Edgar Omar León Escalante

Expediente 59/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
59/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
15/02/2023

Partes del expediente

  • Edgar Omar León Escalante

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Finalmente, como en el presente asunto obran diversos documentos, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días hábiles comparezca a recogerlos; apercibido que de no hacerlo, serán destruidos, como lo dispone el artículo 21, párrafo segundo del Acuerdo General citado. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de febrero de dos mil veintitrés. Téngase a Edgar Omar León Escalante, desahogando la prevención formulada en proveído de veinticuatro de enero del año en curso y, aclarando como acto reclamado: la respuesta de la autoridad Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec de Morelos, en el folio DSPyT/JA/7946/11/2022; manifestando que no promovió ningún medio de impugnación ni diverso juicio de amparo contra aquél. DESECHAMIENTO Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no; y para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 448, Materia Común, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." En el caso concreto, este Juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los diversos 6o. y 5o., fracción I, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, constitucional; preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa..." De la interpretación armónica de los citados artículos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. Dicha normatividad, como puede apreciarse, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional que la parte actora sea titular de un derecho o interés jurídico, o bien, un interés legítimo, y que éstos sean afectados a través del acto de autoridad reclamado. En efecto el interés jurídico, es uno de los presupuestos fundamentales y que doctrinariamente se ha identificado, por un lado, con el principio de instancia de parte agraviada, que significa que el juicio de amparo únicamente puede ser promovido por el titular de los derechos sobre los cuales se reclama una afectación, y, por otro lado, con el principio de agravio real y actual, que consiste en que la afectación ocasionada por el acto de autoridad y que se reclama mediante juicio de amparo, CONSTITUYE UN PERJUICIO INMEDIATO a alguno de los derechos subjetivos de los que es titular. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS."; así como la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de encabezado "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE". Por su parte, el interés legítimo se vincula con la exigencia de alegar una violación a un derecho constitucional y resentir una afectación en la esfera jurídica, por la especial situación que el quejoso ocupa frente al ordenamiento jurídico, según se advierte de la redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, en la que se exceptúa expresamente a los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. El interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella; ilustra lo anterior, la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO." En el presente caso, como se dijo, la parte quejosa señala como acto reclamado: la respuesta de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec de Morelos, Estado de México, dada el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, a través del oficio DSPyT/JA/7946/11/2022, al escrito presentado por el aquí quejoso ante dicha Comisión el diez de octubre de ese año. Respuesta que tuvo por objeto hacer del conocimiento de Edgar Omar León Escalante, que debido a su ausentismo no se le puede asignar servicio hasta en tanto sea resuelto el procedimiento administrativo instaurado en su contra. En ese contexto, se estima que aquella comunicación no le depara un perjuicio actual y directo al quejoso, atento a que sólo tiene por objeto informarle cuál es el motivo, por el cual, no se le puede asignar servicio y, por ende, no es posible reactivar el pago salario y demás remuneraciones a las que alude en su escrito de diez de octubre de dos mil veintidós. Esto es, aquel oficio únicamente tiene por objeto hacerle del conocimiento, desde un punto de vista formal, porqué no es posible asignársele servicio ni pagarle sus emolumentos cuando en realidad aquellas consecuencias ya habían ocurrido real y materialmente, puesto que, conforme a las manifestaciones que realizó bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, se desprende que tuvo conocimiento, al menos, desde el veintiocho, veintinueve y treinta de junio y uno, dos, tres siete de julio de dos mil veintiuno, que al presentarse en su lugar de trabajo, su jefe de turno le manifestó que por órdenes de la Comisión de Honor y Justicia, no le podían asignar servicio. Manifestaciones que constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que tiene pleno valor probatorio en contra de quién la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por lo que tal manifestación goza de eficacia probatoria. En efecto, atendiendo a la naturaleza jurídica del ejercicio al derecho de petición que originó la respuesta reclamada, se obtiene que ese derecho -de petición- no es el instrumento jurídico para cuestionar la legalidad de la separación del servicio de policía como lo pretende el impetrante; sobre todo, cuando la separación o falta de asignación de servicio ocurrió mucho tiempo atrás a aquella solicitud, por lo que aceptar una postura contraria, implicaría que a una persona que no se le ha asignado servicio en su fuente laboral, incluso, por años, a través del derecho de petición pudiera reactivar el plazo para su impugnación, cuando en realidad, se insiste, el acto que directamente agravia al gobernado, es aquél que materialmente le impide desarrollar sus labores, aun cuando provenga de una orden verbal. Lo anterior se considera así, en atención a que la respuesta reclamada simplemente tuvo por objeto informar al quejoso -en atención a su solicitud- el estatus jurídico administrativo que en esa fecha guardaba en el servicio público policía municipal en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, pero de ninguna manera, implica que la respuesta que le otorgó la autoridad, sea el acto administrativo a través del cual se le privara o suspendiera del empleo, cargo o comisión del servicio que previamente había desempeñado. Pues el hecho de que el particular haya expresado su incertidumbre en cuanto a su relación administrativa con el Estado a través de una solicitud con posterioridad a dichos acontecimientos, hace inverosímil la afirmación de que a pesar de que dejó de percibir ingresos no tuviera conocimiento de un acto que dio por terminada o suspendida su relación de servicios, no obstante que transcurrió más de un año de tal situación; estimar lo contrario, implicaría que cuando un gobernado se percatara de que ha fenecido el plazo para controvertir la baja o suspensión de servicios, pudiera actualizar esa oportunidad a través del ejercicio del derecho de petición. Por ello se concluye que, dada la confesión del impetrante en torno a las fechas en que acudió a su lugar de trabajo y no fue reincorporado, consintió tácitamente los actos que en su caso de deparan perjuicio, toda vez que no es razonablemente lógico que se sostenga el desconocimiento de la baja o suspensión del servicio, pues las consecuencias de falta de percepción y asignación de servicio durante un tiempo prolongado, son elementos suficientes para producir certeza tanto del conocimiento de dicha situación, como del consentimiento tácito por falta de impugnación oportuna, para efectos de la procedencia de este medio de control constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de contenido, la tesis II.3o.A.19 A (10a.), registro 2001090, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 1824, libro X, Tomo 3, julio de 2012, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO. CUANDO UNO DE SUS MIEMBROS SOSTIENE QUE DESCONOCE LA RESOLUCIÓN DE SU BAJA DEL SERVICIO, DEBE ESTIMARSE QUE SE TRATA DE ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SI LA DEMANDA RELATIVA SE PRESENTA VARIOS AÑOS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA FECHA EN QUE SE LE PAGÓ Y DEJÓ DE ASIGNÁRSELE SERVICIO. De conformidad con el artículo 267, fracción VI, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de dicha entidad es improcedente cuando se promueva contra actos o disposiciones generales que se hayan consentido tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio dentro de los plazos a que se refiere el artículo 238 de la propia legislación. Ahora bien, si entre la última fecha en que se pagó y asignó servicio al actor, en su carácter de miembro de los cuerpos de seguridad pública estatales y la promoción del juicio contencioso administrativo, transcurrieron varios años, no es razonablemente lógico que se sostenga el desconocimiento de la resolución de su baja del servicio, pues las consecuencias de falta de percepción y asignación de servicio durante un tiempo prolongado son elementos suficientes para producir certeza tanto del conocimiento de dicha determinación como del consentimiento tácito de ésta por falta de impugnación oportuna, para efectos de la procedencia del referido medio de impugnación." Por ende, se estima que el precitado acto reclamado no afecta de manera actual y directa derechos sustantivos del quejoso y, por ende no afecta su esfera jurídica, pues no es el que le depara perjuicio, ya que la contestación de mérito versa en un simple derecho de petición, toda vez que, se insiste, lo que pretende con su solicitud, es reactivar el pago salario y demás remuneraciones, como cuestiones inherentes a la asignación de su servicio; sin embargo, ello no le permite debatir de manera improrrogable las cuestiones laborales de las que se evidenció, tuvo conocimiento con antelación a tal respuesta. Sin que pase inadvertido que en la respuesta reclamada se haga alusión a un procedimiento administrativo seguido en contra del solicitante de amparo; sin embargo, aun cuando se le previno para que precisara si el acto reclamado consistía en ". la falta de garantía de audiencia a un procedimiento administrativo iniciado en su contra.", lo cierto es que se limitó a señalar como acto reclamado la respuesta contenida en el oficio DSPyT/JA/7946/11/2022, la cual se reitera no puede ser el acto que le afecta en su esfera jurídica, pues en realidad el estatus jurídico que estriba en no asignarle servicio ni pagarle sus emolumentos, prevalecía muchos meses atrás a esa respuesta. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los diversos 6o. y 5o., fracción I, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, constitucional, por falta de agravio real y directo, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Notifíquese por lista al quejoso.

  3. Principal

    "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se registra la demanda de amparo promovida por...por derecho propio; fórmese el expediente relativo con el número 59/2023-VII, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. PREVENCIÓN Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierten inconsistencias en su forma, que impiden a este órgano federal resolver lo que en derecho corresponde. En tales condiciones, a fin de analizar la procedencia, o no, de la acción de amparo intentada contra los actos reclamados, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, así como 114, fracciones I, II y IV, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, realice: 1. Precise el acto que reclama. Lo anterior, toda vez que en el apartado que enunció como "ACTO RECLAMADO", señaló como tal: ".la prohibición absoluta de asignarme servicio, así como poder desempeñar mis funciones de Policía Municipal." y que lo hace depender, en torno a la contestación que ejerció a través del derecho de petición al que alude. Sin embargo, en el primero de los conceptos de violación, refiere que a la fecha no se le ha notificado el procedimiento administrativo, o bien, en donde la responsable funde y motive la prohibición para poder desempeñar las funciones como policía, aduciendo falta a su garantía de audiencia. Lo anterior, toda vez que deviene indispensable que aclare el acto que en esencia reclama; es decir, si reclama la prohibición para desempeñarse como policía con motivo de la respuesta al derecho de petición que refiere, o bien, la falta de garantía de audiencia a un procedimiento administrativo iniciado en su contra; esto, para un mejor proveer y, a efecto de no dejarle en estado de indefensión; por lo que, en caso de que este órgano jurisdiccional se pronunciara al respecto, estaría realizando suplencia en tal señalamiento, mediante la interpretación de lo esgrimido en el escrito, lo que no está contemplado en la Ley de Amparo, además que resulta imperativo para fijar la Litis constitucional en términos de la carga procesal de la parte quejosa señalada en el artículo 108 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis publicada en la octava época del Semanario Judicial de la Federación a página cincuenta y cuatro, tomo III, segunda parte-1, de enero a junio de mil novecientos noventa y ocho, de rubro: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO." 2. Hecho lo anterior, como parte de los antecedentes del acto reclamado, manifieste bajo protesta de decir verdad: a) El número de expediente del juicio administrativo al que hace mención en su demanda, así como al que se refiere el oficio de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. b) Si contra el inicio del procedimiento administrativo, promovió algún medio de impugnación; de igual forma, si éste se admitió y, en su caso, el estado procesal en que se encuentra el recurso que, en su caso, haya interpuesto. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía y por no contravenir lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, la tesis I.7o.A.100 K sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 990, tomo XXIII, de Abril de 2006, la cual señala en su rubro: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." 3. Como parte de los antecedentes del acto reclamado, manifieste bajo protesta de decir verdad, si promovió algún otro juicio de amparo contra éste o contra cualquier otro acto que haya derivado del procedimiento administrativo de origen, para lo cual, en caso de ser afirmativa su respuesta, deberá proporcionar el número, el estado procesal que guarda y el órgano jurisdiccional ante quien se instauró, de conformidad con el precepto 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 4. Con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, se le hace saber a la parte quejosa que del escrito en que dé cumplimiento a la presente determinación deberá exhibir en dos juegos de copias del mismo para cada una de las partes; lo que no será necesario si el escrito aclaratorio se remite vía electrónica. Al caso se cita la jurisprudencia número 21, publicada en la página 30, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-200, Actualización 2001, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." APERCIBIMIENTO Apercibido que de no cumplir con el requerimiento identificado con el numeral 1, se tendrán únicamente como acto el que mencionó en el capítulo que así denominó; y por cuanto hace a las demás prevenciones formuladas, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en los estrados de este órgano federal, pues así lo señaló expresamente. Sin que haya lugar a pronunciarse en torno a autorizados para oír y recibir notificaciones, toda vez que de la demanda no se advierte que haya señalado a persona alguna para tal efecto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista a la parte quejosa..."

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