Edgar Salazar Hernández

Expediente 833/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 21 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
833/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
20/01/2023

Partes del expediente

  • Edgar Salazar Hernández
  • Cámara de Diputados

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinte de enero de dos mil veintitrés. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, rubro y texto se citan a continuación: "Época: Décima Época Registro: 2012455 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 34, Tomo IV, Septiembre de 2016 Materia(s): Común, Administrativa Tesis: XIX.1o.A.C. J/1 (10a.) Página: 2464 "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, se tiene que mediante interlocutoria de cinco de octubre de dos mil veintidós, por una parte, se negó la medida cautelar solicitada y, por otra parte, se concedió (fojas 60-65) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Incidental

    ......Boca del Río, Veracruz, veinte de enero de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 833/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veinte de enero de dos mil veintitrés. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, rubro y texto se citan a continuación: "Época: Décima Época Registro: 2012455 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 34, Tomo IV, Septiembre de 2016 Materia(s): Común, Administrativa Tesis: XIX.1o.A.C. J/1 (10a.) Página: 2464 "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, se tiene que mediante interlocutoria de cinco de octubre de dos mil veintidós, por una parte, se negó la medida cautelar solicitada y, por otra parte, se concedió (fojas 60-65) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Miguel Gastón Manzanilla Hernández, con quien actúa y da fe.". En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, rubro y texto se citan a continuación: "Época: Décima Época Registro: 2012455 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 34, Tomo IV, Septiembre de 2016 Materia(s): Común, Administrativa Tesis: XIX.1o.A.C. J/1 (10a.) Página: 2464 "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, se tiene que mediante interlocutoria de cinco de octubre de dos mil veintidós, por una parte, se negó la medida cautelar solicitada y, por otra parte, se concedió (fojas 60-65) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Miguel Gastón Manzanilla Hernández, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    III. Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa la sentencia engrosada el veintinueve del mes y año en curso, misma que a la letra dice: SENTENCIA... Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 833/2022, y RESULTANDO... PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional, la parte quejosa EDGAR SALAZAR HERNÁNDEZ promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 1-13). SEGUNDO. Trámite. Por auto de la misma fecha, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a las autoridades responsables su informe justificado; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita y exhortar a las partes la promoción del juicio en línea (fojas 14-23). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se recibieron los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 25-28, 29-36, 48-54, 57-58, 61-62, 65) así como la constancia de notificación de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado (foja 24) tuvo verificativo la audiencia constitucional quedando el expediente en estado de resolución. Finalmente, hasta el momento no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1, 103, fracción I, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracciones I y II, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación, conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que la parte quejosa promueve el presente juicio señalando como actos reclamados, actos que estima provienen autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; acto impugnable en amparo indirecto en términos del artículo 107, fracción II, de la Ley de Amparo; máxime que en la especie se reclama una ley con motivo de su primer acto concreto de aplicación; lo que es impugnable en la vía de amparo indirecto. Es competente por cuestión de la materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, actúa tanto como Órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como Órgano de Control Constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Finalmente, también se es competente por cuestión del territorio, con base en lo previsto en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, atento a que los efectos de los actos que la parte quejosa reclama se producen en su domicilio, el cual está dentro del territorio sobre del cual este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción, lo que dota de competencia al suscrito para resolver en definitiva este asunto. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que los actos reclamados en el presente juicio son: Del 1. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 2. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Secretaria de Energía en representación del 3. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y 4. Secretario de Gobernación, todos con sede en la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias: "a). La discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica" . De 5. CFE Distribución, Zona Distribución de Veracruz y 6. CFE Suministrador de Servicios Básicos ambas con sede en Veracruz con sede en Veracruz: b). "La verificación o revisión del medidor de energía eléctrica, en el domicilio de la quejosa ubicado en privada catorce (14) número dieciséis (16), fraccionamiento Las Palmas, en Boca del Río, Veracruz, derivado del contrato 847 150 103 081 y la aplicación del artículo 41 de la Ley de la Industria eléctrica respecto de la suspensión del servicio de fluido eléctrico en dicho domicilio". Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia del acto reclamado antes señalado. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados a las responsables 5. CFE Distribución, Zona Distribución de Veracruz y 6. CFE Suministrador de Servicios Básicos ambas con sede en Veracruz con sede en Veracruz. Lo anterior en razón que así lo manifestaron dichas responsables al rendir sus respectivos informes justificados, siendo que la primera de las mencionadas refirió que los actos reclamados no fueron ordenados ni ejecutados por conducto de la señalada como responsable, y que en relación al corte de suministro que aduce el quejoso, precisó que después de una búsqueda exhaustiva en el sistema de Comisión Federal denominado "SICOM" a nombre de SALAZAR HERNÁNDEZ EDGAR, con número de servicio 847 150 103 081 éste se encontraba ACTIVO (fojas 25-28). De igual forma, la segunda de las autoridades responsables informó que a la fecha de su informe (veintiséis de septiembre de dos mil veintidós) el servicio con 847 150 103 081 se encontraba ACTIVO dentro del Sistema Comercial, con existencia de la continuidad del suministro de energía eléctrica con motivo de la relación contractual (fojas 29-36). En esas condiciones, como la parte quejosa no desvirtuó la negativa de dicha responsable, ello es así, puesto que a través de escrito presentado en el local de este juzgado el tres de noviembre de dos mil veintidós, sólo exhibió copias simples del recibo relativo al cobro de suministro de energía eléctrica a CFE Suministrador de Servicios Básicos a nombre del quejoso, con número de servicio 847 150 103 081 del periodo comprendido del tres de junio al tres de agosto de dos mil veintidós; historial de consumo de energía expedido por dicha empresa en el que se aprecia el importe pagado al mes de octubre de dos mil veintidós; y seis impresiones fotográficas en las que refiere que personal de Comisión Federal de Electricidad acudió a su domicilio el día doce de julio de dos mil veintidós a suspender el servicio de energía. Sin embargo, de dichas constancias contrario a lo que pretende acreditar se aprecia el historial de consumo continuo en el que realizó los pagos correspondientes a cada bimestre, sin que con ellos demuestre el corte o suspensión del servicio de fluido eléctrico en su domicilio realizado el doce de julio de dos mil veintidós, como lo refiere en los hechos de su escrito de demanda de amparo. Por tanto, se sobresee en este juicio de amparo, por cuanto a dicho acto reclamado a tal responsable, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables 1. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión Subdirector de Amparos en su carácter de representante legal de la 2. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México; director de los Contencioso, adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía, en representación del 3. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México; Director General de Procedimientos Constitucionales de la 4. Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México; manifestaron que es cierto el acto reclamado consistente en: a).- La discusión, aprobación y expedición del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica (fojas 65, 61-62, 48-54 y 57). Por lo que tal aceptación se robustece si se toma en cuenta que tratándose de normas generales, leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no es necesario probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el medio de difusión oficial correspondiente, en este caso, el Diario Oficial de la Federación, para que se tomen en cuenta, dada su naturaleza pública y obligatoriedad, atendiendo al criterio jurídico contenido en la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." QUINTO. Improcedencia del juicio. Por ser las causas de improcedencia de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las que hicieron valer las partes y, en su caso, las que de oficio pudieran advertirse en la especie, según la exposición conforme a los apartados siguientes. A. De oficio, el suscrito considera que en relación con el acto reclamado consistente en: a).- La discusión, aprobación y expedición del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, Constitucional, al considerar que la parte quejosa no acreditó tener interés jurídico para el reclamo de dicha norma, según se expone enseguida: MARCO LEGAL Los numerales antes citados son del contenido literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; (.)" Conforme a los preceptos trascritos, la procedencia del juicio de amparo se surte cuando se combaten normas generales, cuando su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, afecte la esfera jurídica de los gobernados. Para tal efecto, la parte quejosa deberá acreditar que la norma combatida (sea esta autoaplicativa o heteroaplicativa) afecta su esfera jurídica, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. Ahora bien, para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor o a través de un acto de aplicación, se debe tener en consideración el criterio de clasificación entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas, que subyace al concepto de "individualización incondicionada" y que es útil para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando haya precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico. En esos términos se considera como una norma autoaplicativa a la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica de la quejosa, sin condicionarse a ningún acto, y si su contenido está condicionado, entonces se trata de una norma heteroaplicativa. Resulta aplicable al caso la tesis aislada 1a. CCLXXXI/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico." Ahora, en el caso de las normas generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación para que se produzca la actualización del supuesto legal y, en tal caso, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un primer acto de aplicación proveniente de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario a la parte quejosa con lo dispuesto en la norma impugnada, por actualizarse sus hipótesis normativas. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 55/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro y texto son los siguientes: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Ahora, atendiendo que la parte quejosa reclama el artículo 41, de la Ley de la Industria Eléctrica, como norma heteroaplicativa, es decir con motivo de su primer acto de aplicación, conviene hacer cita del citado numeral, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 41.- Los Transportistas y los Distribuidores sólo podrán suspender el servicio a los Usuarios Finales en los casos siguientes: I. Por caso fortuito y fuerza mayor; II. Por mantenimiento programado en las instalaciones, siempre que se haya notificado con anterioridad al Usuario Final o su representante; III. Por incumplimiento de las obligaciones de pago o de garantía de un Usuario Calificado Participante del Mercado frente al CENACE, en cuyo caso el CENACE emitirá la instrucción respectiva; IV. Por incumplimiento de las obligaciones de pago oportuno por el servicio prestado, en cuyo caso el Suministrador que representa al Centro de Carga emitirá la instrucción respectiva; V. Por terminación del contrato de Participante del Mercado o del contrato de Suministro, en cuyo caso el CENACE o el Suministrador que representa al Centro de Carga, respectivamente, emitirá la instrucción; VI. Por realizar actividades o incurrir en omisiones que impidan el funcionamiento adecuado de las redes o que alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de control o de medición; VII. Por incumplimiento de las normas oficiales mexicanas, o mala operación o fallas en las instalaciones del Usuario Final; VIII. Por el uso de energía eléctrica en contravención a lo establecido en las Reglas de Mercado o en las condiciones generales para la prestación del Suministro Eléctrico, según corresponda, y IX. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales cuando en el contrato se estipule que tal incumplimiento implica la suspensión del servicio. En los casos antes señalados, los Transportistas y los Distribuidores podrán proceder al corte del servicio sin requerirse al efecto la intervención previa de autoridad alguna, y sólo deberán restaurar el servicio cuando se subsanen las causas que originaron el corte. En caso de una suspensión de servicio que posteriormente se determine improcedente, las responsabilidades que deriven corresponderán al CENACE o al Suministrador que en su caso haya emitido la instrucción, siempre y cuando el Transportista o el Distribuidor la haya ejecutado correctamente. En caso de que el Transportista o el Distribuidor no ejecute la suspensión en un periodo de 24 horas siguientes a la recepción de la instrucción del CENACE o del Suministrador, el consumo que corresponde al periodo subsecuente se cargará al Transportista o al Distribuidor correspondiente." Dicho numeral señala que los transportistas y los distribuidores sólo podrán suspender el servicio a los Usuarios Finales en los casos siguientes: I. Por caso fortuito y fuerza mayor; II. Por mantenimiento programado en las instalaciones, siempre que se haya notificado con anterioridad al Usuario Final o su representante; III. Por incumplimiento de las obligaciones de pago o de garantía de un Usuario Calificado Participante del Mercado frente al CENACE, en cuyo caso el CENACE emitirá la instrucción respectiva; IV. Por incumplimiento de las obligaciones de pago oportuno por el servicio prestado, en cuyo caso el Suministrador que representa al Centro de Carga emitirá la instrucción respectiva; V. Por terminación del contrato de Participante del Mercado o del contrato de Suministro, en cuyo caso el CENACE o el Suministrador que representa al Centro de Carga, respectivamente, emitirá la instrucción; VI. Por realizar actividades o incurrir en omisiones que impidan el funcionamiento adecuado de las redes o que alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de control o de medición; VII. Por incumplimiento de las normas oficiales mexicanas, o mala operación o fallas en las instalaciones del Usuario Final; VIII. Por el uso de energía eléctrica en contravención a lo establecido en las Reglas de Mercado o en las condiciones generales para la prestación del Suministro Eléctrico, según corresponda, y IX. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales cuando en el contrato se estipule que tal incumplimiento implica la suspensión del servicio. En tal caso, prevé que los Transportistas y los Distribuidores podrán proceder al corte del servicio sin requerir la intervención previa de autoridad alguna, y sólo deberán restaurar el servicio cuando se subsanen las causas que originaron el corte. ANTECEDENTES Enseguida se estima conveniente hacer referencia, en lo que al caso importa, a los antecedentes que en torno a los actos reclamados se desprenden de las constancias del presente juicio, mismos que son de la relación siguiente: 1. La parte quejosa aduce tener contratado con las autoridades responsables ejecutoras, en forma indefinida, el suministro de energía eléctrica en el inmueble ubicado en privada catorce (14) número dieciséis (16), fraccionamiento Las Palmas, en Boca del Río, Veracruz, derivado del servicio 847 150 103 081. 2. En relación con el servicio aludido, del informe signado por las autoridades responsables 5. Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, Zona Distribución Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz y 6. CFE Suministrador de Servicios Básicos con sede en Veracruz, negaron el acto reclamado, esto es la verificación o revisión del medidor de energía eléctrica, en el domicilio ubicado en privada catorce (14) número dieciséis (16), fraccionamiento Las Palmas, en Boca del Río, Veracruz, y la aplicación del artículo 41 de la Ley de la Industria eléctrica respecto de la suspensión del servicio de fluido eléctrico en dicho domicilio, dado que ambos fueron coincidentes en manifestar que en relación al servicio derivado del contrato 847 150 103 081 en dicho domicilio que realizó la parte quejosa, se encontraba con estatus de ACTIVO dentro del Sistema Comercial SICOM que lleva en esa empresa. Por lo que, de los informes proporcionados por dichas autoridades no se advierte que hayan ordenado el corte del suministro eléctrico, ni refieren adeudo alguno emitido por la empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador, lo que se observa en la impresión de la pantalla del sistema "SICOM" que corresponde al servicio de energía eléctrica 847 150 103 081, a nombre de la aquí parte quejosa (fojas 25-44). 3. A lo que la parte quejosa aduce en su escrito de alegatos presentado el tres de noviembre de dos mil veintidós (fojas 72-82) que contrario a lo que manifiestan las autoridades responsables el día doce de julio de dos mil veintidós, personal de Comisión Federal de Electricidad acudió a su domicilio a suspender el servicio de energía eléctrica y retirar el medidor con los cables que suministran el fluido, presentando sus comprobantes de pago de agosto y octubre de dos mil veintidós, así como una impresión del historial de consumo de febrero de dos mil dieciocho a octubre de dos mil veintidós, del servicio de energía eléctrica 847 150 103 081 (fojas 72-82). Hasta aquí los antecedentes que importan al acto reclamado. SUBSUNCIÓN En el caso, la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley de Energía Eléctrica, con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en el corte del suministro de energía eléctrica en el domicilio ubicado en privada catorce (14) número dieciséis (16), fraccionamiento Las Palmas, en Boca del Río, Veracruz, derivado del servicio 847 150 103 081, por lo que alega un interés jurídico. A fin de acreditar lo anterior, la parte quejosa ofreció como pruebas de su parte las siguientes: 1. Aviso Recibo expedido por Comisión Federal de Electricidad, expedido a nombre del promovente con fecha límite de pago de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, correspondiente al inmueble ubicado en en privada catorce (14) número dieciséis (16), fraccionamiento Las Palmas, en Boca del Río, Veracruz, derivado del servicio 847 150 103 081. 2. Comprobante de pago con fecha de facturación de octubre de dos mil veintidós. 3. Historial de Consumo del en privada catorce (14) número dieciséis (16), fraccionamiento Las Palmas, en Boca del Río, Veracruz, derivado del servicio 847 150 103 081, desde febrero de dos mil dieciocho, al mes de octubre de dos mil veintidós, en el que se observa el importe pagado de manera bimestral. 4. Seis impresiones fotografías y un escrito en el que la parte quejosa solicita la reconexión del servicio de suministro de energía eléctrica (fojas 72 a 82). Sin embargo, de dichas documentales no se desprende indicio alguno que permita advertir que las señaladas autoridades responsables hubieren aplicado a la parte quejosa el artículo que tilda de inconstitucional; de ahí la ineficacia de las pruebas aportadas en juicio. En esos términos, si la parte quejosa no demostró que le haya sido aplicado el artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica, resulta patente que el mismo no trascendió en su esfera de manera real y actual y, en esos términos, al no advertirse que se aplicó la norma reclamada, entonces tampoco queda evidenciado el interés jurídico de la quejosa para combatir la norma como resultado del primer acto de aplicación, por lo que no es posible entrar al análisis de la cuestión relativa a la inconstitucionalidad que se hace valer, en tanto que para ello es necesaria la justificación del interés jurídico de la parte quejosa, lo cual en el caso no fue probada. Lo anterior es reflejo del criterio que se contiene en la jurisprudencia 1a./J. 4/99 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable al caso, la diversa jurisprudencia 3a./J.45/90, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a la letra dice: "INTERES JURIDICO. EXAMINAR LACONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE "INSTANCIA DE PARTEAGRAVIADA" Y DE "RELATIVIDAD DE LOSEFECTOS DE LA SENTENCIA". Los artículos 107,fracciones I y II de la Constitución Federal y 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que prohiben hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos citados". Además, debe señalarse que de las constancias remitidas 5. CFE Distribución, Zona Distribución de Veracruz y 6. CFE Suministrador de Servicios Básicos ambas con sede en Veracruz con sede en Veracruz (fojas 25-44) queda de manifiesto que negaron los actos reclamados por la parte quejosa, esto es la verificación o revisión del medidor de energía eléctrica, en el domicilio ubicado en privada catorce (14) número dieciséis (16), fraccionamiento Las Palmas, en Boca del Río, Veracruz, y la aplicación del artículo 41 de la Ley de la Industria eléctrica respecto de la suspensión del servicio de fluido eléctrico en dicho domicilio, puesto que ambos manifestaron que con relación al servicio derivado del contrato 847 150 103 081 que realizó la parte quejosa, se encontró con estatus de ACTIVO dentro del Sistema Comercial SICOM que lleva en esa empresa, por lo que no hubo orden alguna de corte del suministro eléctrico. Por tanto, queda patente que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; por lo que se impone sobreseer en el juicio de amparo, respecto del acto reclamado precisado como a).- La discusión, aprobación y expedición del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica, reclamado a las autoridades 1. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 3. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y 4. Secretario de Gobernación, todos con sede en la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Máxime que, de las constancias que obran en el presente asunto, mismas que fueron reseñadas con antelación no se desprende que las señaladas como autoridades responsables, 5. CFE Distribución, Zona Distribución de Veracruz y 6. CFE Suministrador de Servicios Básicos ambas con sede en Veracruz, hubiesen aplicado a la parte quejosa el precepto legal reclamado, que si bien existe un contrato de energía que la parte quejosa tiene celebrado con el Suministrador Comisión Federal de Electricidad, pero sin que se advierta mención alguna que acredite algún proceder en aplicación del numeral 41 de la Ley de la Industria Eléctrica, según lo manifestado en el informe justificado que rindieron en el presente asunto. Por ende, se torna evidente que, en este caso no se logró demostrar que la suspensión por corte de dicho servicio reclamado por la peticionaria de garantías, constituyera el primer acto de aplicación de la norma combatida. En consecuencia, queda patente que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; por lo que se impone sobreseer en el juicio de amparo, respecto del acto reclamado consistente en a) la iniciativa, discusión, aprobación, expedición de la Ley de la Industria Eléctrica, específicamente el artículo 41, atribuido a las autoridades 1. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión Subdirector de Amparos en su carácter de representante legal de la 2. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México; director de los Contencioso, adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía, en representación del 3. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México; Director General de Procedimientos Constitucionales de la 4. Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. B. En el contexto anterior, respecto del diverso acto reclamado que se hace consistir en b).- La verificación o revisión del medidor de energía eléctrica instalado en el domicilio de la quejosa, ubicado en privada catorce (14) número dieciséis (16), fraccionamiento Las Palmas, en Boca del Río, Veracruz, derivado del servicio 847 150 103 081 misma que aduce que se realizó el doce de julio de dos mil veintidós, se considera también de oficio, que se actualiza el diverso motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que la Comisión Federal de Electricidad no refleja tener el carácter de autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo, como a continuación se verá. MARCO LEGAL Los referidos numerales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. .". De los numerales trascritos se desprende que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos que en el mismo se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de una evolución histórica del concepto de autoridad, en principio sostuvo el criterio de quienes podían ejercer fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por lo mismo, están en posibilidad material de actuar como individuos que ejercen actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de que disponían; criterio que fue superado al emitir el pleno del alto tribunal, la tesis 97, de texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De la anterior tesis, se destaca, que una autoridad para efectos del amparo, que posee las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: 1. Que tenga características de órgano público. 2. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Ahora bien, de acuerdo con la doctrina el Estado en su actuación puede vincularse de distinta manera, y surgen así relaciones jurídicas que producen efectos que pueden o no dar lugar a actos autoritarios, tales relaciones se clasifican en: a) Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, hipótesis en la cual todos concurren en calidad de gobernados. b) Las relaciones de supraordinación, que son las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones. c) Las relaciones de supra a subordinación, que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, por la otra. En dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública, propia de un acto autoritario. En otros términos, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas, en un plano de supra a subordinación, o sea entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. SUBSUNCIÓN Ahora bien, en el caso concreto, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa se duele de la verificación o revisión del medidor de energía eléctrica en el inmueble ubicado en privada catorce (14) número dieciséis (16), fraccionamiento Las Palmas, en Boca del Río, Veracruz, derivado del servicio 847 150 103 081 misma que aduce se realizó el doce de julio de dos mil veintidós. De lo anterior, se advierte la estrecha relación que guarda la parte quejosa, en virtud del convenio que tiene celebrado con la Comisión Federal de Electricidad, relativo al servicio de energía eléctrica contratado; de ahí que, se estime que no le resulta el carácter de autoridad responsable al CFE Suministrador de Servicios Básicos con sede en Veracruz, Veracruz; ya que el acto reclamado deriva de la relación de coordinación entre dicha empresa productiva y el usuario del servicio. En efecto, el origen de dicho acto deriva de un acuerdo de voluntades, donde el prestador del servicio, que en el caso es la Comisión Federal de Electricidad, y la ahora promovente, adquieren derechos y obligaciones recíprocas, por lo que se recurre a las formas del derecho privado para regular la relación entre el usuario y dicha empresa. Por ende, la Comisión citada no actúa con potestad de imperio, esto es, en una relación de supra-subordinación con la impetrante de amparo; sino en un vínculo de coordinación, derivado de un contrato de energía eléctrica celebrado entre ambas partes. Se afirma lo anterior, dado que de la reforma a la Constitución Federal en materia de energía eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, que regula el sistema eléctrico nacional, dio origen a las leyes de la Comisión Federal de Electricidad y de la industria eléctrica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil catorce se desprende, que la Comisión en cita se creó, como nueva figura jurídica la de empresa productiva del Estado, con carácter empresarial, sujeta a un régimen nuevo, distinto y separado al de las empresas paraestatales. En efecto, los artículos 3, 7, 82, 83 y 118 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, establecen: "Artículo 3. La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios.- Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley.- En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética". "Artículo 7. Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Comisión Federal de Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto.- Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda". "Artículo 82.- Todos los actos que se desarrollen dentro del procedimiento de contratación que se regula en el presente Capítulo, hasta el momento del fallo, inclusive, serán de naturaleza administrativa.- Una vez firmado el contrato, éste y todos los actos o aspectos que deriven del mismo serán de naturaleza privada y se regirán por la legislación mercantil o común aplicable". "Artículo 83. En contra del fallo que adjudique el contrato procederá: I. El recurso de reconsideración ante la instancia colegiada que se determine en el Estatuto Orgánico, y conforme al procedimiento que establezca el Reglamento de esta Ley, o II. La acción jurisdiccional que corresponda ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.- Contra las demás resoluciones emitidas durante el concurso no procederá instancia ni medio ordinario de defensa alguno y, en caso de alguna irregularidad en tales resoluciones, éstas podrán ser combatidas con motivo del fallo.- Una vez adjudicado y firmado un contrato, todas las controversias que surjan relativas a su interpretación o cumplimiento serán competencia de los tribunales competentes del Poder Judicial de la Federación, salvo que se haya pactado un medio alternativo de solución de controversias". "Artículo 118. Las controversias nacionales en que sean parte la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, quedando exceptuados de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales.- Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán pactar medios alternativos de solución de controversias, cláusulas o compromisos arbitrales, en términos de la legislación mercantil aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte.- Tratándose de actos jurídicos o contratos que surtan sus efectos o se ejecuten fuera del territorio nacional, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán convenir la aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto." De las normas transcritas se desprende que el legislador dispuso expresamente que los actos que emita la Comisión Federal de Electricidad le son aplicables las legislaciones mercantil y civil, por lo que será de esa naturaleza. Excepcionalmente, los actos que emita en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa. Por tal motivo, sólo los actos administrativos son impugnables a través del juicio de nulidad y, en su caso, en vía de amparo. El resto de los conflictos nacionales en que participe dicha empresa, incluidos los derivados de interpretación y cumplimiento de los contratos suscritos, merced a un procedimiento administrativo, serán resueltos en vía mercantil o civil por los tribunales federales competentes en la materia, o bien, a través de los mecanismos de solución de conflictos, tales como el arbitraje, que pacten las partes. Cabe destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia en la que consideró que las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. El criterio que informa, se contiene en la jurisprudencia número 2ª/J.156/2017 (10a.) emitida por la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, página 336, que dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." Conforme al criterio anterior, se puede concluir que actualmente existe jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que define que las controversias suscitadas entre la Comisión Federal de Electricidad y los particulares con motivo del contrato de suministro de energía eléctrica, deben ventilarse en la vía ordinaria mercantil, pues su origen deriva de un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación, lo que permite constatar que los actos emitidos por dicha Comisión con motivo de la existencia del referido contrato no se originan en un plano de supra a subordinación (Estado-particular) y, por ende, no pueden constituir un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Sin que lo anterior deje en estado de indefensión a la parte promovente, dado que si bien, la Comisión Federal de Electricidad es un ente público no por ello las relaciones contractuales que tengan que ver con su objeto las puede decidir de manera unilateral, imperativa y con coercitividad, por lo que en el caso, el impetrante en caso de incumplimiento del mismo, está en aptitud legal de acudir ante los tribunales ordinarios a fin de demandar de su proveedor el cumplimiento del convenio celebrado en su calidad de consumidor; lo que permite vislumbrar, además de lo ya expuesto, que el acto reclamado no constituye acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo. CONCLUSIÓN Por todo lo expuesto y al quedar de manifiesto que 5. CFE Distribución, Zona Distribución de Veracruz y 6. CFE Suministrador de Servicios Básicos ambas con sede en Veracruz con sede en Veracruz, ambas Empresas Productivas y Subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad en Veracruz, Veracruz, no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo en el caso sujeto a estudio, respecto del acto que se les reclama consistente en b).- La verificación o revisión del medidor de energía eléctrica instalado en el domicilio de la quejosa, en el inmueble ubicado en privada catorce (14) número dieciséis (16), fraccionamiento Las Palmas, en Boca del Río, Veracruz, derivado del servicio 847 150 103 081 y del que adujo que tuvo conocimiento el doce de julio de dos mil veintidós, en el que le fue suspendido el servicio, entonces es procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de tal acto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. En congruencia con lo anterior no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por el peticionario de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Lo anterior, bajo el entendido de que, al haberse dictado el sobreseimiento del juicio, por estimarse actualizadas las causas de improcedencia sujetas estudio, no implica que se le esté negando a la parte promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, pues si bien es cierto, el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, también lo es, que corresponde a la parte quejosa cumplir con los requisitos de procedencia establecidos en la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis III.2º.C.3 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 2066, del tomo 3, Enero de 2013, de la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya literalidad es la siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO.EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NOCONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia". SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando pública en términos de la reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto del año dos mil veinte. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, Constitucional, y 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Edgar Salazar Hernández, por lo que hace a los actos reclamados señalados en el considerando segundo de la presente resolución, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación del presente fallo, en los términos del considerando sexto de este fallo. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, tres de noviembre de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta se obtiene que el plazo de ocho días hábiles que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, conferido a las partes con el informe justificado rendido por por la autoridad 1. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México, fenece el tres de noviembre del presente año. En razón de lo anterior, es evidente que a la fecha se encuentra transcurriendo el aludido plazo de ocho días, y por ende, a efecto de hacer efectivo su término, se impone diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito del autorizado de la parte quejosa, recibido en línea, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se le tienen por ofrecidas las PRUEBAS DOCUMENTALES, que anexa en copia simple a su escrito de cuenta y por formuladas sus manifestaciones en vía de ALEGATOS, sin perjuicio de tenerlas por ofrecidas las primeras y por reproducidas las segundas en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, de acuerdo con lo establecido por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.

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