Edgar Omar Treviño Torres
Expediente 1223/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1223/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Edgar Omar Treviño Torres
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, que desechó de plano la demanda promovida por Edgar Omar Treviño López; sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Como de autos se obtiene que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó de plano la demanda y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto DÉCIMO PRIMERO del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Sin que sea necesario proveer sobre la devolución de documentos originales toda vez que el quejoso no los exhibió. Háganse anotaciones en el libro de gobierno respectivo y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: EDGAR OMAR TREVIÑO TORRES. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, que desechó de plano la demanda promovida por Edgar Omar Treviño López; sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Como de autos se obtiene que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó de plano la demanda y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto DÉCIMO PRIMERO del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Sin que sea necesario proveer sobre la devolución de documentos originales toda vez que el quejoso no los exhibió. Háganse anotaciones en el libro de gobierno respectivo y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: EDGAR OMAR TREVIÑO TORRES. Recepción de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Edgar Omar Treviño Torres, contra actos del Juez Sexto Oral de lo Familiar de Primera Instancia, del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Fórmese expediente y regístrese con el número I-1223/2019, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. ? Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley en cita, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Tal dispositivo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." . Fijación del acto reclamado. En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados en esta vía se hacen consistir en los siguientes: 1. El auto de once de octubre de dos mil diecinueve, en el que se requiere al quejoso para que consigne el cincuenta por ciento de la cantidad de $13,640.92 (trece mil seiscientos cuarenta pesos 92/100 moneda nacional) por concepto de vestimenta y educación, en favor de los menores de iniciales O.T.P. y M.E.T.P., bajo apercibimiento que de no hacerlo, se procedería a su ejecución forzosa. 2. El auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, en el que se da vista al quejoso por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés convenga respecto de la aclaración formulada por su contraparte, con relación a la cantidad antes citada, esto es, que el cincuenta por ciento por concepto de vestimenta y educación, debería fijarse por $14,380.92 (catorce mil trecientos ochenta pesos 92/100 moneda nacional), en lugar de $13,640.92 (trece mil seiscientos cuarenta pesos 92/100 moneda nacional). Todo ello, dentro del juicio oral familiar 866/2016 , que sobre divorcio sin expresión de causa promovió el quejoso Edgar Omar Treviño Torres frente a Nancy Paniagua Jacobo. Determinaciones que como puede apreciarse del contenido de los antecedentes expuestos bajo protesta de decir verdad, ocurrieron en la etapa de ejecución de sentencia; esto es, después de concluido el juicio, por lo que desde esa perspectiva, se analizará respecto de la procedencia o improcedencia de la demanda de derechos humanos. Actualización de una causal de improcedencia. Este juzgador considera que se actualiza de forma notoria, indudable y manifiesta la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, toda vez que los autos que se reclaman se encuentran dictados en la etapa de ejecución del convenio celebrado en el juicio ordinario familiar 866/2016 del índice de la autoridad responsable, el cual fue elevado a la categoría de cosa juzgada, que no guardan independencia o autonomía respecto de ésta, por lo que ello torna improcedente el juicio de amparo. En efecto, de conformidad con los artículos citados, se prevé que el juicio de amparo es improcedente tratándose del período de ejecución de sentencia, cuando el acto reclamado no constituya la última resolución dictada en el mismo. Esto es así, pues se establecen dos reglas para la procedencia del amparo biinstancial: una general y otra específica. La regla general, se encuentra contenida en el primer párrafo del numeral 107 de la Ley de la materia, en cuanto se establece que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia. La regla específica la establecen los párrafos segundo y tercero del citado precepto, que prevén que el juicio de amparo en la vía indirecta es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y, tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. De acuerdo con la fracción IV, párrafo primero del numeral 107 de la Ley de Amparo, se entiende por "última resolución" -que se dicte en la fase ejecutiva de una sentencia-, aquella por la cual se declara el cumplimiento total de lo sentenciado, se demuestra la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a la misma o, bien, aquélla en la cual se ordena el archivo definitivo del asunto. Por lo tanto, debe decirse que esa última resolución será la reclamable en amparo y no las que la precedan; es decir, no son susceptibles de impugnación a través del juicio constitucional aquellas determinaciones intermedias dictadas en el procedimiento y menos aun las que se encuentren encaminadas directa, inmediata y específicamente a cumplir la sentencia. Pues en todo caso, sólo procedería el juicio de amparo indirecto, contra aquellos actos intermedios [ocurridos en el procedimiento de ejecución de sentencia] que afecten derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada]. Ahora, a fin de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia en estudio, es conveniente hacer una reseña del devenir procesal ocurrido en el juicio subyacente, misma que se desprende de los antecedentes expresados por el quejoso bajo protesta de decir verdad, en la demanda de amparo: ? En el Juzgado Sexto Oral Familiar de este distrito judicial, se encuentra en trámite el juicio oral familiar 866/2016 , que sobre divorcio sin expresión de causa promovió el quejoso Edgar Omar Treviño Torres frente a Nancy Paniagua Jacobo. ? En dicho juicio, las partes llegaron a un convenio el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, mismo que fue elevado a la categoría de cosa juzgada; convenio en el que las partes pactaron, entre otras cosas lo siguiente: o Que el quejoso cubriría la cantidad de $3000.00 (tres mil pesos 00/MN) mensuales en favor de sus dos menores hijos, en concepto de pensión alimenticia; o Que ambas partes [actora y demandado] cubrirían el cincuenta por ciento de gastos de educación y vestimenta de los dos menores hijos. ? El once de octubre de dos mil diecinueve, el juez responsable dictó un auto en el que proveyó la promoción suscrita por la demandada de dicho juicio [aquí tercera interesada], quien solicitó se requiriera a Edgar Omar Treviño Torres, cubriera el pago del cincuenta por ciento de la cantidad de $13, 640.90 (trece mil seiscientos cuarenta pesos 90/100 MN) que corresponden a los gastos de alimentación y vestimenta por el período comprendido del mes de octubre de dos mil dieciocho, al mes de julio de dos mil diecinueve. ? Asimismo, en dicho auto apercibió al aquí quejoso en el sentido que, de ser omiso en cubrir dicha cantidad, o no demostrar encontrarse al corriente de tales adeudos, se procedería a su ejecución forzosa. ? Por otro lado, el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, el juez responsable dictó auto en el que proveyó la diversa promoción suscrita por la demandada de dicho juicio [aquí tercera interesada], quien solicitó se aclarara la cantidad a requerir al aquí quejoso, ya que, desde su perspectiva, el adeudo no correspondía a la cantidad de $13, 640.90 (trece mil seiscientos cuarenta pesos 90/100 MN), sino a $14,380.92 (catorce mil trescientos ochenta pesos 92/100 MN). ? Por tal motivo, en el auto antes citado, se ordenó dar vista por el término de tres días al aquí quejoso para que manifestara lo que a sus intereses conviniera respecto de las manifestaciones hechas por la tercera interesada. Los autos de once y veintiuno de octubre de dos mil diecinueve son los que constituyen los actos reclamados en la demanda de amparo. Como puede verse, los autos reclamados por el quejoso son actos que se encuentran estrechamente relacionados con la etapa de ejecución de sentencia, toda vez que en los mismos el juez, por una parte, determinó que el quejoso debía cubrir el cincuenta por ciento de gastos de educación y vestimenta generados en el período comprendido del mes de octubre de dos mil dieciocho al mes de julio de dos mil diecinueve , y, por otra, dio vista al quejoso para que manifestara lo que a sus intereses conviniera respecto del monto que, a decir de la tercera interesada, ascendía el adeudo por lo que ve a tales conceptos . Esto es, no se está ante la presencia de actos autónomos que resulten ajenos a la ejecución del convenio que constituye cosa juzgada en el juicio ordinario familiar 866/2016 del índice de la autoridad responsable. Pues como se dijo líneas atrás, la determinación dictada por el juez respecto a que debe cubrir el cincuenta por ciento de los gastos de educación y vestimenta por el período comprendido de octubre de dos mil dieciocho a julio de dos mil diecinueve, si bien es de los que afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también lo es que no es ajena a la cosa juzgada en el juicio natural. Es decir, tal determinación se encuentra encaminada a que se cumpla uno de los puntos que constituye la materia de la cosa juzgada en el juicio subyacente, a saber, que se realice el pago del cincuenta por ciento que le corresponde cubrir al quejoso, en concepto de gastos de educación y vestimenta. En efecto, de la trascripción realizada por el solicitante del amparo respecto de los autos reclamados, se desprende que el juez, al momento de proveer el escrito de la tercera interesada, estimó que el quejoso debería cubrir sólo el cincuenta por ciento de la cantidad que corresponda a los gastos de educación y vestimenta, del período que ha quedado descrito, en tanto que el otro cincuenta por ciento, correría a cargo de la tercera interesada Nancy Paniagua Jacobo ; en la inteligencia de que, en forma previa a decidir si el monto ascendía a $13, 640.90 (trece mil seiscientos cuarenta pesos 90/100 MN), o a $14,380.92 (catorce mil trecientos ochenta pesos 92/100 MN), determinó darle vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera . Sin que lo anterior implique que el directo quejoso quede en estado de indefensión, toda vez que las posibles violaciones al procedimiento sufridas en la fase ejecutiva, podrán ser controvertidas al pronunciarse la última resolución en dicha etapa, lo cual se sustenta en el respeto de la cosa juzgada y evitar con ello el abuso del juicio de amparo indirecto; salvo que se trate de alguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En esa línea de pensamiento es inconcuso que los autos de once y veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, no reúnen los elementos previstos por la ley de la materia, para considerarlos como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues para ello es necesario, que se trate de aquélla que apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia, o declarara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien de la que ordenara el archivo definitivo del expediente; o en su defecto, tratándose del procedimiento de remate, la que en forma definitiva ordenara el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. De igual modo, como ha quedado establecido, los actos reclamados tampoco se tratan de determinaciones que violen derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, por lo que tampoco se actualiza la hipótesis de excepción de procedencia del juicio de derechos humanos en la etapa de ejecución de sentencia. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, del mes de enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Así mismo, la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, situada en la hoja 75, Tomo XX, Julio de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada. Del mismo modo, es aplicable la tesis aislada, localizada en la página 230, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución. En consecuencia al actualizarse de forma notoria, indudable y manifiesta, procede desechar la demanda de amparo, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, de artículo 61, en concordancia con la fracción IV del numeral 107, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto, se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, de rubro: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23 , del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de título: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente de amparo y sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe de ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la analizada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior, la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Así como la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". ? Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que este juzgador cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda por los actos reclamados en el presente juicio. Ello, puesto que todo lo anterior parte de la premisa de que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, tanto la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Cuestión que se ve reflejada, y que por las ideas que contiene se estima aplicable, en la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 713, libro 24, tomo I, noviembre de 2015 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable" (Énfasis en lo resaltado por este juzgado). De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, las narraciones vertidas en la demanda por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos- son suficientes para desechar la demanda en comento. ? Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones de carácter personal y designando autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, y, en términos restringidos a Jesús Alejandro Gamiño Vázquez, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y no acreditaron estar facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. ? Capturas e integración al expediente electrónico Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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