Edgar Ponciano Núñez Pat

Expediente 706/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
706/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
04/01/2022

Partes del expediente

  • Edgar Ponciano Núñez Pat

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones secretariales de cuenta y atento al estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia engrosada el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara ejecutoriada para todos los efectos legales. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como así como el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo. Asimismo, en cumplimiento artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído, una vez transcurrido el plazo de tres años; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 12 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo. Por otra parte, de autos se advierte que la autoridad responsable Secretaria Instructora del Órgano Auxiliar de Instrucción, por sí y en representación del Vicefiscal de Derechos Humanos, Jurídico y de Vinculación Ciudadana en su calidad de Presidente Suplente, ambos del Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, ofreció como prueba: Un disco versátil digital que contiene copia certificada del expediente administrativo número *** de su índice. Atento a ello y toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido y al ordenarse su archivo en esta propia data, es innecesaria la retención del citado medio de prueba; por tanto, devuélvase el mismos a la citada autoridad responsable, solicitándole el acuse de recibo de estilo. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, acuérdese lo conducente en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 706/2021, promovido por ***, contra actos del Presidente suplente del Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dos de septiembre de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que atribuyó a la Presidente suplente del Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado y otras autoridades; los cuales hizo consistir en los siguientes: "El acuerdo de fecha veintinueve de julio del año dos mil veintiuno, dictado en autos del expediente número ***, mediante el cual se ordena mi SUSPENSIÓN TEMPORAL del cargo de PERITO de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, SIN GOCE DE SUELDO. La ejecución y/o cumplimiento de la orden de suspensión temporal de mis labores sin goce de sueldo". Actos que el peticionario de amparo consideró violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 21 y 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo. Por auto de seis de septiembre del año en curso, se admitió la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete; asimismo, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, se llevó a cabo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 114 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que el acto reclamado tiene ejecución material dentro de la demarcación territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En principio, se considera oportuno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, precisar con claridad el acto que se reclama en este juicio y que será materia de la Litis constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y cinco, del Tomo XIX, Abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del contenido íntegro de la demanda de amparo y de las constancias que integran los presentes autos se advierte que el acto reclamado se hace consistir en:  El acuerdo de veintinueve de julio del año dos mil veintiuno, dictado en el expediente ***, en el que se ordenó la suspensión sin goce de sueldo del quejoso como perito de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, así como su ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables que se relacionan a continuación: No Autoridades responsables Sentido en que rinde 1 Vicefiscal de Derechos Humanos, Jurídico y de Vinculación Ciudadana, en calidad de Presidente Suplente del Consejo de Honor y Justicia. Cierto 2 Secretaria Instructora del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado. Cierto 3 Director General de Administración y Finanzas de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Cierto Lo anterior, toda vez que al rendir sus informes justificados, así lo manifestaron expresamente; lo cual constituye una confesión que hace prueba plena en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y hace patente la existencia del acto materia de este juicio. Resulta aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con las constancias que las mencionadas autoridades responsables adjuntaron a su informe, consistente en copia certificada del expediente administrativo ***, de su índice. Constancias que evidencian la existencia de los actos y que tienen eficacia probatoria plena en términos del os arábigos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2º, por tratarse de documentales públicas surgidas y emitidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones y por ende, cobran valor probatorio pleno respecto de su contenido y alcance. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede analizar la procedencia del presente juicio de garantías, lo aleguen o no las partes, por así establecerlo el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República y, además, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente. En el presente caso, respecto al acto reclamado por la parte quejosa consistente en el acuerdo de veintinueve de julio del año dos mil veintiuno, dictado en el expediente ***, en el que se ordenó la suspensión sin goce de sueldo del quejoso como perito de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, así como su ejecución, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, los que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." De los preceptos transcritos se aprecia que prevén el sobreseimiento del juicio de amparo al sobrevenir alguna de las causales de improcedencia, entre otras, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, debido a que cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos presupuestos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, el acto reclamado se hace consistir en la suspensión sin goce de sueldo como perito de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, derivada del acuerdo de veintinueve de julio del año dos mil veintiuno dictado en el expediente ***. Ahora, para el análisis de la citada causal de improcedencia se hace necesario traer como un hecho notorio las constancias que obran en el juicio de amparo ***, del índice de este órgano jurisdiccional, de conformidad a los artículos 88 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2º de esta última, en virtud de que, conforme a lo dispuesto por el primero de los preceptos aludidos, los hechos notorios pueden invocarse, aunque no se hayan alegado ni probado por las partes, ya que la invocación de hechos notorios por parte de los órganos jurisdiccionales es una facultad establecida en su favor, como una herramienta más para estar en mejor aptitud de dirimir las controversias ante ellos planteadas, como una facultad meramente potestativa. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en la tesis que aparece publicada en la página 2181, del tomo III, libro 21, con número de registro 2009758, agosto dos mil quince, décima época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA. De acuerdo con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal o general propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión, excluyendo de éstos las características de universalidad, conocimientos absoluto y efectivo, así como la permanencia del hecho, pues no se requiere que éste sea objeto de un conocimiento multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, la posibilidad de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una simple información; es innecesaria la observación directa por todos los individuos pertenecientes al grupo social, y no obsta a la notoriedad de un hecho la circunstancia de haber acontecido con anterioridad, por considerarse que éste sea, al momento de desarrollarse el proceso, respectivamente. Por su parte, tratándose de los tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos que el órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su propia actividad profesional; situación esta última que coincide con lo asentado en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó que un hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su propia actividad jurisdiccional y en la cual se dejó abierta la posibilidad de que un juzgador podía invocar como hecho notorio una ejecutoria recaída a un anterior juicio de amparo relacionado, pero del índice de un diverso órgano judicial, si se cuenta con la certificación previa de las constancias relativas, lo que permitiría sustentar una causa de improcedencia en la existencia de aquél. Ahora bien, en los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la instauración del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de utilizar el módulo "Sentencias" del referido sistema para la captura y consulta de las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, respectivamente, y señala con precisión que la captura se realizaría el mismo día de su publicación, y sería supervisada y certificada por el secretario que al efecto designaran los titulares; por tanto, se concluye que la captura obligatoria y consulta de la información que los tribunales federales realizan a dicho sistema electrónico, si bien no sustituye a las constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión". Así como la jurisprudencia XXII. J/12, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo V, enero de 1997, página 295, con registro digital 199531, cuyo título y contenido indican: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". Así, de las constancias que integran el juicio de amparo ***, de la estadística de este juzgado, se advierten las siguientes consideraciones:  La demanda de amparo fue promovida por el mismo quejoso que en el presente asunto.  La autoridades y actos reclamados fueron: "AL C. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO [.] La orden de inicio del Procedimiento Administrativo para mi separación del cargo de PERITO de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en autos del expediente número ***. AL C. DIRECTOR DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DEL PERSONAL SUSTANTIVO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO [.] La orden de inicio del procedimiento administrativo para mi separación del cargo de PERITO de la Fiscalía General de Justicia el Estado de Quintana Roo, radicado bajo el expediente ***. A LA DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO ESTATAL DE AVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA [.]. El resultado de NO APROBADO de la Evaluación de Control de Confianza que se deduce de oficio *** de fecha dieciséis de agosto de dos mil diecinueve y reporte integral ***, sin fecha de reporte, ambos signados por la LIC. ***, en su calidad de Directora General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. A LA SECRETARIA INSTRUCTORA DEL ÓRGANO AUXILIAR DE INSTRUCCIÓN DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA POLICIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. El acuerdo de fecha ocho de junio de dos mil veintiuno, dictad en autos del expediente *** mediante el cual se dio inicio y trámite al Procedimiento Administrativo para mi separación del cargo de PERITO de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo".  El trece de octubre del año en curso, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo para que algunas de las mencionadas autoridades realicen lo siguiente: "A. Dejen insubsistente el acuerdo de ocho de junio de dos mil veintiuno, emitido en el expediente ***, en el cual se dio inicio al procedimiento para separar del cargo de perito al aquí quejoso, y B. Con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada, emita un nuevo acuerdo el cual pudiera resultar en el mismo sentido o en uno diverso, pero, en caso de insistir en iniciar procedimiento de separación al aquí quejoso, deberá ajustarse a las consideraciones de la presente sentencia y, precisar las razones por las que considera que éste, no aprobó su evaluación de permanencia, así como determinar si las pruebas que obran en la carpeta de investigación de que se trata tienen el valor y alcance probatorio suficiente para acreditar la probable responsabilidad administrativa del impetrante en la comisión de la infracción que se le atribuye".  Sentencia que causó ejecutoria el cuatro de noviembre de la presente anualidad; luego, mediante el proveído de once del mismo mes y año, se tuvo por recibido por parte de la Secretaría Instructora del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Honor de la Fiscalía General del Estado, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo copia certificada del acuerdo de cinco de noviembre del año en curso, relativo al expediente ***, de su índice, así como la constancia de notificación a la parte quejosa.  Posteriormente, el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la ley de la materia. De los citados antecedentes se denota que tanto el acto ahí reclamado (inicio del procedimiento administrativo), como el controvertido en el presente asunto (suspensión del cargo de perito), derivan del mismo expediente administrativo ***, por lo que guardan una estrecha relación. Asimismo, de las constancias que remitió la autoridad responsable en el diverso juicio de amparo ***, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, específicamente el auto de cinco de noviembre del año en curso emitido por la Secretaria Instructora del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado, se advierte que en lo conducente determinó: "(.) se DEJA INSUBSISTENTE el acuerdo de fecha ocho de junio de dos mil veintiuno, emitido en el expediente ***, con el cual se dio inicio al procedimiento para separar del cargo de Perito al ***; en consecuencia, mediante atento oficio que al efecto se gire, HÁGASE DE SU CONOCIMIENTO al DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, lo aquí acordado, a fin de que a su vez, deje sin efectos el oficio *** de fecha doce de agosto de dos mil veintiuno, por medio del cual se solicitó la ejecución de la suspensión temporal decretada en contra del Perito en cuestión, y desde luego, se sirva cubrir el remanente del total de las percepciones que dejó de recibir durante la medida cautelar, descontando la cantidad que se le cubrió por concepto de ingreso subsistencial desde el momento en que fue aplicada la misma. De igual forma, hágase de su conocimiento al Jefe inmediato del referido servidor público, a fin de que deje subsistente el oficio ***, y, restituya al citado Perito, en cuanto a las funciones que tenía encomendadas antes de la imposición de la medida cautelar. [.]". De lo que se obtiene que, con motivo de la sentencia que otorgó el amparo en el juicio ***, la autoridad responsable dejó sin efecto el acuerdo de inicio de procedimiento en el expediente *** y, por consiguiente, los restantes actos que derivaron de dicho acuerdo de inicio, entre ellos, la suspensión del cargo de perito que reclamó la parte quejosa en el presente juicio. En las relatadas consideraciones, se satisfacen los incisos a) y b) de los presupuestos que han quedado precisados para que se actualice la causal de improcedencia invocada. Ello es así, porque queda demostrado que la Secretaria Instructora del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Honor de la Fiscalía General del Estado, al dictar el acuerdo de cinco de noviembre del año en curso en el expediente ***, dejó sin efectos la suspensión temporal decretada en contra del quejoso respecto a su cargo como perito en la mencionada Fiscalía; además, ordenó al Director General de Administración y Finanzas de dicha dependencia realizara el pago del total de las percepciones que el quejoso dejó de recibir durante el período que se encontró suspendido -con excepción de las cantidades que le fueron entregadas para garantizar su subsistencia-. Asimismo, indicó al jefe inmediato del quejoso se le restituyera en sus funciones de perito que tenía encomendadas previo a la imposición de la medida cautelar. De lo que se obtiene que el acto que causaba agravio al quejoso cesó en sus efectos, pues se considera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que el solicitante de amparo alegó por esta vía. Por lo que se insiste, al haber quedado sin efecto la suspensión del cargo de perito, dado que se ordenó la reinstalación en sus funciones que tenía encomendadas previo a la emisión del acto reclamado, aunado a que se ordenó el reintegro de las percepciones que dejó de recibir con motivo de la suspensión, se satisfacen los incisos a) y b) de los presupuestos que han quedado señalados para que se actualice la causal de improcedencia en cuestión. Bajo esas circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado reclamada. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado por el quejoso en su escrito de demanda consistente en la suspensión sin goce de sueldo como perito de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, derivada del acuerdo de veintinueve de julio del año dos mil veintiuno dictado en el expediente ***, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la misma ley. Finalmente, al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio, impide a este juzgador el estudio de los conceptos de violación que atañen a las cuestiones de fondo. Es aplicable, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior integración, publicada en la página 88, tomo 187-192, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". QUINTO. Publicación de la sentencia. Toda vez que no existió oposición expresa de las partes para manifestar su inconformidad con relación a la publicación de sus datos personales en las resoluciones dictadas por este órgano de control constitucional, con fundamento en los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se les tiene consintiendo tácitamente esa publicación. En el entendido que en la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 63, fracción V, 73, 74, 75, 217, y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***, contra el acuerdo de veintinueve de julio del año dos mil veintiuno, dictado en el expediente ***, en el que se ordenó la suspensión sin goce de sueldo del quejoso como perito de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, así como su ejecución, atribuido a la autoridades responsables señaladas en considerando tercero y por los motivos expuestos en el cuarto punto considerativo de esta sentencia. SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, de acuerdo con las razones expuestas en el último punto considerativo de este fallo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que transcurre el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, concedido a las partes mediante proveído de veintinueve de septiembre de la presente anualidad, para que se impongan del contenido del informe justificado rendido por la Secretaria Instructora del Órgano Auxiliar de Instrucción de la Fiscalía General del Estado. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las nueve horas con diez minutos del diez de noviembre de dos mil veintiuno para su celebración. Fecha que se fija fuera del plazo a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Amparo, dada la carga de trabajo existente en este órgano jurisdiccional, derivada de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19). Sin que sea necesario notificarle a las autoridades responsables a través de oficio el señalamiento de la nueva fecha y hora para su desahogo, porque tal determinación no tiene la transcendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio, no obstante, podrán consultar la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios/expedientes.htm, con el objeto de hacer de su conocimiento la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Máxime que es un hecho público que la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), sigue latente; por lo que la anterior determinación se emite en salvaguarda de la salud e integridad física de la actuaría, y demás personal de este órgano, así como de los propios justiciables. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria Instructora del Órgano Auxiliar de Instrucción de la Fiscalía General del Estado, mediante el cual rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo al celebrar la audiencia respectiva. Se tiene como prueba de la autoridad responsable, la documental consistente en copia certificada de lo siguiente: ***. En consecuencia, dése vista a las partes con los anexos que acompañó la autoridad en comento, consistentes en un disco versátil digital (DVD), el cual, conforme al criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 455/2012, adquieren el carácter de documentales públicas. Motivo por el cual, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de las autoridades responsables, la documental descrita con antelación, así como por desahogada en atención de su propia y especial naturaleza, sin necesidad de celebrar una audiencia especial para la reproducción del contenido de la documental contenida en un disco versátil digital, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia constitucional. Respecto de la documental contenida en el disco versátil digital, a efecto de una mejor conservación de la misma, resguárdese en la secretaría de este Juzgado. Hágase del conocimiento de las partes que dichas constancias quedan a su disposición para su consulta en el local de este Juzgado en días y horas hábiles, para lo cual se le otorgaran las facilidades tecnológicas con que cuenta este órgano de control constitucional necesarias para la reproducción de los discos compactos de que se trata. En el entendido que, como es un hecho público que la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), sigue latente; en salvaguarda de la salud e integridad física de la actuaría, y demás personal de este órgano, así como de los propios justiciables, de conformidad con los artículos 20 y 21 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se dispuso que no se permitirá la entrada libre a los órganos jurisdiccionales por lo que una vez que este órgano jurisdiccional reanude completamente las labores, se le permitirá la consulta de las documentales de que se trata, o en su caso, con una cita generada conforme lo establece el artículo 6, fracción II, del mismo Acuerdo General. Finalmente, no pasa inadvertido que si bien el oficio de mérito se encuentra dirigido a un diverso juicio de amparo, lo cierto es que de su contenido corresponde al presente asunto. Notifíquese.

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