Edgar Sánchez Macías

Expediente 83/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 27 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
83/2016
Año
2016
Actuaciones
27
Última actuación
16/08/2016

Partes del expediente

  • Edgar Sánchez Macías

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Ha causado ejecutoria, la sentencia. En consecuencia, previas las anotaciones de estilo en el libro de gobierno, en su oportunidad, envíese este expediente al archivo.

  2. Principal

    SENTENCIA Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 83/2016. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el catorce de enero de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Edgar Sánchez Macías solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de autoridad. SEGUNDO. Incompetencia. Este órgano jurisdiccional mediante auto de quince de enero de dos mil dieciséis (fojas 128 a 132), ordenó su registro con el consecutivo 83/2016y se estimó legalmente incompetente para conocer del asunto, remitiéndolo los autos al Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey. TERCERO. Conflicto competencial. El Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, mediante auto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis (fojas 142 y 143), dentro del Juicio de Amparo 59/2016 de su índice, no aceptó la competencia planteada. Así, este órgano jurisdiccional en auto de cuatro de febrero siguiente (fojas 145 a 148), insistió en carecer de competencia legal para conocer de los autos. Por tanto, se suscitó conflicto competencial, el cual se ventiló ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil de esta ciudad, dentro del Conflicto Competencial 1/2016. Finalmente, por ejecutoria correspondiente a la sesión de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis (fojas 157 a 176), dicho tribunal de alzada declaró que este órgano jurisdiccional era el competente para conocer del juicio. CUARTO. Mediante auto de doce de abril de dos mil dieciséis (fojas 177 a 179), este órgano de control constitucional se avocó a su conocimiento. En acuerdo de nueve de junio siguiente (fojas 195 a 196), se tuvo ampliada la demanda de amparo. Seguido el trámite del juicio, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Ley aplicable. En principio, resulta necesario destacar que el análisis y resolución del presente juicio de amparo se realizará atendiendo a las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, debido a que la demanda de amparo fue recibida por este Juzgado de Distrito, con posterioridad a su entrada en vigor de la aludida Ley de Amparo. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el artículo cuarto, fracción XIX, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado puede tener ejecución en diversos distritos y ante este órgano jurisdiccional se depositó la demanda de amparo. Por tanto, en estricto acatamiento a lo ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil de esta ciudad, dentro del Conflicto Competencial 1/2016, este órgano jurisdiccional resulta competente en términos del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. TERCERO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación clara y precisa del acto reclamado. Así, considerada la demanda de amparo y su ampliación como un todo, se obtiene que a la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y, su presidente, con sede en la Ciudad de México, se les reclama: Dictamen de Procedimiento de Investigación de tres de diciembre de dos mil quince, dentro de la queja administrativa JGA-DH-060/2014-03 y su acumulado JGA-DH-001/2015-03 (fojas 18 a 41). Citatorio para comparecer a la audiencia del procedimiento de responsabilidad administrativa, contenido en el oficio DJG-627/2015 (fojas 14 a 16). Acuerdo G/JGA/12/2011 de catorce de abril de dos mil once, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos ml once. En tanto, a la Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, residentes en la Ciudad de México, se les atribuye: Iniciativa, discusión y aprobación de los artículos 2, fracción III, 39 y 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En el entendido, que los actos reseñados en los puntos 1 y 2, se reclaman como primer acto de aplicación del acuerdo y normas impugnadas. CUARTO. Cómputo del término para la presentación de la demanda. La demanda de amparo fue presentada oportunamente, ya que la parte quejosa fue notificada del primer acto de aplicación de las normas impugnadas (citatorio para comparecer a la audiencia del procedimiento de responsabilidad administrativa, contenido en el oficio DJG-627/2015) el seis de enero de dos mil dieciséis (foja 17). Luego entonces, si incoó la acción constitucional el catorce de enero siguiente, es inconcuso que lo hizo dentro de plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. QUINTO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Director General de Asuntos Jurídicos, en representación de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (fojas 199 a 215) y su presidente (fojas 217 a 252), Director General de Asuntos Jurídicos en representación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión (fojas 259 a 266) y Subdirectora de Amparos en representación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (foja 268), todos residentes en la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, admitieron la existencia de los actos reclamados. SEXTO. Improcedencia. Respecto de los actos reclamados consistentes en el 1. Dictamen de Procedimiento de Investigación de tres de diciembre de dos mil quince, dentro de la queja administrativa JGA-DH-060/2014-03 y su acumulado JGA-DH-001/2015-03 (fojas 18 a 41) y 2. Citatorio para comparecer a la audiencia del procedimiento de responsabilidad administrativa, contenido en el oficio DJG-627/2015 (fojas 14 a 16), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu. Así, la intelección de los artículos en cita, permite advertir que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclamen actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento seguido en forma de juicio, siempre que no se trate de: La resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento. Actos en el procedimiento que afecten materialmente derechos sustantivos. En el entendido, que el concepto de "procedimiento administrativo seguido en forma de juicio", que alude el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, debe interpretarse de manera amplia, comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo. Por tanto, los procedimientos de responsabilidad administrativa en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, queda comprendida en ese concepto. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 22/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, Materia(s): Común, Página: 196, Registro: 184435, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo". Para comenzar, la parte quejosa no tiene el carácter de persona extraña al procedimiento de responsabilidad administrativa, puesto que, uno de los actos reclamados es el citatorio para comparecer a la audiencia respectiva y no se tiene noticia de que se haya pronunciado la resolución definitiva. Bajo esa línea, la parte quejosa tuvo conocimiento del procedimiento natural seguido en su contra, antes de la emisión de la sentencia, por lo que, carece del carácter de persona extraña a juicio, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, página 1627, número de registro 2000293, cuyo rubro y texto dicen: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". Así pues, se dice que el amparo resulta improcedente, toda vez que tratándose de actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, si la parte quejosa no tiene el carácter de tercero extraño, no se puede reclamar el auto de inicio (dictamen de Procedimiento de Investigación de tres de diciembre de dos mil quince) y emplazamiento (citatorio para comparecer a la audiencia del procedimiento de responsabilidad administrativa) de forma autónoma; ya que su procedencia se encuentra limitada a la resolución definitiva, momento en el cual, se podrán reclamar las violaciones cometidas durante el procedimiento, incluida la legalidad del llamamiento a juicio. Además, tales actos no son de imposible reparación que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que tienen efectos meramente procesales, esto es, sujetar al servidor público (en este caso ex servidor público), presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su cargo como secretario de acuerdos adscrito a la Segunda Ponencia de la Sala Regional del Golfo-Norte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución. Por tanto, la violación que llegue a cometerse durante su materialización, puede quedar subsanada con posterioridad si la resolución definitiva resulta favorable a los intereses de la parte quejosa, y, en caso contrario, aún tiene a su alcance, en su caso, el amparo indirecto contra la resolución definitiva para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo al nulificarse el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto. Se invoca por orientadora la Jurisprudencia 2a./J. 43/2006, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Abril de 2006, Materia(s): Administrativa, Página: 242, Registro: 175221, de rubro y texto: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE. La determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de la materia, debe atender a su naturaleza y a las consecuencias que produce, es decir, a si afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, o si produce una afectación en grado predominante o superior de derechos formales o procesales, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, ya que bastaría que le imputara al acto correspondiente una transgresión a sus derechos sustantivos para que procediera el juicio de garantías, independientemente de lo fundado o infundado de su planteamiento, en tanto ello sería cuestión que atañe al fondo del asunto, además de que sería contrario a la presunción de legalidad o legitimidad del acto jurídico administrativo, que lleva a considerarlo legalmente válido mientras no sea declarado nulo, y que impide tener por cierta, a priori, la violación que le impute el gobernado, como lo sería la relativa a que el citatorio para la audiencia del procedimiento de responsabilidades administrativas de un servidor público viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por incompetencia de la autoridad que lo emitió. Así, en atención a la naturaleza y efectos del aludido citatorio, se concluye que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución; lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender ni producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener sentencia desfavorable, podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal y, de ser el caso, el amparo indirecto contra la resolución definitiva para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo al nulificarse el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto". En conclusión, como la parte quejosa no se duele de la resolución definitiva que dirime el procedimiento de responsabilidad administrativa y el auto de inicio y emplazamiento reclamados no vulneran materialmente derechos sustantivos, este órgano jurisdiccional se encuentran impedidos para estudiar su legalidad, ya que lo debe de reclamar conjuntamente con la resolución definitiva, al ser parte en dicho procedimiento. Corrobora lo expuesto la tesis aislada II.1o.4 A (10a.), pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con Residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Página: 2921, Registro: 2007780, de rubro y texto: "RESOLUCIONES INTRAPROCESALES, INTERMEDIAS O DE TRÁMITE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO SI CAUSAN UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 22/2012 (10a.)]. El artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, que establecía los supuestos en que procedía el juicio de amparo indirecto, es similar y tiene cierta equivalencia con el precepto 107 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013; sin embargo, en cuanto al procedimiento administrativo no jurisdiccional seguido en forma de juicio, en el nuevo texto se añadió una modificación sustancial, que lleva a establecer que la jurisprudencia 2a./J. 22/2012 (10a.), es inaplicable a los asuntos tramitados conforme a sus disposiciones. Lo anterior es así, porque en términos de la ley anterior, el juicio constitucional en la vía indirecta sólo podía tramitarse, tratándose de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio ante autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, contra la última resolución, es decir, contra la que decidía en definitiva el asunto, por violaciones cometidas en ésta y, en su caso, en ese mismo juicio de amparo debían hacerse valer también las que se hubiesen cometido durante el procedimiento, de suerte que no era dable impugnar en amparo las actuaciones intermedias, procedimentales o de trámite, sino hasta que se impugnara la última resolución, porque así lo exigía el principio de definitividad establecido en el artículo 114, fracción II, de la legislación abrogada. No obstante, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: "PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.", estableció que lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada (relativo a la procedencia del amparo contra actos emitidos dentro del juicio), debía hacerse extensivo a los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, de modo que también aquellas actuaciones intraprocesales, intermedias o de trámite, emitidas en los referidos procedimientos administrativos (no judiciales), podrían ser impugnadas directamente a través del amparo indirecto, sin necesidad de esperar hasta la resolución definitiva, siempre y cuando ocasionaran al quejoso afectaciones o perjuicio de imposible reparación. Con ese mismo criterio de interpretación, la propia Segunda Sala del Alto Tribunal, en la jurisprudencia inicialmente referida, analizó la orden de clausura provisional emitida como medida preventiva o de seguridad dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y determinó que dicho acto genera perjuicios de imposible reparación, por lo que es impugnable en amparo indirecto. Sin embargo, se reitera, esta última tesis es inaplicable a los juicios de amparo tramitados conforme a la ley de la materia actual, toda vez que en su artículo 107, fracción III, inciso b), se regula expresamente (a diferencia de la ley anterior), la procedencia del juicio de amparo contra actos, omisiones y resoluciones dictadas dentro del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, cuando se trate de actos de imposible reparación". No es óbice, que la parte quejosa refiera que el trasladarse a un lugar diverso a que reside (Ciudad Victoria, Tamaulipas), para el desahogo de la audiencia en el procedimiento de responsabilidad administrativa (Ciudad de México), implica una erogación patrimonial que trasciende a sus derechos sustantivos que no puede repararse con la emisión de una resolución favorable, por lo que, los actos reclamados llevan un inmerso un aspecto de imposible reparación. Al respecto, el perjuicio económico del traslado de un lugar a otro no entraña afectación a un derecho previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, no puede reclamarse en amparo indirecto, según lo expuso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 51/2010, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Materia(s): Civil, Página: 288, Registro: 164124, de rubro y texto: "CONFESIONAL EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL O FAMILIAR. EL PROVEÍDO POR EL QUE SE REQUIERE A UNA DE LAS PARTES CON RESIDENCIA EN LUGAR DISTINTO DE AQUEL EN QUE SE ENCUENTRA EL JUZGADO, PARA QUE COMPAREZCA PERSONALMENTE A DESAHOGAR LA PRUEBA RELATIVA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El indicado proveído no constituye un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo indirecto, toda vez que ocasiona una afectación a derechos adjetivos al obligar al justiciable a cumplir con las condiciones fijadas para el desahogo de la prueba, sin afectar de manera directa e irremediable algún derecho sustantivo, ya que ocasiona una molestia consustancial a la tramitación del procedimiento judicial. Por otra parte, el traslado que, en su caso, realice alguna de las partes en el juicio -del lugar de su residencia a aquel en el que se ubica el juzgado- puede generar gastos; sin embargo, éstos pueden ser materia de la sentencia o resolución que ponga fin al juicio, pues en materia civil los códigos de las entidades de la República establecen parámetros para reclamar y cuantificar los gastos y costas correspondientes, esto es, las erogaciones necesarias para iniciar, tramitar y concluir el juicio; además, el perjuicio económico del traslado de un lugar a otro no entraña afectación a un derecho previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, no puede reclamarse en amparo indirecto". Además, este órgano jurisdiccional no desconoce la diversa jurisprudencia 2a./J. 71/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Materia(s): Laboral, Página: 212, Registro: 170645, de rubro y texto: "PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN MATERIA LABORAL. LA CONDICIÓN DE QUE EL TRABAJADOR SE TRASLADE A UN LUGAR DIVERSO AL EN QUE RESIDE PARA SU DESAHOGO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN QUE HACE PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO Y, POR LO MISMO, NO PUEDE CONSIDERARSE ANÁLOGA A LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 159 DE LA LEY DE AMPARO, LO QUE IMPOSIBILITA IMPUGNARLA EN LA VÍA DIRECTA. Si bien es cierto que la regla general establecida en la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo determina que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido o cuando no se reciban conforme a la ley, debiendo ser en el amparo directo, que contra el laudo correspondiente se interponga, cuando deba hacerse valer tal violación, también lo es que esta regla encuentra una excepción en la fracción IV del artículo 114 de la propia ley, la cual prevé la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ésta la afectación a derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que no serán susceptibles de reparación aun cuando se dicte un laudo favorable al quejoso. Ahora bien, tratándose de un proceso laboral en el que están en juego intereses de la clase obrera y en el que deben seguirse ciertos principios como el de suplencia de la queja, economía, sencillez y no existencia de costas judiciales, la circunstancia de que la Junta responsable señale como lugar de desahogo de la prueba pericial en medicina del trabajo un lugar diverso al del domicilio del demandante y una fecha lejana implica, por un lado, erogación patrimonial que trasciende a los derechos sustantivos de éste, en tanto condiciona el desahogo de la referida probanza a la capacidad económica que el obrero tenga para trasladarse al lugar indicado; además, aunque tuviera la capacidad para hacerlo, sería un gasto que no podría recuperar aunque el laudo le fuera favorable y, por otro, debe tomarse en consideración que un plazo prolongado para el desahogo de la prueba pericial médica podría resultar perjudicial para la salud del trabajador. De lo anterior se concluye que tales actos deben considerarse como de imposible reparación y, por tanto, en su contra procede el amparo indirecto, sin que dicha violación procesal pueda considerarse como un caso análogo a los que ejemplificativamente menciona el indicado artículo 159, pues se afecta un derecho sustantivo, lo cual excluye la posibilidad de impugnarla en el juicio de garantías en la vía directa como una violación procesal que solamente afecta derechos adjetivos". Cierto, en la ejecutoria de donde derivó ese criterio jurisprudencial se plasmó lo siguiente: ".De lo anterior podemos concluir que la prueba pericial en materia laboral, acogiendo el carácter social que lleva imbíbita dicha materia y el ánimo tutelador y proteccionista hacia el trabajador, se rige por disposiciones que permiten que éste, por razón de su situación económica, no quede en estado de indefensión, al no poder pagar los gastos que originen el desahogo de la referida probanza, llegando incluso la obligación de la Junta, hasta el extremo de sufragar los gastos necesarios para el desahogo de la probanza de mérito, en caso de que el trabajador lo solicite así, por no tener posibilidad de cubrir los honorarios correspondientes. De esta forma, resulta incuestionable que la directriz establecida en la legislación de la materia, debe ser acogida por el juzgador al momento de aplicar la norma, lo que implica que la actualización de la hipótesis normativa debe estar encaminada a conservar la esencia de tutela hacia el trabajador. Así las cosas, se evidencia que sí es una violación procesal de imposible reparación, el hecho de que la Junta responsable designe como perito en medicina del trabajo a uno con residencia en una ciudad distante aproximadamente mil kilómetros de Ciudad Victoria, Tamaulipas, esto es, marcadamente distantes del lugar donde reside el demandante; máxime si tomamos en consideración que dentro de la jurisdicción de la Junta existen dependencias médicas oficiales donde se puede proporcionar a un profesionista de la especialidad respectiva, para que funja como perito tercero en discordia, sin que se haga depender la práctica del peritaje, al hecho de que el trabajador acuda a un sitio diferente al lugar donde radica, ya que esta condicionante implica una violación que no será posible reparar, al traducirse en una erogación que un obrero no estará en posibilidad de cubrir, y que aun de hacerlo iría en detrimento de su economía, lo que evidentemente afecta las defensas jurídicas del trabajador. Por las razones apuntadas anteriormente, esta Segunda Sala considera que es acertado el primero de los puntos controvertidos en este toca, sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito. De igual manera, en relación con el segundo de los razonamientos expuestos por dicho Tribunal Colegiado, debe decirse que también resulta correcto, aunque por las razones que enseguida se apuntan: El derecho fundamental contenido en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, garantiza que cualquier persona puede acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta, expedita, completa, imparcial y gratuita; además este mandato constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes. Pues bien, si alguna persona estima que el tribunal ante el cual ocurrió a dirimir sus controversias, infringe esa garantía porque no se le administra justicia en los términos establecidos en la ley, debido a que existe una distancia evidente entre la fecha en que se ordena el desahogo de la pericial y el desahogo mismo, es obvio que por tratarse de un derecho sustantivo, cuya afectación no podrá ser subsanada aun cuando se le dicte laudo favorable, sí es susceptible de ser controvertida al través del juicio de amparo indirecto, con independencia de que dicho razonamiento sea o no fundado, pues esa cuestión en todo caso, habrá de ser resuelta en la sentencia de fondo que se dicte en el amparo. Por tanto, no obstante que la referida violación se da dentro de un procedimiento, no puede ser considerada como un caso análogo a los que ejemplificativamente menciona el transcrito artículo 159 de la Ley de Amparo, puesto que lo que se controvierte por la quejosa es la violación a un derecho sustantivo tutelado a su favor por el artículo 17 constitucional, lo que, tal como lo sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado, hace procedente el amparo en la vía indirecta. Aunado a lo anterior, cabe señalar al respecto, que el plazo tan prolongado para el desahogo de la prueba pericial, podría resultar perjudicial para los intereses del trabajador, en igual medida que existe una fuerte presunción fundada de que las condiciones de salud en que se encuentre puedan agravarse de manera irremediable, provocando consecuencias quizá irreversibles en el estado físico del trabajador." No obstante, las razones invocadas por el máximo tribunal del país, a criterio de este órgano jurisdiccional no se actualizan en este asunto. En primer lugar, porque el criterio jurisprudencial aludido derivó de un asunto en materia laboral, donde rigen los principios protectores de la clase social menos favorecida que requieren de una tutela jurídica especial que les facilite los medios para ocurrir a las instancias legales. Al contrario, este asunto versa sobre la materia administrativa, donde después de que fue desahogado el procedimiento de investigación por parte de las responsables, se estimó procedente iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de la parte quejosa. En segundo lugar, en la especie, no existe una presunción fundada de que las condiciones de salud en que se encuentra la parte quejosa puedan agravarse de manera irremediable, como aconteció en el referido criterio jurisprudencial. De ahí, este órgano jurisdiccional no considera aplicable dicho criterio. Luego, tratándose de las normas impugnadas, consistentes en: 3. Acuerdo G/JGA/12/2011 de catorce de abril de dos mil once, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos ml once y 4. Artículos 2, fracción III, 39 y 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción III y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Para la actualización de la causa de improcedencia en cita, es necesario que se impugne la constitucionalidad de una ley con motivo de su primer acto de aplicación dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que no haya culminado y dicho acto de aplicación no sea de imposible reparación. En similares términos se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Contradicción de tesis 398/2009, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, donde dijo: ".Pues bien, tratándose del procedimiento administrativo disciplinario instaurado en contra de un servidor público judicial, en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, en el que el Consejo de la Judicatura Estatal le haya impuesto como sanción, la suspensión, destitución o inhabilitación, sí existe un recurso por virtud del cual pueda ser aprobada, revocada o modificada esa resolución, que es el que de oficio conoce el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad federativa, resolución con la que concluye el procedimiento disciplinario. De manera que, en el caso a estudio, sí se actualiza lo dispuesto por la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, lo que significa que cuando se impugne la inconstitucionalidad de una ley, es necesario, con el objeto de no esperar a que culmine el procedimiento con el recurso que proceda (se insiste, independientemente de que el recurso sea un recurso oficioso, pues este supuesto lo contempla la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo citada) que también se acredite que el acto de aplicación de la ley reclamada, es de los considerados como de imposible reparación. De allí que sea aplicable por analogía, la siguiente tesis, cuyos datos de identificación, rubro y texto dicen: (No. Registro: 170,866. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, diciembre de 2007. Tesis P./J. 78/2007. Página 5). "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre el particular, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la ley de la materia, porque para que se actualice su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad." Además, en el caso, es aplicable por analogía, lo dispuesto en el artículo 158 de la ley de Amparo. Por todo lo anterior, esta Segunda Sala estima en suma, que cuando se impugne la inconstitucionalidad de una ley dentro del procedimiento administrativo disciplinario seguido en forma de juicio, con fundamento en el artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero y el Consejo de la Judicatura Estatal aplique como sanción al servidor público judicial la suspensión, destitución o inhabilitación, solamente procederá el juicio de amparo indirecto, como una excepción al principio de definitividad contemplado en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 114, fracción II, del mismo ordenamiento legal, que dispone que "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.-En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia.", sin necesidad de que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia dicte la resolución definitiva al resolver el recurso de revisión oficioso, cuando además de acreditarse que la resolución se trate del primer acto de aplicación de la ley, sea (la resolución, es decir, el acto de aplicación) de imposible reparación. Razonar en sentido contrario sería paralizar todos los procedimientos administrativos con el solo hecho de impugnar la inconstitucionalidad de la ley, lo que es contrario al fin que persigue el juicio de amparo..." En el caso, como ya se dijo con antelación, los actos reclamados relativos al: 1. Dictamen de Procedimiento de Investigación de tres de diciembre de dos mil quince, dentro de la queja administrativa JGA-DH-060/2014-03 y su acumulado JGA-DH-001/2015-03 (fojas 18 a 41) y 2. Citatorio para comparecer a la audiencia del procedimiento de responsabilidad administrativa, contenido en el oficio DJG-627/2015 (fojas 14 a 16), que constituyen los primeros actos de aplicación de las normas impugnadas, no son de imposible reparación. Por su parte, el procedimiento de responsabilidad administrativa de donde derivan dichos actos no ha culminado, es decir, no se tiene noticia de que se haya pronunciado la resolución definitiva. De este modo, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que, para impugnar la inconstitucionalidad de una ley, es necesario, con el objeto de no esperar a que culmine el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que también se acredite que el acto de aplicación de la ley reclamada, es de los considerados como de imposible reparación. Luego entonces, como los actos de aplicación no causa un perjuicio de imposible reparación, el amparo planteado contra las normas impugnadas deviene improcedente. Sostener postura contraria, implicaría paralizar todos los procedimientos administrativos con el solo hecho de impugnar la inconstitucionalidad de la ley, lo que es contrario al fin que persigue el juicio de amparo. Se cita por ilustrativa la Jurisprudencia 2a./J. 215/2009, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, Materia(s): Administrativa, Página: 267, Registro: 165618, de rubro y texto: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 136 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA CUANDO SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De los artículos 16, fracción XXVIII, 79, fracción X, 110, 121 a 123, 125, 127, 134 y 136 a 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en relación con los diversos 73, fracciones XII, párrafo tercero, y XV y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que cuando se impugne la inconstitucionalidad de una ley dentro de un procedimiento administrativo disciplinario seguido con fundamento en el referido artículo 136 y el Consejo de la Judicatura Estatal aplique como sanción al servidor público la suspensión, destitución o inhabilitación, solamente procederá el juicio de amparo indirecto, como excepción al principio de definitividad, sin necesidad de esperar a que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia dicte la resolución definitiva al resolver el recurso de revisión oficioso, cuando se acredite que es el primer acto de aplicación de la ley reclamada, y además de imposible reparación. Lo anterior es así, porque razonar en sentido contrario llevaría a paralizar todos los procedimientos administrativos con el solo hecho de impugnar la inconstitucionalidad de la ley, lo que es contrario al fin perseguido por el juicio de amparo. Además, en el caso, es aplicable por analogía, lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Amparo". En ese contexto, al actualizarse las causas de improcedencia en análisis, lo procedente es sobreseer en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la invocada legislación. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, aprobado en sesión de ocho de agosto de dos mil siete, se ordena a la secretaría supervise que el analista jurídico encargado del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo; se, RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Edgar Sánchez Macías, en contra del dictamen de Procedimiento de Investigación de tres de diciembre de dos mil quince, dentro de la queja administrativa JGA-DH-060/2014-03 y su acumulado JGA-DH-001/2015-03, citatorio para comparecer a la audiencia del procedimiento de responsabilidad administrativa, contenido en el oficio DJG-627/2015, y acuerdo G/JGA/12/2011 de catorce de abril de dos mil once, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos ml once, reclamados a la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y, su presidente; asimismo, contra la iniciativa, discusión y aprobación de los artículos 2, fracción III, 39 y 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, atribuidos a la Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, residentes en la Ciudad de México. SEGUNDO. Se ordena al secretario supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos el telegrama signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en representación de la Junta de Gobierno y Administración y del Presidente de la misma, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa que el primer periodo vacacional de las autoridades de dicho tribunal, comprende del quince de julio al veintinueve de ese mes y año, lo cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil dieciséis.

  4. Incidental

    Agréguese a sus autos el telegrama signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en representación de la Junta de Gobierno y Administración y del Presidente de la misma, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa que el primer periodo vacacional de las autoridades de dicho tribunal, comprende del quince de julio al veintinueve de ese mes y año, lo cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil dieciséis.

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