Edgar Sanchez Ibarra

Expediente 2026/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2026/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
17/02/2022

Partes del expediente

  • Edgar Sanchez Ibarra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previa las anotaciones pertinentes en el libro de registro correspondiente, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos del artículo 21, inciso a) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Sin que obste que aún no se cuenta con el acuse de notificación de la sentencia a la autoridad responsable, en virtud que no se encuentra facultada para impugnar la presente determinación. No obstante ello, se ordena remitir copia de tal determinación, para los efectos legales respectivos. Notifíquese.

  2. Principal

    Que las partes no manifestaron su intención de comparecer a la presente audiencia, mediante el método de video conferencia. Enseguida el Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. En ese orden, toda vez que ninguna de las partes manifestó su intención de comparecer a la audiencia de ley, a través del sistema de video conferencia, se procede a realizar la presente audiencia vía tradicional (física). Ahora, toda vez que obra el informe justificado de la autoridad responsable, no ha lugar a diferir ello, pues se busca consagrar el principio de expeditez contemplado en el artículo 17 Constitucional, aunado a ello, el sentido de la resolución no variaría; por tanto, lo único que traería es el retardo del fallo, contrariando el ánimo del principio de celeridad procesal consagrado en el artículo constitucional citado. A continuación se abre el período probatorio: la Secretaria da cuenta con las constancias allegadas por la parte quejosa y la autoridad responsable al presente sumario. El Juez acuerda: Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales de referencia, y como no se ofrecieron más elementos de convicción se cierra dicha etapa. Enseguida se abre el periodo de alegatos: la Secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. El Juez acuerda: Al no haber alegatos que relacionar, se declara el cierre de dicha etapa. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 2026/2021, promovido por Edgar Sánchez Ibarra; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el uno de diciembre de dos mil veintiuno, por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), recibido en este juzgado el mismo día, compareció Edgar Sánchez Ibarra, a demandar el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión de la Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por considerarla violatoria de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir literalmente en: "IV.- ACTO RECLAMADO: 1-La omisión de la Junta Responsable de tomar las medidas necesarias para lograr una mayor economía, concentración y sencillez del procedimiento relativo a diligencia de exhorto remitido por el presidente de la Junta especial número 37 de la federal de conciliación y arbitraje mediante el cual se solicita el apoyo con la finalidad de que se realice desahogo de la ratificación de contenido y firma de las documentales marcadas con los números 3 y 6 de la intención del IMSS consistentes en oficios números 60.INV/583 de fecha 20 de julio de 2016 y 60.INV/625 de fecha 02 de agosto de 2016, pues contrario a ello paralizo totalmente y sin justa causa desde el 02 de julio de 2021 la diligencia del exhorto que prevé el artículo 758 de la Ley Federal del Trabajo " Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Previó auto de prevención, por auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Edgar Sánchez Ibarra; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se postergó el emplazamiento de la parte tercera interesada, se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, así como a las constancias allegadas por la responsable, se obtiene que lo que se le reclama es lo siguiente: La omisión de diligenciar el exhorto remitido, a través del cual, se le solicita a la ratificación de contenido y firma de las documentales consistentes en oficios números 60.INV/583 y 60.INV/625 de veinte de julio y dos de agosto de dos mil dieciséis, ordenado dentro de los autos del expediente laboral 425/2016. Sin que haya lugar a tener como actos reclamados los que enuncia el impetrante de amparo en su escrito de demanda, pues del estudio integral de la misma, así como de las constancias relacionadas con el juicio laboral de origen, se advierte que lo que el quejoso reclama es la omisión precisada. TERCERO. Certeza del acto reclamado. En su informe justificado el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tampico, si bien manifestó que no es cierto el acto que se le reclama; también lo es que en el propio informe realiza manifestaciones de las que se advierte su certeza, señalando que dentro del sumario de origen han sido desahogadas diversas probanzas, sin embargo, que el catorce de enero de dos mil veintiuno, dictó auto en el que señaló hora y fecha para el desahogo ratificación de contenido y firma de las documentales marcadas con los números 3 y 6 de la intención del IMSS consistentes en Oficios de Referencia Número 60.INV/583 de fecha veinte de Julio del do mil dieciséis y 60JNV/625 de fecha dos de agosto de dos mil dieciséis. Lo anterior, se corrobora con la constancia que remitió la autoridad responsable, que adquiere pleno valor probatorio al tratarse de documento público, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo anterior, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene como plenamente probado el acto reclamado a la responsable. Cobra aplicación en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, del texto y rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Así como, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causales de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece como obligación para los juzgadores de amparo el analizar las causales de improcedencia, siendo que esto se realice de manera oficiosa, o que en su caso lo hagan valer las partes; previo a cualquier otra cuestión. En el caso, de las constancias que fueron aportadas por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tampico, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos del acto reclamado. Previo a explicar el porqué de dicha causal, es necesario transcribir el contenido del precepto legal y fracción que la prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" De la literalidad del precepto mencionado, se deduce que para que opere la improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho del cual se derive la cesación de los efectos del acto reclamado, de modo tal que se restablezca la situación a la que prevalecía hasta antes de que se produjera su emisión. En el presente asunto, dicha causal encuadra a través de la emisión del auto de catorce de enero de dos mil veintidós, donde la responsable dictó auto en el que señaló hora y fecha para el desahogo ratificación de contenido y firma de las documentales marcadas con los números 3 y 6 de la intención del IMSS consistentes en Oficios de Referencia Número 60.INV/583 de fecha veinte de Julio del do mil dieciséis y 60JNV/625 de fecha dos de agosto de dos mil dieciséis. Por lo que, mediante oficio número 0226/2022 de diecisiete de enero del año actual, la responsable allegó copia certificada de la impresión de correo electrónico, documental con la cual, acredita la remisión del exhorto vía oficio a la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, donde le solicitó sirva diligenciar la notificación de la parte demandada. Por lo anterior, deviene inconcuso que cesó el efecto de la omisión reclamada a la autoridad responsable, consistente en tomar las medidas procesales fin de diligenciar el exhorto remitido, para la ratificación de contenido y firma de las documentales consistentes en oficios números 60.INV/583 y 60.INV/625 de veinte de julio y dos de agosto de dos mil dieciséis, ordenado dentro de los autos del expediente laboral 425/2016; puesto que con la emisión del auto de catorce de enero de dos mil veintidós, en el que se señaló hora y fecha para el desahogo ratificación de contenido y firma de las documentales antes mencionadas; así como con la impresión de correo electrónico de diecisiete de enero de dos mil veintidós, con la que acredita el haber remitidos el exhorto vía oficio se destruyeron sus implicaciones en forma total e incondicional, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación como si se hubiera otorgado el amparo; pues la pretensión de la parte quejosa era constreñir a la responsable a fin de que girara exhorto a la autoridad competente, para que tuviera a bien, realizar el emplazamiento de la parte demandada, lo que en la especie aconteció. Por lo anterior, deviene inconcuso la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, es necesario traer a la vista la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dispone: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por consiguiente, al estar demostrada la causal de improcedencia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Edgar Sánchez Ibarra, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Tampico, que fuera precisado en el considerando segundo, por los motivos señalados en los diversos tercero y último del presente fallo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    se agrega el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta Tampico, por el cual rinde informe justificado dentro del presente asunto; con su contenido y con las constancias que se anexan, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convengan. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, se agrega a los autos en los que se actúa para que obre como en derecho corresponda, el escrito signado por el quejoso mediante el cual en cumplimiento a la prevención contenida en el proveído de tres de los corrientes, manifiesta que señala como autoridad responsable a la Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tampico. Al respecto, se tiene por desahogado el requerimiento de referencia, por lo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35, 37, 115, 116, primer párrafo y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por la citada quejosa, mediante la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tampico, por estimarlos violatorios de los artículos 1° y 17 de la Constitución Federal. Pídase a la autoridad responsable informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días legalmente computados y requiérasele para que, dentro del término concedido, remita copia debidamente legible de todas y cada una de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional; en el entendido de que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. De igual forma, se hace del conocimiento de las partes que deberán informar a este órgano jurisdiccional cuando surjan causas de improcedencia o sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten de acuerdo con lo establecido por el artículo 64 de la ley de la materia. Así, se pone a disposición de las autoridades responsables, el correo electrónico institucional 1jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, para que se encuentren en aptitud de rendir su informe justificado y remitir cualquier información que se les solicite; en la inteligencia de que por este medio -correo electrónico-, se entablará comunicación con las autoridades responsables, hasta en tanto se normalicen las actividades de este órgano jurisdiccional, lo anterior de conformidad con los artículo 28, fracción III y 30, fracción I, de la Ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. En la inteligencia de que la misma, en términos de los artículos 5, fracción II y 25 del Acuerdo General 21/2020, se llevará a cabo mediante el medio denominado ''videoconferencia'' a través de Cisco Webex Meetings. Por tanto, siguiendo los lineamientos establecidos en el diverso Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en su artículo 28, SE REQUIERE A LAS PARTES para que en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación, proporcionen un correo electrónico o un dispositivo móvil al cual se les hará llegar la invitación del número de reunión en donde se llevará cabo la audiencia de ley; asimismo, indiquen en la promoción mediante la que desahoguen dicho requerimiento, la o las personas que acudirán vía electrónica en su representación (si es el caso). En el entendido que de no dar cumplimiento a lo anterior, o manifiesten el impedimento que tengan para hacerlo, la audiencia constitucional se llevará a cabo a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, lo anterior atento al artículo 5°, fracción II del Acuerdo General 21/2020. Por otro lado, en atención a los artículos 22 y 28 del citado Acuerdo General se les invita, a que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, e independientemente de lo anterior, propongan un correo electrónico a través del cual, en los casos que se estime necesario se pueda entablar la comunicación correspondiente. ''Artículo 22. Exhortos para mejorar la comunicación con las partes. Desde la primera notificación a las partes y en las subsecuentes mientras no atiendan la sugerencia, se les invitará a que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.'' ''Artículo 28. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. Aunque el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales procurarán exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.'' Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se tiene con el carácter de tercero interesado al Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad; por lo que, con fundamento en artículo 26, fracción II, inciso b, del propio ordenamiento legal, emplácesele a juicio vía oficio que contenga inserto el presente auto, anexándole copia cotejada de la demanda de amparo, a fin de que comparezca a juicio si lo estima conveniente a sus intereses; además, deberá hacerle de su conocimiento que la audiencia constitucional se llevará a efecto en la hora y fecha señaladas en el presente acuerdo. No se tramita incidente de suspensión toda vez que la parte quejosa no lo solicita expresamente en su demanda de amparo, como lo dispone el artículo 128, y el acto reclamado no está en los supuestos para decretarla de oficio en términos de los preceptos 126 y 127, todos de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones y documentos vía electrónica, el correo electrónico edgarsanchezibarra@hotmail.com. Por otro lado, el promovente solicita que se le autorice el acceso al expediente electrónico, así como para oír y recibir notificaciones mediante el usuario "edgarsanchezibarra" y correo electrónico edgarsanchezibarra@hotmail.com. Ahora, atento al Acuerdo General 13/2020, del PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, así como el Acuerdo General 12/2020, del PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en términos de los artículos 77 y 79 del Acuerdo que Reglamenta los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación del Juicio de Amparo en Línea, este órgano de control constitucional otorga acceso a la parte quejosa, para que consulte las determinaciones emitidas en el asunto que nos ocupa; así como para enviar promociones, documentos, comunicaciones y recibir, en su caso notificaciones en forma electrónica; lo anterior también con lo establecido en el arábigo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre del usuario "edgarsanchezibarra" y correo electrónico edgarsanchezibarra@hotmail.com, en la página del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Se hace del conocimiento del promovente que el acceso a los expedientes electrónicos solo es otorgado o revocado por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, y atenderá en todo caso a la situación jurídica que respecto a cada usuario los términos legales que las propias partes otorgaron al solicitante, así como a la vigencia de su firma electrónica. De igual forma, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que los quejosos o terceros interesados que cuenten con Firma Electrónica están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas; que de no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Ello, sin perjuicio de que, cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto pueda ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores, ordena practicar a la impetrante de amparo las notificaciones de forma electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario antes aludido. Al respecto, se cita la jurisprudencia 71/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, número de registro 2020082, la cual en su rubro refiere: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO." Ahora, y toda vez que resulta necesario habilitar al promovente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), notifíquese el presente proveído a la Encargada de dicho sistema, a efecto de que realice las gestiones administrativas correspondientes. Finalmente, dese la intervención que legalmente corresponde al Fiscal Federal adscrito a este juzgado, corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda, lo anterior a través del correo electrónico oficial rafael.desantillana@pgr.gob.mx. Notifíquese; por correo electrónico al Fiscal Federal adscrito a este juzgado y personalmente a la parte quejosa.

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