Edgar Osiris Chávez Díaz
Expediente 313/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 313/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Edgar Osiris Chávez Díaz
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de junio de dos mil veintidós. Devuelve exhorto diligenciado. Agréguese al expediente el oficio del secretario del Juzgado Sexto de Distrito en la Laguna, por el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 241/2022 (orden 249/202) del índice de este Juzgado Federal, remitiendo para tal efecto las constancias respectivas. Háganse las anotaciones respectivas. Sin que resulte necesario acusar el recibo de estilo correspondiente, dado que, al realizar el envío electrónico del exhorto, el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes genera el acuse respectivo. Atento a lo anterior y visto el estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 313/2022. que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Esperanza Díaz Fuentes, por propio derecho y en representación de Edgar Osiris Chávez Díaz, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 313/2022. Amparo indirecto 313/2022 este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible en virtud de que se desechó la demanda de amparo, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 21, inciso d), del Acuerdo General citado. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la comparecencia de veintiocho de marzo de la presente anualidad, de la cual se desprende que el Defensor Público César Augusto Alcázar Mancera, aceptó y protestó el cargo conferido en el presente juicio de amparo, para representar los intereses de la parte quejosa. En consecuencia, dese vista al defensor público citado a efecto de que se imponga de las actuaciones del presente sumario. Por otro lado, no ha lugar a tener como domicilio el que señala, asimismo, este órgano jurisdiccional toma conocimiento del correo electrónico cesar.alcazar.mancera@correo.cjf.gob.mx, que proporciona para establecer comunicación; el cual será utilizado en casos que así lo ameriten, lo anterior, ante la situación de emergencia en la que se encuentra el país con motivo de la pandemia del virus SARS-CoV2 y, precisamente, con el objetivo de evitar la aglomeración de personas en las instalaciones de las autoridades y evitar su propagación como una medida de prevención sanitaria, de lo anterior deberá tomar nota la sección de la Actuaría de este órgano federal, para los efectos correspondientes. Notifíquese. JUZGADO OCTAVO EXP. 313/2022.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública Delegación Estado de México, por medio del cual informa que en cumplimiento a lo ordenado en auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, designa a César Augusto Alcazar Mancera, como defensor público para que represente a los quejosos en el juicio de amparo en que se actúa. Atento a lo anterior, este juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en el auto referido a la autoridad en cita. En consecuencia, se requiere a César Augusto Alcazar Mancera, para que en el término de tres días contados a partir de su legal notificación acepte y proteste el cargo que le fue conferido. En ese contexto, se le hace saber que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se encuentra a su disposición en el Portal de Servicios en Línea un 13/11/22 13:19:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 Tania Ramos Loera 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 313/2022. micrositio sobre Servicios jurisdiccionales, sistema Agenda OJ, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de cada órgano jurisdiccional, para que el público en general pueda generar una cita para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos; deberá acceder a dicho portal y realizar las gestiones relativas para la obtención de una cita ante este juzgado, para así poder asistir a este órgano jurisdiccional debidamente identificada con credencial oficial vigente, para aceptar y protestar el cargo que le fue conferido; asimismo, se imponga de los autos dentro del presente asunto, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado o no informe el impedimento legal que tuviese para ello, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículos 237, fracción I, con relación al 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Esperanza Díaz Fuentes, por propio derecho y en representación de Edgar Osiris Chávez Díaz, contra actos que reclama del Director del Centro Federal de Readaptación Social, Número 14, Gómez Palacio, Durango y otras autoridades. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 313/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Promociones duplicadas y acuses. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena únicamente certificar y agregar a los autos los trámites siguientes: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes; y c) acuses de recibo. Desechamiento de la demanda. NICOLAS BLANCAS SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.53 14/01/24 12:48:19 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 313/2022 Resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de la Materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por un medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de NICOLAS BLANCAS SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.53 14/01/24 12:48:19 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 313/2022 Amparo indirecto 313/2022 ??????????????? improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. [.]". La fracción transcrita alude a uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, consistente en el principio de definitividad, el cual atañe a la obligación asignada al quejoso de agotar los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, lo anterior antes de acudir al juicio de amparo que por naturaleza es medio extraordinario de defensa. Así, por disposición legal expresa en la norma preindicada, el juicio de amparo es improcedente respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de los cuales proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que NICOLAS BLANCAS SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.53 14/01/24 12:48:19 4 JUZGADO OCTAVO EXP. 313/2022 conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. Como excepción a dicho principio, no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento y sin que la ley aplicable contemple su existencia. En el caso, tenemos que el acto reclamado consiste en la orden de traslado ejecutada del Centro de Prevención y Resocialización "Juan Fernández Albarrán" de Tlalnepantla, Estado de México al Centro Federal de Readaptación Social, Número 14, Gómez Palacio, Durango. En esa tesitura, los artículos 52 y 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen: LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario. La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho NICOLAS BLANCAS SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.53 14/01/24 12:48:19 5 JUZGADO OCTAVO EXP. 313/2022 Amparo indirecto 313/2022 ??????????????? horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada. NICOLAS BLANCAS SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.53 14/01/24 12:48:19 6 JUZGADO OCTAVO EXP. 313/2022 De la interpretación sistemática de los citados artículos, se desprenden las formalidades que se deben cumplir para que una orden de traslado esté ajustada a derecho, esto es, que debe ser autorizada por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales o el Juez instructor de la causa, previa audiencia del afectado y solicitud del Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, con excepción de los casos en que se trate de un traslado como medida urgente por cuestiones de seguridad de los Centros Penitenciarios, del sentenciado y por premura médica, en donde la autoridad penitenciaria será quien lo ordene, limitándose a notificar tal acontecimiento a la autoridad judicial que lo tenga a su disposición, o bien, al Juez de Ejecución correspondiente, en el que se expresarán los motivos de tal acción, a fin de que éste califique la legalidad de la medida decretada. Cabe precisar, que el procedimiento del traslado por excepción está compuesto por dos fases; la administrativa en la que interviene la autoridad penitenciaria y comprende la autorización y ejecución del traslado, y la judicial, en la que el juez convalida o revoca el traslado. Cobra aplicación la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que aparece publicada en la página 2264, del Tomo III, Septiembre de 2019, Materia Común, Penal, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2020572, de rubro y texto siguientes: TRASLADO DE INTERNOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL PREVIA. EL PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL CONSTITUYE UN SOLO ACTO INTEGRADO POR UNA FASE ADMINISTRATIVA Y OTRA JUDICIAL, POR LO QUE NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO EL JUEZ DE CONTROL LO CONVALIDA. En los artículos 51 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se establece que, por regla general, se requiere autorización judicial para que una persona privada de su libertad sea trasladada a un diverso centro penitenciario. Sin embargo, la legislación referida regula la posibilidad de realizar el traslado sin autorización judicial NICOLAS BLANCAS SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.53 14/01/24 12:48:19 7 JUZGADO OCTAVO EXP. 313/2022 Amparo indirecto 313/2022 ??????????????? previa (i) tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; (ii) cuando exista riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad y, (iii) en caso de riesgo para la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, permitiéndose a la autoridad administrativa penitenciaria ejecutar su reubicación con el deber de informárselo al Juez dentro de las 24 horas siguientes, quien tendrá un plazo de otras 48 horas para calificar si esa actuación se ajustó a los supuestos que prevé el artículo 52 citado. Este procedimiento excepcional constituye un solo acto compuesto por dos fases: la administrativa, en la que interviene la autoridad penitenciaria y comprende la autorización y ejecución del traslado por cuestiones de seguridad; y otra judicial, en la que el Juez convalida o revoca el traslado; de ahí que si el traslado de un centro penitenciario a otro por cuestiones de seguridad, constituye una unidad de actos en cuya facultad intervienen dos autoridades (administrativa y judicial), y no se trata de una sucesión de actos independientes entre sí, la determinación judicial que convalida el traslado no conlleva la cesación de los efectos producidos en la fase administrativa; por el contrario, concreta formalmente el traslado como acto de autoridad propiamente dicho, permitiendo al interno impugnarlo en su integridad, pues la legalidad de esa actuación debe analizarse como un todo. De lo contrario, se corre el riesgo de que las violaciones cometidas en la primera fase queden excluidas del control ordinario o extraordinario, en el entendido de que son éstas las que, por regla general, contienen las razones que sustentaron la determinación de traslado del interno. En el caso, el procedimiento de traslado del directo quejoso no ha concluido formalmente, al no existir la resolución judicial que lo convalide o revoque, ya que como se advierte del escrito de demanda, la orden de traslado que reclama, únicamente la atribuye a autoridades de naturaleza administrativa. Por consiguiente, el traslado reclamado por Esperanza Díaz Fuentes, en representación del directo quejoso Edgar Osiris Chávez Díaz, se encuentra en fase administrativa y dicha determinación no constituye la resolución final, pues como se dijo, de acuerdo al procedimiento de traslado por excepción, establecido en el numera 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, debe ser revisado de oficio por el juez competente, para calificar si la determinación NICOLAS BLANCAS SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.53 14/01/24 12:48:19 8 JUZGADO OCTAVO EXP. 313/2022 administrativa se ajustó a los supuestos que establece la citada Ley. Además, el numeral citado establece que, en el caso de que el juez sea omiso en pronunciarse sobre la legalidad del acto, la persona privada de la libertad puede interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa, por virtud de la cual puede ser revocada, modificada o nulificada. De ahí que, si bien el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad que vulneren derechos fundamentales, deben observarse los principios que lo rigen, entre ellos el de definitividad previsto en el artículo 107 Constitucional. Ahora bien, es menester resaltar que, en el caso de una situación urgente, el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la suspensión del acto o hecho que la motivó sin que exija mayores requisitos de los que establece la Ley de Amparo, para -.otorgar la suspensión, puesto que su tramitación se circunscribe a que la solicite la persona legitimada y que el Juez de Ejecución de oficio suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición y sus efectos. Mientras que en los numerales 128 y 132 de la Ley de Amparo, señalan que para que se otorgue la suspensión en el juicio de amparo, se requiere que la solicite el disconforme; que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que se otorgue garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios a terceros. Por tanto, la Ley Nacional de Ejecución Penal, no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión de los actos, que los que establece la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reprochado, incluso, tomando como parámetro su tramitación es dable afirmar que brinda una mayor cobertura al ordenar que de inmediato se suspenderá la ejecución, es decir, dentro de un plazo razonable y sin mayor requisito que la simple solicitud. NICOLAS BLANCAS SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.53 14/01/24 12:48:19 9 JUZGADO OCTAVO EXP. 313/2022 Amparo indirecto 313/2022 ??????????????? Entonces, queda en evidencia que el acto reclamado en esta instancia constitucional, necesariamente tiene que ver con las condiciones de internamiento en un centro de reclusión y se suscita en el marco del procedimiento de ejecución penal, por ende, no puede ser combatido en esta vía de amparo, sin sujetarse previamente a los procedimientos y mecanismos de protección previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, conforme a los cuales se puede frenar la orden de traslado de un centro de reclusión a otro, mediante solicitud al director del centro de reclusión y en ausencia de respuesta o contestación no favorable, acudir ante el Juez de Ejecución o de control, quien tiene potestad para modificar, revocar o nulificar la condición generada por la omisión de respuesta o la negativa otorgada. Por ello, la orden de traslado a diverso Centro Penitenciario de Reinserción Social y su ejecución, que se reclama en la especie, no puede ser sujeto al análisis inmediato en esta vía bi-instancial, toda vez que debieron agotar el multicitado procedimiento administrativo de peticiones, relativo a las solicitudes de las personas privadas de su libertad que consideren vulneradas sus condiciones de internamiento y, en caso de no obtener respuesta favorable, la propia ley especial en comento, los faculta para acudir ante el Juez de Ejecución para la solución jurisdiccional de las peticiones que en su caso le formulen las personas privadas de su libertad. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis I.7o.P.122 P (10a.), del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 5293, Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2019987: "ORDEN DE TRASLADO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN (CONCLUIDO) DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. AL SER UN ACTO RELACIONADO CON SUS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO, ES REPARABLE MEDIANTE EL MECANISMO DE CONTROL DENOMINADO "PETICIONES ADMINISTRATIVAS" ESTABLECIDO EN LA LEY NICOLAS BLANCAS SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.53 14/01/24 12:48:19 10 JUZGADO OCTAVO EXP. 313/2022 NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, POR LO QUE DE NO AGOTARLO PREVIO AL AMPARO, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, D LA LEY DE LA MATERIA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de título y subtítulo: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DAMPARO INDIRECTO.", estableció que de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, mediante el cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, el traslado de un centro de reclusión a otro se clasifica dentro de las condiciones de internamiento y, por ende, es reparable por el medio de defensa previsto en dicha ley especial, ya que en caso de que el quejoso considere alguna omisión en relación con las condiciones de su internamiento por parte de la autoridad penitenciaria, puede acudir ante el Juez correspondiente para defender sus derechos por medio del recurso previsto en los artículos 107 a 115 de esa normatividad, y al no agotarlo previo al amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Así, aun cuando deba considerarse que la ley nacional señalada es inaplicable al procedimiento de extradición, si éste ha concluido, la persona asegurada con fines de extradición, a disposición de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al gozar de los derechos que señala esa codificación, puede reclamar su traslado mediante el mecanismo de control denominado peticiones administrativas; estimarlo de otra manera, sería dejarlo inaudito ante las situaciones vinculadas con sus condiciones de internamiento, lo que atenta contra el derecho de igualdad, previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De igual manera, sustenta lo anterior la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), de la Primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3506, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2023190: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE NICOLAS BLANCAS SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.53 14/01/24 12:48:19 11 JUZGADO OCTAVO EXP. 313/2022 Amparo indirecto 313/2022 ??????????????? AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la NICOLAS BLANCAS SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.53 14/01/24 12:48:19 12 JUZGADO OCTAVO EXP. 313/2022 Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional. No pasa por desapercibido para este juzgador que la presente demanda de amparo, también la insta Esperanza Díaz Fuentes, por propio derecho, aduciendo que los actos que reclama de las autoridades señaladas como responsables le causan perjuicio, por el hecho de que su hijo Edgar Osiris Chávez Díaz, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social, Número 14, Gómez Palacio, Durango. Sin embargo, tomando en consideración que el acto destacado es precisamente el traslado de un centro de reclusión a otro, el cual afecta únicamente al directo quejoso, por lo que el interés legítimo que aduce tener y por el cual insta la demanda de amparo, se traduce en un interés simple, del cual es notoriamente improcedente la demanda de amparo. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1078, con registro digital: 2014433, de rubro y título siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la NICOLAS BLANCAS SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.53 14/01/24 12:48:19 13 JUZGADO OCTAVO EXP. 313/2022 Amparo indirecto 313/2022 ??????????????? titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." En ese contexto, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo, promovida por Esperanza Díaz Fuentes, por propio derecho y en representación de Edgar Osiris Chávez Díaz. Se gira exhorto para notificar al quejoso. En atención a lo anterior, dado que el directo quejoso Edgar Osiris Chávez Díaz, tiene domicilio fuera de la jurisdicción de este juzgado federal, en consecuencia, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, además, de conformidad con el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE DURANGO, CON RESIDENCIA EN DURANGO, EN TURNO, a fin de que se constituya en el Director del Centro Federal de Readaptación Social, Número 14, Gómez Palacio, Durango y notifique al quejoso Edgar Osiris Chávez Díaz, la presente determinación. Solicitando al homólogo federal, que una vez que se encuentre diligenciado el exhorto en comento, remita por la NICOLAS BLANCAS SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.53 14/01/24 12:48:19 14 JUZGADO OCTAVO EXP. 313/2022 misma vía electrónica a este órgano jurisdiccional, a la brevedad posible, únicamente el auto por el que radique dicho exhorto, la diligencia encomendada, así como el oficio por el cual ordene devolver el mismo. Sin que resulte necesario que el órgano jurisdicción a quien se le encomienda la diligencia en cita, acuse recibo toda vez que al realizar el envío electrónico del exhorto, el Sistema Integral de Seguimiento Expedientes generará la papeleta de turno y este juzgado de distrito tendrá conocimiento del órgano al que le corresponderá conocer del mismo. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se faculta al juez exhortado para que de ser necesario lleve a cabo la diligencia encomendada en días y horas inhábiles. Asesor Jurídico. Por otro lado, toda vez que el presente asunto fue promovido por la madre del directo quejoso, quien se encuentra privado de la libertad, sin designar un abogado o representante legal. Por lo tanto, a efecto de no dejar en estado de indefensión al impetrante de amparo, en atención a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gírese oficio al Titular del Instituto Federal de Defensoría Pública Delegación Estado de México, con la finalidad de que designe un profesionista que intervenga en el presente juicio de amparo, en representación de la parte quejosa. Es aplicable a lo anterior, la tesis 1a./J. 43/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 2020495, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, página 1301, que a la letra dice: NICOLAS BLANCAS SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.53 14/01/24 12:48:19 15 JUZGADO OCTAVO EXP. 313/2022 Amparo indirecto 313/2022 ??????????????? "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." En ese sentido, deberá comparecer dentro del mismo plazo, con identificación oficial y vigente, a protestar el cargo conferido, y hecho lo anterior, una vez que se haya impuesto de los autos que conforman el juicio en que se actúa esté en aptitud de realizar la encomienda conferida, bajo el apercibimiento, que en caso de no dar cumplimiento a la obligación procesal impuesta se le hará efectiva la multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización1, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, inciso B, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. 1 En la inteligencia que el valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización será equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), de conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós; y todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en la leyes federales, estatales, de la Ciudad de México, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. NICOLAS BLANCAS SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.53 14/01/24 12:48:19 16 JUZGADO OCTAVO EXP. 313/2022 En consecuencia, deberá realizar las gestiones relativas para la obtención de una cita ante este juzgado a efecto de dar cumplimiento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del propio Consejo, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid19, está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio sobre Servicios jurisdiccionales, sistema Agenda OJ, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de cada órgano jurisdiccional, para que el público en general pueda generar una cita a fin consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizado. Téngase por autorizada a la persona que indica para los efectos precisados, como persona de confianza, por lo que únicamente podrá oír y recibir notificaciones. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). De conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, páralo cual, podrán consultar el manual de uso NICOLAS BLANCAS SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.53 14/01/24 12:48:19 17 JUZGADO OCTAVO EXP. 313/2022 Amparo indirecto 313/2022 ??????????????? actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Ho me/Ayuda Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes, por lo que se autoriza a los Actuarios para que prioritariamente realicen las notificaciones a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos. NICOLAS BLANCAS SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.53 14/01/24 12:48:19 18 JUZGADO OCTAVO EXP. 313/2022 Se hace del conocimiento de la parte oferente que en caso de que obren documentos originales, al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa.2 Notifíquese.
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