Edgar Osiel Rangel Hernandez
Expediente 592/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 33 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 592/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 22/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Edgar Osiel Rangel Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintidós de agosto de dos mil veintidós. Oficio. Por recibido el oficio singado por la secretaria encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo. Acuerdo. Atento a su contenido, agréguese dicho oficio para efectos de control, en virtud que mediante proveído de quince de junio de dos mil veintidós se ordenó el archivo del presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a quince de junio de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese para los efectos legales correspondientes el oficio signado por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, mediante el cual acusa recibo del oficio por el cual se le remitió el juicio de amparo 592/2021-IV, del cual deriva este cuaderno de antecedentes, e informa que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No existen para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es destruible, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo. Con, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a seis de abril de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos, el oficio signado por el encargado de la Administración del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita le sea remitida la factura de depósito relativa a las piezas postales correspondientes a los oficios 50584/2021, 50585/2021 dirigidos a las autoridades Dirección de Seguridad Pública Municipal y Grupo de Armas y Tácticas Especiales GATE, ambas con sede en Saltillo, Coahuila, en auto de siete de enero del dos mil veintidós. Se deja sin efectos apercibimiento. Lo anterior, dígasele al administrador de mérito, que se deja sin efectos el apercibimiento decretado, en virtud de que ya no es necesaria la búsqueda de esos registrados. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintidós de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de donde se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista efectuada mediante proveído de catorce de febrero de dos mil veintidós. Autoridades inexistentes. En consecuencia, se hace efectivo apercibimiento decretado en el aludido auto y se tiene como inexistentes a las autoridades señaladas por la parte quejosa como Dirección de Seguridad Pública Municipal y Grupo de Armas y Tácticas Especiales GATE, ambas con sede en Saltillo, Coahuila. Ahora, de líneas precedentes se advierte que se decretó la inexistencia de las autoridades responsables con excepción del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal de Saltillo, Coahuila, por tal motivo, no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional programada para hoy, puesto que este órgano jurisdiccional carece de competencia por razón de territorio. Se explica. Consideraciones previas. El acto reclamado por el quejoso Edgar Osiel Rangel Hernández, consiste en la tortura sufrida al momento de su detención así como la omisión de investigarla dentro del proceso penal 122/2015, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Saltillo, Coahuila, instruida en su contra. Acto el cual atribuye a la autoridad judicial. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad judicial responsable, -en específico-, del parte informativo N. 0358/2013, de veintisiete (27) de marzo de (2013) dos mil trece, se advierte que el quejoso fue detenido en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza (origen de la omisión de investigación de tortura). Asimismo, en la causa penal de origen, el quince de diciembre de dos mil dieciséis, se dio por concluida la investigación respecto a la tortura denunciada, con el propósito de dar o no valor a la declaración de los acusados. También, es dable destacar que se declararon inexistentes a las diversas autoridades señaladas por la parte quejosa como responsables, siendo que la única que quedó con tal carácter es la juez del proceso. Se carece de competencia legal por territorio. Bien, de las constancias de autos, se advierte que la omisión reclamada tiene efectos positivos, pues al tener a la vista las mismas, se advierte que, con relación a la omisión reclamada, se realizaron actos dentro del proceso, lo cual, desde luego, traduce un acto omisivo con efectos positivos, máxime que no se reclamó que sufra tortura en el centro penitenciario donde se encuentra privado de su libertad, sino en las consecuencias que se generaron dentro de su proceso penal. En ese sentido, se surte en favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, al ser un acto omisivo con efectos positivos, tal y como lo señalo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver Contradicción de tesis 478/2018, misma que originó la jurisprudencia de rubro: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL)." En dicha ejecutoria se realizaron las siguientes consideraciones: ". 60. Con base en lo anterior, tenemos que la omisión de dictar sentencia en el proceso penal si bien es un acto omisivo, lo cierto es que trae aparejada una ejecución material. Ello en la medida que, con la omisión del Juez de dictar sentencia en breve plazo, se vulnera el derecho de acceso a la justica de manera pronta y expedita, en perjuicio de las partes en el proceso. Esto es, el omitir dictar sentencia, es tanto como si la autoridad emitiera un acto que vulnerara los derechos señalados. 61. Razón por la cual no puede afirmarse que la omisión de dictar sentencia es una decisión meramente declarativa que no tiene efecto alguno o que no conlleve consecuencia alguna. Por el contrario, con la omisión se genera una afectación que no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado. Si ello no fuera así, la restitución del derecho a través de la concesión del amparo cuando se reclame la omisión de dictar sentencia en el proceso penal no involucraría un "hacer", que es dictar sentencia lo más pronto posible. 62. De esta manera llegamos a la conclusión de que la omisión de dictar sentencia en el proceso penal, si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada- lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo. De ahí que nos encontramos ante un acto omisivo con efectos positivos. 3) ¿Qué Juez de amparo es el competente para conocer del acto reclamado denominado "omisión de dictar sentencia en el proceso penal", el cual sí trae aparejada una ejecución material? 63. Precisado lo anterior, es procedente determinar qué órgano jurisdiccional es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra la omisión de dictar sentencia en un proceso penal. 64. El artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo (19) dispone que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. El conocimiento de la demanda en este tipo de asuntos corresponde al Juez que ejerza su jurisdicción donde esté radicado el asunto, esto es, respecto aquel órgano jurisdiccional que ha omitido dictar la determinación correspondiente. 65. Respecto de este punto debemos referirnos, a mayor abundamiento, a la contradicción de tesis 187/2011,(20) emitida por esta Primera Sala, en la que se sustentó que la unidad y concentración del procedimiento son aspectos que permiten la emisión de criterios generales y evitan la concurrencia de múltiples resoluciones. 66. Lo anterior, sin que obste destacar que en el supuesto de referencia, la omisión de pronunciar sentencia es susceptible de incidir de manera indirecta en la libertad personal del procesado, la cual se concretiza en el lugar donde se encuentra recluido. Sin embargo, dicha circunstancia es insuficiente para afirmar la competencia de las autoridades residentes en su lugar de internamiento, fundamentalmente porque el procesado se encuentra sometido a la potestad del Juez de la causa, cuya jurisdicción no necesariamente coincide con aquella en la que se ejecuta la prisión preventiva. Incluso esta Primera Sala, en la contradicción de tesis 187/2011 ya citada, ha considerado que "apelar aisladamente al criterio del lugar de reclusión permitiría la generación de cierta discordancia entre las resoluciones que dictarán los Jueces de amparo". 67. En consecuencia, es factible afirmar que la regla general para determinar la competencia a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la legislación de amparo -por razón de territorio- está definida por el lugar dónde se desarrolla el proceso y no así por dónde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un juzgado que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interno el proceso y posteriormente sea trasladado a otro centro de reclusión, lo cual traería más problemáticas al respecto. 68. Por lo anterior, es que se considera que el juzgador de amparo que debe conocer de la demanda en la que se señale como acto la omisión de emitir sentencia definitiva en el sistema penal, es el Juez de amparo cuya residencia se encuentre la autoridad que lleva el trámite procesal penal." En ese orden de ideas, por identidad de razón, con independencia que el quejoso se encuentre sentenciado o no, reclama una omisión efectuada dentro del proceso penal, y dichas omisiones dentro del proceso deben ser conocidas por un juez federal residente en el lugar donde se encuentra el juez del proceso. Así, la competencia por territorio acerca de un juicio de amparo promovido por la omisión de investigar actos de tortura a los que aduce el quejoso fue objeto al momento de su detención, se afirma que es un acto omisivo de carácter positivo, y por tanto se declina competencia en favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, por haberse reclamado dicha omisión al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Saltillo, Coahuila; ello de conformidad con acuerdo general 3/2013 del pleno del consejo de la judicatura federal. Siendo irrelevante el lugar donde se encuentra privado de su libertad el quejoso, en virtud de que los efectos de los actos omisivos se traducen en positivos dentro del procedimiento penal, no en el lugar en que se encuentra privado de su libertad, pues sus efectos no son de aquellos que producen efectos en su persona sino en el proceso mismo. Lo anterior se afirma, pues cuando se determinó carecer de competencia legal en el auto de radicación, la Juez Primero de Distrito en el estado de Coahuila de Zaragoza, en el juicio de amparo 802/2021, no aceptó la competencia al considerar que era un acto omisivo simple, al no existir datos suficientes para que ese órgano jurisdiccional se avocara al conocimiento del presente asunto. Sin embargo, ahora que se cuentan con las constancias de la causa penal de origen, se advierte esa nota distintiva, entre un acto omisivo y uno omisivo con carácter positivo, al tener un principio de ejecución, esto es, que deriva de una ejecución realizada con motivo de la detención realizada en aquella ciudad y que sus consecuencias tuvieron efectos positivos en el proceso. Por tales consideraciones y en suma a las razones destacadas el veinte de mayo de dos mil veintiuno, al contar con las constancias de la causa penal de origen, se declina competencia legal en favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, en turno, para que tenga a bien informar sí acepta o no la competencia declinada. Fórmese cuaderno de antecedentes. Sin efectos audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, una vez que se tenga conocimiento de lo que determine el juzgado homologo respecto a la competencia planteada, se acordará lo correspondiente. Vía para la rendición de promociones. Atento a lo establecido en los acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 12/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, 21/2020 y 1/2022, y demás relativos, que establecen los lineamientos esenciales a seguir para el trámite de los diversos asuntos de la competencia de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación ante la actual contingencia sanitaria mundial virusSARS-CoV2 (COVID-19)-, dentro de los cuales se ha adoptado para ello un esquema de distanciamiento social y de prioridad al trabajo a distancia como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores y salvaguardar la salud de los servidores públicos, se hace del conocimiento que cualquier tipo de promoción que pretenda presentar, habrá de efectuarlo -mientras sea viable- al correo oficial 1jdo8ctot@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Notifíquese personalmente.
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