Edgar Omar Galvan Cisneros
Expediente 895/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 25 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 895/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 03/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Edgar Omar Galvan Cisneros
- Directora General de Asuntos Internos, de la Comisión Estatal de Seguridad Pública
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de agosto de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de catorce de julio de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio, ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". Se otorga el amparo al quejoso en contra de la Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, para el efecto de que: Deje insubsistente el acuerdo de inicio de procedimiento de catorce de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente ********************y lo actuado con posterioridad. En esas condiciones, la autoridad podrá, si así lo considera, emitir un nuevo acto en el que se ocupe de la solicitud de inicio de procedimiento contra el quejoso, resolviendo si procede o no incoar el citado procedimiento, pero evitando incurrir en los vicios de inconstitucionalidad advertidos, en la presente sentencia. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. Al respecto, la autoridad responsable a través del oficio 15547/2022-F de trece de julio de dos mil veintidós, exhibió copia certificada de diversos acuerdos entre ello la determinación de veinticinco de abril de dos mil veintidós donde decretó el sobreseimiento del expediente ********************decretando dejar sin materia la queja presentada contra el quejoso y ordenó el archivo de manera definitiva de dicho expediente antes citado; constancias con las cuales se ordenó correr traslado y dar vista a la aquí quejosa. Así se tiene que, al dictar el sobreseimiento del expediente natural de donde emana el acto reclamado decretando dejar sin materia la queja presentada contra el quejoso y como consecuencia ordenar el archivo definitivo del expediente ********************este órgano jurisdiccional estima que existe una imposibilidad material y jurídica para que la responsable dé pleno cumplimiento al fallo constitucional. Lo anterior se afirma, en atención que ya no se puede requerir a la responsable deje sin efectos el acuerdo de inicio de procedimiento de catorce de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente ********************y lo actuado con posterioridad, conforme a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, al existir un cambio de situación jurídica, situación que conlleva a declarar sin materia la ejecución de la ejecutoria de amparo; esto es, la autoridad responsable con libertad de jurisdicción decretó el sobreseimiento en dicho expediente decretando dejar sin materia la queja presentada contra el quejoso al advertir que se actualizaba una causal de improcedencia en razón de que renunció a su relación administrativa, siendo por ello que ordena el archivo de manera definitiva del citado expediente, siendo así ya no se puede requerir dicte otro acuerdo siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, al cambiar la situación jurídica al dejar sin efectos la presentación de la queja administrativa. Sobre este tópico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que si de las constancias de autos aparece probado que la sentencia concesoria aún no ha sido cumplida, pero atendiendo a la naturaleza del acto reclamado existe imposibilidad jurídica para acatarla, el incidente respectivo debe declararse sin materia, lo cual puede presentarse por cambio en la situación jurídica que imperaba al momento de concederse la protección constitucional, porque han quedado insubsistentes las actuaciones de donde dimana ese acto reclamado, o bien, aun en la hipótesis de que subsista no pueda surtir efecto legal o material alguno en perjuicio de la quejosa, en virtud de la modificación del entorno en el cual se emitió, que tornaría jurídicamente imposible restituirla en el goce de la garantía que se estimó vulnerada en la sentencia, por lo que ninguna trascendencia jurídica tendría insistir en el cumplimiento del fallo protector, dado que no existe materia alguna susceptible de reparación constitucional. Tales consideraciones quedaron plasmadas en la jurisprudencia número 2a./J. 2/2008, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 431, que a la letra dice lo siguiente: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia. En consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la ley en comento, se declara que no hay materia para la ejecución del fallo protector dictado en éste juicio de amparo. Por lo anterior, resulta irrelevante analizar en el presente asunto lo relativo a prejuzgar necesariamente sobre posible exceso o defecto en el cumplimiento al haber una imposibilidad material y jurídica en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado incidental carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional y definitiva se determinó concederla. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de julio de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Óscar González Marín, Director General Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, mediante el cual informa que el quejoso Edgar Omar Galván Cisneros, con fecha veintidós de febrero del dos mil veintidós, dejó de pertenecer a esa dependencia policial, y el veinticinco de abril del año en curso, sobreseyó el procedimiento administrativo instruido en contra del citado peticionario de amparo; y remite copia certificada para acreditar su dicho. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de junio de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de donde se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia, para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, para lo cual deberá informar en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se le hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia cuyos datos de identificación y rubro, son los siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Ahora bien, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurable, toda vez que, se concedió la suspensión provisional y definitiva. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de julio de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Edgar Omar Galván Cisneros solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Director General de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos Acto reclamado. "La falta de notificación personal del acuerdo del inicio del procedimiento de remoción bajo el expediente número DGAI/PA/045/2019-05, incoado en mi contra por la autoridad demandada. En el cual pretende dar por terminada la relación jurídico-administrativa entre el suscrito y el Estado. Mismo que combato en esta vía por traer aparejado un acto de imposible reparación, como se explicará más adelante." SEGUNDO. El cuatro de julio de dos mil diecinueve, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 895/2019, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por resolución terminada de engrosar el treinta y uno de enero de dos mil veinte, este Juzgado determinó sobreseer en el presente juicio de amparo. CUARTO. Inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión, mismo que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativas del Decimoctavo Circuito, bajo el número de toca 236/2020, quien mediante ejecutoria de cuatro de junio de dos mil veintiuno, resolvió reponer el procedimiento, para efectos de que este Juzgado de Distrito requiriera al quejosa manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo contra el acuerdo de catorce de mayo de dos mil diecinueve, emitido dentro de los autos del expediente DGAI/PA/045/2019-05. QUINTO. Por auto de veinte de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por ampliada la demanda de amparo, se requirió el informe justificado, y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: El emplazamiento realizado al quejoso, respecto al inicio del procedimiento administrativo DGAI/PA/045/2019-05, del índice de la autoridad responsable. El acuerdo de inicio de procedimiento de catorce de mayo de dos mil diecinueve, dentro del mencionado expediente administrativo. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable Director General de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con diversas constancias que acompañó; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, de la Ley de Amparo. La autoridad responsable sostiene que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al considerar que en contra de las actuaciones reclamadas, se debieron controvertir a través del juicio de nulidad. La causal invocada es infundada. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 454/2019, en la cual, entre otras cosas, aclaró lo determinado en la diversa contradicción de tesis 312/2015, precisando que procede el juicio de amparo indirecto contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de miembros del servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial de la Procuraduría General de la República y de los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al ser un acto de imposible reparación, respecto del cual, los afectados se encuentran exentos de acatar el principio de definitividad, pues la prohibición de la reinstalación a su cargo es absoluta, lo que constituye una transgresión a su derecho sustantivo de no ser separados injustificadamente de sus funciones. La Segunda Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 454/2019, fue clara al precisar que conforme a las consideraciones expuestas en la contradicción de tesis 312/2015, el juicio de amparo indirecto es procedente contra el acuerdo de inicio de procedimiento de los integrantes de los cuerpos de seguridad, por ocasionar efectos irreparables, como la separación del cargo sin posibilidad de restituirlos en éste, sin necesidad de acudir a los recursos legales previstos en su contra, porque dicho acto es de imposible reparación en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo3 , pues aun de llegar a demostrar, en instancias posteriores, la ilegalidad de procedimiento o de la resolución respectiva, el quejoso no podría ser reincorporado al servicio debido, a la prohibición contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII,4 de la Constitución Federal, con lo cual se violaría irremediablemente el derecho sustantivo al trabajo y, a no ser separado injustificadamente de él. Por tanto, al constituirse el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de separación del cargo de la quejosa como elemento de la policía preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos, como un acto de imposible reparación, se encuentra exenta de acatar el principio de definitividad, pues la prohibición de la reinstalación en su cargo es absoluta, lo que constituye una transgresión a su derecho sustantivo al trabajo y a no ser separada de él sin causa justificada. Al respecto, se cita la jurisprudencia PC.II.A. J/24 A (10a.), con registro digital: 2022725, que establece: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE UN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO O DE UN ELEMENTO DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (FGJEM), POR SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, SIN TENER QUE AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD [SUSTITUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA PC.II.A. J/14 A (10a.)]. Hechos: El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito solicitó al Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito sustituir la jurisprudencia PC.II.A. J/14 A (10a.), porque al resolver la contradicción de tesis 454/2019, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue clara al expresar que el Pleno de Circuito debió resolver conforme a la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.), por lo que existía obligación de este último de modificar el criterio que sostuvo y ajustarlo al criterio de la Segunda Sala. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito establece que contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los servidores públicos de una corporación policiaca estatal procede el juicio de amparo indirecto, al constituir un acto de imposible reparación y, por ende, no están obligados a agotar el principio de definitividad. Justificación: En las jurisprudencias 2a./J. 72/2013 (10a.), 2a./J. 49/2016 (10a.) y 2a./J. 31/2018 (10a.), de títulos y subtítulos: "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONTRA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE SUS MIEMBROS PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO." y "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AL QUE SON SOMETIDOS, EN EL CUAL SE OBTUVO EL RESULTADO DE 'NO APROBADO', DEBEN HACERSE VALER EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, entre otras cosas, que procede el juicio de amparo indirecto contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de miembros del servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial de la Procuraduría General de la República y de los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así, cuando en el procedimiento administrativo de origen esté involucrado un agente del Ministerio Público o un elemento de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y éste reclame un acto de esa naturaleza, también procede el juicio de amparo indirecto, al ser un acto de imposible reparación y del cual se encuentra exento de agotar el principio de definitividad, pues la prohibición de la reinstalación en su cargo es absoluta, lo que constituye una transgresión a su derecho sustantivo de no ser separado injustificadamente de sus funciones." Por lo anterior, procede adentrarse al estudio de constitucionalidad de los actos reclamados. QUINTO. Estudio de fondo. No es necesario trascribir los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa en su escrito de demanda, ya que no se requiere para el desarrollo y dictado de la resolución. Sobre el particular, es aplicable la Jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que aparece bajo el rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." En primer lugar, debe analizarse la legalidad del auto de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, por medio del cual la responsable ordena la notificación del acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de responsabilidad de catorce de mayo de dos mil diecinueve, mismo que a consideración de este órgano de control constitucional conculcó los derechos fundamentales del quejoso, puesto que no es dable sostener que al no haberlo localizado en el domicilio con que contaban en su base de datos, el llamamiento al procedimiento se llevara a cabo mediante notificación por lista. Como se advierte de autos, el Notificador adscrito a la Dirección General de Asuntos Internos, hizo constar que al constituirse en el domicilio ordenado para emplazar a Edgar Omar Galván Cisneros, fue atendido por una persona que refirió ser hermana del buscado, pero que éste tenía mucho tiempo de no vivir ahí y que no tenía contacto con él. Con motivo de lo anterior, la responsable, ordenó emplazar al procedimiento mediante listas que se fijan en los estrados de dicha dirección de Asuntos Internos. Lo anterior lleva estimar que el emplazamiento fue ilegal, pues no era dable que bajo ese argumento se notificara por listas en términos del artículo 137, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Morelos, de aplicación supletoria al presente asunto. Los artículos 131 y 132 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, disponen: "Artículo 131. Forma de la primera notificación. Si se trata de emplazamiento o primera notificación, se hará personalmente al demandado o a su representante en el domicilio designado, y encontrándolo presente en la primera busca, el actuario, previo cercioramiento de su identidad y domicilio, entenderá la diligencia con éste, entregándole y corriéndole traslado con el escrito de demanda y documentos fundatorios de la acción, así como con transcripción del auto que ordena el emplazamiento que contendrá todos los datos de identificación del juicio y del Tribunal en donde se encuentra radicado. El actuario levantará razón del acto, anotando todas las circunstancias anteriores, recabando la firma o huella digital del emplazado y notificado; de no poder hacerlo o rehusarse, se harán constar tales hechos. En caso de que el actuario no encontrare presente al demandado o a su representante en la primera busca, le dejará citatorio en el que hará constar la fecha y hora de su entrega, la hora fija hábil del día siguiente para que le espere, nombre del promovente, tribunal que ordena la diligencia, la determinación que se manda notificar y el nombre y domicilio de la persona a quien se entrega la cita, recogiéndole firma o huella digital, o haciendo constar que ésta no supo hacerlo o se negó a firmar, de todo lo cual asentará razón en autos. Si el demandado no espera a la citación del actuario, éste procederá a notificarlo por cédula de notificación personal en el acto, procediendo a entender la diligencia con cualquiera de los parientes o domésticos del demandado o con la persona adulta que viva en el domicilio, por lo que por conducto de cualquiera de ellos entregará y correrá traslado al demandado con la cédula y documentos mencionados en el párrafo primero de este artículo. El actuario asentará razón del acto con anotación de las anteriores circunstancias, recogiendo la firma o huella digital de la persona que reciba, o haciendo constar el hecho de no saber firmar o negarse a ello. Artículo 132. Negativa de recepción de la notificación. Si después de que el actuario se hubiere cerciorado de que la persona por notificar vive en la casa y se negare aquel con quien se entiende la diligencia de citación o notificación a recibir éstas, asentará razón del caso y dará cuenta al Juez." De los preceptos legales transcritos se advierten, las formalidades esenciales que se deben guardar en tratándose de la primera notificación o emplazamiento a juicio, a saber: 1. Se practicará personalmente al demandado o a su representante, en el domicilio designado; 2. Si se encuentra en la primera búsqueda, el actuario, previo cercioramiento de su identidad y domicilio, entenderá la diligencia con éste, entregándole y corriéndole traslado con el escrito de demanda y documentos fundatorios de la acción, así como con transcripción del auto que ordena el emplazamiento que contendrá todos los datos de identificación del juicio y del Tribunal en donde se encuentra radicado. 3. El actuario levantará razón del acto, anotando todas las circunstancias anteriores, recabando la firma o huella digital del emplazado y notificado; de no poder hacerlo o rehusarse, se harán constar tales hechos. 4. En caso de que el actuario no encontrare presente al demandado o a su representante en la primera busca, le dejará citatorio, en el cual hará constar: a) Fecha y hora de su entrega; b) La hora fija hábil del día siguiente para que le espere; c) Nombre del promovente; d) Tribunal que ordena la diligencia; e) La determinación que se manda notificar; y f) El nombre y domicilio de la persona a quien se entrega la cita, recogiéndole firma o huella digital, o haciendo constar que ésta no supo hacerlo o se negó a firmar. 5. De todo lo anterior asentará razón en autos. 6. Si el demandado no espera a la citación del actuario, éste procederá a notificarlo por cédula de notificación personal en el acto. 7. La diligencia respectiva, se entenderá con cualquiera de los parientes o domésticos del demandado o con la persona adulta que viva en el domicilio, por lo que por conducto de cualquiera de ellos entregará y correrá traslado al demandado con la cédula y con el escrito de demanda y documentos fundatorios de la acción, así como con transcripción del auto que ordena el emplazamiento que contendrá todos los datos de identificación del juicio y del Tribunal en donde se encuentra radicado. 8. El actuario asentará razón del acto con anotación de las anteriores circunstancias, recogiendo la firma o huella digital de la persona que reciba, o haciendo constar el hecho de no saber firmar o negarse a ello. Los requisitos acabados de reseñar constituyen las formalidades esenciales que deben observarse al momento de practicar un emplazamiento a juicio, los cuales deben observarse de manera irrestricta, sin excepción alguna; pues de encontrarse viciado dicho llamamiento a juicio se estaría en presencia de la violación procesal de mayor magnitud y gravedad, dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, puesto que afecta la exigencia de que a aquél a quien se practica se le dé la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga, así como la de ofrecer y desahogar las pruebas que estime pertinentes, lo que lógicamente implica colocarlo en un estado de indefensión. Por su parte, el artículo 137, fracción II, de la legislación adjetiva invocada, dispone: Artículo 137. Segunda y ulteriores notificaciones. La segunda y ulteriores notificaciones, excepto las que establece el numeral 129 de este Código, se harán: [.] II. Por lista que se fijará en los tableros de la Sala o del Juzgado, en donde se relacionarán los asuntos en los que se haya acordado cada día. La lista deberá ser autorizada con el sello y la firma del Secretario, y no deberá contener alteraciones o entrerrenglonados ni repetición de números. Se remitirá otra con el nombre de las partes, clase de juicio, número de expediente y determinación de que se trate, para que al día siguiente se publiquen en el Boletín Judicial, diario que aparecerá antes de las nueve de la mañana, conteniendo las listas de acuerdos, edictos y avisos judiciales. En el archivo judicial habrá dos colecciones y una estará a disposición del público para su consulta; y,." Sin embargo, la autoridad no advirtió que el procedimiento previamente relatado, parte de la premisa de que el domicilio en el cual se pretenda emplazar al buscado, sea efectivamente aquel en el que radica, para así, esté en aptitud de conocer la instauración de un juicio o procedimiento en su contra, situación que en el presente caso no ocurrió. Es decir, si el elemento policiaco ya no habitaba ese domicilio, es evidente que no podía hacerse efectivos los apercibimientos decretados y ordenar su emplazamiento por lista, pues en todo caso, si se desconociera su domicilio, se debería llevar a cabo el procedimiento para emplazarlos mediante edictos, como prevé el numeral 134 de la propia codificación. Además, es importante señalar que al tratarse el buscado, de un elemento de seguridad pública, evidentemente la autoridad responsable conocía su lugar de trabajo y agotar las diversas formas posibles para localizarlo y no dejarlo en estado de indefensión. Por ende, al no suceder así, se vulneraron los derechos fundamentales del quejoso Edgar Omar Galván Cisneros. Se cita la jurisprudencia 1a./J. 69/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Página: 141, Materia Civil, Novena Época, Registro: 163150: "EMPLAZAMIENTO DE PERSONA FÍSICA. PARA ESTABLECER EL LUGAR EN QUE DEBE REALIZARSE ES INNECESARIO SEGUIR EL ORDEN EXCLUYENTE PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES SUSTANTIVAS QUE REGULAN EL DOMICILIO COMO ATRIBUTO DE LA PERSONALIDAD, EN CASO DE NO HABERSE DESIGNADO UNO CONVENCIONAL (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, JALISCO, DISTRITO FEDERAL Y CHIAPAS). El domicilio en donde puede realizarse el emplazamiento de la demandada, persona física, no debe atender estrictamente al orden que para el domicilio, como atributo de la personalidad, prevén los artículos 57 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 72 del Código Civil del Estado de Jalisco, 29 del Código Civil para el Distrito Federal y 27 del Código Civil para el Estado de Chiapas, por lo que puede realizarse en el lugar donde reside con el propósito de establecerse; en el que tiene el principal asiento de sus negocios; o bien, en el que se encuentre este último, cuando el emplazamiento se entienda personal y directamente con el demandado, y el funcionario judicial que lo practique verifique su identidad. Las anteriores alternativas, sin desatender los requisitos exigidos por las legislaciones procesales para realizar el emplazamiento, permiten salvaguardar la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que debe otorgarse al demandado cuando es llamado a juicio en caso de que las partes no hayan establecido un domicilio convencional. Las formalidades previstas por la legislación adjetiva para realizar el emplazamiento, no tienen otro fin que garantizar al demandado que tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra, así como de sus consecuencias, en aras de su derecho a una defensa adecuada y oportuna." En ese tenor, se demuestra la trasgresión al derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se cumplió adecuadamente la principal formalidad esencial que rige todo procedimiento, a saber, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, lo que a la par, generó la indefensión del afectado en ese juicio y todas sus consecuencias, derivan de un procedimiento inconstitucional. Una vez expuesto lo anterior, y al haber quedado evidenciada la ilegalidad de la forma en que se notificó al quejoso el acuerdo de inicio de procedimiento, es procedente adentrarse al análisis de constitucionalidad de éste, de acuerdo a lo ordenado por la Superioridad. Así, en la demanda de amparo, el quejoso formula conceptos de violación, tendentes a demostrar la inconstitucionalidad del auto de inicio del procedimiento administrativo DGAI/PA/045/2019-05, de catorce de mayo de dos mil veinte, emitido por la Directora de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, en los cuales, plantea, en esencia, los argumentos siguientes: Que se viola en su contra los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la responsable no le especifica cuál es la conducta que le pretende atribuir y tampoco señala en cuál de los múltiples ordenamientos legales que cita encuadra la conducta que le reprocha, así, lo deja en estado de indefensión al no poder alegar en su defensa. Señala, que se viola lo dispuesto por el artículo 16 constitucional pues en el acto reclamado señala múltiples dispositivos legales como el artículo 100 fracciones I, XVIII, y 159 fracciones III, XVIII y XXXI de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, así hace materialmente imposible que una sola conducta se ajuste a diversos preceptos legales por lo que no está realizando la debida tipicidad. Es fundado el concepto de violación antes sintetizado, aunque para ello sea necesario suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 7/2017 (10a.), del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época, Libro 42, mayo de 2017, Tomo I. Página 12. Registro: 2014203, de contenido siguiente: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPARACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA. El precepto referido establece que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo; mandato que debe interpretarse como una ampliación del ámbito de tutela de esta institución en favor de todos los trabajadores, con independencia de la naturaleza de su relación con la parte patronal, lo cual incluye a los miembros de los cuerpos de seguridad pública, por ser personas al servicio del Estado. Así, esta interpretación resulta acorde con el núcleo de protección de la figura de la suplencia de la queja deficiente, pues si lo que con ella se pretende es salvaguardar los derechos de la clase trabajadora, posicionándolos en un plano de igualdad material frente al ejercicio de la labor jurisdiccional, es claro que dicha razón se surte igualmente tratándose de los miembros de las instituciones de seguridad pública, pues en este caso también se encuentran en una relación de subordinación donde la parte patronal, en principio, encuentra mayores facilidades para hacer valer sus pretensiones en juicio, máxime cuando, como en el caso, se trata del propio Estado". En principio, es necesario tener presente el contenido de los artículos 162, 163, 164, fracción I y 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. "Artículo 163. En la Comisión Estatal de Seguridad Pública, en la Coordinación Estatal de Reinserción Social y en las demás áreas de Seguridad Pública Estatal y Municipales existirá una Unidad de Asuntos Internos, que estará bajo el mando inmediato de sus Titulares. Serán observadores y conocerán de aquellas actuaciones que ameriten algún reconocimiento o sanción para los elementos de las instituciones policiales, ya sea de oficio o a petición de algún mando." "Artículo 164. Las Unidades de Asuntos Internos tendrán facultades para iniciar los procedimientos a que se refiere el artículo anterior, en los siguientes casos: I. Cuando se reciban quejas y denuncias por cualquier medio, interpuestas contra los elementos de las instituciones policiales; II. Cuando el superior jerárquico inmediato considere que el elemento infringió los principios de actuación, obligaciones o deberes establecidos en la presente Ley u otros ordenamientos legales; III. Aquellos que instruya el Comisionado Estatal, el Coordinador Estatal de Reinserción Social o el titular de Seguridad Pública Municipal en su caso, incluidos los que correspondan al cumplimiento de una recomendación emitida por las Comisiones Estatal o Nacional de Derechos Humanos, aceptada por el propio titular, y IV. Por acuerdos emitidos de los Consejos Municipales y Estatal de Seguridad Pública. Los procedimientos se desahogarán sin perjuicio de aquéllos que se instauren en contra de los servidores públicos que incumplan con lo anterior, ante la Secretaría de la Contraloría en el ámbito de las atribuciones establecidas por la Ley de Responsabilidades." "Artículo 167. Son requisitos para ser titular de las Unidades de Asuntos Internos: I. Ser mexicano por nacimiento; II. Tener más de cinco años de residencia en el Estado o Municipio, según sea el caso, al día de la designación; III. Ser Licenciado en Derecho con cédula profesional debidamente registrada; IV. Tener experiencia en procesos jurisdiccionales de por lo menos tres años anteriores a la designación; V. Acreditar los requisitos de ingreso y permanencia para el personal de seguridad pública; y VI. No haber sido sentenciado por delito doloso. En el caso de la Visitaduría General, se requerirá lo establecido en la legislación orgánica aplicable. Artículo 168. La Visitaduría General y las Unidades de Asuntos Internos contarán con la estructura adecuada y el personal apropiado para el cumplimiento de sus funciones señaladas en la presente ley y en su reglamento respectivo, para efecto de realizar las investigaciones suficientes y allegarse de todos los datos necesarios, para poder determinar de manera fundada y motivada sus actuaciones, así como los reconocimientos y sanciones preventivas o definitivas que propongan ante el Consejo de Honor y Justicia de cada institución de seguridad pública. Las instituciones de seguridad pública, están obligadas a proporcionar los recursos humanos, materiales e incluirán en sus respectivos presupuestos, los recursos necesarios para su buen funcionamiento." Artículo 171.- En los asuntos que conozcan las Unidades de Asuntos Internos, se abrirá un expediente con las constancias que existan sobre el particular bajo el siguiente procedimiento: I. Al momento de tener conocimiento de la queja o denuncia, contará con quince días hábiles para integrar la investigación correspondiente, allegándose de la información que sea necesaria, así como de las pruebas ofrecidas por el quejoso; y, en caso de contar con pruebas suficientes, determinará el inicio del procedimiento administrativo, cuando la conducta atribuida encuadre o se encuentre prevista en el artículo 159; II. Concluido el término previsto en la fracción que antecede, se citará al elemento policial sujeto a procedimiento, para hacerle saber la naturaleza y causa del mismo, a fin de que conozca los hechos que se le imputan, entregándole copias certificadas del expediente formado para tal efecto, dejando constancia de ello; III. Notificada que sea el elemento, se le concederán diez días hábiles para que formule la contestación y ofrezca las pruebas que a su derecho convengan; concluido el término se procederá a abrir un período para el desahogo de las pruebas, por el término de cinco días hábiles. Dentro de dicho término, las partes deberán ofrecer las pruebas que a su derecho correspondan, relacionándolas con los hechos controvertidos; IV. Transcurrido el término probatorio, dentro de los tres días siguientes se dictará auto para que tenga verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, debiendo contener lugar, día y hora para el desahogo de las mismas, con el apercibimiento de ambas partes, que en caso de no comparecer sin causa justificada, se llevará a cabo la audiencia, teniéndose por precluido cualquier derecho que pudiera ejercitar en la misma. El plazo para el desahogo de esta audiencia no deberá exceder de quince días hábiles; V. En la audiencia a que se refiere la fracción anterior, se desahogarán las pruebas ofrecidas y las partes deberán formular los alegatos que a su derecho convengan de manera verbal o por escrito; VI. Se elaborará la propuesta de sanción que se pondrá a consideración del Consejo de Honor y Justicia dentro de los cinco días hábiles siguientes al cierre de la instrucción, a efecto de que éste emita la resolución respectiva, que no deberá exceder del término de los diez días hábiles siguientes; y VII. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prevé este ordenamiento, se estará a lo dispuesto supletoriamente por la Ley de Justicia Administrativa en el Estado." De los artículos anteriores, se advierte que en las áreas de Seguridad Pública Estatal y Municipal existirá una Unidad de Asuntos Internos que estará bajo el mando inmediato de sus titulares, la cual observará y conocerá de las actuaciones que ameriten algún reconocimiento o sanción para los elementos de las instituciones policiales. Las Unidades de Asuntos Internos tienen facultades para iniciar procedimientos administrativos cuando se reciban quejas y denuncias interpuestas en contra de los elementos de las instituciones policiales, entre otras. El procedimiento administrativo citado con antelación, deberá tramitarse de conformidad con lo siguiente: Una vez que se tenga conocimiento de la queja o denuncia, la Unidad contará con quince días para integrar la investigación, allegándose de la información que sea necesaria, así como de las pruebas ofrecidas por el denunciante. En caso de contar con pruebas suficientes, dará inicio al procedimiento administrativo cuando la conducta se encuentre prevista en el artículo 159 del ordenamiento legal citado. Concluido el término anterior, se citará al elemento policial sujeto a procedimiento a efecto de hacerle saber los hechos que se le imputan, entregándole copia certificada del expediente formado. El elemento policial, una vez notificado, contará con diez días hábiles para formular contestación y ofrecer las pruebas que a su derecho convenga, concluido el cual se abrirá un periodo de desahogo de pruebas por el término de cinco días hábiles. Concluido el periodo probatorio, dentro de los tres días siguientes se dictará auto para que tenga verificativo la audiencia de pruebas y alegatos. Finalmente, se elaborará la propuesta de sanción que se pondrá a consideración del Consejo de Honor y Justicia, dentro de los cinco días hábiles siguientes al cierre de instrucción, a efecto de que éste emita la resolución que corresponda en el término de diez días hábiles. Por su parte, el artículo 168 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, establece que las Unidades de Asuntos internos contarán con la estructura adecuada y el personal apropiado para el cumplimiento de sus funciones, a efecto de realizar las investigaciones suficientes y allegarse de todos los datos necesarios para determinar de manera fundada y motivada sus actuaciones. "Artículo 168.- La Visitaduría General y las Unidades de Asuntos Internos contarán con la estructura adecuada y el personal apropiado para el cumplimiento de sus funciones señaladas en la presente ley y en su reglamento respectivo, para efecto de realizar las investigaciones suficientes y allegarse de todos los datos necesarios, para poder determinar de manera fundada y motivada sus actuaciones, así como los reconocimientos y sanciones preventivas o definitivas que propongan ante el Consejo de Honor y Justicia de cada institución de seguridad pública. Las instituciones de seguridad pública, están obligadas a proporcionar los recursos humanos, materiales e incluirán en sus respectivos presupuestos, los recursos necesarios para su buen funcionamiento." Ahora bien, resulta necesario precisar que en el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de catorce de mayo de dos mil veinte, la responsable por una parte, sostuvo que el quejoso, incurrió en las conductas previstas en las fracciones I, III, XXVIII y XXXI, de la Ley del sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, mientras que en otra parte de la resolución reclamada hace alusión únicamente a la fracción III del propio ordenamiento legal, lo que por sí mismo genera una incongruencia que debe ser reparada a través de la protección constitucional. Debe señalarse que la falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. Así, se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos esenciales, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada inconsistencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.3o.C. J/47, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia(s): Común, página: 1964; de rubro siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR." En ese orden de ideas, de la lectura al acto reclamado, se advierte que la autoridad responsable refiere que la conducta del elemento policial aquí quejoso encuadra dentro de las hipótesis que contempla los artículos 100 fracciones I y XVIII, y 159 fracciones I, III, XXVIII y XXXI, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Dichos preceptos legales, establecen lo siguiente: "Artículo 100.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones: I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución; [.] XVIII. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando;." "Artículo 159.- Serán causas justificadas de remoción, sin responsabilidad para las instituciones de seguridad pública y por consiguiente sin indemnización, previo desahogo del procedimiento establecido en esta Ley, para los elementos de las instituciones de seguridad pública y sus auxiliares: I. Cometer falta grave a los principios de actuación, deberes y obligaciones previstos en la presente Ley y demás normatividad aplicable, para las instituciones de seguridad pública; [.] III. Faltar a sus labores por tres o más días, en un período de treinta días naturales, sin permiso del Titular de la Dependencia Estatal o Municipal o sin causa justificada; [.] XXVIII. Incurrir en alguna de las prohibiciones, establecidas en la presente ley; [.] XXXI. Las demás que señalen otros ordenamientos jurídicos aplicables." Como se anticipó, es fundado el concepto de violación en el que el quejoso aduce que el acuerdo de inicio de procedimiento de diecinueve de julio de dos mil veinte, no se encuentra debidamente fundado ni motivado. Lo anterior es así, en razón de que de la lectura del citado acuerdo no se advierte de qué forma la autoridad responsable fijó la conducta reprochada al ahora quejoso para encuadrarla en el supuesto de la ley en concreto, pues indica varios supuestos a que se contraen los dispositivos legales 100 y 159 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, sin precisar en concreto en cuál de ellos encuadra, ya que los preceptos legales que cita se refiere a supuestos que incluso se podrían contraponer entre ellas, así, no se señala detalladamente como la falta atribuida se adecua a todos los supuestos citados, por lo que resulta insuficiente como lo hace para colmar las exigencias formales indicadas en el artículo 16 constitucional al no permitir al imputado una defensa adecuada. No obstante que indica que el quejoso faltó de manera injustificada por tres o más días, empero, no justifica porqué con esa conducta se actualizan todas las hipótesis que sustentan el sentido del acto reclamado. En consecuencia, no existe adecuación entre el fundamento citado con la conducta atribuida, lo que a juicio de este Juzgador conculca el derecho a la seguridad jurídica. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, diciembre de 2005, Materia(s): Común, página 162de rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". En consecuencia, la imprecisión o indebida fundamentación del acuerdo de inicio del procedimiento de origen influye negativamente en el promovente, pues le impide ejercer adecuadamente su derecho de defensa ante la autoridad responsable, al desconocer con exactitud la causa real y concreta que dio lugar al procedimiento seguido en su contra. SEXTO. Efectos de la concesión. En esa tesitura, lo procedente es conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal. Con apoyo en las premisas anteriores, y en términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, Se otorga el amparo al quejoso en contra de la Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, para el efecto de que: Deje insubsistente el acuerdo de inicio de procedimiento de catorce de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente DGAI/PA/045/2019-05 y lo actuado con posterioridad. En esas condiciones, la autoridad podrá, si así lo considera, emitir un nuevo acto en el que se ocupe de la solicitud de inicio de procedimiento contra el quejoso, resolviendo si procede o no incoar el citado procedimiento, pero evitando incurrir en los vicios de inconstitucionalidad advertidos, en la presente sentencia. Sin que proceda analizar los restantes conceptos de violación, pues en nada mejoraría el sentido del fallo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege al quejoso Edgar Omar Galván Cisneros, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy tres de diciembre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
Quedan 21 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes
- Edgar Meza Pimentel98/2019
- Edgar Millan Garcia1066/2014
- Edgar Ocampo Alvarez884/2015
- Edgar Octavio Cosio Koenig916/2014
- Edgar Octavio Molina Casales1218/2023
- Edgar Omar Cruz de León168/2022
- Edgar Orlando Mociño Rivera148/2017
- Edgar Orlando Mociño Rivera201/2015
- Edgar Orlando Mociño Rivera1781/2017
- Edgar Orlando Mociño Rivera1881/2015
- Edgar Parra Figueroa1636/2021
- Edgar Pineda Cardenas670/2010