Édgar Omar Delgado Muñoz
Expediente 860/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 860/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Édgar Omar Delgado Muñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Juez Primero Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto número ****. Dese de baja el exhorto de referencia y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Agréguese a los autos el telegrama remitido por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal Interina del Distrito Judicial de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita se le informe el estado procesal que guarda este juicio; al respecto, hágasele del su conocimiento que este sumario se sobreseyó fuera de audiencia en auto de veinte de octubre de dos mil veinte, y en diverso acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintiuno, se declaró firme dicha determinación y se ordenó su archivo definitivo de este asunto.
- Principal
Ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el asunto como totalmente concluido.
- Principal
A fin de que se encuentre debidamente integrado este expediente, notifíquese por medio de lista a la parte quejosa, el auto de veinte de octubre de dos mil veinte, para los efectos legales conducentes. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 20 DE OCTUBRE DE 2020: "En la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veinte de octubre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio 13028/2020, proveniente del Juzgado Séptimo de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, al que acompaña el juicio de amparo 397/2020 de su índice, promovido por *****, en favor de *****, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo y otras autoridades, toda vez que por auto de siete de octubre de dos mil veinte, ese Juzgado Federal, en atención a lo dispuesto en el artículo 46, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales3, consideró que este órgano jurisdiccional debe conocer de la demanda de amparo en comento, por cuestión de turno. ACEPTACIÓN DEL CONOCIMIENTO PREVIO. Con fundamento en el artículo 46, fracción IV, del citado Acuerdo General, se acepta el returno planteado, en virtud de que el acto reclamado en el juicio de amparo 397/2020 del homólogo federal, guarda estrecha similitud con el diverso 991/2018, radicado en este Juzgado Federal, en atención a que se trata de actos 3 Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: (.) IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas; derivados de la causa penal 39/2013, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Torreón. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. De ahí que, a fin de privilegiar la pronta impartición de justicia y no paralizar este asunto, de conformidad con el artículo 17 Constitucional, se acepta que existe conocimiento previo. EQUILIBRIO DE LAS CARGAS LABORALES. En otro contexto, comuníquese esta determinación a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna, residente en esta ciudad, a fin de equilibrar las cargas de trabajo; y, solicítese envíe la boleta de turno respectiva. ANOTACIONES. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 860/2020-V. DETERMINACIÓN Ahora bien, de autos se advierte que el aquí quejoso reclama en esta vía la ilegal orden de detención, aprehensión, comparecencia, actos de tortura, malos tratos e incomunicación; asimismo, en auto de nueve de julio de dos mil veinte, se tuvo por ampliada la demanda respecto a los actos consistentes en el traslado ejecutado y la ilegal extradición de que dice fue objeto por autoridades de Estados Unidos de América. Actos respecto de los cuales el juzgado homologo remitente se pronunció sobre la suspensión de plano y decretó procedente ésta únicamente con relación a los actos de incomunicación, tortura y malos tratos. Ahora, la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal Interina del Distrito Judicial de Saltillo, quien actualmente es quien conoce de la causa de la cual derivan los actos aquí reclamos, al rendir su informe justificado, manifestó que eran ciertos los actos reclamados, toda vez que en la causa penal 39/2013, del índice del entonces Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Penal, de esta ciudad, se giró orden de aprehensión en contra del quejoso ****, por el delito de homicidio doloso, así como orden de comparecencia por la comisión del diverso delito de lesiones leves. Empero, que en resolución de trece de enero de dos mil veinte, emitida por el Magistrado del Segundo Tribunal Distrital del Estado, con motivo del recurso de apelación hecho valer por el Agente del Ministerio Público, en contra de la reclasificación del delito y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el mencionado juicio de amparo 991/2018 promovido por el quejoso, se modificó la resolución de tres de mayo de dos mil dieciocho, y se giró orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, al quedar acreditada la calificativa de ventaja. Igualmente, se revocó la orden de comparecencia y en su lugar declaró la prescripción de la acción penal, y decretó el sobreseimiento de la causa, únicamente por lo que hace al delito de lesiones leves. También refiere el juez responsable que por acuerdo de veinte de junio de dos mil veinte, tuvo por cumplimentada la orden de aprehensión librada en contra del quejoso, decretando su legal detención a partir de las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, de esa misma fecha, por lo en esa data y hora ingresó al centro penitenciario varonil de la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza. Empero, finalmente informó que mediante resolución de veintiséis de junio de dos mil veinte, resolvió la situación jurídica del quejoso directo ***, y dictó auto de formal prisión contra en aquí quejoso, por el delito de homicidio calificado con ventaja, previsto y sancionado por los artículos 329 en relación con el 336 y 350, fracción VII, tercer párrafo del Código Penal vigente en el Estado; y para acreditar lo anterior, allegó copia certificada de la referida resolución. En tales condiciones, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, este juzgado procede a sobreseer fuera de audiencia este juicio de amparo, al sobrevenir una causal de improcedencia, por los siguientes motivos. Los artículos 61, fracción XVII, y 63, fracción V, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)" Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior...". Del primero de los numerales se desprende, que el juicio de amparo resulta improcedente cuando dentro de un procedimiento judicial o administrativo haya cambio de situación jurídica, debiendo considerarse consumadas las violaciones reclamadas en dicho procedimiento, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Por su parte, el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, establece que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia, es decir, cualquiera de las previstas por el aludido numeral 61 del citado ordenamiento legal. Por tanto, atento a lo expuesto en párrafos precedentes, se advierte que cambio de situación jurídica con relación a la orden de aprehensión librada en contra del solicitante de la tutela federal, pues es evidente que ésta, jurídicamente quedó superada con la emisión de la resolución (veintiséis de junio de dos mil veinte) en la que se dictó auto de formal prisión en su contra, ya que para que acontezca se requiere como presupuesto que el inculpado se encuentre a disposición de la autoridad judicial, de conformidad con el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas circunstancias, con el dictado de la multicitada resolución, cualquier violación que hubiera surgido con motivo de los actos que reclamó, quedó jurídicamente consumada de modo irreparable, puesto que cesaron los efectos producidos por éstos, en forma tal que no es factible decidir sobre la constitucionalidad de dicho acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica en que se encuentra al haberse sujetado a la parte quejosa en el proceso penal que se instruye en su contra. Al respecto es aplicable por las razones que la informan a jurisprudencia número 95/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XXVI, agosto 2007, página 50, materia penal, registro 1711841, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR.- Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos". Sin que pase desapercibido para el suscrito juzgador la circunstancia de que en este juicio el quejoso también reclama el traslado ejecutado y la extradición de que dice fue objeto por autoridades de Estados Unidos de América, en tanto que tales actos deben considerarse irreparablemente consumados para efectos de la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 61, fracción XVI, de la ley de la materia, porque aun de concederse la protección constitucional, sería física y materialmente imposible restituir al afectado en el goce de los derechos violados, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes; es decir, en el plano material de los hechos, no habría manera de que al quejoso se le dejara de detener, encarcelar y retener, porque se trata de cuestiones que ya sucedieron y que no pueden retrotraerse por los efectos de una sentencia, lo cual no implica que, en un momento dado, dichos actos puedan ser objeto de algún análisis de legalidad o constitucionalidad, como antecedente y fuente inmediata de algún acto privativo de la libertad, o como violaciones procesales trascendentales a un diverso acto reclamable en amparo, como podría suceder en caso, de impugnarse también el auto de formal prisión, dictado en contra del quejoso, derivado de los mismos hechos por los que se impugnan los primeramente mencionados. Ello, además porque no se está en el supuesto de la excepción por la flagrancia o el caso urgente, porque tratándose de órdenes de aprehensión, las cuales en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben librarse por la autoridad judicial competente, como el caso aconteció, la privación de la libertad personal del imputado ya fue sometida a un control judicial previo, y por tanto, ésta ya se encuentra justificada legalmente. Máxime que dicha orden de aprehensión se ejecutó en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el mencionado juicio de amparo 991/2018 promovido por el propio quejoso. En razón de lo anterior, será en todo caso dentro de la sentencia definitiva del juicio de amparo que se ocupe de analizar la constitucionalidad del auto de formal prisión, que la autoridad de amparo se encontrará en posibilidad de valorar las pruebas conducentes y determinar si los actos que precedieron al auto de formal prisión resultan legales o no, y de encontrar que alguna o algunas pruebas resultan ilícitas, efectuar la declaratoria correspondiente y ordenar su exclusión del caudal probatorio para los efectos conducentes. Apoya a lo anterior, la tesis V.2o.P.A.15 P (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, visible en la página 2130, Décima Época, número de registro 2018274, cuyo rubro y contenido a la letra dicen lo siguiente: "ACTOS IRREPARABLEMENTE CONSUMADOS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LOS CONSTITUYEN LA DETENCIÓN, EL ENCARCELAMIENTO Y LA RETENCIÓN DEL IMPUTADO, CUANDO SE RECLAMAN DE MANERA DESTACADA, ADICIONALMENTE AL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Deben considerarse irreparablemente consumados los actos mencionados para efectos de la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 61, fracción XVI, de la ley de la materia, cuando se reclamen de manera destacada, adicionalmente al auto de formal prisión, porque aun de concederse la protección constitucional, sería física y materialmente imposible restituir al afectado en el goce de los derechos violados, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes; es decir, en el plano material de los hechos, no habría manera de que al quejoso se le dejara de detener, encarcelar y retener, porque se trata de cuestiones que ya sucedieron y que no pueden retrotraerse por los efectos de una sentencia, lo cual no implica que, en un momento dado, dichos actos puedan ser objeto de algún análisis de legalidad o constitucionalidad, como antecedente y fuente inmediata de algún acto privativo de la libertad, o como violaciones procesales trascendentales a un diverso acto reclamable en amparo, como sucede en el caso, al haberse reclamado también el auto de formal prisión derivado de los mismos hechos por los que se impugnan los demás actos por los que se desechó la demanda de amparo. En razón de lo anterior, será en todo caso dentro de la sentencia definitiva del juicio de amparo que se ocupe de analizar la constitucionalidad del auto de formal prisión, que la autoridad de amparo se encontrará en posibilidad de valorar las pruebas conducentes y determinar si los actos que precedieron al auto de formal prisión resultan legales o no, y de encontrar que alguna o algunas pruebas resultan ilícitas, efectuar la declaratoria correspondiente y ordenar su exclusión del caudal probatorio para los efectos conducentes, sin que ello implique o pueda tener el alcance de que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes, dada la imposibilidad física y material a que se aludió." Así como el diverso criterio sustentado en la Jurisprudencia 45/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Fuente: Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, página 529, Décima Época, con número de registro 2004134, que a la letra dice lo siguiente: "VIOLACIONES COMETIDAS EN LA DETENCIÓN DEL INCULPADO CON MOTIVO DE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL (FLAGRANCIA O CASO URGENTE). ES FACTIBLE SU ANÁLISIS EN AMPARO DIRECTO CUANDO NO HAYAN SIDO ANALIZADAS PREVIAMENTE EN AMPARO INDIRECTO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 121/2009, sostuvo que en el amparo directo procede analizar como violaciones al procedimiento las cometidas en la averiguación previa cuando afecten los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual no debe interpretarse limitativamente, en la medida en que la protección del derecho humano al debido proceso la conforman sistemáticamente diversos numerales constitucionales, esto es, el respeto a este derecho se vincula con la observación de los parámetros que la Constitución establece para todas las etapas procedimentales. En ese sentido, el catálogo de derechos del detenido, previsto en el artículo 20, apartado A, fracciones I, V, VII y IX, constitucional, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se extiende a todos aquellos actos o diligencias realizados desde la averiguación previa, lo que permite ubicar posibles violaciones en cualquier diligencia de esta etapa. Ahora bien, el artículo 16 de la Carta Magna establece algunas excepciones que implican la restricción a aquellos derechos, entre las cuales se encuentra la privación de la libertad personal, específicamente en las detenciones por flagrancia o caso urgente, derivadas de la existencia de elementos que permiten atribuir a una persona su probable responsabilidad en la comisión de un hecho calificado como delito por las leyes penales; sin embargo, para que dicha excepción sea constitucionalmente válida deben satisfacerse ciertas condiciones de legalidad, lo que implica que el órgano de control constitucional tiene la obligación de verificar si la detención prolongada por la policía sin poner al detenido a disposición inmediata de la autoridad ministerial o sin cumplir los requisitos constitucionales que justifican la excepción por la flagrancia o el caso urgente, generó elementos de prueba que incumplen con los requisitos de formalidad constitucional que deban declararse ilícitos, o si las diligencias correspondientes se realizaron en condiciones que no permitieron al inculpado ejercer su derecho de defensa adecuada. En esas condiciones, procede analizar en el juicio de amparo directo, en términos del artículo 160, fracción XVII, de la ley de la materia, las violaciones cometidas con motivo de la excepción prevista en el artículo 16 constitucional (flagrancia o caso urgente), que justifican la detención de una persona como probable responsable de la comisión de un delito, pues podrían constituir una transgresión al derecho humano al debido proceso, conforme al cual es necesario el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, a la licitud de las pruebas y al ejercicio de defensa adecuada a que se refieren los artículos 14 y 20 constitucionales, lo que estará condicionado a que no hayan sido analizadas previamente en amparo indirecto." Además, a mayor abundamiento también en el caso la demanda de amparo que se provee se torna improcedente al actualizarse la diversa causal de inviabilidad de la acción constitucional prevista en el artículo 61, fracción X4, con relación a la fracción XIV, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el aquí quejoso ****, promovió el diverso juicio de amparo 98/2020-III, del índice de este órgano jurisdiccional, en el que señaló en su escrito de demanda idéntico acto reclamado: "(.) la orden de aprehensión girada en mi contra por el delito de Homicidio calificado con la calificativa de ventaja; (.)", y misma autoridad judicial responsable; el cual a la fecha se encuentra pendiente de resolver. Lo que se invoca como hecho notorio por este juzgado al encontrarse publicado en el aludido sistema, de conformidad al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación. Sirve de apoyo la jurisprudencia 16/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, tomo I, junio de 2018, página 10, número de registro electrónico 2017123, de rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben 4 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." ".XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente". Así, de la demanda de amparo se advierte que se configura la causal citada, toda vez que convergen los elementos formales de litispendencia a que se refiere la citada fracción, a saber: mismo quejoso, autoridad responsable, y actos reclamados, encontrándose pendiente de resolver el diverso juicio de amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta época, tomo VI, apéndice de 1995, página 193, número de registro electrónico 394243, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Por tanto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, esto, en razón de su manifiesta e indudable improcedencia al actualizarse las causales de inviabilidad de la acción constitucional prevista en el artículo 61, fracción X, con relación a la fracción XIV, ambos de la ley de la materia. Por consiguiente, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones X, en relación con la diversa XIV, así como la fracción XVII, y con base en el numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en este juicio de amparo. Lo anterior, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio firme en el sentido de que resulta procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, cuando dentro del desarrollo del procedimiento de amparo, subyace una causal de improcedencia de forma notoria y manifiesta, puesto que ante esa circunstancia probada resulta innecesario continuar con la substanciación del proceso, cuya conclusión, invariablemente será en el mismo sentido. Así lo determinó el Máximo Tribunal del país, en la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que resolvió la contradicción de tesis 26/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que literalmente dispone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de mprocedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda que se atiende. Asimismo, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *** y en términos restringidos del citado numeral a ***, toda vez que no se encuentran inscritas sus cédulas profesionales en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que hace referencia el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintinueve de junio de dos mil cinco. MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. Notifíquese la radicación del presente juicio al Agente del Ministerio Público adscrito y désele la intervención que legalmente le corresponde, mediante oficio que al efecto se libre, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso c) de la Ley de Amparo. ??????????? SE GIRA EXHORTO PARA NOTIFICAR AL QUEJOSO En ese contexto, al tener en consideración que el quejoso Edgar Omar Delgado Muñoz, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Varonil de la ciudad de Saltillo, Coahuila; con fundamento en el artículo 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila, en turno, con sede en Saltillo, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a personal de su adscripción, y realice lo siguiente: 2. Se constituya en el Centro Penitenciario Varonil de la ciudad de Saltillo, Coahuila, y notifique este proveído al quejoso. Asimismo, se faculta al juez exhortado para que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario de su adscripción proceda a efectuar la diligencia antes señalada, así como para que ordene cualquier diligencia que resulte indispensable para la debida diligenciación del presente exhorto, como lo es girar oficios, requisitorias y cualquier otro acto para cumplimentar la diligencia encomendada. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, envíese la referida comunicación oficial vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), generándose el acuse de envío correspondiente; empleando para ello la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) del titular del órgano exhortante y de la secretaria con quien se actúa, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa tomando en cuenta lo previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Por otro lado, con fundamento en el artículo 110 del citado Acuerdo General Conjunto, se solicita al órgano jurisdiccional exhortado que la devolución de lo actuado se realice únicamente por la misma vía electrónica, ello a fin de agilizar la tramitación de la encomienda y evitar la duplicidad de actuaciones. EXPEDICIÓN DE COPIAS A LAS PARTES EN ESTE ASUNTO. Por otro lado, en aras de cumplir con la impartición de una justicia pronta, completa e imparcial, como lo establece el artículo 17 Constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de cualesquiera de las actuaciones que integren este expediente biinstancial, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.cjf.gob.mx/consultas.htm. o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx., respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA VÍA EXHORTO, AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO, Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, AL JUZGADO HOMOLOGO Y A LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna, asistido de la secretaria que autoriza Lorena Martínez García, a quien faculta a firmar los oficios que se expiden quien, certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe." "DOS FIRMAS ILEGIBLES." "RUBRICAS."
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