Edgar Ricardo Diaz Garcia

Expediente 1128/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1128/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
22/09/2022

Partes del expediente

  • Edgar Ricardo Diaz Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a uno de septiembre de dos mil veintidós. Visto el escrito inicial de demanda promovida por Edgar Ricardo Díaz García, por propio derecho, mediante el cual solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Fórmese el cuadernillo de amparo correspondiente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda. Desechamiento de la demanda. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, por las razones legales que a continuación se expondrán. La parte promovente señala como acto reclamado la Denegación de justicia consistente en la omisión de dictar la resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral 01/661/19. Sin embargo, a juicio de este órgano jurisdiccional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se explica. Es indudable para este Juzgado que el acto reclamado, no constituye un acto procesal de ejecución irreparable que produzca una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa. Ello es así, ya que aun cuando en el caso, la parte quejosa alega violaciones a los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 constitucionales, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento laboral de ejecución en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Aunado a que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento laboral en el que la parte quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Sirve de apoyo a la conclusión anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." La jurisprudencia anterior, es de observancia obligatoria para este Juzgado, en términos del artículo 217, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Este Juzgado no advierte la existencia de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, y, por lo tanto, resulta improcedente el juicio de amparo. Para evidenciar lo anterior, este juzgado advierte la existencia del diverso juicio de amparo 1312/2021, de este índice, promovido por el propio quejoso contra actos de la misma autoridad responsable, el cual se invoca como un hecho notorio para la emisión de esta determinación, se aprecia que el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en la que concedió la protección constitucional a la parte quejosa, fallo que se tuvo por cumplido el pasado cuatro de agosto del año que transcurre. De dicho juicio, en lo que interesa, se advierte que la autoridad responsable mediante oficio 1383/2022-JE4, en cumplimiento a dicha resolución, informó que en auto de uno de julio de este año, notificado por boletín a las partes el cinco de julio siguiente, declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos del juicio laboral 01/661/19, para dictar la resolución definitiva en forma de laudo. No debe pasar inadvertido, que de acuerdo con lo establecido en los artículos 885, 886, 887 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, señalan que posterior al cierre de instrucción del juicio laboral, dentro de los diez días siguientes deberá elaborarse el proyecto de resolución en forma de laudo, asimismo, del cual deberá entregarse una copia a los miembros de la Junta Laboral, sin embargo, al no estar regulado dicho plazo, debe tomarse en consideración el término genérico de tres días establecido en el diverso 735 de la ley obrera. Posteriormente, dicho órgano colegiado cuenta con un término de cinco días, para ejercer su derecho establecido en el numeral 886, segundo párrafo, de la multicitada legislación. Hecho lo anterior, los miembros de la junta deberán ser citados dentro de los tres días siguientes, para la discusión y votación del proyecto de laudo. Además, debe tenerse presente que este Juzgado de Distrito fue informado mediante oficio JLCA/1883/2022, de la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, que esa Junta Local y las Especiales Uno, Uno bis, Dos, Tres y Cuatro, gozaron de su primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintidós, durante el periodo comprendido del dieciocho al veintinueve de julio de este año. Tomando en cuenta los plazos antes mencionados, y que la demanda de amparo fue presentada el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se puede contabilizar aproximadamente que sólo han transcurrido ocho días hábiles, por lo que no se advierte una abierta dilación procesal. Esto es, no han pasado los cuarenta y cinco días naturales (para que se considere una dilación presuntamente excesiva) a que se refiere la jurisprudencia 2ª/J. 33/2019, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización y texto, a continuación se transcriben: Décima época Registro: 2019400 Instancia: Segunda Sala Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 01 de marzo de 2019 Materias: Común y laboral Tesis: 2ª/J. 33/2019 "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Asimismo, constituyen un hecho notorio, público, cierto y conocido para este juzgado, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las cargas de trabajo que imperan en los órganos de impartición de justicia en materia laboral en el Estado de Morelos. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada en cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que se contraen los aludidos numerales. Domicilio y autorizados. Se tiene por señalado el domicilio que indica para los efectos de oír y recibir notificaciones y por autorizados a las personas que cita con los efectos que precisa. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos para que en su caso realicen las notificaciones inclusive en días y horas inhábiles. Uso de medios electrónicos Se autoriza a las partes para que hagan uso de cualquier aparato electrónico, como son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Finalmente se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

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