Edgar Rosado Salinas

Expediente 785/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
785/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
24/08/2022

Partes del expediente

  • Edgar Rosado Salinas

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Causa estado. ... se declara que causó estado el referido acuerdo. Archivo. ... archívese este expediente como concluido. Relevancia documental. Este juicio de amparo carece de relevancia documental, al no ubicarse dentro de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General. Destino. Al haberse desechado la demanda que diera origen al presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, este expediente es susceptible de destrucción. Instrucciones al secretario. ...

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, doce de agosto de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Edgar Rosado Salinas; fórmese el juicio de amparo bajo el registro 785/2022-V-B. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto, se analiza el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional; además, que ésta sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable. Lo cual produce certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En efecto, el suscrito considera que en este asunto se configura el supuesto reconocido en el artículo 6º, interpretado a contrario sensu, en relación con la fracción XXIII, del diverso 61 y 3º todos de la Ley de Amparo. Toda vez que conforme al artículo 107 constitucional, fracción I, el juicio constitucional se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; y en los términos del artículo 6º de la ley de la materia, únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que reclama, pudiendo hacerlo por sí o por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente -particularmente los hechos relacionados con los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución y reconocidos también en el 15 de la Ley de Amparo- y sólo podrá seguirse por el agraviado y por su representante legal o por su defensor. Cabe precisar que el segundo de los preceptos invocados, en la fracción citada, establece que el juicio de amparo es improcedente, además de las hipótesis previstas en ese artículo, cuando la causa de improcedencia provenga de alguna otra disposición de la ley. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3º, 6° y 108, párrafo primero, de la Ley de la materia, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, cuando el acto reclamado derive de un acto administrativo, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma autógrafa del promovente o al haberla presentado por medios electrónicos la evidencia criptográfica del sujeto autorizado para enviarla por ese medio. Así, es necesario indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3° de la Ley de Amparo dispone que la firma electrónica es el medio que permite a la parte quejosa el ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, en los que quien promueve sea parte. Asimismo, ese artículo establece que los escritos enviados en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal, firma que se podrá prescindir cuando se promueva el amparo en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, situación que no acontece en el presente caso, puesto que se trata de una demanda en sin sub materia según la boleta de turno, es decir, dentro de la misma no señalo algún acto reclamado. En el caso a estudio, como ya se dijo, este órgano jurisdiccional estima que no se cumple con el requisito esencial que establece el artículo 6° de la Ley de Amparo, pues, se advierte que el promovente Edgar Rosado Salinas no firmó de manera electrónica (con evidencia criptográfica) el ocurso de demanda que se provee Por tanto, no existe plena certeza de que se haya plasmado en tal escrito su voluntad para instar la acción constitucional de que se trata, ya que la firma del promovente, no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento; de donde resulta indispensable que en la demanda o promoción que se formula conste la firma (autógrafa o electrónica) de quien promueve, ya que sólo así se acredita la voluntad del que suscribe, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca del juicio de amparo, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella dactilar, es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad de determinada persona de presentarlo. Sobre este tema, el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, prevé que al presentar demanda de amparo indirecto de forma electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción y que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica que corresponderá a la firma electrónica, en la que se mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, siempre que el certificado sea reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y esté vigente; a excepción de cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Congruente con ello, no se advierte la manifestación de voluntad del promovente de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que, tratándose del juicio el amparo en línea que se pretende promover, con la firma electrónica (evidencia criptográfica) la parte expresa la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Sin que se esté en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 3° de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica). ... Tampoco es posible requerir al peticionario de amparo para que subsane la omisión aludida, porque el artículo 114 de la Ley de Amparo, sólo faculta a este tribunal federal, a prevenir al promovente para que llene algún requisito formal, haga las aclaraciones que correspondan o exhiba las copias necesarias para correr traslado a las partes, más no para tal omisión. Aunado a ello, de la demanda se advierte que el quejoso omitió cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo. .... Sin embargo, no es aplicable al presente caso toda vez que actualmente no se encuentran activos los protocolos del semáforo epidemiológico rojo a causa de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2. En esas condiciones, la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3° y 6°, todos de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Domicilio. Ahora bien, el quejoso Edgar Rosado Salinas no señalo domicilio para recibir y oír notificaciones, por tal motivo, de conformidad con lo que establece el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, realícese la presente notificación y las subsecuentes por lista de acuerdos, hasta en tanto subsane tal omisión. Integración de expedientes. Se instruye al secretario, así como a los actuarios, para que, de acuerdo a sus funciones, supervisen la debida integración de los expedientes, tanto físico como electrónico. Notifíquese. ...

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