Edgar Rafael Melgoza Guillén

Expediente 520/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
520/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
29/10/2018

Partes del expediente

  • Edgar Rafael Melgoza Guillén

Actuaciones

  1. Principal

    ... En la misma fecha, la secretaria da cuenta al Juez, con un oficio registrado bajo el número 20418, dentro del cuaderno de antecedentes derivado del juicio de amparo 520/2018. Conste.Uruapan, Michoacán, veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio 23913/2018, suscrito por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante el cual, en lo de interés, informa que dicho Tribunal aceptó la competencia declinada por este Juzgado para conocer de la demanda de amparo promovida por Edgar Rafael Melgoza guillén, contra actos del Juez Séptimo de Distrito, con residencia en Morelia, Michoacán. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, previas anotaciones de estilo en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo vigésimo primero, primer párrafo, fracción I, en relación con el artículo segundo, fracción XVI, capítulo primero, ambos artículos del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto de relevancia documental, se determina que es susceptible de destrucción, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, HORACIO ORTIZ GONZÁLEZ, y la secretaria Nubia Miranda Ramírez, con quien actúa y que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    En quince de octubre de dos mil dieciocho, la secretaria da al secretario encargado del despacho, con un escrito de demanda registrado bajo el número 19501. Conste.Uruapan, Michoacán, quince de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por Edgar Rafael Melgoza Guillén, contra actos del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia; regístrese la demanda de amparo bajo el número 520/2018. INCOMPETENCIA Ahora bien, antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda de amparo resulta necesario verificar si este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer de la misma, por ser éste un presupuesto procesal cuyo estudio es de orden público. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del precepto transcrito se desprende que existen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor compresión técnica se puntualizan a continuación en el orden siguiente: La primera regla nos dice que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el párrafo precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. En el último supuesto se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito ante quien se haya presentado la demanda de amparo. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito, al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia; intención que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito donde se haya presentado la demanda de amparo. Del estudio integral de la demanda se aprecia que el quejoso hace consistir el acto reclamado en la determinación emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en la que desecha de plano por notoriamente improcedente, el incidente no especificado sobre sustitución, modificación o cese de medidas cautelares dentro de la causa penal 133/2014. Asimismo, manifiesta que se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 CPS MICHOACÁN, con residencia en Buena Vista Michoacán. Ahora bien, se actualiza la primera regla del artículo 37 de la Ley de Amparo, por los motivos siguientes. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la competencia cuando en amparo indirecto se reclama el auto de formal prisión, con el matiz de que el quejoso esté recluido en jurisdicción distinta de la del Juez de la causa, radica en la jurisdicción del Juez del proceso penal, pues, es ante su potestad que el procesado se encuentra sometido, lo que así se obtuvo atendiendo precisamente a la revisión detallada de la naturaleza del auto de formal prisión y a la de sus efectos, debiendo entenderse que éstos se surten preponderantemente ante el Juez instructor del proceso penal. La tesis de jurisprudencia que dio origen a la contradicción de tesis 187/2011, se identifica bajo el número 1a./J. 118/2011 (9a.), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, diciembre de 2011, tomo 3, materia común, página: 2183, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." El criterio jurisprudencial citado, resulta aplicable al presente asunto, en razón a que de que de los antecedentes del escrito de demanda, se desprende que el quejoso Edgar Rafael Melgoza Guillén, se encuentra sujeto al proceso penal 133/2014, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, en el que tras solicitar la revisión y cese de la prisión preventiva, derivada necesariamente de un auto de formal prisión a que se encuentra sujeto, le fue desechado de plano dicha incidencia. Por lo tanto, se estima que la competencia para conocer de la acción constitucional se surte a favor del juzgado de amparo en cuya jurisdicción radica el instructor del proceso incriminatorio, esto es, en la ciudad de Morelia, Michoacán, aunque éste no coincida con el sitio donde Edgar Rafael Melgoza Guillén, se encuentra preso, Centro Federal de Readaptación Social número 17 CPS MICHOACÁN, con residencia en Buena Vista Michoacán. Así se considera, porque si la formal prisión justifica la detención cautelar del procesado, es decir, que éste se encuentre en prisión preventiva, entonces ese efecto del auto de bien preso, se surte preponderantemente ante el Juez instructor de la causa penal. Por tanto, con apoyo en el artículo 48, de la Ley de Amparo, este Juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y se declina la competencia en favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en Morelia, Michoacán, para lo cual se ordena remitirle la presente demanda, para los efectos legales procedentes, solicitándose el acuse de recibo de estilo correspondiente. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y fórmese cuaderno de antecedentes. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Dado que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista, Tomatlán, Michoacán; notifíquesele el presente acuerdo en el lugar de su reclusión. En esa virtud, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, para que se constituya en el interior del aludido centro de reclusión y notifique personalmente al quejoso el presente acuerdo y lo requiera en sus términos. Se precisa, que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 156 párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina de la Judicatura Federal. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con el artículo 1° en relación con el diverso 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que entró en vigor el diez de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes, que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión del Poder Judicial, a que se refiere la citada ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Ahora bien, como el artículo 113 fracción I, de la referida ley, clasifica como confidencial toda aquella información que contenga datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, en esas condiciones, dicha información no podrá ser pública. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita a la actuaria para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. MEDIOS ELECTRÓNICOS En virtud de que no se advierte dato alguno que, objetivamente, permita inferir algún riesgo desde este momento se autoriza a las partes el uso medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente juicio de amparo, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada. En el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente juicio de amparo, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea. Además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al juicio, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. En la inteligencia de que ello lo podrá solicitar de manera verbal a la Secretaria adscrita a este Juzgado, previa toma de razón que por la captura de las imágenes correspondientes obren en autos y solo por conducto de las partes, sus apoderados jurídicos y las personas autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EDGAR RAFAEL MELGOZA GUILLÉN, EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN. Así lo acordó y firma el licenciado Arturo Correa Maldonado, secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por licencia de carácter oficial concedida al Titular, ante la secretaria Nubia Miranda Ramírez, con quien actúa y que autoriza. Doy fe.

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