Edgar Omar Cruz Carrillo
Expediente 1944/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 48 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1944/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 48
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Edgar Omar Cruz Carrillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 48.
- Principal
Mérida, Yucatán; seis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión y expresa los agravios que hace valer en contra de la sentencia firmada el trece de octubre de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión el escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno, del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán; trece de octubre de dos mil veintitrés. Vistos los autos y lo de cuenta, agréguese el escrito signado por el quejoso EDGAR OMAR CRUZ CARRILLO; mediante el cual solicita se autorice al usuario "********************" para poder consultar el expediente electrónico, así como para recibir notificaciones electrónicas. Por lo tanto, en cuanto a la solicitud que realiza de acceso al expediente electrónico del presente juicio, toda vez que proporciona el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo y en los numerales 35, 36, 38, 55, 57, 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se otorga autorización a "********************", para que tenga acceso a la consulta del expediente electrónico y se le realicen las notificaciones vía electrónica, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. En consecuencia, proceda el Secretario a efectuar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1944/2022-IV-B, promovido por ***************; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y remitido el día siguiente a este Juzgado Federal por razón de turno, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que atribuyó a las autoridades responsables Fiscal General del Estado y Director de Investigación y Atención Temprana, ambos residentes en esta ciudad; así como el Fiscal Investigador del Ministerio Público del Fuero Común, Presidente Municipal y Director de la Policía Municipal, estos tres últimos con sede en Izamal, Yucatán. SEGUNDO. Por acuerdo dictado el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite; se solicitó sus informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos General 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se tiene que los actos reclamados consisten en: La retención del vehículo tipo ********************, del cual aduce el quejoso ser el propietario. Así también, les reclama a las últimas tres autoridades: La discriminación que sufrió al momento de encontrarse detenido por las responsables, residentes en Izamal, Yucatán. TERCERO. Negativa de actos reclamados. En relación con al acto reclamado identificado con el inciso a), consistente en la retención del vehículo ya mencionado, se advierte que al rendir su respectivo informe justificado, las autoridades responsables Fiscal General del Estado [19359], el Director de Investigación y Atención Temprana [19261], ambos residentes en esta ciudad, y el Fiscal Investigador del Ministerio Público del Fuero Común [23376 y 27838], con sede en Izamal, Yucatán, negaron dicho acto reclamado. Asimismo, respecto del diverso acto señalado con el inciso b), relativo a la discriminación que refiere haber sufrido el quejoso, las autoridades responsables Fiscal General del Estado [19359], el Director de Investigación y Atención Temprana [19261], ambos residentes en esta ciudad, y el Fiscal Investigador del Ministerio Público del Fuero Común [23376 y 27838], Presidente Municipal [6954] y Director de la Policía Municipal [6917 y 14459], estos tres últimos con sede en Izamal, Yucatán, negaron dicho acto reclamado. Lo anterior sin que el quejoso aportara prueba alguna con la que desvirtuara dichas negativas, por lo que procede con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, SOBRESEER en el presente juicio de amparo por dichas autoridades y actos, al no evidenciarse la existencia de estos últimos. CUARTO.- Certeza de actos. Por otra parte, en relación con el acto reclamado identificado con el inciso b), correspondiente a la retención del vehículo tipo ********************, descrito con antelación, es cierto respecto del Presidente Municipal [6954] y Director de la Policía Municipal [6917 y 14459], ambos con residencia en Izamal, Yucatán, pues así lo manifestaron al rendir sus informes de ley, por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio. QUINTO. Estudio de causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causales de improcedencia hechas valer por las partes o se advierten de oficio por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la Materia en vigor. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. El precepto legal en cita dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.... Por su parte, el numeral 5° fracción I, de dicho ordenamiento legal, menciona: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]". Asimismo, el artículo 107, fracción I, Constitucional, establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]". En relación con esta causa de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance destaca la emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS QUE LO COMPONEN. El interés jurídico plasmado en el numeral 73, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, es considerado como uno de los presupuestos procesales para la procedencia del juicio de garantías, y debe ser entendido bajo dos elementos: el acreditamiento y la afectación. Tales aspectos necesariamente deben conjugarse para cumplir con el presupuesto de procedencia de la causa constitucional por excelencia referida. Esto es, de faltar alguno, se está indefectiblemente en el supuesto de improcedencia descrito. Lo anterior porque es factible ostentarse titular de determinado derecho, pero éste no verse afectado por los órganos del Estado o, en su caso, estar disfrutando de ese derecho sí afectado por la autoridad y no tener el respaldo legítimo y legal sobre él, ya que en este último tópico se estaría en el caso de un interés simple. Por ello, es requisito sine qua non (sin el cual no), se reúnan ambos supuestos" . Pues bien, respecto de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que de lo dispuesto por los numerales 107, fracción I, constitucional, 5º de la Ley de Amparo, en relación con el reproducido 61, fracción XII, de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Lo anterior es así, pues generalmente, la emisión de éste conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por ser violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así pues, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del mismo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio fundamental (instancia de parte agraviada) se encuentra la prevista en la fracción XII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, el acto de autoridad cuya constitucionalidad se cuestiona no afecta los intereses jurídicos del quejoso, es decir, no lesiona la esfera de derechos de quien solicita el amparo y protección de la Justicia Federal. En este orden de ideas, se afirma que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, ya que el aquí quejoso no aportó medio de convicción idóneo para acreditar fehacientemente el derecho de propiedad sobre el vehículo cuya retención reclama, no obstante que así lo afirmó en su demanda de amparo. Lo anterior es así, pues a dicho escrito inicial, adjuntó copia simple de la factura folio ********************, de tres de junio de dos mil quince, relativa al vehículo tipo ********************, del cual aduce el quejoso ser el propietario; documento que es del contenido siguiente: Asimismo, se observa de la factura en análisis, que al reverso tiene plasmado un endoso, no en original sino en copia fotostática simple, cuya imagen digitalizada a continuación se inserta: Por tanto, dicho documento ofrecido por el justiciable, se observa que se trata de una copia simple de la factura relativa al vehículo relacionado con el acto reclamado, la cual presenta al reverso una leyenda de endoso que señala: "CEDO LOS DERECHOS DE ESTA FACTURA AL SR ********************", seguida con una firma, sin que se advierta de su contenido el nombre de la persona que hizo el endoso relativo. Al respecto, debe decirse que si bien el documento se trata de una copia simple a la cual recayó un acto de cesión de derechos, se observa que tiene las cadenas electrónicas del sello digital del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del sello digital CDFI, y la cadena original del complemento de certificación digital del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Por tanto, no obstante que la factura haya sido exhibida como copia simple debe otorgársele valor probatorio como si fuera la factura original, precisamente por contener los certificados digitales que avalan la expedición de ese documento. Lo anterior es así, pues se trata de una constancia impresa de la información obtenida y soportada a través de medios electrónicos, avalada por los sellos digitales que presenta, consistentes en las cadenas de caracteres generada por la autoridad fiscal, lo cual permite autenticar su contenido. En esa guisa, si la factura electrónica exhibida en autos por el amparista es el equivalente digital y evolución de la factura tradicional -toda vez que se emplean soportes informáticos para su emisión y almacenamiento que permiten su ulterior consulta- en el caso se valora como una prueba derivada de medios electrónicos. Por tanto, al tener el nombre del propietario original, quien es la persona que presumiblemente endosó al quejoso a su favor la factura, y en dicho documento se identifica el bien mueble de que se trata, conteniendo, entre otros elementos, los sellos digitales ya indicados; ello permite a este órgano jurisdiccional presumir que sólo por cuento hace a la existencia de la factura, su contenido es genuino, máxime que no existe prueba en contrario. Ahora bien, definido el valor probatorio de la factura en cuanto a la naturaleza de ser copia simple pero con los certificados digitales hacendarios que hacen considerarla como un documento fiable y susceptible de acreditar la propiedad; debe analizarse lo relativo al endoso que tiene al anverso. Sobre este aspecto, se observa que la factura tiene una leyenda que es de la literalidad siguiente: "CEDO LOS DERECHOS DE ESTA FACTURA AL SR ********************"; sin embargo, se observa que el endoso aparece plasmado en la factura en copia fotostática simple, y además, no se observa en el mismo la fecha en la cual ocurrió tal acto jurídico, por tanto, no puede ser considerado como de fecha cierta. Efectivamente, sobre este punto es conveniente traer a glosa la conclusión de la ejecutoria que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/97, en la que señaló que un documento se considerará como fecha cierta desde los siguientes momentos, a saber: a) Desde el día en que se celebre ante fedatario público o funcionario autorizado; b) Del momento en que sea inscrito en el Registro Público de la Propiedad; o c) A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Explicado lo anterior, es claro que del análisis realizado al endoso en copia simple que presenta la copia de la factura al anverso, no puede ser considerado un documento de fecha cierta, pues al no estar plasmado en manera autógrafa no puedo otorgársele valor probatorio alguno a tal cesión de derechos sobre el vehículo, además que tampoco se hace alusión a la fecha en la cual se realizó. Tiene aplicación, por el principio que contiene, el precedente siguiente: Bajo esa tesitura, se puede decir que la referida prueba documental ofrecida por el quejoso, relativa a la copia de la factura del vehículo relacionado con el acto reclamado, al no ser de fecha cierta sólo tiene valor probatorio indiciario, el cual es insuficiente para demostrar el interés jurídico que aduce tener sobre el vehículo, el cual debe ser acreditado fehacientemente y no inferirse a base de presunciones. Por tanto, al no acreditarse la propiedad que aduce tener el quejoso respecto del bien mueble referido, carece de interés jurídico para promover la instancia constitucional. En ese contexto, tomando en consideración que el interés jurídico debe constar fehacientemente probado y no inferirse con base en presunciones, se llega a la conclusión de que en la especie no se acredita el referido extremo. Cobra aplicación a lo anterior la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del al Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Tomo: 82, octubre de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, cuyo rubro y contenido expresa: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En las condiciones apuntadas, al haberse acreditado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, lo que legalmente procede es SOBRESEER en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la invocada ley de la materia. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la causa de improcedencia que se actualizó. Resultan aplicables al caso, la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos y autoridades responsables señalados en el considerando tercero, por los motivos ahí expuestos. SEGUNDO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto y autoridades responsables que se mencionan en el considerando quinto, por las razones ahí señaladas. TERCERO.- Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente a las partes y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán; doce de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Director de la Policía Municipal, con residencia en Izamal, Yucatán, mediante el cual cumple con lo requerido, y remite las constancias solicitadas, en las cuales informa acerca del motivo legal por el cual fue retenido el automotor relacionado con el acto reclamado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dichas constancias y relaciónense en la audiencia constitucional. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
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