Édgar Quintana Valenzuela

Expediente 8/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
8/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
11/01/2019

Partes del expediente

  • Édgar Quintana Valenzuela

Actuaciones

  1. Principal

    Se agregan informes justificados y se da vista a las partes. Asimismo, se designan delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo.

  2. Incidental

    "...ÚNICO. Se niega a Edgar Quintana Valenzuela, la suspensión definitiva solicitada, en términos del considerando segundo de esta interlocutoria..."

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Edgar Quintana Valenzuela, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de lo Penal de este Partido Judicial, con sede en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno correspondiente, con el número 8/2019. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará ante todo, el escrito inicial de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En relación a lo anterior, del ocurso inicial de demanda se desprende que el quejoso entre otros, señala como acto reclamado la orden de investigación; de lo que se sigue que al efecto se actualiza el motivo de improcedencia previsto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que ello constituye la labor fundamental de la autoridad ministerial a efecto de integrar la averiguación previa que en su caso se siga en su contra, y ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho a oponerse a la continuación de ésta, aun cuando sean considerados probables responsables; por lo que en todo caso, el perjuicio a la esfera jurídica del particular se materializará hasta que la autoridad judicial decida librar o no la orden de aprehensión o comparecencia. Resulta aplicable en lo conducente la tesis de jurisprudencia 1ª./J.87/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dice: AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA." También resulta aplicable en lo conducente la tesis 1ª.CXXXV/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dice: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Asimismo, la tesis VI.3º.8 P, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito , que dice: "AVERIGUACION PREVIA, CONTRA LAS DILIGENCIAS TENDENTES A INTEGRARLA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO." Además la orden de investigación girada a efecto de allegarse de elementos suficientes para lograr, en su momento, la debida integración de una averiguación previa contra el promovente de amparo, no es un acto de imposible reparación ya que no trasciende a su esfera jurídica, sino que el agravio se materializará hasta que la autoridad judicial dicte la orden de aprehensión o comparecencia en caso de que proceda; a más de que la parte quejosa puede comparecer a aquélla en cualquier momento, por lo que sería hasta entonces cuando se generaría el agravio en caso de dársele intervención, lo que no acontece en la especie. Ilustra el anterior criterio la tesis de jurisprudencia 1ª./J.126/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia , que dice: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL DERECHO DEL INDICIADO PARA OFRECER PRUEBAS ESTÁ CONDICIONADO A QUE COMPAREZCA PERSONALMENTE ANTE LA AUTORIDAD MINISTERIAL (LEGISLACIÓN FEDERAL)." Por consiguiente, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 61 fracción XII, en relación con el diverso numeral 107 fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo de que se trata, únicamente por cuanto hace al acto reclamado consistente en la orden de investigación girada en contra del quejoso Edgar Quintana Valenzuela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, de la ley de la materia. En cambio, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1 fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda por los actos reclamados por la parte quejosa consistentes en: ? Orden de aprehensión. ? Orden de presentación. ? Orden de citación ? Orden de restricción Así pues, dado que solicita la suspensión de los actos reclamados, tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión. Se señalan las diez horas con ocho minutos del veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días de conformidad con lo dispuesto en el numeral 117 de la legislación invocada. Requiérase a las autoridades responsables para que con su informe justificado remitan copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, así como de las necesarias para la solución del juicio constitucional, en caso de tener actos que justificar, tal y como lo exige el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el apercibimiento que de no rendir su respectivo informe, o de hacerlo sin remitir las constancias antes indicadas, se les impondrá, multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, en relación con el diverso ordinal 238, de la invocada legislación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se previene a las partes para que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo establecido en el arábigo 251, de la ley de la materia. Por otro lado, se apercibe a la parte quejosa, que de resultar inexistentes las autoridades señaladas con el carácter de responsables, con las denominaciones por ella indicadas, o bien, de resultar imprecisas, sin mayor trámite, se declararán sus inexistencias y se suspenderán toda comunicación con las mismas. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio I.6º.P.14 K (10ª.) , del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, titulada: "AUTORIDAD RESPONSABLE. PREVIO A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE AMPARO NO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y REQUERIRLO NUEVAMENTE PARA QUE SEÑALE LA DENOMINACIÓN CORRECTA DE AQUÉLLA, SI CON ANTERIORIDAD LO APERCIBIÓ QUE DE NO EXISTIR CON LA DENOMINACIÓN SEÑALADA EN SU DEMANDA O SER ÉSTA IMPRECISA, SIN MAYOR TRÁMITE SE TENDRÍA COMO INEXISTENTE." En otro aspecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5°, fracción IV de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete, para lo cual deberá corrérsele traslado con copia simple de la demanda de amparo. Por otro lado, una vez que se constate la existencia de los actos reclamados, se mandará llamar al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado responsable, de acuerdo con el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo. Se tiene al peticionario del amparo, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el descrito en su demanda y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Juan Carlos Tirado Fausto, José Ramón Martínez Ramírez y Manuel González Felipe, dado que sus cédulas profesionales se encuentran registradas en la base de datos instaurada en cumplimiento al artículo 185 del Título Décimo "Del Registro Único de Profesionales del Derecho" del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el tres de octubre de dos mil seis, mismo que derogó el similar 24/2005, relativo al establecimiento del Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de dieciocho de julio de dos mil cinco, atendiendo a que la materia del presente asunto es penal, y únicamente para imponerse de autos, oír y recibir notificaciones, a los pasantes que indica en la demanda. Con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito habilita días y horas inhábiles necesarios a efecto de practicar las notificaciones personales que se deriven de la tramitación del presente asunto. Por último, atento a lo previsto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los ordinales 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al hacerse pública la sentencia que se dicte en este asunto; apercibidas que de no hacerlo, en la versión pública que se realice de dicha determinación, se suprimirá la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 5, 14, 25, 28, 44, 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.

  4. Incidental

    Visto lo de cuenta, como está ordenado en el proveído de esta misma fecha, pronunciado en el expediente principal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 último párrafo, de la Ley de Amparo, fórmese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 8/2019, promovido Edgar Quintana Valenzuela, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de lo Penal de este Partido Judicial, con sede en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno correspondiente, con el número 8/2019. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las nueve horas con ocho minutos del once de enero de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente. En términos de lo señalado en los diversos ordinales 138, fracción III y 140, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su respectivo informe previo, el que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, en el que deberán expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, pudiendo expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Asimismo, deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance, que permitan a este órgano de control constitucional establecer el monto de las garantías correspondientes; de igual forma, como se señala en el dispositivo legal citado en primer término, envíeseles copia simple de la demanda de amparo. Con el apercibimiento, excepción hecha de los Jueces de Distrito, que de no rendir su informe dentro del término concedido, se les impondrá en lo individual, multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, en términos de lo dispuesto en el artículo 260, fracción I, de la ley de la materia, en relación con el diverso numeral 237, fracción I, de la legislación invocada. Ahora, por lo que hace al citatorio que el quejoso señala como acto reclamado, se niega la suspensión provisional solicitada; lo anterior, dado que ello (citación) se realiza acorde al artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y no constituye un acto privativo de libertad, sino que tiene por objeto obtener una declaración ministerial en una carpeta en la que la peticionaria cuenta con calidad de imputada; de ahí que no existe acto por suspender, en virtud de que ello no trae como consecuencia la privación de la libertad, ya que no implica que por virtud de esa situación agentes de la policía procederán a su detención ni siquiera de manera momentánea o transitoria. Pues para el caso de que exista la probabilidad de que el imputado haya cometido o participado en la comisión de algún hecho delictuoso, la orden de citación a audiencia inicial, comparecencia o aprehensión, podrá ser girada por una autoridad judicial a petición del Ministerio Publico, lo cual evidentemente es un acto futuro e incierto. A más de que, en caso de decretar la suspensión, traería como consecuencia la dificultad en la integración de una investigación, dado el impedimento del Ministerio Público para allegarse de las pruebas y elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos, lo que contravendría disposiciones de orden público e interés social, pues la sociedad se encuentra interesada en que los procedimientos penales, se conduzcan con probidad, evitando planteamientos dilatorios de carácter formal o abuso en el ejercicio de las facultades o derechos que el Código Nacional de Procedimientos Penales les concede. En otro orden, al encontrarse reunidos los requisitos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, acorde a lo establecido en el diverso numeral 163 de la citada normatividad de la citada normatividad, se concede a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, esto es, no se prive de la libertad a Edgar Quintana Valenzuela, con motivo de alguna posible orden de aprehensión, presentación u otra privativa de libertad, librada en su contra por las autoridades judiciales señaladas como responsables. En la inteligencia que de conformidad con lo establecido en el artículo 166, fracción I, de la ley de la materia, si el mandato de captura se refiere a delitos que impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión sólo producirá el efecto de que una vez que sea aprehendida la peticionaria del amparo, queden a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal en el lugar en que sea recluida, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal; igual efecto surtirá la suspensión en el caso de que el Juez del proceso acuerde la prisión preventiva oficiosa de la quejosa a solicitud del ministerio público que interviene en el procedimiento penal, por las causas que refiere el artículo 128, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Es decir, no será objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictada en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional, que tenga como finalidad salvaguardar la seguridad o integridad de una persona, así como, la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Por otro lado, conforme lo dispuesto en la fracción II del precepto legal 166 de Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que el delito por el que se decrete la orden restrictiva de la libertad, no implique prisión preventiva oficiosa, la suspensión se concede para el efecto de que el quejoso no sea detenido, siempre y cuando se sujeten a las medidas de aseguramiento que en párrafos subsecuentes se señalarán, a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente en el proceso penal correspondiente para los efectos de su continuación y pueda ser devuelta a la autoridad responsable en caso de no obtener sentencia favorable. Ahora, cabe destacar que en el supuesto de que el quejoso, ya se encuentre detenido por orden de autoridad judicial y el agente del Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite la prisión preventiva, porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del agraviado en el juicio, y el juez del proceso penal acuerde favorable la misma, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I, del artículo 166 de la Ley de Amparo. Asimismo, al encontrarse reunidos los requisitos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, acorde a lo establecido en el diverso numeral 162 de la citada normatividad, se concede al quejoso Edgar Quintana Valenzuela, la suspensión provisional para el efecto de que no se ejecute la orden de aprehensión, detención o cualquiera de privación de libertad reclamada a las autoridades ministeriales señaladas como responsables o en su caso, para que cese de inmediato. En el entendido que, en el supuesto que el agraviado se encuentre a disposición de los Agentes del Ministerio Público señalados como responsables, por cumplimiento a la orden de alguna orden privativa de libertad, conforme lo contempla el ordinal 165 de la citada legislación, salvo el supuesto de la detención por caso urgente, se concede la medida cautelar solicitada para el efecto que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente. La citada medida cautelar surte sus efectos de inmediato y hasta que las responsables reciban la notificación sobre la suspensión definitiva que se dicte; pero dejará de hacerlo, en términos de los artículos 162 y 168 de la ley de la materia, si la parte quejosa no da cumplimiento dentro de los plazos que se establezcan con las medidas de aseguramiento que al efecto se le fijan en los siguientes términos: a). Para ello, el quejoso deberá otorgar una garantía que se integrará por la suma de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional), dentro de tres días en cualquiera de las formas establecidas por la Ley, que deberá presentar ante este Juzgado. b). Asimismo, dentro del término de tres días hábiles deberá comparecer ante la autoridad judicial responsable; lapso que empezará a computarse a partir del momento en que se le dé vista con el informe correspondiente en el que en su caso se acepte la existencia del acto reclamado, a fin de que esté en aptitud de comparecer ante el Juez de la causa correspondiente; atendiendo a la naturaleza del delito por el que se libró el mandamiento de captura reclamado, conforme a lo establecido en el artículo 166, párrafo tercero de la Ley de la Materia. Cantidad que se fija de manera discrecional, atendiendo al número de autoridades responsables, el domicilio de éstas y lo reclamado; aunado a la ausencia de mayores elementos para su fijación, tales como empleo de la parte quejosa, domicilio, dependientes económicos, propiedades a su nombre, entre otros. A lo anterior es aplicable la tesis aislada número II.A.1 K , del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. FIJACIÓN DEL MONTO DE LA GARANTÍA. ARTÍCULO 125 DE LA LEY DE AMPARO." Dicha garantía podrán exhibirla en cualquiera de las formas establecidas por la Ley, y deberán contener los siguientes requisitos: la autoridad federal a quien va dirigida, el número de expediente a que corresponde y el concepto de exhibición. Asimismo, deberán solicitar a la institución que emita el documento en el cual conste la garantía, se asiente la leyenda siguiente: "El depositante autoriza expresamente al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de justicia, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de este depósito"; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince. De igual forma, conforme a lo previsto en el artículo 879 del referido Acuerdo General, la parte quejosa deberá cerciorarse de que la institución depositaria que emita el documento, haga constar el monto de la cantidad depositada, y que el referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante. Si la parte quejosa opta por exhibir la póliza de fianza, ésta deberá contener además de los requisitos anteriores, la renuncia en forma expresa de la compañía afianzadora a las disposiciones de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en caso de que se haga efectivo el cobro de la cantidad caucionada. Por otra parte, como fue ordenado en el expediente juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, el que precisa en su escrito inicial de demanda y como autorizados de su parte, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, licenciados Juan Carlos Tirado Fausto, José Ramón Martínez Ramírez y Manuel González Felipe, quienes cuentan con cédula profesional registradas en la base de datos instaurada en cumplimiento al artículo 185 del Título Décimo "Del Registro Único de Profesionales del Derecho" del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis, mismo que derogó el similar 24/2005, relativo al establecimiento del Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de dieciocho de julio de dos mil cinco. Con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito habilita días y horas inhábiles necesarios a efecto de practicar las notificaciones personales que se deriven de la tramitación del presente asunto. Finalmente, expídase a la parte quejosa copia certificada de la presente determinación, previa razón que por su recibo se deje en autos, autorizando para recibirla a quien para ello indica.

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