Edgar Oliver Robles

Expediente 1567/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 1 actuación registrada, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1567/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Edgar Oliver Robles

Actuaciones

  1. Principal

    En términos el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se notifica vía electrónica a la parte quejosa el presente acuerdo, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Quincuagésima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, se provee como sigue: Integración de expediente electrónico. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese el expediente electrónico relativo al presente asunto. De conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos remitidos físicamente a este asunto, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. En el entendido de que aquéllos que por su volumen, protección a la integridad del documento o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico o en los cuadernos auxiliares que se generen y que se encuentran bajo resguardo en la secretaría de este juzgado, en términos de los artículos 22 y 23 del citado Acuerdo General 12/2020. Del mismo modo, se hace del conocimiento de las partes que, en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, toda la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico, de acuerdo con la fracción III, del numeral 3º del referido Acuerdo General 12/2020; asimismo, el expediente físico que se genere, contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, de conformidad con el ordinal 22 del mismo ordenamiento. En términos de la fracción XII del numeral 3 del Acuerdo General 12/2020, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes; en tanto que los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, no obstante, los mismos tendrán validez, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Supervisión del registro diario. Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure la permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo del secretario de juzgado asignado del presente asunto. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del mencionado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL y con e.firma. Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o se estime necesario su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del mismo Acuerdo General. Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, dado que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: ".a) Del órgano Político Calificador del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos: a. i). La omisión de publicar en la gaceta legislativa y el portal del Congreso del Estado de Morelos y Periódico Oficial de la entidad, las personas que acreditaron la fase de comparecencias, no obstante estar contemplado en la base décima en relación con la octava de la convocatoria; y, sin cumplir ese requisito se pasó a la fase conclusiva. b) De la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos. b.i) Paralice la etapa conclusiva de aprobación del proyecto del dictamen por la que propone a las personas profesionistas del derecho, inscritas en términos de las convocatorias/******************** publicada en el periódico oficial "tierra y Libertad 6225 de seis de septiembre de dos mil veintitrés, a efecto de que designe de magistradas y/o magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.".(sic) Ahora, de la lectura de la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo, antes citado, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen resoluciones o declaraciones relativas a la elección de funcionarios por parte de las Legislaturas o de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Lo anterior se afirma así, por las razones que a continuación se exponen. Del análisis íntegro del escrito inicial de demanda, se colige que el acto reclamado por la parte quejosa, se hace consistir esencialmente en la omisión de publicar en la gaceta legislativa y el portal del Congreso del Estado de Morelos y Periódico Oficial de la entidad, las personas que acreditaron la fase de comparecencias, así como paralizar la etapa conclusiva de aprobación del proyecto del dictamen que propone a las personas inscritas en términos de las convocatorias ******************** publicadas en el periódico oficial "Tierra y Libertad", número 6225, el seis de septiembre de dos mil veintitrés, para designar de magistradas o magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, lo que se traduce a los efectos y consecuencias de dichas convocatorias, emitidas por el denominado Órgano Político Calificador del Congreso del Estado de Morelos. En ese sentido, se considera que es manifiesta e indudable la causa de improcedencia actualizada, pues en el caso, con las manifestaciones y pruebas documentales que al efecto adjunta, se tiene la certeza de que la emisión de las convocatorias públicas para la designación de siete y tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, así como la creación del Órgano Político Calificador del Congreso del Estado de Morelos, mediante la publicación en el periódico oficial "Tierra y Libertad", número 6225, el seis de septiembre de dos mil veintitrés, constituyen resoluciones, actuaciones y declaraciones soberanas o discrecionales relativas a la elección de funcionarios, por parte de la Legislatura Estatal a las que refiere el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, lo dispuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a), en la que determinó que si la elección de los Magistrados no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público, esto significa que se está ante un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales y, por tanto, esa elección y el procedimiento que le antecede no son impugnables a través del juicio de amparo, al actualizarse el supuesto contenido en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, por cuanto prevé que ese juicio es improcedente cuando se reclaman, entre otras, resoluciones de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, relativas a la elección de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente, como lo es, en el caso en estudio, dado que la propia Constitución Local y la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, les otorgan esa facultad al Congreso Local de elegir a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia para el estado. Además, estableció que el hecho de que en el procedimiento de elección corresponda a un órgano interno del Congreso local calificar que las personas candidatas reúnen los requisitos para ocupar el cargo de magistrado o magistrada, es una circunstancia que no disminuye el carácter soberano de la facultad de nombramiento, ya que una vez elaborada la lista respectiva, y sometida a votación ante el Pleno del Congreso, queda a discreción de cada diputado emitir su voto; y la valoración que en lo personal realicen dichos legisladores de las aptitudes de cada uno de los candidatos, es una cuestión que corresponde a su fuero interno al momento de votar. La jurisprudencia en consulta se localiza en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo I, página 887, con número de registro digital 2017916, que establece: "MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SU ELECCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece sustancialmente, que para la elección de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura, previa convocatoria realizada por el Congreso del Estado a la sociedad en general, someterá a consideración de éste una lista de candidatos al cargo, y que por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes, elegirá al Magistrado que deba cubrir la vacante dentro de un término improrrogable de 30 días; de lo que se concluye que quien elige de manera independiente a esos juzgadores, sin injerencia de algún otro ente o poder público, es el Poder Legislativo. Entonces, si la elección de los Magistrados no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público, esto significa que se está ante un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales y, por tanto, esa elección y el procedimiento que le antecede no son impugnables a través del juicio de amparo, al actualizarse el supuesto contenido en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, por cuanto prevé que ese juicio es improcedente cuando se reclaman, entre otras, resoluciones de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, relativas a la elección de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Además, el hecho de que en el procedimiento de elección corresponda a la Comisión de Justicia del Congreso Local calificar que los candidatos reúnen los requisitos para ocupar el cargo de Magistrado, lo cual queda plasmado en el dictamen que somete a consideración de la Asamblea, es una circunstancia que no disminuye el carácter soberano de la facultad de nombramiento, ya que una vez elaborada la lista respectiva, y sometida a votación ante el Pleno del Congreso, queda a discreción de cada diputado emitir su voto; y la valoración que en lo personal realicen dichos legisladores de las aptitudes de cada uno de los candidatos, es una cuestión que corresponde a su fuero interno al momento de votar." Así como la diversa tesis CXXVII/2018 (10ª) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Diciembre de 2018, Décima Época, página 601, con número de registro 2018678, cuyo texto y rubro dicen: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ CONTRA RESOLUCIONES DE LAS LEGISLATURAS LOCALES DICTADAS SOBERANA O DISCRECIONALMENTE PARA LA ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El precepto legal referido, al disponer que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente, no transgrede el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme al cual, el Estado mexicano tiene la obligación de instituir en su legislación interna un recurso judicial efectivo, toda vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o de un medio de impugnación, son compatibles con el texto de dicha convención, en la inteligencia de que la efectividad del recurso intentado se materializa cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus cualidades y, entonces, analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. Por tanto, la circunstancia de que el juicio de amparo sea improcedente cuando se reclamen resoluciones de las Legislaturas Locales dictadas soberana o discrecionalmente en la elección de funcionarios, no implica una infracción al mandato convencional citado, en tanto la Ley de Amparo privilegió la voluntad de cada legislador, para emitir su voto, así como la apreciación individual que corresponde a los representantes populares al evaluar los méritos de los aspirantes a ejercer el cargo respectivo, toda vez que esa valoración constituye un aspecto inherente al criterio propio que despliegan al sufragar por el candidato correspondiente, apreciación que reside en su fuero interno y que no puede ser suplantada por ninguna persona." No es obstáculo para considerar aplicable el criterio en cita, el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Segunda Sala haya examinado una legislación local distinta a la del Estado de Morelos, pues las consideraciones ahí expuestas son aptas para fortalecer el sentido de esta determinación, ya que se relacionan en que no es impugnable vía amparo el procedimiento de elección de funcionarios, en los casos en que las propias constituciones les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente dicha circunstancia. Ahora, para sostener lo afirmado, en el caso particular, conviene revisar el contenido de los numerales que regulan el procedimiento de designación de las magistradas y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Al respecto, el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa, señala: "Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: (.) III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas. La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No Podrán ser Magistrados las que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación. Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquéllas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas dela profesión jurídica. .". Por su parte, los numerales 40, fracción XXXVII y 109 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, establecen: "ARTICULO 40.- Son facultades del Congreso: [.] XXXVII. Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; al Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes, a los Magistrados del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Morelos; a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos de conformidad con lo previsto en esta Constitución; así como al Fiscal General del Estado de Morelos, este último de entre la terna de ciudadanos que someta a su consideración el Ejecutivo del Estado. Las designaciones a que alude esta fracción deberán reunir el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso;" (.) "ARTÍCULO 109-bis. La justicia administrativa estatal se deposita en un Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; será la máxima autoridad en la materia, dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, y no estará adscrito al Poder Judicial. (.) El Tribunal de Justicia Administrativa estará integrado por siete magistrados; funcionará en términos de lo dispuesto en las normas aplicables. Los Magistrados deberán reunir los mismos requisitos que para ser Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, debiendo además contar con experiencia en materia administrativa, fiscal o de responsabilidades plenamente acreditada, observando el principio de paridad de género en las designaciones. Serán designados por el Pleno del Poder Legislativo a propuesta del Órgano político del Congreso, el cual emitirá la Convocatoria pública conforme a lo establecido en esta Constitución y la Ley Orgánica para el Congreso del Estado." Además, los artículos 115 y 117 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, estatuyen: "Artículo 115. El procedimiento para la designación de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia se llevará a cabo en las siguientes fases: I. Convocatoria, integración de los expedientes de los aspirantes, y presentación de un ensayo científico de contenido jurídico. II. Comparecencia personal de los aspirantes ante el Órgano Político Calificador. III. Dictamen con la lista de aspirantes a Magistrados para aprobación por el Pleno del Congreso. Los aspirantes que no acrediten los requisitos establecidos en una fase no pasarán a la siguiente.". "Artículo 117. En la sesión en que sea presentado al Pleno el dictamen con la propuesta de aspirantes, el Congreso designará por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, a las a las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En caso de que ninguno de los aspirantes propuestos reúna la votación requerida, el dictamen se regresará al Órgano Político Calificador, a efecto de que en tres días hábiles presente uno nuevo.". De las disposiciones anteriores, se desprenden las consideraciones siguientes: Las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. La Constitución y la Ley Orgánica del Congreso del Estado, establecen las condiciones y el procedimiento para la designación de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Es facultad del Congreso Local, designar entre otros funcionarios, a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos de conformidad con lo previsto en la Constitución estatal, asimismo, estas designaciones deberán reunir el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura de conocimiento. La justicia estatal se deposita en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; quien será la máxima autoridad en la materia, dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos. Los Magistrados serán designados por el Pleno del Poder Legislativo a propuesta del Órgano político del Congreso, el cual emitirá la Convocatoria pública conforme a lo establecido en la Constitución del Estado y la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. De lo anterior, se sigue que si bien en el procedimiento de elección de las magistradas y magistrados locales, un Órgano político del Congreso del Estado, formulará la convocatoria pública correspondiente, a efecto de proponer al Pleno los candidatos -en términos de lo preceptuado por el artículo 109-bis, de la Constitución del Estado Morelos-; lo cierto es que, es el Congreso del Estado quien finalmente elige de manera independiente a los servidores públicos que van a integrar el Tribunal Superior de Justicia del Estado, sin injerencia de algún otro ente o poder público. Máxime que el órgano político encargado de proponer los candidatos, a su vez está integrada por los miembros del propio Congreso Estatal, lo que confirma que sólo es el órgano legislativo el que interviene en el referido procedimiento de elección. En consecuencia, si la elección de las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público, debe considerarse que tal acto sí se trata de un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales del Congreso. Lo anterior, porque cuando el Congreso elige a las magistradas y magistrados del referido tribunal superior de justicia estatal, lo hace en ejercicio de una facultad exclusiva y en cumplimiento al propio mandato constitucional de la entidad. Por ello, si bien la elección de dichos servidores públicos, está sujeta a la aprobación de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado y a propuesta de la propia autoridad legislativa, lo cierto es que estas reglas especiales de procedimiento (lineamientos reglados), como lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la citada jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a), no menoscaban al carácter autónomo de la facultad del Congreso del Estado de decisión en sentido determinado, ni sujeta su voluntad a la deliberación de persona o ente alguno ajeno al propio órgano legislativo. Además, aun cuando en el procedimiento de elección de las magistradas y magistrados, corresponde al citado órgano político de la Legislatura estatal, calificar que los candidatos reúnan los requisitos para ocupar el referido cargo, lo cierto es que una vez elaborada la lista respectiva, y sometida a votación ante el Pleno del Congreso, queda a discreción de cada diputado la emisión de su voto, y la valoración que en lo personal realice de las aptitudes de cada uno de los candidatos es una cuestión que corresponde a su fuero interno a la hora de emitir su voto. Lo anterior, justifica que en el acta de sesión sólo esté plasmado el sentido del voto y no así su motivación ni fundamentación; pues no pueden juzgarse las razones o motivos que llevaron a cada Diputado a votar por un determinado aspirante, por lo cual resulta lógico que el amparo devenga improcedente contra este tipo de elecciones, en tanto se trata de actos autónomos y discrecionales. En esas condiciones, el juicio constitucional indirecto que se promueve resulta notoriamente improcedente; motivo por el cual hace clara la concurrencia de la causal de improcedencia en estudio, y en vía de consecuencia, al no ser procedente el juicio constitucional en contra del que también se señaló como acto de aplicación de las normas, tampoco lo es respecto de los preceptos reclamados, pues dicha improcedencia se hace extensiva a tales artículos al no poder ser analizados en abstracto. Y dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de substanciarse el juicio de amparo, no cambiaría la naturaleza del acto reclamado. Es decir, no es necesario substanciar un juicio y celebrar su audiencia para advertir la causal de improcedencia que se actualiza, porque de la propia demanda y del acto reclamado señalado por la parte quejosa se aprecia la improcedencia del mismo. Domicilio de la parte quejosa. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35, 36, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al promovente la consulta del expediente electrónico y las notificaciones vía electrónica [por así haberlo solicitado expresamente], siempre y cuando se realice con el usuario que proporciona y se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se instruye a la actuaría de este juzgado de Distrito que a partir del siguiente acuerdo que se emita en este juicio de amparo, las notificaciones para la parte quejosa, se realicen en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Autorización de copias y medios electrónicos. Se hace del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél; y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos a efecto de que puedan digitalizar las constancias que integren los autos, en el entendido de que ello deberá asentarse en el expediente; con la precisión de que en todo momento deberá privilegiarse la protección de datos o información que obre en el juicio de amparo en que se actúa conforme a la normativa. Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. Notificación por lista. En ese mismo sentido, se faculta a los actuarios adscritos para que en caso de tener alguna imposibilidad de realizar una notificación personal (no conozcan a la persona buscada, esté desocupado el inmueble designado, no exista la calle o numeración, entre otros) previa razón, realicen dicha notificación y las subsecuentes hasta en tanto se designe nuevo domicilio por medio de lista que fijen en los estrados de este órgano jurisdiccional. Digitalización y expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración, excepción hecha de las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Captura completa del expediente en los sistemas electrónicos del Consejo. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y al oficial judicial "A" a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento al nuevo esquema de integración del expediente electrónico conforme a los lineamientos del Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, así como del expediente físico en los términos señalados en este proveído y en el citado Acuerdo. Oposición a la publicación de datos personales. Ahora, toda vez que la parte quejosa expresa la oposición a la publicación de sus datos personales en este juicio; en atención a su contenido, téngase a la parte quejosa oponiéndose a la publicación de sus datos personales en el presente juicio. En consecuencia; instrúyase al oficial judicial "A" a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que realice las gestiones necesarias para que a partir de la fecha se habilite la casilla de selección en el referido sistema en la opción que corresponde a la oposición de datos personales de la parte quejosa. Asimismo, tómense las providencias necesarias para que de la misma forma se supriman los datos solicitados en la versión pública de la sentencia que se dicte en esta vía constitucional respecto de la citada parte quejosa. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Marco Antonio García Cortez, quien autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,306 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano