Edgar Omar Aguirre Martínez
Expediente 835/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 835/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Edgar Omar Aguirre Martínez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja, contra el auto de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo promovida por ***, por tanto se declara que el citado auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción I del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. Téngase por recibida la demanda promovida por XXXX , quien se ostenta como madre del quejoso XXXXX, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, y otras autoridades. Consecuentemente, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado, quedando registrada bajo el número de orden 835/2017-I-2. Vista la demanda y de conformidad con el artículo 17 Constitucional, con el fin de salvaguardar las garantías de justicia pronta y expedita, se efectuará el análisis de la demanda para verificar su procedencia; no obstante que la promovente del amparo, quien se ostenta como madre del directamente quejoso no acredita tal representación, así como tampoco el acto reclamado es de los contemplados por el artículo 15 de la Ley de Amparo. Ahora, para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el normativo 113 de la Ley de Amparo vigente, estatuye: 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el presente caso, conviene señalar que la Ley de Amparo regula en su artículo 107, fracciones III y IV, la forma en que opera el principio de definitividad, como presupuesto de procedencia del juicio constitucional, tratándose del juicio de amparo indirecto, el cual, en su parte conducente, estatuye: 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.) Así, el principio de definitividad es un requisito para la procedencia del juicio de amparo en términos de las normas antes referidas, la propia ley de la materia establece como sanción por el incumplimiento de dicho principio la improcedencia del juicio. Se afirma lo anterior, habida cuenta que el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XX, a este respecto, establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.] La anterior transcripción confirma la regla general que se deriva del principio de definitividad, según la cual, para que proceda el juicio de amparo, debe de tratarse de "actos definitivos" en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional intentada. En efecto, la aludida porción normativa establece como causal de improcedencia la derivada del hecho de que existan medios de defensa o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, que no se agotaron previamente a la promoción del juicio de amparo, en dicho supuesto el acto reclamado carece de definitividad y no es, por consiguiente, reclamable en amparo. En la especie, el acto reclamado consistente en la negativa de permitir el ingreso y acceso de libros al quejoso, el cual se atribuye al Comisionado, al Coordinador General, Director y Consejo, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, con sede en esta localidad. Por su especial naturaleza, tal actuación no tiene el carácter de definitivo, puesto que, en su contra, aún procedía un medio ordinario de defensa por virtud del cual podía ser restituida la parte quejosa en el derecho que estiman transgredido, pues existe un recurso a su alcance con el que pueden obtener la modificación o revocación del acto impugnado. Al respecto, es necesario señalar que el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo segundo, establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Por tal motivo, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual tiene por objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y regular los medios para lograr la reinserción social. De tal manera, que en su artículo 72 establece que las bases de la organización del sistema penitenciario para lograr la reinserción social son: el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, las cuales son elementos esenciales del Plan de Actividades diseñado para las personas privadas de su libertad en los Centros Penitenciarios. Asimismo, el numeral 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé que las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas; entre otras, el derecho de efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. En este sentido, la fracción I, del numeral 15 de la ley en cita, establece que la autoridad penitenciaria, deberá de garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas que se encuentren sujetas al régimen de custodia y vigilancia en un centro penitenciario; mientras que el diverso 25 instituye la competencia del Juez de Ejecución, para lo cual deberá garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, demás disposiciones legales y dicha Ley. A su vez, el Título Cuarto, en su capítulo tercero, contempla el procedimiento administrativo, y en sus numerales 107, 109, 110 y 114, enuncia que las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esa ley podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento; asimismo, que las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en aquella, a fin de que la autoridad penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación; para lo cual las peticiones se formularan por escrito, sin formalidad alguna, ante el director del reclusorio, quien está obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Además, la legislación de ejecución establece que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución; sin embargo, si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento; de la misma manera, si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente también podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas, y en caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. Igualmente, el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé que cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, quien podrá, de oficio, suspender de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva; y tratándose de omisiones, determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria; no obstante, cuando reciba promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Lo anterior es así, pues acorde a lo que textualmente dicen el diverso 116 de la ley en cita, los jueces de ejecución, entre otros, conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; el plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo. En esta tesitura, si el acto reclamado lo constituye la negativa de que se permita el ingreso y acceso de libros en materia de informática, previamente a promover el juicio de amparo, el quejoso debe realizar su petición o queja por escrito, ante el Director del Centro de reclusión en que actualmente se encuentran, en términos del artículo 110 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y en caso de que la petición fuere resuelta en sentido contrario a sus intereses de los peticionarios, los promoventes deberán formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución, tal como establece el numeral 114 del mismo ordenamiento. Luego, la parte quejosa debió formular la solicitud que ahora presentan, por escrito ante el Director del Centro de Reclusión y posteriormente, en caso de serle adversa, acudir ante el Juez de Ejecución Penal, pues a través de este medio de defensa era susceptible de obtener la modificación o revocación de la omisión que reclaman, los que necesariamente deberán ser agotados antes de acudir al juicio de amparo, pues no se puede válidamente abandonar la defensa ordinaria ni promover el juicio de amparo sino hasta que se agote la jurisdicción local combatiéndola a través del recurso administrativo aludido, lo que omitieron realizar los impetrantes del amparo, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo así lo dispone; de ahí la improcedencia del presente juicio. Resulta aplicable, analógicamente, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 902 del tomo XV, de mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del siguiente tenor: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Así las cosas, queda claro que el acto reclamado por el quejoso no reviste el carácter de definitivo; consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el numeral 113 del ordenamiento legal invocado, se impone desechar de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Con fundamento en el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado XXXX, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado XXXX. Doy fe.
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