Edgar René García Arvayo

Expediente 1225/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1225/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2022

Partes del expediente

  • Edgar René García Arvayo

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Agua Prieta, mediante el cual informa que admite el juicio de amparo 210/2022, de su índice. Cúmplase. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Recepción de testimonio. Del oficio de cuenta y su anexo se advierte que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, resolvió el conflicto competencial y declinó la competencia al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Agua Prieta. Acúsese recibo de estilo de la copia certificada del conflicto competencial 38/2022, del índice del tribunal de alzada. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán desglosados y correrá la suerte del presente expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Admisión de conflicto competencial. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual se informa que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito admitió a trámite el conflicto competencial planteado en este juicio de amparo, el cual radicó con el toca 38/2022. Asimismo, en atención a lo solicitado, se comisiona a la Oficial Judicial "A", a efecto de realice las gestiones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de vincular el sumario con el toca del referido tribunal. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. 1. Incompetencia por razón de territorio. Visto el oficio con anexos de cuenta que provenientes del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Agua Prieta, por medio del cual remite el original del juicio 210/2022 de su índice promovido por Edgar Rene García Arvayo, contra actos de la Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora y otra autoridad e informa que mediante auto de cinco de septiembre de dos mil veintidós, dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para seguir conociendo y resolver el mencionado juicio de derechos. 2. Radicación. Fórmese el expediente respectivo, regístrese en el libro uno de Juzgado, correspondiente al registro de juicios de amparo con el número que le corresponda; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 3. No se acepta la competencia declinada. Con fundamento en los artículos 37 y 48 segundo párrafo de la Ley de Amparo, 103 y 107 Constitucionales, este juzgador no acepta la competencia declinada para el conocimiento de la demanda de amparo, pues el suscrito respetuosamente disiente del criterio adoptado por el homólogo federal oficiante en los términos siguientes: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del análisis del numeral transcrito se obtienen tres hipótesis, en relación con la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, a saber: En las dos primeras reglas, se requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en el ámbito de competencia de uno o de varias jueces de distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero solo hace mención a que se efectué en una sede; en cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos o más distritos diferentes, al precisar que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla prevé el caso en el que el acto reclamado no requiere ejecución material, lo que da competencia al juez en cuyo distrito se haya presentado la demanda. Ahora bien del estudio integral de las constancias que componen el expediente se advierte que el acto reclamado es la omisión y paralización del procedimiento ordinario dentro de los autos del expediente 1214/2016 del servicio civil del índice de la responsable señalada como exhortada -acto omisivo-, asimismo en el apartado de antecedentes, en concreto el punto dos, el impetrante relata que los domicilios donde radican se encuentran en la localidad de Agua Prieta, Sonora -ejecución fuera de esta jurisdicción-, y lo que se busca con la concesión del amparo es que la autoridad responsable Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, gire oficio con el exhorto al juzgado de primera instancia para que en auxilio de las labores, notifique a las partes para el desahogo de los medios de convicción que refiere en el escrito de demanda, esto es en la ciudad de Agua Prieta, Sonora. Se hace referencia de manera analógica el criterio 2º/J.17/2022 (11ª.), de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO." Toda vez que al ejecutarse el acto que reclama este se viera efectuado en los domicilios donde radican las partes, esto a saber y como lo menciona la parte quejosa bajo protesta de decir verdad en Agua Prieta, Sonora. No escapa a la consideración de quien resuelve, el hecho de que el juzgado declinante, refiere que carece de competencia, no obstante que los actos son de naturaleza omisiva, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 37, último párrafo, de la Ley de Amparo, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; por lo cual, al haber prevenido en el conocimiento de este juicio, el titular del órgano jurisdiccional declinante, resulta competente para conocer y resolver el juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3º.C.583 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 1649, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Marzo de 2007, Novena Época, cuyo rubro y contenido son del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA TERRITORIAL. CUANDO EL ACTO RECLAMADO TENGA EJECUCIÓN MATERIAL INDEPENDIENTE EN DOS O MÁS DISTRITOS DIFERENTES, OPERA EL PRINCIPIO DE PREVENCIÓN EN APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE AMPARO. La segunda hipótesis que prevé dicho artículo se refiere a cuando el acto tenga ejecución material y ha iniciado su ejecución en un distrito y continúa ejecutándose en otro; de manera que existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de varios Jueces de Distrito, ya que cuando un acto de autoridad inicia su ejecución en un distrito y siga ejecutándose en otro, la competencia para conocer del juicio se surtirá a favor del que hubiere prevenido, es decir, del que haya recibido primero la demanda que lo pone en aptitud de efectuar actos procesales tendientes a sustanciar el juicio antes que su contendiente competencial. Por su parte, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que la presentación de las demandas de amparo deben realizarse ante los Jueces de Distrito que ejerzan jurisdicción en el lugar en donde el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, lo que reviste primordial importancia para determinar a qué órgano le recae la competencia de un asunto en particular, con lo cual queda claro que las autoridades que dictan u ordenan los actos reclamados juegan un papel determinante en la esfera jurídica del peticionario de garantías, pero las autoridades ejecutoras cobran mayor importancia en la medida en que son las que materialmente afectan al gobernado hasta sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive o en donde se ubique el bien o cosa en que habrán de recaer los efectos o consecuencias del acto reclamado. Y constituye un criterio eficaz, en atención a que se evitan dilaciones procesales causadas cuando se hace necesario girar exhortos o despachos a tribunales de distinta jurisdicción para que en su auxilio practiquen notificaciones, levanten embargos, o se practique el desahogo de pruebas de inspecciones, testimoniales u otras diligencias dictadas tanto en el cuaderno principal como en el de suspensión, que por estar fuera de su jurisdicción no puede realizar en forma personal o por conducto de su personal adscrito. Lo anterior evidencia que el legislador no previó la hipótesis consistente en que un mismo acto reclamado pueda tener ejecución independiente en dos lugares distintos, por lo cual, para estos casos, se estima conveniente aplicar de manera analógica, la segunda hipótesis que prevé el artículo 36 de la Ley de Amparo, que refiere que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente, teniendo en cuenta que al conocer de la ejecución tendrá que pronunciarse sobre el acto de la autoridad ordenadora, y cualquiera de ellas, podrá conocer del caso; de modo que debe regir la regla de la prevención para definir al Juez que deba conocer de ambos actos, la orden y su ejecución." De lo señalado anteriormente, se concluye que se actualizan las reglas de competencia contenida en el artículo 37, párrafo segundo y tercero, de la Ley de Amparo, y por tanto, la competencia para conocer de la demanda de garantías, se surte en favor del juez de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Agua Prieta. En consecuencia, con fundamento en el numeral 48 de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional no acepta la competencia declinada, para conocer del juicio de amparo de que se trata, y por consiguiente, remítase al Juzgado declinante, el juicio de amparo 210/2022, así como los anexos y copias que se adjuntaron. 4. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se tienen por autorizados en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario para el sólo efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 5. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 6. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 7. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 8. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián

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