Edgar Rodriguez Barrera
Expediente 83/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 83/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Edgar Rodriguez Barrera
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacan, siete de marzo de dos mil veintitres. Como de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término previsto por el artículo 86, de la Ley de la Materia, para que las partes legitimadas recurrieran el auto de trece de febrero pasado, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Por otra parte, vista la constancia secretarial se obtiene que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías, lo anterior de conformidad con los artículos 12, 14, 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General.". Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de febrero de dos mil veintitrés. En?términos de los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad?responsable en cita en la constancia secretarial, por rendido su respectivo informe justificado, al que adjunta diversas documentales de las cuales emana el acto reclamado; con ello, dése vista? a las partes por el término de ocho días para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés? convenga. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacan, veintisiete de enero de dos mil veintitres. Agréguese al expediente el escrito de cuenta signado por el quejoso ********************, por medio del cual ratifica en todas y cada una de sus partes la demanda de amparo promovida a su favor por -; por tanto, con fundamento en los artículos 5, 37, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de garantías, contra actos del Secretario de Seguridad Pública en el Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley. Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión, toda vez que en proveído de veinticuatro de los actuales, se decretó de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados. Además, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que rindan su respectivo informe justificado, el que deberán rendir dentro del término de QUINCE DÍAS contado a partir del que reciban el oficio en el que se le solicita, el que podrán hacerlo por escrito, y en el cual deberán exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener, en su caso, la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberán acompañar las constancias en que se basaron para emitir el acto, o copia certificada de las mismas, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRES, para la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En el entendido de que los hechos que narran los promoventes en su demanda, y el quejoso en su ratificación, son bajo protesta de decir verdad, y por tanto, en el caso de que afirmen hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, podría ser constitutivo de un delito de conformidad al artículo 261 de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En términos de los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a este Juzgado, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otra parte, en términos de los artículos 28, fracción I y 30 Fracción I, de la Ley en cita, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables, y a las que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menor trascendencia, se notificarán por lista; en la inteligencia que, de manera enunciativa, más no limitativa, se comunicarán por oficio, en su caso, las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) sentencia de fondo; d) admisión de recursos de revisión y queja; y, e) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. En apoyo a lo anterior, es de invocar por similitud, la jurisprudencia 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, del Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, consultable en la página 1253, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción 1, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. En términos del precepto 28, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niega a recibir tales oficios, se tendrá por realizada la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia, a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados se niegue a recibir el oficio respectivo, lo anterior en estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27 fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. Hágase saber a la autoridad responsable, que para rendir su informe, deberá hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde vía fax o telegrama, ya no es necesario rendirlo vía postal (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), y en ese caso, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 3 22 69 60, extensión 1192; asimismo, no es indispensable que la autoridad responsable acuse recibo de los autos que se le notifique, salvo manifestación expresa de este Órgano Jurisdiccional. Y, para el caso de que las autoridades responsables lo consideren conveniente, proporcionen su correo electrónico oficial a fin de que les sean remitidas las notificaciones que sean de naturaleza urgente inherentes al presente asunto, de igual manera se proporciona el correo oficial de este Órgano Jurisdiccional para que en esos casos remitan los acuses de notificación respectivas (el cual es 2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo por la vía postal. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece que el acceso a los expedientes electrónicos se autorizará al asociar el "nombre de usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el citado portal con el juicio de amparo respectivo y la captura de los datos de las partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, que suscriben las autoridades responsables en cita, por medio del cual en cumplimiento a lo ordenado en autos, rinden su informe relativo a la suspensión de plano concedida a la parte quejosa; con su contenido dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Intégrese a sus autos la razón actuarial de cuenta, téngasele por haciendo las manifestaciones que refiere. Finalmente, respecto a la ampliación de demanda que pretende el quejoso, se advierte la existencia de nuevos actos a los aquí reclamados; por tanto, dígase a la parte quejosa que en su caso, no procede la ampliación de demanda contra los mismos, porque no tienen vinculación con los inicialmente reclamados; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión ni hacer nugatorio el acceso a la justicia de la parte quejosa, y de acuerdo al criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ordena remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, a efecto de que registre y turne como una nueva demanda, el escrito de ampliación de demanda. Cobra sustento la jurisprudencia P./J. 7/2020, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en el Libro 79, Tomo I, página 5, de octubre de 2020, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2022181, que a la letra dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron cómo debe actuar el Juez de Distrito frente a la ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente y llegaron a determinaciones divergentes, ya que uno sostuvo que el juzgador debe remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que se registre como una nueva demanda y se turne al órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto de que provea lo conducente, mientras que el otro resolvió que en ese caso se debe desechar la ampliación de demanda. Criterio jurídico: Si la materia de ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, el Juez de Distrito deberá remitir el escrito a la Oficina de Correspondencia Común a fin de que se le dé el trámite como nueva demanda y el juzgador en turno, al examinarla, sólo en la hipótesis de que advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, podrá desecharla. Justificación: Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, aun antes de que fuera prevista en la Ley de Amparo, que la ampliación de demanda es una figura que atiende a la exigencia del artículo 17 de la Constitución General, el cual reconoce el derecho de acceso a la justicia, que debe ser completa, pronta e imparcial. Bajo ese orden de ideas, cuando ante un Juez de Distrito se promueva una ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, en aras de garantizar el acceso a la justicia, debe enviarla a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente a una demanda independiente, ya que sólo puede desecharse una demanda ante la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que podrá hacer, en todo caso, el Juez que por razón de turno conozca de aquélla. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************a favor de ********************en contra de los actos del Secretario de Seguridad Pública en el Estado, con sede en esta ciudad********************y otra autoridad********************ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a reserva de que sea ratificada, fórmese expediente, y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número III-83/2023-L, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. En primer lugar, en atención a que en la presente demanda se reclaman actos de incomunicación, posible tortura y privación de la libertad, los cuales se encuentran prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a efecto de salvaguardar los derechos humanos del quejoso directo se pronuncia el presente proveído. En efecto, como el acto reclamado se hace consistir entre otros, en la incomunicación, posible tortura y privación de la libertad, de que es objeto el quejoso directo, así como la posible aplicación de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSION DE LOS ACTOS RECLAMADOS, para el efecto de que cese de inmediato la incomunicación de que esté siendo objeto el impetrante de garantías, y no le sea aplicado alguno de los actos que importen peligro de privación de la vida, lesiones, golpes, posibles tormentos, malos tratos, torturas, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el citado precepto de nuestra Carta Magna. Se apercibe a las autoridades señaladas como responsables, para que dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de que tengan conocimiento de este proveído, informen a este Órgano Jurisdiccional, sobre el cumplimento que hayan dado a la suspensión otorgada, en el entendido que esta orden deberá obedecerse bajo su más estricta responsabilidad, con el apercibimiento que de no rendir su informe dentro del tiempo concedido, se procederá a tramitar incidente de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, culminando con la sanción establecida en el artículo 209, en relación con las fracciones III y IV, del numeral 262, ambos de la Ley de Amparo. En el entendido de que dicho peticionario de amparo, queda a disposición de este Juzgado de Distrito, en el lugar en que se encuentre detenido, sin perjuicio de las diligencias que practique la autoridad competente. Si la detención del quejoso fue efectuada por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público como probable responsable de algún delito, esta suspensión sólo producirá el efecto de que sin dilación, sea puesto a disposición del Agente Ministerio Público que corresponda, para que este determine su libertad o su retención dentro del plazo legal, y en los términos que el párrafo séptimo del artículo 16 constitucional lo permite, o bien, su consignación ante la autoridad competente. Asimismo, si la detención que se reclama, fue decretada con motivo del cumplimiento de una orden judicial, esta suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso directo quede a disposición del Juez de amparo, por lo que se refiere a su libertad personal en el lugar en el que se encuentre detenido, o bien a donde sea trasladado por razones de seguridad, quedando a disposición del Juez instructor respectivo, por lo que hace a la continuación del procedimiento. Ahora, como en los antecedentes de la demanda el promovente señala que el quejoso directo fue detenido en esta ciudad, por los elementos de la Guardia Estatal********************por tanto, se comisiona al actuario judicial adscrito a este Juzgado, para el efecto de que se constituya en las instalaciones de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la Republica, con sede en esta ciudad, con la finalidad de localizar al quejoso, dando fe, y haciendo constar su estado físico********************esto es, si presenta huellas de violencia********************además, les haga de su conocimiento que se decretó de plano la suspensión de los actos, para que de inmediato cese la incomunicación, tormentos, malos tratos, torturas y amenazas de que fuere objeto el quejoso, y lo requiera para que en el momento de la diligencia, o dentro del término de tres días, manifieste si ratifica o no la demanda promovida a su favor, apercibiéndole que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda y se dejarán sin efectos las providencias decretadas, sin perjuicio de que, de no ser localizado el quejoso directo, se requiera al promovente a efecto de que éste proporcione mayores datos para su localización. A efecto de lograr lo anterior, se requiere a las autoridades señaladas como responsables, para que otorguen las facilidades necesarias al funcionario facultado, a fin de que esté en aptitud de desahogar las diligencias encomendadas, ya que la violación de lo aquí ordenado, será sancionado conforme lo establece la fracción III, del artículo 262 de la Ley de Amparo. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación********************para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones personales el que precisa en su libelo constitucional********************además, se le tiene proporcionando el nombre de usuario "-", en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para tener acceso al expediente electrónico********************lo que se hace del conocimiento de la encargada de dicho Sistema y de la actuaria adscrita, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como lo solicita la promovente expídasele copia certificada del presente proveído. Notifíquese.
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