Edgar Osiel Rangel Hernández

Expediente 1176/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1176/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
04/09/2023

Partes del expediente

  • Edgar Osiel Rangel Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Durango, Durango, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe relativo a la suspensión de plano; asimismo, tomando en consideración que el Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna con residencia en Torreón aceptó la competencia declinada y que en el auto que antecede se ordenó la vinculación de las constancias que integran el presente juicio para su consulta, hágase del conocimiento de la referida autoridad que dicho informe se encuentra disponible en autos del expediente electrónico, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Durango, Durango, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios firmados por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila; visto el contenido del primero de ellos, téngasele informando que el órgano de su adscripción aceptó la competencia declinada a su favor y se avocó al conocimiento del asunto. En consecuencia, archívese como totalmente concluido. De igual forma, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual se devuelve debidamente diligenciado el exhorto enviado en este expediente. Asimismo, con fundamento en el artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que se cumplan seis meses de archivo, procédase a la destrucción de este expediente.

  3. Principal

    Durango, Durango, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda promovida por ********************, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 14, en Gómez Palacio, Durango y otras autoridades, regístrese el expediente 1176/2023 y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado. Del escrito de que se trata, se desprende esencialmente que el quejoso, quien está privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social 14 "CPS Durango", refiere tener insomnio sonámbulo y estrés postraumático, y bajo esa perspectiva reclama que las autoridades penitenciarias no le han renovado los medicamentos que requiere para el tratamiento de esos padecimientos. Ahora bien, debe destacarse que la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos. Todo ser humano tiene el derecho de disfrutar del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. La protección de la salud es un objetivo que legítimamente puede perseguir el Estado, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la salud. Sin perder de vista que ese derecho tiene una proyección individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, que es en lo que interesa al caso concreto, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general, integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. A fin de lograr lo anterior, el derecho a la salud tutelado en la Constitución General de la República, impone deberes complejos a todos los poderes públicos dentro del Estado, desde el legislador y la administración, hospitales públicos y su personal médico, hasta los tribunales; pero también a los particulares, tales como los médicos, hospitales privados, empleadores y administradores de fondos de pensiones y jubilaciones. Además, numerosos instrumentos de derecho internacional reconocen el derecho del ser humano a la salud. En el párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se afirma que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios". El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contiene el artículo más exhaustivo del derecho internacional de los derechos humanos sobre el derecho a la salud. En virtud del párrafo 1 del artículo 12 del Pacto, los Estados Partes reconocen "el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental", mientras que en el párrafo 2 del artículo 12 se indican, a título de ejemplo, diversas "medidas que deberán adoptar los Estados Partes a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho". Varios instrumentos regionales de derechos humanos, como la Carta Social Europea de 1961 en su forma revisada (artículo 11), la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de 1981 (artículo 16), y el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1988 (artículo 10), también reconocen el derecho a la salud. Análogamente, el derecho a la salud ha sido proclamado por la Comisión de Derechos Humanos, así como también en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 y en otros instrumentos internacionales. En la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que precisan los estándares que derivan del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se establece que el derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos y depende de esos derechos, que se enuncian en la Carta Internacional de Derechos, en particular el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y circulación. Esos y otros derechos y libertades abordan los componentes integrales del derecho a la salud. También se señala que el derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano. El derecho a la salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuales. En cambio, entre los derechos figura el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. El concepto del "más alto nivel posible de salud", a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 12, tiene en cuenta tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona como los recursos con que cuenta el Estado. Existen varios aspectos que no pueden abordarse únicamente desde el punto de vista de la relación entre el Estado y los individuos; en particular, un Estado no puede garantizar la buena salud ni puede brindar protección contra todas las causas posibles de la mala salud del ser humano. Así, los factores genéticos, la propensión individual a una afección y la adopción de estilos de vida malsanos o arriesgados suelen desempeñar un papel importante en lo que respecta a la salud de la persona. Por lo tanto, el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. Uno de los elementos esenciales e interrelacionados que integra el derecho a la salud, de conformidad con la aludida Observación General 14, se refiere a la accesibilidad económica (asequibilidad), que se refiere a que los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance de todos. Los pagos por servicios de atención de la salud y servicios relacionados con los factores determinantes básicos de la salud deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una carga desproporcionada, en lo que se refiere a los gastos de salud, en comparación con los hogares más ricos. Si bien el Pacto establece la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representan los limitados recursos disponibles, también impone a los Estados Partes diversas obligaciones de efecto inmediato. Los Estados Partes tienen obligaciones inmediatas por lo que respecta al derecho a la salud, como la garantía de que ese derecho será ejercido sin discriminación alguna (párrafo 2 del artículo 2) y la obligación de adoptar medidas (párrafo 1 del artículo 2) en aras de la plena realización del artículo 12. Esas medidas deberán ser deliberadas y concretas e ir dirigidas a la plena realización del derecho a la salud. Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados Partes: la obligación de respetar, proteger y cumplir. A su vez, la obligación de cumplir comprende la obligación de facilitar, proporcionar y promover. La obligación de respetar exige que los Estados se abstengan de injerirse directa o indirectamente en el disfrute del derecho a la salud. La obligación de proteger requiere que los Estados adopten medidas para impedir que terceros interfieran en la aplicación de las garantías prevista en el artículo 12. Por último, la obligación de cumplir requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad al derecho a la salud. A efecto de cumplir con las medidas apropiadas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 476/2014, estableció que cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que, en efecto, buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes. Así, la protección del derecho a la salud supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación. Algunas de las reparaciones que se pudieran dar en estos supuestos, de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional, son: I) establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones; II) las autoridades deben prever mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, así como procedimientos de tutela administrativa y judicial para la presunta víctima, cuya efectividad dependerá, en definitiva, de la puesta en práctica que la administración competente realice al respecto; III) cuando hay una lesión clara a la integridad de la persona, como es la mala práctica médica, las autoridades políticas, administrativas y especialmente judiciales, deben asegurar e implementar la expedición razonable y prontitud en la resolución del caso; IV) tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud; V) otorgar servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación u omisión de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes. Ilustra lo anterior, la tesis 2a. CVIII/2014 (10a.) de la Segunda Sala del alto tribunal del país, del rubro y texto siguientes: SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO. El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé obligaciones de contenido y de resultado; aquéllas, de carácter inmediato, se refieren a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones convencionales, mientras que las de resultado o mediatas, se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. En esa lógica, teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental contenido en el artículo 12 del citado Pacto, se impone al Estado Mexicano, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. De ahí que se configurará una violación directa a las obligaciones del Pacto cuando, entre otras cuestiones, el Estado Mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho indicado. En consecuencia, como el acto reclamado tiene naturaleza relevante para la vida e integridad física y/o psicológica del demandante constitucional, quien se encuentra privado de su libertad, incide de manera directa en el derecho a la salud reconocido por los artículos 4° de la Constitución Federal y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; por tanto, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto que atenta directamente contra su vida, además de que la negativa de suministrar los medicamentos para los padecimientos que sufre el quejoso constituye una clase de tormento, así como un trato cruel, inhumano y degradante, prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, se decreta de plano la suspensión del acto reclamado, y se ordena a las autoridades responsables Director General, Titular del Área Médica y Farmacia Médica del Centro Federal de Readaptación Social 14 "CPS Durango", para que, en el ámbito de sus funciones, atribuciones y competencias, proporcione la atención médica y/o medicamentos adecuada para los padecimientos que refiere tener el quejoso, acorde a la instrucción del médico tratante. En la inteligencia que de no contar con los medicamentos, tratamientos o estudios prescritos por el médico tratante, a efecto de garantizar el más alto nivel posible de salud de la parte quejosa y su existencia digna, de inmediato deberán realizar las gestiones necesarias para que sea atendido eficaz y eficientemente, aun cuando se deba hacer uso de la subrogación de servicios. Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de doce horas acrediten ante este juzgado de distrito, que iniciaron las gestiones necesarias para lograr proporcionar al quejoso el medicamento o tratamiento que requiere y el resultado para el cumplimiento de la suspensión aquí decretada; apercibidas que de no cumplir con lo ordenado, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo . Hágase saber a las autoridades responsables que el cumplimiento de la suspensión decretada en este proveído es de orden público y, por ende, el suscrito juzgador está obligado a velar por su acatamiento en términos del artículo 158 de la Ley de Amparo, además de que en caso de incumplir con lo aquí ordenado se puede dar lugar a que se proceda en términos del Título Quinto, Capítulo III, de la citada legislación, e incurrir en el delito previsto en el artículo 262, fracción III, del mismo cuerpo legal, el cual prevé una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, por desobedecer un auto de suspensión debidamente notificado, con independencia de cualquier otro delito en el que se incurra. Además, de que, de conformidad con el numeral 66 de la Ley de Amparo, podrá ordenarse de oficio la apertura del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, previsto por el artículo 206 de la ley en cita. En otro aspecto, vista nuevamente la demanda de cuenta, se advierte que este juzgador carece de competencia legal para conocer del asunto. La competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Conforme a dicho numeral se desprenden tres reglas que fijan la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, a saber: a) Cuando el acto tenga ejecución, será competente aquél juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto no requiera ejecución material, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En la especie, como el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social 14 "CPS Durango", en Gómez Palacio, Durango y la omisión por parte de las autoridades penitenciarias de renovarle el medicamento que requiere para el tratamiento del insomnio sonámbulo y estrés postraumático que padece, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, por ende, el acto reclamado tiene ejecución material en dicho distrito judicial y se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 86/2019 (10a.), que establece: OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo. Conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en la parte que interesa establece lo siguiente: CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente:. VIII. OCTAVO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Arteaga, General Cepeda, Parras, Ramos Arizpe y Saltillo. El juzgado de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, ejercerá jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Morelos, Múzquiz, Nava, Piedras Negras, Progreso, Sabinas, San Juan de Sabinas, Villa Unión y Zaragoza. Los juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Monclova, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Abasolo, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Frontera, Lamadrid, Monclova, Nadadores, Ocampo, Sacramento, San Buenaventura y Sierra Mojada. Los juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como en los municipios de General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Nazas, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo y Tlahualilo del Estado de Durango. . XXV. VIGESIMO QUINTO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Canatlán, Canelas, Coneto de Comonfort, Cuencamé, Durango, El Oro, Guadalupe Victoria, Guanaceví, Hidalgo, Indé, Mezquital, Nombre de Dios, Nuevo Ideal, Ocampo, Otáez, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Poanas, Pueblo Nuevo, Rodeo, San Bernardo, San Dimas, San Juan del Río, Santa Clara, Santiago Papasquiaro, Súchil, Tamazula, Tepehuanes, Topia y Vicente Guerrero. De lo anterior se desprende que los Juzgados de Distrito en La Laguna tienen su residencia en Torreón, Coahuila y el distrito judicial dentro del cual ejercen jurisdicción territorial, pertenece al Octavo Circuito, de conformidad con la fracción VIII, del punto cuarto, del Acuerdo General 3/2013 recién transcrito y lo conforman entre otros, el municipio de Gómez Palacio, Estado de Durango. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango, carece de competencia por razón de territorio para conocer de la demanda de mérito, en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, por lo que se declina la competencia en favor del Juez de Distrito en La Laguna, en Torreón, Coahuila, en turno. En consecuencia, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase de plano al aludido juzgador, sin proveer sobre su admisión, a fin de que resuelva lo que en derecho corresponda; sin necesidad de requerir acuse, pues éste lo genera la citada herramienta tecnológica. Por otra parte, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la ley de la materia, así como los diversos 298 y 314, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en La Laguna, en Torreón, Coahuila, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione al actuario judicial de su adscripción a fin de que se constituya en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social 14 "CPS Durango" en Gómez Palacio, Durango, y notifique al directo agraviado la presente determinación; asimismo, para que haga entrega de los oficios correspondientes a las autoridades responsables que contienen la transcripción del presente proveído en el que se decreta la suspensión de plano, para lo cual se anexan los mismos; en caso de existir discrepancia o deficiencia en las denominaciones precisadas, faculte a quien corresponda haga la certificación correspondiente para que bajo la denominación correcta, notifique el presente auto y dichas autoridades acaten en sus términos las disposiciones aquí determinadas. En la inteligencia que se otorga plenitud de jurisdicción al juez exhortado para llevar a cabo la diligencia ordenada, facultándolo para que se practiquen las diligencias necesarias para ello, incluyendo habilitar días y horas inhábiles e imponer las medidas de apremio que la ley establezca. Se tiene señalando al quejoso como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro Federal de Readaptación Social 14 "CPS Durango", en Gómez Palacio, Durango, lugar donde se encuentra actualmente. Notifíquese; hágase por exhorto al quejoso. Lo proveyó y firma Iván Francisco Rodríguez Zamarripa, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la secretaria María Cristina Ruiz Camarena, que autoriza y da fe. Doy fe.

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