Argueta contra actos del: Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en esta Ciudad de Cuernavaca. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Directora del Departamento de Orientación Familiar en el Estado, dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Edgar Sandoval Argueta solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades señaladas con anterioridad y por el acto siguiente: Acto reclamado: ".El acto que reclamo es el acuerdo de fecha diez (10) de septiembre de dos mil veinte (2020), que dictó la Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en el juicio de guarda, custodia y alimentos definitivos." ".Otro acto que reclamo, es el mismo acuerdo de fecha (10) de septiembre de dos mil veinte (2020), que dictó la Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en el juicio de guarda, custodia y alimentos definitivos, promovido por Sheila Govea Navarrete, madre de mi menor hijo Einar Alejandro Sandoval Govea, en el expediente identificado con el número 164/2020-111,tercera secretaria del índice de ese juzgado; en el que la autoridad señalada como responsable, como medida provisional, ordenó girar oficio a mi fuente de trabajo Instituto Federal de Telecomunicaciones, conocido por sus siglas (IFT), ubicado en Insurgentes Sur número 838, Colonia del Valle, Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México, a fin de que proceda a realizar el descuento del 30% (treinta por ciento), de mi salario, debiéndose incluir las gratificaciones, prestaciones en especie y cualquier otra prestación o cantidad que se entregue al suscrito por mi empleo. Porcentaje que la autoridad responsable fijó de manera discrecional." ".Otro acto que reclamo de la misma autoridad señalada como responsable, es el mismo acuerdo de fecha diez (10) de septiembre de dos mil veinte, (2020), que dictó la Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en el juicio de guarda, custodia y alimentos definitivos, promovido por Sheila Govea Navarrete, madre de mi menor hijo Einar Alejandro Sandoval Govea, identificado con el número de expediente 164/2020- 111,tercera secretaría; en el cual, la autoridad señalada como responsable, como medida provisional, determinó que la convivencia entre el suscrito Edgar Sandoval Argueta y mi menor hijo, Einar Sandoval Govea, sea en un régimen de convivencia supervisada, entre el citado menor y su progenitor..". ".Como consecuencia de la anterior medida provisional, reclamo, de la misma autoridad señalada como responsable, el mismo acuerdo de fecha diez (10) de septiembre de dos mil veinte, (2020), que dictó la Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en el juicio de guarda, custodia y alimentos definitivos, promovido por Sheila Govea Navarrete, madre de mi menor hijo Einar Alejandro Sandoval Govea, identificado con el número de expediente 164/2020-111,tercera secretaría del índice de ese juzgado, en el cual, la autoridad responsable, como medida provisional, para dar cumplimiento con la determinación señalada en el párrafo anterior, ordenó girar oficio a la Directora del Departamento de Orientación Familiar en el Estado, dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, a efecto de que en el término de tres días hábiles; señale fecha y hora para que pueda darse el inicio de las convivencias entre el suscrito y mi menor hijo Einar Alejandro Sandoval Govea, hasta en tanto el juzgado, cuente con mejores elementos para determinar si la convivencia entre el menor y su progenitor, pudieran desahogarse fuera del departamento citado, y sin necesidad de supervisión.". SEGUNDO. El veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, esta autoridad radicó el asunto con el número de expediente 744/2020, y desechó la demanda de amparo, por lo que la parte quejosa presentó recurso de queja, del cual conoció el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, bajo el número 140/2020, mismo que mediante sesión remota de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, resolvió y declaró fundado el mismo. TERCERO. El diez de diciembre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito, admitió a trámite la demanda, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama el acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte, dictado en los autos del juicio de guarda, custodia y alimentos 164/2020-III. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables , pues así se advierte del contenido de su informe justificado y de las constancias que se acompañaron al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del Juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, se advierte que el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, las partes celebraron un convenio dentro del juicio de guarda, custodia y alimentos definitivos 164/2020-III y, el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, la autoridad responsable aprobó el convenio de referencia y resolvió el juicio civil familiar en forma definitiva. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues el aquí quejoso reclama en la instancia constitucional el acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte, relativo a diversas cuestiones provisionales sobre la pensión alimenticia, descuentos al quejoso por dicha circunstancia y el régimen de convivencias; sin embargo, con las actuaciones señaladas en los párrafos que anteceden, el acuerdo reclamado quedó superado, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos al pronunciarse sobre su ejecución, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, las partes celebraron un convenio dentro del juicio de guarda, custodia y alimentos definitivos 164/2020-III y, el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, la autoridad responsable aprobó el convenio de referencia y resolvió el juicio civil familiar en forma definitiva. Por tanto, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y en consecuencia, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar. Doy fe.

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