Edgar Ortiz Maqueda

Expediente 1086/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 26 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1086/2016
Año
2016
Actuaciones
26
Última actuación
13/03/2017

Partes del expediente

  • Edgar Ortiz Maqueda
  • JUEZ DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, EN FUNCIONES DE JUEZ DE CONTROL EN CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO y Otros.
  • EDGAR ORTIZ MAQUEDA y Otros.
  • ANA CAROLINA ARTEAGA CORTÉS y Otros.
  • ISIDRO SÁNCHEZ AGUILAR y Otros.
  • ÁNGEL ALEGRÍA UGALDE y Otros.
  • Claudio Almaraz Hurtado
  • Juez del Sistema Penal Acusatorio, En Funciones de Juez de Control En Cadereyta de Montes, Querétaro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado por el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Estado, en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial de Cadereyta de Montes, Querétaro, por el que informa que el quejoso promovió diverso juicio de amparo en contra del auto de vinculación a proceso de dieciocho de enero del año en curso, por lo que decretó la suspensión del proceso; en virtud de lo anterior, agréguese a los autos sin mayor proveer, toda vez que en proveído de tres de febrero del año en curso, se declaró cumplida la ejecutoria de mérito....V

  2. Principal

    V I S T O el estado procesal que guardan los presentes autos y no obstante que la parte quejosa desahogó la vista ordenada en auto de veintitrés de enero de la presente anualidad, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de quince de julio de dos mil dieciséis, este Juzgado determinó en su único punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa en los términos siguientes: "[.] SEXTO. Concesión del amparo. De conformidad con el artículo 77, fracción I y párrafo segundo de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución de dos de mayo de dos mil dieciséis, dictada en los autos de la causa 4-03663-15, de su índice, mediante el cual se decretó vinculación a proceso al aquí quejoso..., por el hecho que la ley señala como delito de peculado, previsto y sancionado en el artículo 267, en relación con el artículo 260, fracción I, del Código Penal del Estado de Querétaro, cometido en agravio del Servicio Público y, como víctimas indirectas el Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro,....., y con plenitud de jurisdicción resuelva la situación jurídica del aquí quejoso, sin incurrir en la violación señalada en la presente resolución. [.]" Por auto de cinco de agosto de dos mil dieciséis, se tuvo al Jefe de la Unidad Fiscal de Acusación de Cadereyta de Montes, Querétaro, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, mismo que por razón de turno tocó conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, quien lo registró bajo el toca 561/2016. Por sesión de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, resolvió: "(.) PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Edgar Ortiz Maqueda, contra los actos y autoridad precisada en el resultando primero de esta ejecutoria y para los efectos señalados en la sentencia que se revisa (.)" Ahora, toda vez que los efectos de la concesión de amparo quedaron intocados, en proveído de nueve de enero de dos mil diecisiete, se requirió a la autoridad responsable, para que diera cumplimiento al fallo protector en el término de tres días. Mediante oficio número 46/2016, recibido por este juzgado el dieciséis de enero de la presente anualidad, el Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Estado, actuando en guardia del homologo Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Cadereyta de Montes, Querétaro, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, informó a este juzgado, que declaró insubsistente el auto de vinculación a proceso de dos de mayo de dos mil dieciséis, y que señaló fecha para el desahogo de la audiencia para resolver la situación jurídica del quejoso. Luego, mediante oficio 63/2017, recibido por este juzgado el veinte de enero de la presente anualidad, el Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Estado, en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial de Cadereyta de Montes, Querétaro, informó y justificó, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, por lo tanto, realizando un análisis de las constancias que remite para acreditar el cabal cumplimiento de ejecutoria de mérito, se advierte que: EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO CUMPLIMIENTO DE AMPARO .la autoridad responsable deje insubsistente la resolución de dos de mayo de dos mil dieciséis, dictada en los autos de la causa 4-03663-15, de su índice, mediante el cual se decretó vinculación a proceso al aquí quejoso Edgar Ortiz Maqueda, por el hecho que la ley señala como delito de peculado, previsto y sancionado en el artículo 267, en relación con el artículo 260, fracción I, del Código Penal del Estado de Querétaro, cometido en agravio del Servicio Público y, como víctimas indirectas el Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro,...., y con plenitud de jurisdicción resuelva la situación jurídica del aquí quejoso, sin incurrir en la violación señalada en la presente resolución. Al respecto, la autoridad responsable, mediante proveído de trece de enero de dos mil diecisiete, declaró insubsistente la resolución de vinculación a proceso de dos de mayo de dos mil dieciséis, y dictó una nueva el dieciocho de enero siguiente. Ahora, atendiendo a los efectos de la concesión de amparo, la responsable estableció de forma clara y precisa los elementos del ilícito señalado como peculado previsto y sancionado en el artículo 267, en relación con el artículo 260, fracción I, del Código Penal del Estado de Querétaro, quedando como tales, los siguientes: Se trata de un servidor público (tesorero del Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro); Que para el provecho propio desvió un dinero de un particular Si por razón de su encargo lo hubiera recibido en la administración; y, Que el daño no excede de 200 veces al salario mínimo vigente del cuatro de agosto de dos mil quince, al treinta de septiembre de dos mil quince. Siendo estos los elementos que el Juez analizó para acreditar la figura de peculado. Acorde con lo anterior, a fin de probar el primero de los elementos típicos, consistente en que se trate de un servidor público, la responsable consideró lo siguiente: 1. Copia certificada del nombramiento de Edgar Ortiz Maqueda, como Tesorero Municipal del Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro, del cuatro de agosto de dos mil quince, al treinta de septiembre de dos mil quince, probanza que colma los requisitos del artículo 261, y la par del artículo 265, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por cuanto ve al segundo elemento típico consistente en que el sujeto activo para provecho propio desvió un dinero de un particular, la autoridad indicó que quedó demostrado con: 1. El convenio de colaboración para otorgamiento de créditos vía nomina, del que advirtió en lo que aquí importa, que la Caja Popular las Hustecas, otorgaba préstamos a los trabajadores sindicalizados del Municipio de Cadereyta de Montes, documento que la responsable determinó idóneo de conformidad con el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos, para establecer que los trabajadores sindicalizados del Municipio de Cadereyta de Montes, podía celebrar un crédito de nómina, y que su deducción sería a través de la nómina, para ser entregada a la Caja Popular las Hustecas. 2. El informe SG/026/2016, de quince de febrero de dos mil dieciséis, por el que el Secretario General del Sindicato de dicho Municipio, confirmó la existencia del convenio precitado, documento de prueba que en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos, resultó idóneo para demostrar que el inculpado era el encargado de realizar la deducción a la nómina de los trabajadores sindicalizados. 3. El contrato entre Libertad Servicios Financieros, Sociedad Financiera Popular y el Municipio de Cadereyta, de colaboración comercial para la presentación de servicios crediticios bajo el sistema empresarial de crédito de nómina, mismo que se consideró idóneo y pertinente según lo dispuesto en el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos, para demostrar y deducir que el Tesorero del Municipio de Cadereyta de Montes, era el funcionario encargado de realizarlas deducciones a los beneficiarios de los créditos otorgados con deducción vía nómina, y efectuar el pago a la Caja Popular las Hustecas. 4. Las entrevistas realizadas por el fiscal a las treinta y un víctimas (terceros interesados), de las que se advierte que las deducciones se efectuaron en la nómina de todos y cada uno de ellos, y que existió un desvió de ese dinero por no haberse aplicado al pago de los préstamos que las víctimas contrajeron, declaraciones que en lo individual son datos de prueba idóneos y pertinentes en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos. Asimismo, respecto del tercer elemento del cuerpo del delito, relativo a que dicha cantidad de dinero derivada de las deducciones de las nóminas de los trabajadores, él sujeto activo por razón de su encargo la hubiera recibido en la administración, la autoridad señaló, que ello se encontró demostrado con: Copia certificada del nombramiento de Tesorero Municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro correspondiente al periodo del cuatro de agosto de dos mil quince, al treinta de septiembre de dos mil dieciséis. Robusteciendo a lo anterior, relacionó: El informe SG/028/2016, de quince de febrero de dos mil dieciséis, signado por el Secretario General del Sindicato del Municipio en comento. Además, la responsable interpreto el artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y el numeral 61 fracción II, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con lo que demostró que Edgar Ortiz Maqueda, por razón de su cargo recibió en administración las deducciones hechas a los terceros interesados, y de las cuales ejerció un desvió en provecho propio. Ahora en cuanto al cuarto elemento, consistente en que el daño no exceda de doscientas veces el salario mínimo vigente, la responsable indicó, que toda vez que el Ministerio Público no estableció cual es monto total del peculado, en beneficio del sujeto activo (quejoso), estableció el ilícito conforme al artículo 260, fracción I, del Código Penal para el Estado de Querétaro, indicando que hasta en tanto el Ministerio Público tenga datos de prueba, se podrá modificar la clasificación jurídica. Por lo anterior, con todos los datos de prueba, la responsable estableció que existe la posibilidad de que el quejoso Edgar Ortiz Maqueda, sea la persona que cometió el hecho que la ley señala como delito de peculado previsto y sancionado en el artículo 267, en relación con el 260, fracción I, del Código Penal para el Estado de Querétaro, cometido en agravio del servicio público y los terceros interesados. Por las razones anteriormente señaladas, la responsable decretó la vinculación a proceso de Edgar Ortiz Maqueda, quejoso, por el hecho que señala la ley como el delito de peculado previsto y sancionado en el artículo 267, en relación con el 260, fracción I, del Código Penal para el Estado de Querétaro. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, SE HACE EVIDENTE QUE SE CUMPLIERON CON LOS POSTULADOS DEL FALLO PROTECTOR, pues con las documentales allegadas, se evidencia que el Juez responsable dio cabal cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." Sin que pase desapercibido, que el quejoso Edgar Ortiz Maqueda, mediante escrito presentado el treinta de enero del año en curso, señaló la oposición y rechazo al cumplimiento que realizó la autoridad a la ejecutoría de amparo; sin embargo, las manifestaciones que realiza resulta insuficientes para modificar el pronunciamiento realizado en párrafos precedentes, en la medida de que, como se advierte de las constancias que remitió la responsable relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, la autoridad cumplió a cabalidad esta última. Se afirma ello, porque la concesión de amparo consistió en que la responsable dejara insubsistente el auto de vinculación a proceso y, en su lugar dictara otro en el que debía establecer con precisión los elementos corpóreos del hecho que la Ley señala como delito de peculado, y con libertad de jurisdicción, resolviera lo que en derecho procediera; extremos que se ven colmados, pues como se advirtió en párrafos que anteceden, de acuerdo a los lineamientos dados en la ejecutoria, la autoridad dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de dos de mayo de dos mil dieciséis y, en su lugar dictó otro, en el que, con base en el análisis del material probatorio existente en la indagatoria, determinó con precisión los elementos corpóreos del hecho que la ley considera como delito de peculado y, consideró que se encontraba acreditado el hecho que la Ley señala como el delito de Peculado y, ante ello, decretó la vinculación a proceso de Edgar Ortiz Maqueda, quejoso. Esto es, la libertad de jurisdicción que se le dio al Juez para emitir su resolución, podía ser en el mismo sentido, siempre y cuando subsanara los vicios que se le señalaron en la ejecutoria de amparo, esto es, que estableciera con precisión los hechos corpóreos del ilícito señalado como peculado, lo cual, la responsable cumplió como ya se advirtió en párrafos que anteceden; luego, el dicho del quejoso, sin fundamentación ni motivación alguna, resulta insuficiente para evitar el pronunciamiento realizado en párrafos precedentes. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO que se analiza, esto es, sin excesos ni defectos. Hágase del conocimiento de la parte quejosa el contenido de este proveído; y dése vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. "... se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos....V

  3. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 07/02/2017 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EDGAR ORTIZ MAQUEDA EL AUTO DE 03/02/2017, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: AUTO DE 03/02/2017 V I S T O el estado procesal que guardan los presentes autos y no obstante que la parte quejosa desahogó la vista ordenada en auto de veintitrés de enero de la presente anualidad, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de quince de julio de dos mil dieciséis, este Juzgado determinó en su único punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa en los términos siguientes: "[.] SEXTO. Concesión del amparo. De conformidad con el artículo 77, fracción I y párrafo segundo de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución de dos de mayo de dos mil dieciséis, dictada en los autos de la causa 4-03663-15, de su índice, mediante el cual se decretó vinculación a proceso al aquí quejoso..., por el hecho que la ley señala como delito de peculado, previsto y sancionado en el artículo 267, en relación con el artículo 260, fracción I, del Código Penal del Estado de Querétaro, cometido en agravio del Servicio Público y, como víctimas indirectas el Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro,....., y con plenitud de jurisdicción resuelva la situación jurídica del aquí quejoso, sin incurrir en la violación señalada en la presente resolución. [.]" Por auto de cinco de agosto de dos mil dieciséis, se tuvo al Jefe de la Unidad Fiscal de Acusación de Cadereyta de Montes, Querétaro, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, mismo que por razón de turno tocó conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, quien lo registró bajo el toca 561/2016. Por sesión de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, resolvió: "(.) PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Edgar Ortiz Maqueda, contra los actos y autoridad precisada en el resultando primero de esta ejecutoria y para los efectos señalados en la sentencia que se revisa (.)" Ahora, toda vez que los efectos de la concesión de amparo quedaron intocados, en proveído de nueve de enero de dos mil diecisiete, se requirió a la autoridad responsable, para que diera cumplimiento al fallo protector en el término de tres días. Mediante oficio número 46/2016, recibido por este juzgado el dieciséis de enero de la presente anualidad, el Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Estado, actuando en guardia del homologo Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Cadereyta de Montes, Querétaro, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, informó a este juzgado, que declaró insubsistente el auto de vinculación a proceso de dos de mayo de dos mil dieciséis, y que señaló fecha para el desahogo de la audiencia para resolver la situación jurídica del quejoso. Luego, mediante oficio 63/2017, recibido por este juzgado el veinte de enero de la presente anualidad, el Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Estado, en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial de Cadereyta de Montes, Querétaro, informó y justificó, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, por lo tanto, realizando un análisis de las constancias que remite para acreditar el cabal cumplimiento de ejecutoria de mérito, se advierte que: EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO CUMPLIMIENTO DE AMPARO .la autoridad responsable deje insubsistente la resolución de dos de mayo de dos mil dieciséis, dictada en los autos de la causa 4-03663-15, de su índice, mediante el cual se decretó vinculación a proceso al aquí quejoso Edgar Ortiz Maqueda, por el hecho que la ley señala como delito de peculado, previsto y sancionado en el artículo 267, en relación con el artículo 260, fracción I, del Código Penal del Estado de Querétaro, cometido en agravio del Servicio Público y, como víctimas indirectas el Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro,...., y con plenitud de jurisdicción resuelva la situación jurídica del aquí quejoso, sin incurrir en la violación señalada en la presente resolución. Al respecto, la autoridad responsable, mediante proveído de trece de enero de dos mil diecisiete, declaró insubsistente la resolución de vinculación a proceso de dos de mayo de dos mil dieciséis, y dictó una nueva el dieciocho de enero siguiente. Ahora, atendiendo a los efectos de la concesión de amparo, la responsable estableció de forma clara y precisa los elementos del ilícito señalado como peculado previsto y sancionado en el artículo 267, en relación con el artículo 260, fracción I, del Código Penal del Estado de Querétaro, quedando como tales, los siguientes: Se trata de un servidor público (tesorero del Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro); Que para el provecho propio desvió un dinero de un particular Si por razón de su encargo lo hubiera recibido en la administración; y, Que el daño no excede de 200 veces al salario mínimo vigente del cuatro de agosto de dos mil quince, al treinta de septiembre de dos mil quince. Siendo estos los elementos que el Juez analizó para acreditar la figura de peculado. Acorde con lo anterior, a fin de probar el primero de los elementos típicos, consistente en que se trate de un servidor público, la responsable consideró lo siguiente: 1. Copia certificada del nombramiento de Edgar Ortiz Maqueda, como Tesorero Municipal del Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro, del cuatro de agosto de dos mil quince, al treinta de septiembre de dos mil quince, probanza que colma los requisitos del artículo 261, y la par del artículo 265, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por cuanto ve al segundo elemento típico consistente en que el sujeto activo para provecho propio desvió un dinero de un particular, la autoridad indicó que quedó demostrado con: 1. El convenio de colaboración para otorgamiento de créditos vía nomina, del que advirtió en lo que aquí importa, que la Caja Popular las Hustecas, otorgaba préstamos a los trabajadores sindicalizados del Municipio de Cadereyta de Montes, documento que la responsable determinó idóneo de conformidad con el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos, para establecer que los trabajadores sindicalizados del Municipio de Cadereyta de Montes, podía celebrar un crédito de nómina, y que su deducción sería a través de la nómina, para ser entregada a la Caja Popular las Hustecas. 2. El informe SG/026/2016, de quince de febrero de dos mil dieciséis, por el que el Secretario General del Sindicato de dicho Municipio, confirmó la existencia del convenio precitado, documento de prueba que en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos, resultó idóneo para demostrar que el inculpado era el encargado de realizar la deducción a la nómina de los trabajadores sindicalizados. 3. El contrato entre Libertad Servicios Financieros, Sociedad Financiera Popular y el Municipio de Cadereyta, de colaboración comercial para la presentación de servicios crediticios bajo el sistema empresarial de crédito de nómina, mismo que se consideró idóneo y pertinente según lo dispuesto en el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos, para demostrar y deducir que el Tesorero del Municipio de Cadereyta de Montes, era el funcionario encargado de realizarlas deducciones a los beneficiarios de los créditos otorgados con deducción vía nómina, y efectuar el pago a la Caja Popular las Hustecas. 4. Las entrevistas realizadas por el fiscal a las treinta y un víctimas (terceros interesados), de las que se advierte que las deducciones se efectuaron en la nómina de todos y cada uno de ellos, y que existió un desvió de ese dinero por no haberse aplicado al pago de los préstamos que las víctimas contrajeron, declaraciones que en lo individual son datos de prueba idóneos y pertinentes en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos. Asimismo, respecto del tercer elemento del cuerpo del delito, relativo a que dicha cantidad de dinero derivada de las deducciones de las nóminas de los trabajadores, él sujeto activo por razón de su encargo la hubiera recibido en la administración, la autoridad señaló, que ello se encontró demostrado con: Copia certificada del nombramiento de Tesorero Municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro correspondiente al periodo del cuatro de agosto de dos mil quince, al treinta de septiembre de dos mil dieciséis. Robusteciendo a lo anterior, relacionó: El informe SG/028/2016, de quince de febrero de dos mil dieciséis, signado por el Secretario General del Sindicato del Municipio en comento. Además, la responsable interpreto el artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y el numeral 61 fracción II, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con lo que demostró que Edgar Ortiz Maqueda, por razón de su cargo recibió en administración las deducciones hechas a los terceros interesados, y de las cuales ejerció un desvió en provecho propio. Ahora en cuanto al cuarto elemento, consistente en que el daño no exceda de doscientas veces el salario mínimo vigente, la responsable indicó, que toda vez que el Ministerio Público no estableció cual es monto total del peculado, en beneficio del sujeto activo (quejoso), estableció el ilícito conforme al artículo 260, fracción I, del Código Penal para el Estado de Querétaro, indicando que hasta en tanto el Ministerio Público tenga datos de prueba, se podrá modificar la clasificación jurídica. Por lo anterior, con todos los datos de prueba, la responsable estableció que existe la posibilidad de que el quejoso Edgar Ortiz Maqueda, sea la persona que cometió el hecho que la ley señala como delito de peculado previsto y sancionado en el artículo 267, en relación con el 260, fracción I, del Código Penal para el Estado de Querétaro, cometido en agravio del servicio público y los terceros interesados. Por las razones anteriormente señaladas, la responsable decretó la vinculación a proceso de Edgar Ortiz Maqueda, quejoso, por el hecho que señala la ley como el delito de peculado previsto y sancionado en el artículo 267, en relación con el 260, fracción I, del Código Penal para el Estado de Querétaro. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, SE HACE EVIDENTE QUE SE CUMPLIERON CON LOS POSTULADOS DEL FALLO PROTECTOR, pues con las documentales allegadas, se evidencia que el Juez responsable dio cabal cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." Sin que pase desapercibido, que el quejoso Edgar Ortiz Maqueda, mediante escrito presentado el treinta de enero del año en curso, señaló la oposición y rechazo al cumplimiento que realizó la autoridad a la ejecutoría de amparo; sin embargo, las manifestaciones que realiza resulta insuficientes para modificar el pronunciamiento realizado en párrafos precedentes, en la medida de que, como se advierte de las constancias que remitió la responsable relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, la autoridad cumplió a cabalidad esta última. Se afirma ello, porque la concesión de amparo consistió en que la responsable dejara insubsistente el auto de vinculación a proceso y, en su lugar dictara otro en el que debía establecer con precisión los elementos corpóreos del hecho que la Ley señala como delito de peculado, y con libertad de jurisdicción, resolviera lo que en derecho procediera; extremos que se ven colmados, pues como se advirtió en párrafos que anteceden, de acuerdo a los lineamientos dados en la ejecutoria, la autoridad dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de dos de mayo de dos mil dieciséis y, en su lugar dictó otro, en el que, con base en el análisis del material probatorio existente en la indagatoria, determinó con precisión los elementos corpóreos del hecho que la ley considera como delito de peculado y, consideró que se encontraba acreditado el hecho que la Ley señala como el delito de Peculado y, ante ello, decretó la vinculación a proceso de Edgar Ortiz Maqueda, quejoso. Esto es, la libertad de jurisdicción que se le dio al Juez para emitir su resolución, podía ser en el mismo sentido, siempre y cuando subsanara los vicios que se le señalaron en la ejecutoria de amparo, esto es, que estableciera con precisión los hechos corpóreos del ilícito señalado como peculado, lo cual, la responsable cumplió como ya se advirtió en párrafos que anteceden; luego, el dicho del quejoso, sin fundamentación ni motivación alguna, resulta insuficiente para evitar el pronunciamiento realizado en párrafos precedentes. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO que se analiza, esto es, sin excesos ni defectos. Hágase del conocimiento de la parte quejosa el contenido de este proveído; y dése vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. "... se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.

  4. Principal

    Visto el escrito de cuenta, signado por el quejoso ******, por el cual, desahoga la vista otorgada en proveído de veintitrés de enero del año en curso, y al efecto realiza diversas manifestaciones; en consecuencia, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales, y una vez que transcurra el término concedido a las partes en el referido auto de veintitrés de enero del año que transcurre, este juzgador procederá a analizar si se encuentra, o no, cumplida la ejecutoria que nos ocupa....V

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