Edgar Rosales Bautista
Expediente 1496/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1496/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Edgar Rosales Bautista
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, a veintiuno de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO AUTO EN EL QUE SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo otorgado a la quejosa el uno de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se ordenó darle vista a la parte quejosa para que manifestara si a su interés legal convenía ampliar su demanda, sin que hubiese realizado manifestación alguna; en consecuencia, se tiene por precluido el derecho de la quejosa y se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, por lo que se tiene únicamente como autoridades responsables y actos reclamados los señalados en el capítulo respectivo de su demanda. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, este juzgado estima que en el presente asunto, se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, cuyo estudio es de orden público y estudio preferente; por lo tanto, se procede a su estudio al tenor de las siguientes consideraciones: La parte quejosa, señaló como acto reclamado en el presente asunto, el siguiente: [.] [.] Asimismo, de las constancias que obran en autos, se desprende que mediante oficio presentado en este juzgado el uno de diciembre del año en curso, con número de correspondencia 22661, la apoderada general para la defensa jurídica en representación del Director General, ambos de la Policía Bancaria e Industrial, rindió su informe justificado y anexó copia certificada del oficio PBI/SRF/1138/10/2021, de quince de octubre de dos mil veintiuno, por el que se dio respuesta al escrito de petición de seis de octubre de dos mil veintiuno, presentado por la parte quejosa, ante la autoridad responsable. En ese orden de ideas, éste juzgado estima que en el presente asunto, se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, cuyo estudio es de orden público y estudio preferente; por lo tanto, procede a su estudio al tenor de las siguientes consideraciones: En principio, debe aclararse que el legislador previó la posibilidad de que durante la sustanciación del juicio de amparo pudiera actualizarse alguna causa de improcedencia de las establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, según se desprende del contexto del artículo 63, fracción V, de la misma ley, que establece: Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. [.] Del precepto inserto, se desprende que puede decretarse el sobreseimiento dentro de un juicio de amparo cuando durante su sustanciación, sobrevenga un motivo de improcedencia, mismo que deberá ser manifiesto e indudable en estricto apego al diverso precepto legal 113, de la misma Ley. En efecto, de acuerdo con el contenido del artículo 113, de la Ley de Amparo, interpretado de forma armónica, es claro que el Juez de Distrito puede determinar la improcedencia del juicio, siempre que encontrare un motivo manifiesto e indudable; consiguientemente, a efecto de que pueda decretarse el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en términos del artículo 63, fracción V, en alusión, es inconcuso que el motivo de improcedencia que hubiere sobrevenido debe colmar estas características. Robustece lo anterior, por las razones que le rigen, la jurisprudencia P./J. 128/2001, cuyo rubro y datos de localización son los siguientes: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. (Registro: 188643, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 128/2001, Página: 803.) Entendiéndose por estos elementos, de forma respectiva, que el motivo sea patente y absolutamente claro y que pueda advertirse el contexto de la demanda, así como de los documentos que se encuentren glosados en el expediente formado con motivo de ésta y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno durante la secuela del juicio. Sentado lo anterior, éste Juzgado de Distrito considera que en los presentes autos sobreviene un motivo de improcedencia que reúne las características exigibles para que se dicte el sobreseimiento aún fuera de la audiencia, pues al ser este motivo manifiesto e indudable, es innecesario esperar hasta ese momento procesal (audiencia constitucional) para ello, aun cuando en el caso pudiera estar transcurriendo el plazo de vista de los informes justificados o estuviera transcurriendo un plazo a alguna de las partes; estimar lo contrario, indefectiblemente dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de los informes justificados, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el particular. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 del Pacto Federal, pues a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en el justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y datos de localización son los siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. (Registro: 184572, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 10/2003, Página: 386.) Así como la jurisprudencia II.2o.P. J/23, de rubro y datos de localización siguientes: SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. (Registro: 173878, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: II.2o.P. J/23, Página: 991.) Precisado lo anterior, de oficio se advierte que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que prevé: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Para que dicha causa de improcedencia se actualice, es necesario que todos los efectos del acto o actos reclamados, se hayan destruido en forma total o incondicional, por parte de las autoridades que participaron en su creación. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y datos de localización siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. (Registro: 193758, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38) En ese sentido, de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte lo siguiente: ? El acto reclamado consiste en la falta de respuesta al escrito de petición presentado por la parte quejosa el seis de octubre de dos mil veintiuno, ante el Director General de la Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México. ? Mediante oficio recibido en éste juzgado el uno de diciembre del año en curso, la apoderada general para la defensa jurídica en representación del Director General, ambos de la Policía Bancaria e Industrial, remitió copia certificada del oficio PBI/SRF/1138/10/2021, de quince de octubre de dos mil veintiuno, por el cual se dio contestación al escrito de petición presentado el seis de octubre de dos mil veintiuno de la parte quejosa. ? El uno de diciembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara si a su interés legal convenía ampliar su demanda y señalar como acto reclamado el oficio PBI/SRF/1138/10/2021, de quince de octubre de dos mil veintiuno, el cual le fue notificado el siete de diciembre de dos mil veintiuno. ? En razón de lo anterior, en la fecha en que se actúa, se hizo efectivo el apercibimiento decretado, y se tuvo por precluido su derecho para ampliar su demanda, y por ende, se continúa con el trámite del procedimiento en los términos en que fue planteada la demanda inicial. En tales condiciones, con independencia del sentido de la respuesta dada, lo objetivamente cierto es que se atendió el escrito de petición de mérito, y el trámite que recayó al mismo le fue dado a conocer al quejoso, por tanto, se concluye que han cesado los efectos de la omisión reclamada al Director General de la Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México, pues como se advierte de la narración anterior, se emitió la respuesta correspondiente a la petición presentada el seis de octubre de dos mil veintiuno. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, que señala: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto. (Registro: 168189, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009; página 605) Debe reiterarse que el oficio que recayó a la petición del quejoso, se hizo de su conocimiento mediante acuerdo de uno de diciembre de dos mil veintiuno, en el que además se le requirió para que manifestara si a su interés legal convenía ampliar su demanda, sin que atendiera con el citado requerimiento. Bajo esa óptica resulta incuestionable que el quejoso tuvo pleno conocimiento del contenido del oficio PBI/SRF/1138/10/2021 de quince de octubre de dos mil veintiuno, por el cual se dio contestación al escrito de petición presentado el seis de octubre de dos mil veintiuno, y estuvo en aptitud de ampliar su demanda y no lo hizo debidamente. Por lo anterior, es que se estima que en el presente asunto han cesado los efectos del acto reclamado, en razón de que ya no existe la violación a las garantías alegadas por el demandante, pues la omisión reclamada dejó de existir. En tales condiciones, al haber cesado los efectos del acto reclamado, por virtud de la contestación expresa y conocimiento que de la misma se advierte tuvo el quejoso, se sobresee en el juicio, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, este Juzgado de Distrito deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Consiguientemente, también se deja insubsistente cualquier requerimiento que se hubiere formulado a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo. No obstaculiza la consideración anterior, la circunstancia de que aún no se haya celebrado la audiencia constitucional en el presente asunto, toda vez que como se ha expuesto con antelación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, de la ley de la materia, cuando durante la tramitación del juicio se actualice alguna causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional puede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en armonía y respecto al derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/5338/2021, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa, en proveído de uno de diciembre del presente año, por el que se le requirió para que manifestara si a su interés legal convenía ampliar su demanda y señalar como acto reclamado el oficio PBI/SRF/1138/10/2021 de quince de octubre de dos mil veintiuno y como autoridad responsable al Subdirector de Recursos Financieros de la Dirección General de la Policía Bancaria e Industrial; toda vez que le fue notificado el siete de los corrientes. En estas circunstancias, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo, las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/5338/2021, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a uno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se requirió a las autoridades responsables para que dentro del plazo de diez días, contados a partir del día siguiente en el que surta efectos la notificación que se haga del presente proveído, realicen una búsqueda en su base de datos y proporcionen el domicilio actual de Federación Mexicana de Natación, asociación civil, a efecto de que sea notificada de diverso oficio y estar en posibilidad de notificar también la misiva 10839/2021 emitida en el presente incidente, sin que se haya obtenido resultado favorable para lograr su notificación. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, manifieste si conoce el domicilio actual en que pueda ser notificada la Federación Mexicana de Natación, asociación civil, en virtud de que como se mencionó, no fue posible notificarla en los diversos domicilios proporcionados por las autoridades responsables. Apercibido que en caso de no realizar manifestación alguno o de no aportar los elementos necesarios que permitan la notificación de la autoridad denominada "Sistema Nacional Anticorrupción" por conducto de la autoridad que refiere, se dejará de tener como responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página cuatrocientos sesenta y cuatro, del Tomo XII, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y tres, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro 215501, de rubro y texto: "JUEZ DE AMPARO, NO TIENE OBLIGACIÓN DE CERCIORARSE DE LA EXISTENCIA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES". Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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