Edgar Ramírez González
Expediente 1114/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1114/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 09/11/2023
Partes del expediente
- Edgar Ramírez González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del presente juicio de amparo indirecto 1114/2023, promovido por Édgar Ramírez González, por derecho propio, en contra del acto que reclama del Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Cholula, Estado de Puebla; y ... Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo. SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 1114/2023, promovido por ***, por derecho propio, en relación con el acto y autoridad precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la Jueza Edna Matus Ulloa, Titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, asistida de Ricardo Mora Álvarez, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, agréguese a los presentes autos la razón electrónica asentada por la actuaria judicial adscrita a este juzgado de veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, en la que se hace constar que le fue imposible notificar al quejoso el auto de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, por las razones que ahí expone. Ahora, dado que el oficio de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, signado por la Suplente de la Coordinadora de Juezas y Jueces de Distrito del Sexto Circuito y del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, se acordó que del veinticinco al veintisiete de octubre del año en curso, son días hábiles, laborables, pero que no correrán términos y plazos procesales en los expedientes y juicios radicados en los órganos jurisdiccionales que se mencionan en el oficio de mérito; por tanto, con apoyo en el artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordena a la actuaria judicial adscrita a este juzgado que realice la notificación al quejoso Edgar Ramírez González del referido acuerdo de veinticinco de octubre del año en curso. Notifíquese; y, personalmente al quejoso el auto de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés ********************, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta, se advierte que mediante oficios de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, suscrito por la Coordinadora de Juezas y Jueces de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, y de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, firmado electrónicamente por las Coordinadoras y los Coordinadores de los diversos órganos jurisdiccionales del Sexto Circuito y del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con fundamento en los artículos 9, fracción XIV y 10, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales", así como el arábigo 286 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se acordó como días inhábiles del dieciocho al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, por las razones ahí expuestas; de igual forma, que por circular SGP/04/******************** de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, signada por la Secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, informó a la ciudadanía la decisión del "Paro Nacional de labores en toda la República", y que en consecuencia se suspendieron labores, términos y plazos procesales. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la ampliación de demanda de la parte quejosa, por lo que se reservó a proveer en relación con su admisión hasta en tanto la autoridad responsable rindiera su informe justificado, en esas condiciones, toda vez que la autoridad señalada como responsable ya rindió el informe justificado respectivo, se provee respecto de dicha ampliación de demanda en los siguientes términos. Al respecto, debe apuntarse, como punto de partida, que la figura jurídica de la ampliación de demanda se encuentra prevista en el artículo 111 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." El numeral anterior establece los supuestos en que la parte quejosa puede ampliar su demanda de amparo. Sin embargo, previo a verificar que se cumplen los requisitos del precepto señalado respecto de la procedencia de la ampliación de la demanda de amparo, es indispensable que la persona juzgadora analice si el nuevo acto reclamado por el que pretende ampliarse la demanda es susceptible de ser contrarrestado o anulado mediante el juicio de amparo, para así justificar su procedencia con base en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Empero, de no ser así, debe desecharla de plano cuando se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara una causal de improcedencia; de lo contrario, admitir el acto por el que pretende ampliarse la demanda y de sustanciarse el procedimiento a partir del hecho de que se reúnen las exigencias del artículo 111 de la ley citada, cuando el juzgador de amparo tiene la certeza y plena convicción de que contra dicho acto improcedente el juicio biinstancial, no llevaría a ningún fin práctico, pues al dictar la sentencia respectiva, arribaría a la misma conclusión que tuvo al momento de tener a la vista el escrito de ampliación de la demanda, a pesar de las probanzas que se hubieran allegado al juicio. Por ende, se insiste, debe desecharse de plano la ampliación de la demanda si el acto no es susceptible de control constitucional. Sin que ello atente contra los principios de seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y defensa adecuada, pues no debe perderse de vista que deben seguirse ciertas formalidades en el procedimiento, entre las cuales el legislador previó las causas de improcedencia. Es aplicable al caso el criterio de epígrafe y contenido siguientes: "Registro digital: 2017726 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: I.1o.P.32 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2602 Tipo: Aislada AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. PREVIO A VERIFICAR QUE SE CUMPLEN LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE LA MATERIA PARA SU PROCEDENCIA, DEBE ANALIZARSE SI EL NUEVO ACTO RECLAMADO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL PUES, DE NO SER ASÍ, DEBE DESECHARSE DE PLANO. Previo a verificar que se cumplen los requisitos del precepto señalado respecto de la procedencia de la ampliación de la demanda de amparo, es indispensable que el Juez constitucional analice si el nuevo acto reclamado por el que pretende ampliarse la demanda es susceptible de ser contrarrestado o anulado mediante el juicio de amparo, para así justificar su procedencia con base en el artículo 113 de la Ley de Amparo pues, de no ser así, debe desecharla de plano cuando se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara una causal de improcedencia; de lo contrario, admitir el acto por el que pretende ampliarse la demanda y de sustanciarse el procedimiento a partir del hecho de que se reúnen las exigencias del artículo 111 de la ley citada, cuando el juzgador de amparo tiene la certeza y plena convicción de que contra dicho acto improcedente el juicio biinstancial, no llevaría a ningún fin práctico, pues al dictar la sentencia respectiva, arribaría a la misma conclusión que tuvo al momento de tener a la vista el escrito de ampliación de la demanda, a pesar de las probanzas que se hubieran allegado al juicio; por ende, se insiste, debe desecharse de plano la ampliación de la demanda si el acto no es susceptible de control constitucional. Sin que ello atente contra los principios de seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y defensa adecuada, pues no debe perderse de vista que deben seguirse ciertas formalidades en el procedimiento, entre las cuales el legislador previó las causas de improcedencia." En el caso, la parte quejosa pretende ampliar su demanda de amparo para señalar como acto reclamado el rechazo subsanable de tres de julio de dos mil veintitrés, emitido por el Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de ********************, Estado de Puebla, respecto de la inscripción que solicitó el propio quejoso del embargo sobre el inmueble ubicado en la ********************, Municipio de ********************, Puebla, ordenado por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de ********************, Puebla, en el juicio ejecutivo mercantil ********************/********************, de su índice. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual establece que el juicio de derechos fundamentales es improcedente "cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Resulta aplicable sobre el particular, la jurisprudencia de epígrafe y contenido siguientes: "Época: Novena Época Registro: 917637 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 103 Página: 81 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esa línea argumentativa, la invocada causal se actualiza en dos supuestos: a) Por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, b) Por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Resulta ilustrativo el criterio que a continuación se reproduce: "Época: Décima Época Registro: 2013461 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: I.2o.P.4 K (10a.) Página: 2546 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." -Énfasis añadido- Sobre esa base, se estima que se actualiza la indicada causal, por sustitución procesal, en tanto que la parte quejosa reclama el rechazo subsanable de tres de julio de dos mil veintitrés, emitido por el Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de ********************, Estado de Puebla, sin embargo, dicha autoridad emitió el rechazo definitivo el catorce de julio siguiente. De modo que, si con posterioridad al rechazo subsanable reclamado se emitió el definitivo, es evidente que este último incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Esto es así, porque ya no se encuentra surtiendo efectos el rechazo subsanable, sino el diverso definitivo de catorce de julio de dos mil veintitrés. Por tanto, se concluye que en el caso se actualiza el segundo de los supuestos para que opere la cesación de efectos de la determinación controvertida, esto es, la sustitución procesal del acto originalmente reclamado por uno diverso y, por ese motivo, no es posible realizar el estudio de las posibles violaciones que se habrían cometido en el primero, sin afectar el nuevo contexto generado el posterior. En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la ampliación de demanda de ********************. Notifíquese; y, personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de octubre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de dos de octubre de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Cholula, Puebla, como Titular de la Oficina Registral de Cholula, Puebla, en términos de lo dispuesto por el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y a la fecha el plazo de ocho días que establece el mismo se encuentra transcurriendo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J.54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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