Edgar Omar Márquez Guadarrama
Expediente 781/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 21 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 781/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 14/05/2019
Partes del expediente
- Edgar Omar Márquez Guadarrama
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Ciudad de México, a catorce de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se aprecia que feneció el plazo de quince días que establece el párrafo primero del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera el auto que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 196, párrafo cuarto, de la ley reglamentaria, en su oportunidad, envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se concedió el amparo y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención de los anexos y discos remitidos por la sala responsable, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Ciudad de México, a nueve de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192, 193 y 196 de la ley de la materia, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida. Por sentencia de nueve de noviembre del año pasado (fojas 129 a 136), se concedió la protección de la Justicia Federal solicitada por la parte quejosa, contra la resolución de trece de julio anterior emitida en el toca SA-U-64/2018, en que al revocar la determinación recurrida, la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, negó la suspensión condicional del proceso solicitada, hasta en tanto se garantizara una real, efectiva e integral reparación del daño en favor de la víctima. Lo anterior, a efecto de que una vez que causara ejecutoria dicho fallo (siempre y cuando subsistieran el sentido y efectos del mismo), la autoridad responsable realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente el acto reclamado; y 2. Con base en los lineamientos establecidos en la última consideración de ese fallo, emitiera una nueva determinación, en que con la precisión relativa confirmara la resolución recurrida, lo cual implicaba pronunciarse en distinto sentido al que lo hizo en relación con los agravios formulados por las partes que interpusieron el medio de impugnación correspondiente. Inconforme con dicha determinación, el autorizado de la tercero interesada interpuso recurso de revisión (fojas 158 a 165), que por cuestión de turno correspondió conocer al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien al resolver los autos del toca 329/2018, confirmó en sus términos la resolución recurrida (fojas 178 a 196). Recibida la determinación descrita, por auto de veintiséis de marzo pasado (foja 197), se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma, por lo que mediante oficio presentado el primero de este mes se recibió el informe respectivo (foja 202), al que se anexó copia certificada de resolución emitida el veintiocho anterior (fojas 204 a 207), de la que se advierte que en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se ha restituido al promovente del juicio en el derecho fundamental que se estimó transgredido, pues con base en las consideraciones en que se sustentó la concesión del amparo, se declaró improcedente el planteamiento del asesor jurídico de la víctima, y se confirmó la resolución impugnada; de ahí que este órgano de control constitucional tenga cumplida la ejecutoria que se analiza. Resérvese el envío del expediente al archivo de este órgano de control constitucional, hasta en tanto transcurra el plazo de quince días que establece el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el último párrafo de dicho numeral.
- Principal
Con apoyo en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercero interesada el auto de nueve de abril pasado por medio de lista, que en lo conducente dice: "...Ciudad de México, a nueve de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192, 193 y 196 de la ley de la materia, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida. Por sentencia de nueve de noviembre del año pasado (fojas 129 a 136), se concedió la protección de la Justicia Federal solicitada por la parte quejosa, contra la resolución de trece de julio anterior emitida en el toca SA-U-64/2018, en que al revocar la determinación recurrida, la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, negó la suspensión condicional del proceso solicitada, hasta en tanto se garantizara una real, efectiva e integral reparación del daño en favor de la víctima. Lo anterior, a efecto de que una vez que causara ejecutoria dicho fallo (siempre y cuando subsistieran el sentido y efectos del mismo), la autoridad responsable realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente el acto reclamado; y 2. Con base en los lineamientos establecidos en la última consideración de ese fallo, emitiera una nueva determinación, en que con la precisión relativa confirmara la resolución recurrida, lo cual implicaba pronunciarse en distinto sentido al que lo hizo en relación con los agravios formulados por las partes que interpusieron el medio de impugnación correspondiente. Inconforme con dicha determinación, el autorizado de la tercero interesada interpuso recurso de revisión (fojas 158 a 165), que por cuestión de turno correspondió conocer al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien al resolver los autos del toca 329/2018, confirmó en sus términos la resolución recurrida (fojas 178 a 196). Recibida la determinación descrita, por auto de veintiséis de marzo pasado (foja 197), se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma, por lo que mediante oficio presentado el primero de este mes se recibió el informe respectivo (foja 202), al que se anexó copia certificada de resolución emitida el veintiocho anterior (fojas 204 a 207), de la que se advierte que en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se ha restituido al promovente del juicio en el derecho fundamental que se estimó transgredido, pues con base en las consideraciones en que se sustentó la concesión del amparo, se declaró improcedente el planteamiento del asesor jurídico de la víctima, y se confirmó la resolución impugnada; de ahí que este órgano de control constitucional tenga cumplida la ejecutoria que se analiza. Resérvese el envío del expediente al archivo de este órgano de control constitucional, hasta en tanto transcurra el plazo de quince días que establece el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el último párrafo de dicho numeral...".
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