Edgar Raul Sanchez Ruiz
Expediente 2381/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2381/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/11/2023
Partes del expediente
- Edgar Raul Sanchez Ruiz
- Juzgado Primero Laboral En Ocotlán, Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que se haya presentado promoción encaminada a impugnar el auto de tres de octubre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en los artículos 12, 14, fracción II, 17, fracción III, inciso a), todos del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA, RESGUARDO Y DESTINO FINAL DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; el presente expediente es conservable; por lo que, el mismo permanecerá bajo resguardo de este órgano jurisdiccional, hasta que transcurran tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído; posteriormente, se realizará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, para el trámite respectivo. En consecuencia, mediante sello, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Conforme a la certificación de cuenta, se hace constar que no se ordenó la apertura de incidente de suspensión. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso ..., con el que allega copias del escrito aclaratorio respectivo; agréguese a los autos para los efectos legales conducentes y tramítese por cuerda separada el incidente de suspensión por así haberse solicitado, como disponen los numerales 125, 128, fracción I, y último párrafo, de la Ley de Amparo. A saber, cuadernillo único de la mencionada incidencia; esto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 CAPÍTULO CUARTO intitulado DE LA FORMACIÓN DEL DUPLICADO DE LOS INCIDENTES DE SUSPENSIÓN del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, reformado por el diverso acuerdo mencionado en primer término.
- Incidental
Visto lo de cuenta y como está ordenado en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 125 y 128, fracción I, y última parte de dicho numeral, ambos de la Ley de Amparo, fórmese por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 2381/2023, promovido por ÉDGAR RAÚL SÁNCHEZ RUIZ, por su propio derecho, contra actos de autoridades. Ahora, de conformidad al transitorio identificado como "SEXTO" del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO; el expediente físico se integrará únicamente con los documentos recibidos por esa vía. Asimismo, se precisa que las actuaciones judiciales y las promociones que presenten las partes, firmadas electrónicamente, así como la sentencia que en su caso se dicte, obrarán únicamente en el expediente electrónico. Con fundamento en la fracción III del artículo 138 y 140 de la Ley de Amparo, PÍDASE vía interconexión o correo electrónico oficial, cuya recepción se deberá certificar, y agregar a los autos, A LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES SU INFORME PREVIO, el cual deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, remitiéndole al efecto copia de la demanda de constitucional. Se le apercibe de las consecuencias que implica su falta, tal como lo disponen los artículos 142 y 260 de la Ley de Amparo. En relación a lo anterior, se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe previo al correo electrónico institucional priscila.barragan.castellanos@correo.cjf.gob.mx con la precisión de que el mismo deberá encontrarse firmado de manera electrónica; por lo que de no contar con dicho requisito, el mismo no será válido. Asimismo, al momento de rendir su informe antes mencionado, y por esa vía, en caso de remitir documentales vía digital, bajo protesta de decir verdad, manifieste que los documentos digitalizados son copia íntegra e inalterada de los documentos impresos, tal como lo dispone el artículo 3, fracción VI, del citado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les informa a las autoridades responsables que sólo se les notificará por oficio, los proveídos y resoluciones de mayor trascendencia, eso en términos de la jurisprudencia de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". En términos de lo dispuesto por la fracción II del referido artículo 138 de la Ley de la materia, se señalan las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Máxime si se toma en consideración, que el señalamiento de la anterior fecha obedeció a la facultad a cargo del Actuario Judicial adscrito de practicar la citada diligencia dentro de los tres días hábiles posteriores a la orden respectiva; ello, con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo. La que se procurará practicar mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales. Con apoyo en los artículos 5, fracción III, inciso b), 115 y 116 de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a Juan Antonio Rodríguez Medina. Asimismo, notifíquese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, en términos de los artículos 5, fracción IV, y 26, fracción III, de la Ley de Amparo, por lista; a quien se le hace saber que queda a su disposición una copia de traslado de la demanda de amparo en este órgano jurisdiccional. En atención a la certificación de cuenta, en el particular no se emite la orden de compulsa y certificación correspondiente; toda vez que la parte quejosa omitió adjuntar documentos originales o certificados y las copias relativas a fin de emitir la orden respectiva. De un análisis integral de la acción de amparo, mismo que tiene como fundamento en las jurisprudencias 2a./J. 55/98, P./J. 40/2000 y 2a./J. 183/2005 sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registros 195745, 192097 y 176329, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS", "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA"; se advierte que se reclama del Juzgado, Secretario Ejecutor y Actuario Notificador adscritos al Juzgado Primero Laboral en Ocotlán, Jalisco: a) Todo lo actuado en el juicio 12/2023. Cabe precisar, que el señalamiento de actos reclamados a las autoridades responsables se hizo bajo el argumento de que la parte quejosa era tercero extraño por equiparación al procedimiento natural; toda vez, que argumenta se le ocasionan daños de imposible reparación al no haber sido llamado al mismo. En tanto que se solicitó la medida cautelar para efecto de que: "suspensión". Es decir, solicita la medida suspensional para el efecto de que las autoridades responsables mantengan las cosas en el estado que guardan; esto es, se abstengan substanciar la etapa ejecutiva respectiva. Pretensión de la parte quejosa, que fue advertible una vez analizada en su integridad la demanda de amparo; ello, con fundamento en las razones que informan las jurisprudencias 2a./J. 55/98, P./J. 40/2000, 2a./J. 183/2005 y P./J. 4/2019 (10a.) sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registros 195745, 192097, 176329 y 2019200, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS", "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD", "DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA" y "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA". En primer término, debe decirse que para proveer acerca de la suspensión provisional solicitada se tomará en cuenta el contenido de la fracción X, del artículo 107 Constitucional, así como, los artículos 128, 138, 139, 146, 147, 150 y 157 de la Ley de Amparo, para lo cual se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, a fin de que sea dable pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, establecer los requisitos y efectos de la medida cautelar, o bien, la ejecución del acto por parte de las autoridades responsables. Luego, el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que exista la solicitud del quejoso (interés jurídico y afectación). 2) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 3) El análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. 4) En ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar tendrá por efecto modificar, restringir derechos, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. En las relatadas circunstancias, es dable establecer que el primer requisito se cumple en conjunto con la exigencia de la ponderación de la apariencia del buen derecho, en razón a lo siguiente: De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que lo concede tiene por objeto restituir a la parte quejosa el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, o bien, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, el juicio de amparo es el medio de control constitucional por excelencia con el que cuentan los ciudadanos para hacer posible la restitución de un derecho que hubiera sido desconocido o afectado. Sin embargo, muchas veces esta restitución puede no ser oportuna, por haberse consumado determinados actos de las autoridades responsables antes de que la autoridad de amparo se pronuncie con respecto a si realmente tuvo lugar o no la violación del derecho. Precisamente para evitar lo anterior, es que se contempla una figura jurídica como la suspensión del acto reclamado, cuya racionalidad es la conservación de la materia del juicio, atendiendo a las finalidades restitutorias del mismo, bajo los parámetros antes mencionados, establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 138 de la Ley de Amparo. De este modo, tomando en cuenta el contenido de esas disposiciones que contemplan la obligación de los Jueces de ponderar en cada caso concreto entre la apariencia del buen derecho y el interés social, es claro que la suspensión debe entenderse como aquel medio eficaz que está al alcance de los juzgadores para evitar que se pierda la materia litigiosa. En ese tenor, se NIEGA a ..., la suspensión provisional solicitada, por lo que ve a la ejecución del laudo dictado en el aludido expediente laboral, en la parte de la condena que ponga en peligro la subsistencia del trabajador actor, en términos del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo aplicado en sentido contrario; toda vez, que no pueden dejar de observarse los requisitos de procedencia de la medida cautelar, conforme a los cuales es improcedente conceder la suspensión cuando se siga perjuicio al interés social, o se contravengan disposiciones de orden público. Esto es así, porque si se atiende a que dicha fracción limita el otorgamiento de la suspensión en aquellos casos en que con su concesión se transgredan normas de orden público o se lesione el interés social; en principio, la estimación del orden público corresponde al apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan a su consideración para la obtención de un fallo y en el presente asunto, debe negarse la suspensión por lo que ve a la ejecución del laudo, en la parte de la condena que ponga en peligro la subsistencia del trabajador, de conformidad al artículo 152 de la Ley de Amparo, ya que la sociedad se encuentra interesada en que se garantice la subsistencia del trabajador, por lo que no se satisface al respecto el requisito que para la concesión de la medida cautelar establece el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo. En dicho sentido se pronunció la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencia 4a./J. 13/90, con número de registro 207951, del rubro: "SUSPENSIÓN CONTRA LAUDO. DEBE GARANTIZARSE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, AUN CUANDO AQUEL SE RECLAME EN AMPARO INDIRECTO". Resultando trascendente resaltar que la cantidad que debe considerarse por la autoridad responsable como necesaria para la subsistencia del trabajador, no puede ser menor a seis meses de su salario, tomando en cuenta la naturaleza biinstancial del juicio de amparo indirecto, así como que existe la posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas, y debe celebrarse una audiencia en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, lo que evidentemente motiva que el cálculo probable de su duración no puede ser menor al de ese lapso. Cobra aplicación la tesis VIII.1o.52 L, con número de registro 174837, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. EL IMPORTE DE LOS SALARIOS PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR NO PUEDE SER MENOR AL DE SEIS MESES". Por otro lado, sin paralizar el juicio laboral, en razón de que el mismo es de orden público, y por estar reunidos los requisitos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo; esto es, lo solicita la parte agraviada y que con su concesión no se contravienen disposiciones de orden público ni se afecta el interés social ya que no se suspende el juicio; se CONCEDE a ..., la suspensión provisional solicitada, únicamente por lo que ve a las cantidades que exceden de seis meses del salario del trabajador, para asegurar su subsistencia, para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de llevar a cabo actos tendentes a la ejecución del laudo definitivo dictado en el juicio laboral de origen, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. Dicha medida cautelar se otorga con la finalidad de mantener viva y preservar la materia del juicio, evitando que los actos reclamados sean ejecutados de forma irreparable, asegurando la situación jurídica de que se trata, protegiendo así los intereses de la parte impetrante constitucional, en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, evitando que el mismo quede sin materia y previniendo daños y perjuicios de difícil reparación que pudieran irrogársele con el dictado de la resolución definitiva en el juicio de origen. La medida suspensional surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no exhibe ante este Juzgado de Distrito garantía por el importe de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), en cualquiera de las formas establecidas por la Ley. Garantía que deberá ser exhibida dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído de conformidad con el numeral 136 de la Ley de Amparo; cantidad que se fija a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se le puedan ocasionar a algún tercero -bien sea una persona diversa a las partes contendientes en el sumario constitucional o el tercero interesado- con la presente concesión, la cual se determina con las facultades discrecionales que otorga a este Juzgado Federal el artículo 132 de la ley de la materia. Procurando que la misma se constituya ante el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, conforme lo establecido por los artículos 879, 883 y 889 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince. Por lo anteriormente considerado, notifíquese personalmente a la parte tercero interesado; lo anterior, con fundamento en las razones que informa, la jurisprudencia P./J. 143/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 190667, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE". Se tiene como autorizado de la parte quejosa en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ángel Edoardo Ruiz Buenrostro; toda vez, que sí cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se tienen como autorizados en los términos restringidos de los artículos 12, segunda parte, y 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a la totalidad de personas restantes, al así haberse solicitado. Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. En atención a su solicitud tanto por la consulta del expediente electrónico como por la práctica de notificaciones por dicha vía; se acuerda favorable su solicitud, y se comisiona a la o el Secretario del Juzgado habilite la vía electrónica de acuerdo con las condiciones que la misma requiera, con fundamento en el artículo 3 de la ley de la materia y la o el Actuario adscrito para que practique las notificaciones de carácter personal, en la citada vía, dado que la parte lo solicitó expresamente. En cuanto a su solicitud para el uso de medios electrónicos y digitales en el presente asunto, dígasele que no existe inconveniente para que las personas autorizadas en el juicio de amparo se impongan del contenido de los acuerdos dictados en el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos como lo son cámaras o lectores ópticos, dejando constancia en autos de la reproducción realizada. También dígasele, que el uso que den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Téngasele señalando en su caso, correo electrónico y número de teléfono, a través de los cuales se podrá brindar atención respecto de comunicaciones no procesales; de lo que se deberá conservar el registro de las comunicaciones hasta la conclusión del trámite. Se exhorta al resto de las partes, para que si les es posible, actúen de manera electrónica, desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Finalmente dígasele a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículo 1, 3, fracciones IX, X, y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV, y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se emitan en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se emitan se publicarán sin supresión de datos.
- Principal
Analizado el escrito signado por la parte quejosa, por el que cumple con la prevención acaecida vía proveído emitido el ocho de noviembre pasado; agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos de autoridades; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en los artículos 103 y 107 Constitucionales, así como en los numerales 1, 2, 107, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la citada demanda. Ahora, de conformidad al transitorio identificado como "SEXTO" del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO; el expediente físico se integrará únicamente con los documentos recibidos por esa vía. Asimismo, se precisa que las actuaciones judiciales y las promociones que presenten las partes, firmadas electrónicamente, así como la sentencia que en su caso se dicte, obrarán únicamente en el expediente electrónico. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. La que se procurará practicar mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales. En términos de los numerales 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, PÍDASE vía interconexión o correo electrónico oficial, cuya recepción se deberá certificar, y agregar a los autos, A LAS AUTORIDADES RINDAN SU INFORME CON JUSTIFICACIÓN, dentro del término de QUINCE DÍAS; y en el caso de que los actos reclamados sean ciertos, remitan a este Juzgado de Distrito copias autorizadas, completas, legibles y ordenadas de todas las constancias que sirvieron de base para emitirlo. Se apercibe de las consecuencias que implica su falta, de conformidad con los diversos 117 y 260 de la Ley de Amparo. En relación a lo anterior, se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe justificado al correo electrónico institucional priscila.barragan.castellanos@correo.cjf.gob.mx con la precisión de que el mismo deberá encontrarse firmado de manera electrónica; por lo que de no contar con dicho requisito, el mismo no será válido. Asimismo, al momento de rendir su informe antes mencionado, y por esa vía, en caso de remitir documentales vía digital, bajo protesta de decir verdad, manifiesten que los documentos digitalizados son copia íntegra e inalterada de los documentos impresos, tal como lo dispone el artículo 3, fracción VI, del citado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. También, se les informa a las autoridades responsables que sólo se les notificará por oficio, los proveídos y resoluciones de mayor trascendencia, eso en términos de la jurisprudencia de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Se posterga la apertura del incidente de suspensión con motivo a que la parte quejosa no allegó el escrito aclaratorio de cuenta con el número de copias a que alude el numeral 110 de la Ley de Amparo; pues únicamente exhibió cinco y las necesarias de momento son seis, para distribuirlas entre las partes de la siguiente manera: a) una para la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este órgano jurisdiccional, b) tres para las autoridades señaladas como responsables, c) una para la parte tercero interesado y d) una para el incidente de suspensión. En el entendido de que podrá solicitarla en cualquier tiempo hasta en tanto no se dicte sentencia ejecutoria, de conformidad con el numeral 130 de la legislación de la materia; lo anterior, con fundamento en las razones que informa la jurisprudencia 2a./J. 86/2002 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 186297, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE" Asimismo, notifíquese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, en términos de los artículos 5, fracción IV, y 26, fracción III, de la Ley de Amparo, por lista; a quien se le hace saber que queda a su disposición una copia de traslado de la demanda de amparo en este órgano jurisdiccional. Con apoyo en los artículos 5, fracción III, inciso b), 115 y 116 de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a********************; no obstante, resérvese su emplazamiento hasta en tanto sea conocido domicilio procesal local. También, ténganse por presentada la documental que acompaña, por ofrecidas la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Conforme a lo dispuesto por el ordinal 64 de la ley de la materia, hágase saber a las partes, el deber de informar de inmediato a este Juzgado, sobre el conocimiento que tengan de alguna causa de sobreseimiento, y de ser el caso, y estar en posibilidad, acompañar las constancias que la acrediten. Además se les hace saber lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Amparo, en el sentido de que la parte que tenga conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y no la comunique, se le impondrá multa.
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