Edgar Olea Mendez

Expediente 269/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
269/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
30/03/2022

Partes del expediente

  • Edgar Olea Mendez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de marzo de dos mil veintidós. PARTE QUEJOSA EDGAR OLEA MÉNDEZ, por propio derecho. AUTORIDADES RESPONSABLES Subadministrador de Servicios Básicos de la Comisión Federal de Electricidad adscrito en el Estado de Oaxaca Gerente, Subgerente o Encargado de la Comisión Federal de Electricidad en la Zona de Huajuapan de León, Oaxaca. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS. Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO DE EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese en el libro de registro de juicios de amparo, con el número 269/2022, y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número de expediente electrónico en mención. ACTO RECLAMADO De la lectura de la demanda de amparo se advierte que en esencia el acto reclamado lo hace consistir en: La orden de corte del servicio de energía eléctrica en su domicilio ubicado en Calle Mina número Cuatro, Letra "B", Colonia Centro, en la Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, con número de servicio 697130980156, con número de medidor 496U1T y con número de cuenta 22DK12BO1050470 La orden verbal para realizar el corte de luz anticipado a la fecha límite de pago (cuatro de marzo de dos mil veintidós) realizado el tres de marzo de dos mil veintidós, en su domicilio. La incorrecta cuantificación de pago lo que trajo consigo que pagara a cantidad de doscientos trece pesos 00/100 el tres de marzo de marzo de dos mil veintidós, motivo por el que se canceló su contrato de luz dejándolo en estado de indefensión al no saber los kilowatts consumidos. La negativa de restablecerle el servicio de energía eléctrica en su domicilio. La discriminación que se realizó en su persona al señalarlo como "NO APTO PARA CREDITO" dentro del aviso-recibo con fecha de corte cinco de marzo de dos mil veintidós. IMPROCEDENCIA De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. El citado precepto 113, del cuerpo normativo en cita, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De ello se sigue que el juzgador debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, y admitir a trámite demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia de que por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías y, por indudable, se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. ... En la especie, el quejoso señalo como actos reclamados en esencia: La orden de corte del servicio de energía eléctrica en su domicilio ubicado en Calle Mina número Cuatro, Letra "B", Colonia Centro, en la Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, con número de servicio 697130980156, con número de medidor 496U1T y con número de cuenta 22DK12BO1050470 La orden verbal para realizar el corte de luz anticipado a la fecha límite de pago (cuatro de marzo de dos mil veintidós) realizado el tres de marzo de dos mil veintidós, en su domicilio. La incorrecta cuantificación de pago lo que trajo consigo que pagara a cantidad de doscientos trece pesos 00/100 el tres de marzo de marzo de dos mil veintidós, motivo por el que se canceló su contrato de luz dejándolo en estado de indefensión al no saber los kilowatts consumidos. La negativa de restablecerle el servicio de energía eléctrica en su domicilio. La discriminación que se realizó en su persona al señalarlo como "NO APTO PARA CREDITO" dentro del aviso-recibo con fecha de corte cinco de marzo de dos mil veintidós. Así, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción II, interpretada a contario sensu, ambos de la Ley de Amparo, dado que a las autoridades que señala como responsables, no les asiste el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, por lo que la demanda de amparo debe desecharse. Los preceptos legales referidos establecen, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general .". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Así, resulta oportuno acotar que en relación con el concepto de autoridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que para efectos del amparo, lo constituye aquella que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones que afecten la esfera jurídica de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, el más Alto Tribunal del País acotó que autoridad, tratándose del juicio de amparo, es la que ejerce las facultades decisorias que legalmente le han sido atribuidas y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; y abandonó el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. Por tanto, con el propósito de dilucidar las consideraciones de tipo legal de tal afirmación, resulta menester precisar cuándo y en qué casos la Comisión Federal de Electricidad es considerada como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, y así estar en aptitud de definir si los actos desplegados encuadran como actos de imperio, requisito básico para la procedencia del juicio constitucional, en términos del numeral 1°, fracción I, en relación con el ordinal 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Para ello, es preciso establecer que ni el poder constituyente ni el legislador ordinario han definido legalmente lo que debe entenderse por autoridad. En efecto, el artículo 103 constitucional establece: "Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de la autoridad federal." El diverso numeral 107 de la Norma Fundamental tampoco define el concepto de autoridad; ni menos aún su ley reglamentaria, pues en su precepto 5°, fracción II, transcrito en párrafos precedentes, únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de amparo, empero, sin precisar las características que los mismos deben reunir para considerarse con tal calidad para efectos de dicho juicio. En esa tesitura, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de una evolución histórica del concepto de autoridad, que en principio sostuvo que quienes disponían de fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por ende, están en posibilidad de obrar como individuos que ejercen actos públicos por el hecho de disponer de fuerza pública, tenían el carácter de autoridad, lo que se interpretó con rigor en el sentido de que solo tenían carácter de autoridad quienes dispusieran de la fuerza pública; no obstante, dicha postura se abandonó al sustentar con posterioridad la tesis del rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO"; de la que, en síntesis, debe destacarse, según las consideraciones que la informan que, para los efectos del juicio de amparo, se estima autoridad aquella que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: i) Que tenga particularidades de órgano público. ii) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar, y iii) Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Ahora bien, a fin de poner en relieve las apuntadas notas distintivas, resulta necesario precisar que los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de este, obedecen a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. En el mismo orden de ideas, para el caso, es importante tener en consideración lo que disponen los preceptos 25, 26 y 34, de la abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a saber: "Artículo 25. La Comisión Federal de Electricidad deberá suministrar energía eléctrica a todo el que lo solicite, salvo que exista impedimento técnico o razones económicas para hacerlo, sin establecer preferencia alguna dentro de cada clasificación tarifaria. El reglamento fijará los requisitos que debe cumplir el solicitante del servicio, y señalará los plazos para celebrar el contrato y efectuar la conexión de los servicios por parte de la comisión". "Artículo 26. La suspensión del suministro de energía eléctrica deberá efectuarse en los siguientes casos: I. Por falta de pago oportuno de la energía eléctrica durante un periodo normal de facturación; II. Cuando se acredite el uso de energía eléctrica a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de control o de medida; III. Cuando las instalaciones del usuario no cumplan las normas técnicas reglamentarias; IV. Cuando se compruebe el uso de energía eléctrica en condiciones que violen lo establecido en el contrato respectivo; V. Cuando se esté consumiendo energía eléctrica sin haber celebrado el contrato respectivo; VI. Cuando se haya conectado un servicio sin la autorización del suministrador. En cualesquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Federal de Electricidad procederá al corte inmediato del servicio, sin requerirse para el efecto intervención de autoridad. En los supuestos a que se refieren las fracciones I, III y IV que anteceden, se deberá dar aviso previo." "Artículo 34. El contrato de suministro de energía eléctrica termina: I. Por voluntad del usuario; II. Por cambio de giro o características del mismo que impliquen la aplicación de tarifa diversa; III. Por cambio de propietario o arrendatario del inmueble, industria o comercio, en el caso de que sean usuarios; y IV. Por falta de pago del adeudo que requiere suspensión, dentro de los siguientes quince días naturales a la fecha en que se efectuó dicha suspensión". Luego, de la interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, se infiere que al momento de celebrar la operación contractual, Comisión Federal de Electricidad revestía la calidad de organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya actividad se encontraba sujeta a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y a través de los Acuerdos de catorce de marzo de dos mil dieciséis, emitidos por el Consejo de Administración de Comisión Federal de Electricidad, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de los propios mes y año, se crearon CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución, con el carácter de empresas productivas subsidiarias de Comisión Federal de Electricidad, encargadas de proveer y prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica. Por consiguiente, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establecía la forma y requisitos que debían cumplir los contratos de suministro celebrados con la ahora empresa productiva del Estado y, posteriormente, ejecutados por CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución. Por su parte, se tiene que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece en sus artículos 1°, 2°, 3°, 45 y 46, lo siguiente: "Artículo 1º. La presente ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. La Oficina de la presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública Centralizada. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal". "Artículo 2°. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública Centralizada: I. Secretarías de Estado; II. Consejería Jurídica, y III. Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética a que hace referencia el artículo 28, párrafo octavo, de la Constitución." "Artículo 3°. El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal: I. Organismos descentralizados; II. Empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y III. Fideicomisos. "Artículo 45. Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten que sea la estructura legal que adopten." "Artículo 46. Son empresas de participación estatal mayoritaria las siguientes: . II. Las Sociedades de cualquier otra naturaleza.". Por su parte, los Acuerdos por los que se crean CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución, de catorce de marzo de dos mil dieciséis, emitidos por el Consejo de Administración de Comisión Federal de Electricidad, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de los propios mes y año, en sus artículos 1° y 2°, establecen lo siguiente: Acuerdo por el que se crea CFE Suministrador de Servicios Básicos "Artículo 1. Se crea la empresa productiva subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Suministrador de Servicios Básicos, la cual contará con personalidad jurídica y patrimonio propios." "Artículo 2. CFE Suministrador de Servicios Básicos tiene por objeto proveer el Suministro Básico a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, en favor de cualquier persona que lo solicite en términos de lo dispuesto por dicha Ley. Deberá generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. CFE Suministrador de Servicios Básicos tendrá su domicilio en la Ciudad de México, sin perjuicio de que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer oficinas o domicilios legales o convencionales tanto en territorio nacional como en el extranjero." Acuerdo por el que se crea CFE Distribución "Artículo 1. Se crea la empresa productiva subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Distribución, la cual contará con personalidad jurídica y patrimonio propios." "Artículo 2. CFE Distribución tiene por objeto realizar las actividades necesarias para prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica, así como para llevar a cabo, entre otras actividades, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de distribución, de conformidad con lo previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la Ley de la Industria Eléctrica, los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad y demás disposiciones jurídicas aplicables, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. CFE Distribución tendrá su domicilio en la Ciudad de México, sin perjuicio de que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer oficinas o domicilios legales o convencionales tanto en territorio nacional como en el extranjero." Por consiguiente, a la luz de los preceptos legales reproducidos, CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución, tienen el carácter de empresas productivas subsidiarias de Comisión Federal de Electricidad, que a su vez, resulta ser un organismo público descentralizado, pues así lo establece el numeral 8º de la mencionada abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, cuyo tenor literal reza: "Artículo 8°. La Comisión Federal de Electricidad es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio". Corolario a lo anterior, resulta menester precisar que de acuerdo con la doctrina, existen los siguientes tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos: i) Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados; ii) Las relaciones de supraordinación, que son las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones, y iii) Las relaciones de supra a subordinación que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte y, el gobernado, por la otra. En dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende únicamente de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun contra la voluntad del gobernado, y son coercitivos ya que si no se acatan, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En ese sentido, para que un acto de autoridad pueda considerarse como tal, debe reunir los siguientes requisitos: Unilateral. Para su existencia y eficacia no requiere del concurso o colaboración del particular frente al cual se ejercita. Imperativo. Porque la voluntad del particular se encuentra supeditada, es decir sometida. Coercitivo. Puede constreñir y forzar al gobernado para hacerse respetar. De esta guisa, para que el acto de un órgano estatal sea conceptuado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación, esto es, entre sujetos colocados en diferentes planos: los particulares por un lado y el Estado investido con su imperio, por el otro. Lo que es así, en tanto que el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien, por ambas. ... De lo razonado y fundado, se obtiene que, cuando como en el caso, se reclaman actos relacionados con el corte del suministro de energía eléctrica por parte de la precitada empresa productiva subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, dicho acto no puede considerarse de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque si bien unilateralmente cuantifica, impone tarifas y requiere por el pago de cierta cantidad por concepto del suministro de energía eléctrica, su actividad está encaminada, por una parte, a cuantificar y recibir el reembolso por la prestación del servicio del que se disfruta, y por otro lado, determinar el consumo de energía eléctrica en virtud de la celebración de un contrato, por lo que no se está frente a un acto autoritario, sino en una relación de coordinación emanada de un vínculo convencional cuyo origen es la celebración de un contrato de naturaleza mercantil, en el que los suscriptores, con previo conocimiento del negocio jurídico que están efectuando, consienten el celebrarlo; de ahí que, se reitera, ambas partes actúan en calidad de particulares como consecuencia de la aceptación de esa convención, en la que se establecen obligaciones y derechos recíprocos entre los contratantes. Entonces, esa relación de igualdad en la que el Estado actúa como prestador del servicio y no como un ente jurídico investido de imperio, demuestra que no se trata de una relación entre autoridad y gobernado, sino de correspondencia entre el interés del prestador del servicio y un particular, porque el organismo no obra como autoridad, sino que actúa con base en la facultad derivada del incumplimiento del contrato. Sin que por otra parte sea dable considerar que en la especie el CFE Suministrador de Servicios Básicos, con sede en esta ciudad (en su denominación correcta) aun en su calidad de particular, hubiese desplegado actos de imperio para los efectos del juicio de amparo, en los términos previstos en el artículo 5°, fracción II, párrafo segundo, de la ley de la materia; ya que de la interpretación de dicho precepto legal, desde una perspectiva de evolución legislativa, jurisprudencial y doctrinal y, en atención al principio de progresividad que consagra el artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite concluir que los actos equivalentes a los de autoridad, para la procedencia del juicio de amparo contra particulares, son aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, siempre que se realicen al amparo de la facultad que el Estado les haya otorgado para ejercer una función regulada en una norma general, de tal manera que se asimile al servicio que en su lugar brindaría el ente público, sin que para ello sea necesario que forme parte del Estado como tal. En otras palabras, el precepto legal del que se dio noticia establece que para que un particular pueda ser reconocido con la calidad de autoridad responsable dentro de un juicio de amparo es menester la actualización de dos supuestos legales, a saber: i) Que un particular realice actos equivalentes a los de autoridad que afecten la esfera jurídica de un gobernado; y ii) Que las funciones del particular se encuentren determinadas por una norma general. Requisitos que en el caso no se encuentran colmados, esencialmente, porque como se dijo, la actividad desplegada por CFE Suministrador de Servicios Básicos, con sede en esta ciudad (en su denominación correcta), respecto de los actos reclamados, no derivan de la observancia de una norma general; sino que tuvieron lugar con motivo del cumplimiento del contrato para el suministro de energía eléctrica celebrado respecto del domicilio donde se surte dicho servicio, en un plano de coordinación "entre iguales". ... ... Entonces, resulta válido concluir que cuando el Estado -por conducto de Comisión Federal de Electricidad, y en el caso a través de sus empresas subsidiarias CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución-, actúa como prestador del servicio, mediante la celebración de contratos para la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, no obra como autoridad para efectos del amparo, sino en función de relaciones comerciales de coordinación entre particulares, incluso tratándose de actos como el corte del suministro en términos del contrato. Desechamiento En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción II, este último interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. ... DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ahora bien, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que índica, y por autorizado para tal efecto a la persona que menciona. PETICIÓN A LAS PARTES En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Asimismo, comuníqueseles que tratándose de comunicaciones no procesales, es posible brindar atención vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, como lo establece el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General invocado. De igual manera, conforme a lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, para la realización de notificaciones personales, podrá establecerse contacto con el Actuario, a través de dichas herramientas, para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Por lo que se les requiere para que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, para tal efecto. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección .... HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. .

  3. Principal

    MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en este asunto en auto inicial de veintidós de mayo de dos mil trece, se DECRETÓ DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS a favor de Jovany Velasco Reyes, y en proveído de once de junio de dos mil trece, se ordenó el archivo definitivo de este juicio y se calificó como destino final del mismo que fuera destruible. Por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento, y de conformidad con lo establecido en el artículo 21, fracción III, párrafo segundo, del Acuerdo General 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en relación con lo establecido en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (documentos vigentes en la época en que se dio por concluido este asunto) se determina que este cuaderno incidental es DEPURABLE dentro de los cinco años, los que transcurren del once de junio de dos mil trece al once de junio de dos mil dieciocho. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. CÚMPLASE.

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